Kevin Sinuhé Santos Onofre
Expediente 413/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Kevin Sinuhé Santos Onofre
Actuaciones
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal, previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa KEVIN SINUHÉ SANTOS ONOFRE, hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio el pasado tres de octubre del año en curso (fojas 9-18), en el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. II-B-Penal
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. a) Datos de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por Kevin Sinuhe Santos Onofre, por propio derecho, contra actos de las autoridades responsables: 1) Director o Administrador General del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec (IESIT); 2) Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; y, 3) Director del Plantel del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec que hace consistir substancialmente conforme a la causa de pedir y al estudio integral de la demanda en: la expulsión como alumno de dicho instituto y el impedimento para ingresar a las instalaciones del mismo para tomar clases no obstante estar al corriente en el pago de sus colegiaturas. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 413/2018. b) Análisis de la demanda Previó al análisis de la demanda de amparo es importante precisar que los órganos de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de garantías y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo que establece: ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo... Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, registro 394770, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 103, fracción I, Constitucional, 1, fracciones I, y 5, fracción II y 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, porque que lo que se reclama no es un acto de autoridad susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo. Los citados artículos establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; LEY DE AMPARO Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes emitidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, que violen derechos humanos del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es indispensable que la contravención de los derechos fundamentales provenga de una autoridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que, por autoridad para los efectos del juicio de amparo, se entiende al ente público, que dotado o no de fuerza pública, con fundamento en una norma legal, emite actos unilaterales mediante los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados; esto es, ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, su actuación se traduce en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y establecer en relación con el gobernado un vínculo de supra a subordinación. Ilustra sobre el particular, por las razones que la informan, la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, visible en la página 118, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997, Novena Época, registro 199459, del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Ahora, el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, mediante los cuales afecten derechos de los gobernados, mediante el ejercicio de funciones que estén determinadas por una norma general. De manera que a fin de corroborar la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de particulares, es necesario que tales actos sean equiparables a los de una autoridad, es decir, que se realice sin la intervención del quejoso en un plano de supra a subordinación, además, que con ese proceder se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas, con base en funciones determinadas por una norma general. Ilustra sobre el particular, por las razones que la informan, la tesis VI.3o.A.6K(10a.), Página 1624 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Décima Época, registro 2009613,del rubro y texto que enseguida se transcriben: ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 y el proceso legislativo que le dio origen, en específico, los dictámenes de las Cámaras de Senadores y Diputados, para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse si: 1. El acto que se le atribuye lo realizó unilateral y obligatoriamente, esto es, si su dictado, orden o ejecución se llevó a cabo sin la intervención del quejoso y lo constriñó a su observancia o, en su caso, omitió realizar un acto que estaba obligado a efectuar, y si con dicho acto u omisión se crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas, en un plano de supra a subordinación; 2. Ese acto se realizó (u omitió realizarse) con base en funciones determinadas por una norma general; y 3. En su contra no existe un medio de defensa ordinario que permita al gobernado defender el derecho afectado. Así como la tesis XI.1o.A.T.25K(10a.) Página 3823 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Décima Época, registro 2010168 que dispone lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. En ese orden de ideas, resulta necesario distinguir los tipos fundamentales de relaciones que existen en la vida de cualquier Estado o sociedad y que en el caso interesan. Para ello, es preciso atender a la clasificación que la Teoría General del Derecho, hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que, también, establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, y el Juicio de Amparo como mecanismo de defensa de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Mientras que las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose, también, por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, para definir el concepto de autoridad responsable, se debe atender a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si lo que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, Página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, registro 161133 del rubro y texto que se transcriben: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Del criterio antes expuesto, se advierte que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Por lo que, si el ente que se señala como responsable no actúa en una relación de supra a subordinación con un particular, derivada de una ley en la cual emita actos unilaterales con los que cree, modifique, extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera del particular, sin requerir acudir a los órganos jurisdiccionales, no debe ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese sentido, es posible afirmar que, para los efectos de la Ley de Amparo, sólo aquellos actos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, son considerados actos de autoridad; es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Es así porque, como se dijo antes, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en que los primeros actúan en un plano superior al de los segundos en beneficio del orden público y del interés social; ese tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad. Esto es, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido delimitado en razón de la naturaleza de la relación entre gobernante y gobernado. Por ello, para determinar si se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se requiere el análisis del caso concreto que se presente, para lo cual, se debe estudiar el origen material de ese acto y el tipo de la relación jurídica que existe entre los sujetos. En ese orden, es necesario destacar que en el presente caso Kevin Sinuhe Santos Onofre, señaló como autoridades responsables al 1) Director o Administrador General del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec (IESIT); 2) Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; y, 3) Director del Plantel del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec respecto del acto reclamado conforme a la causa de pedir y al estudio integral de la demanda consistente en su expulsión como alumno de dicho instituto y el impedimento para ingresar a las instalaciones del mismo para tomar clases no obstante estar al corriente en el pago de sus colegiaturas. Entonces, dado el tipo de relación que existe entre el quejoso y la entidad que señala como responsable, es dable concluir que los actos que reclama, no corresponden a una relación supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular. En efecto, la determinación de expulsar a un alumno por parte de una universidad privada, no reúne las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, puesto que esa actuación no se encuentra revestida de facultades imperio otorgadas por una ley. Es así porque, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo aquel que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de manera que es dable aseverar, que el concepto de autoridad responsable se debe definir, por exclusión, de los actos de particulares. En consecuencia, las determinaciones del personal académico o directivo de una universidad privada, no pueden ser considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no actúan por mandato de una ley, sino que proceden según las reglas de actuación establecidas en los estatutos o reglamentos internos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo contra actos de particulares, para que sea procedente, es necesario que tales actos sean equivalentes a los de una autoridad, es decir, que se realicen en ejercicio de facultades determinadas por una norma general. El artículo 107, fracción I, de la ley de la materia señala que, por normas generales deben entenderse, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; En esa tesitura, resulta claro que para efectos del juicio de amparo, las normas generales son los ordenamientos que emanan de los poderes públicos del Estado. Sin embargo, las reglas internas de una universidad privada no emanan de un poder público, por lo que no pueden ser considerados normas generales, pues son creadas por la propia institución educativa, y por los órganos del Estado. De manera que los actos que deriven de la aplicación de la normativa interna de una escuela privada, no son actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; pues tienen su origen en una disposición de orden privado, que resulta obligatoria únicamente para aquellos individuos que, por voluntad propia, decidieron inscribirse en ese centro educativo, adquirir el carácter de alumnos, y adherirse a los reglamentos internos; con conocimiento de que, ante el incumplimiento de lo pactado en la relación contractual existente entre escuela y alumno, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes. Resulta ilustrativa al respecto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2017394, Segunda Sala de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, Página: 647 de rubro y texto siguientes: UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Entonces, el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec (IESIT) el director o administrador del mismo, no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del amparo, en razón de que su actuar no atiende a una relación de supra a subordinación con un gobernado; sino que los actos que se reclaman, derivan de la relación de coordinación que se entablo entre la entidad educativa y una persona que, voluntariamente, aceptó someterse a las reglas internas de esa institución privada, en su calidad de alumno. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 103, fracción I, Constitucional, 1, fracciones I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Kevin Sinuhe Santos Onofre. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de acuerdos de este juzgado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. II-B-Penal
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