Kevin Daniel Bermúdez Villalobos

Expediente 254/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
254/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Kevin Daniel Bermúdez Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que dentro del término legal, la parte quejosa no se inconformó, contra el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. En razón de lo anterior y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Al tratarse de un asunto en el que se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), de la fracción III, del numeral 17 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su conservación. Por lo tanto, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez transcurrido dicho término, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se precisa que en la presente contienda constitucional no se aperturó incidente de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y de las actuaciones de este sumario constitucional, se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en proveído de veintidós de agosto de este año; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho acuerdo y, por tanto, atendiendo a los elementos que obran en autos, es dable establecer si la sentencia de amparo fue acatada por la responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Mediante sentencia de quince de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Kevin Daniel Bermúdes Villalobos, respecto de los actos que reclamó de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, para el siguiente efecto: "[.] la autoridad responsable Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, ordene al auxiliar de esa Junta, para que de inmediato elabore el proyecto de laudo correspondiente en el juicio laboral 182/2020, de su índice. Hecho lo anterior, proceda a discutirse y votarse para su aprobación; finalmente se eleve a la categoría de laudo y se firme en el plazo legal." Fallo que causó ejecutoria el diez de julio de dos mil veintitrés. Ahora bien, se precisa que la autoridad responsable el trece de julio de este año, en el expediente laboral 182/2020 de su índice, elaboró el proyecto de resolución en forma de aludo, del que hizo entrega de una copia a cada uno de los representantes de la citada Junta, como lo establecen los artículos 887 a 890 de la Ley Laboral. Y, que el veintiuno de agosto de este año, elevó a categoría de laudo el proyecto de resolución de trece de julio pasado, con la consideración del periodo anual vacacional que comprendió del diecisiete de julio al cuatro del mes de agosto. Documentales que adjuntó. En ese tenor, dicha responsable desahogó el requerimiento hecho y en auto de veintidós de agosto de este año, (folio 9233), se tuvo dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO La sentencia amparadora tenía como finalidad que la responsable Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, realizara el acto tendiente ya descrito para dar cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, como se dijo, en proveídos de dieciocho de julio y veintidós de agosto de este año, se tuvo por recibidas las actuaciones relativas del expediente 182/2020 del índice de la responsable, con el que acreditó plenamente el cumplimiento de la ejecutoria de la sentencia, esencialmente porque en fechas de trece de julio y veintiuno de agosto de este año, en el expediente laboral 182/2020 de su índice, elaboró el proyecto de resolución en forma de aludo. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable, cumplió con los efectos del fallo protector, tanto formales como materiales, habida cuenta que el debido cumplimiento de una sentencia de amparo es una cuestión de orden público, cuyo acatamiento no puede ser defectuoso y/o excesivo, sino congruente con lo efectivamente examinado y decidido en la ejecutoria. Por tanto, es dable advertir que la autoridad responsable ordenadora en el ámbito de su competencia dio cumplimiento al objeto material y sustancial de la sentencia ejecutoriada en los términos precisados, pues emitió respectivamente las medidas correspondientes, con los que acreditó haber elaborado el proyecto de resolución en forma de aludo en el expediente laboral 182/2020 de su índice. En relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I y 196 de la Ley de Amparo, se considera que el titular del amparo fue restituido en el goce de las prerrogativas vulneradas y, por ende, se tiene cumplida la sentencia constitucional, dejándose a salvo los derechos del impetrante para que, de no estar conforme con la determinación arribada, interponga los medios legales que estime convenientes contenidos en la normativa de la materia, en la inteligencia que de no hacerlo, se acordará lo procedente. Por otra parte, una vez que transcurra el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, acuérdese lo conducente respecto del archivo del presente asunto. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la comunicación oficial 342, firmada por la Presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, mediante la cual informa que el veintiuno de agosto del año en curso, se elevó a categoría de laudo el proyecto de resolución de trece de julio pasado, con la consideración del período anual vacacional que comprendió del diecisiete de julio al cuatro del mes de agosto que transcurre, y adjunta copia certificada de la actuaciones que acreditan lo expuesto, y que guardan relación con el cumplimiento de la sentencia amparadora dictada en esta contienda constitucional. Ahora, con fundamento en los arábigos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con el oficio de cuenta y anexos, así como con el oficio 304, glosado en acuerdo que antecede de dieciocho de julio pasado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O ELTRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SUCASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la misiva oficial signada por la 1. Presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, con el cual informa que en relación al cumplimiento de la ejecutoria amparadora de data quince de junio de dos mil veintitrés, dictada por este órgano de control constitucional; que con fecha trece de julio de la presente anualidad, elaboró el proyecto de resolución en forma de laudo, hizo entrega de una copia a cada uno de los representantes de la citada Junta, como lo establecen los artículos 887 al 890 de la Ley laboral; y, una vez elevado a categoría de laudo, en el expediente laboral 182/2020, lo hará del conocimiento a este órgano de control constitucional. REQUERIMIENTO No obstante, se requiere a la junta responsable para que una vez elevado a categoría de laudo, el proyecto de resolución en forma de laudo, emitido en el expediente laboral 182/2020; informe a este órgano jurisdiccional en el término de veinticuatro horas lo relativo, remitiendo copia certificada, legible y completa de las constancias que lo acrediten. En la inteligencia de que no basta con que haga manifestación respecto a las gestiones realizadas, sino que debe acreditar sus actuaciones con las constancias conducentes, las cuales deberá remitir en copia certificada, legible y completa. Se hace del conocimiento que subsiste la medida de apremio con que fue conminada en proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, esto es, que de no dar cumplimiento sin causa justificada, con apoyo en los artículos 192, 237 fracción I, 238 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada. Notifíquese.

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