Katalina de Jesús Carrasco Peña
Expediente 498/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Katalina de Jesús Carrasco Peña
- Katalina de Jesús Carrasco Peña y Otros.
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veintidós de noviembre del presente año, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Katalina de Jesús Carrasco peña (fojas 07 a 17), en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.- mesa II-A MAGR/RMJM/Jdd.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Katalina de Jesús Carrasco Peña, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil y actuaria de su adscripción, residentes en Matías Romero, Oaxaca, que hace consistir en: "IV. EL ACUERDO de fecha CUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, precisamente la determinación emitida en su párrafo TERCERO, dictado dentro del expediente civil 110/2000 relativo al juicio que en la vía incidental promueve EFRAÍN CARRASCO RIVERA en contra de KATALINA DE JESÚS de apellidos CARRASCO PEÑA y MARÍA DE JESÚS de apellidos PEÑA RODRÍGUEZ, así como todas y cada una de las consecuencias jurídicas que con dicho acuerdo se deriven." Sic. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro de gobierno que corresponda con el número de juicio de amparo 498/2019 y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte de los juzgadores de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el numeral 61 de dicho ordenamiento legal, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen la Jurisprudencia P. /J. 128/2001, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, registro 188643, cuyo rubro expresamente impone: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." De la lectura integral de la demanda, se advierte que la promovente del amparo señala como acto reclamado el auto de cuatro de noviembre del año en curso, dictado por el Juez responsable, dentro del juicio civil 110/2000, en que el que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones por defectos en el emplazamiento de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve planteado por la quejosa; de ahí que, en el caso, se considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Así es, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". En relación con la fracción transcrita, el diverso numeral 107, fracción V, del mismo cuerpo de leyes, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" De la trascripción de los artículos y fracciones a que se alude, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio, sólo será procedente cuando los mismos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ello, que afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. Entendiéndose que los actos procesales tienen esa característica, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados como de imposible reparación, aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos adjetivos o procesales, pues los efectos de ese tipo de violaciones, sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, por lo que son reparables si el afectado obtiene sentencia favorable, con lo que sus efectos se extinguen sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado, o bien, a través de los medios de defensa correspondientes. Al respecto cabe invocar, las tesis P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto 1992, número de registro 205651, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Como se ve, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por el quejoso, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, por lo que es evidente que no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos que dice la quejosa que le afecta, desaparezcan en caso de que obtenga en el juicio de origen una sentencia favorable a sus intereses, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a sus derechos fundamentales. En esa medida y toda vez que de acuerdo a las manifestaciones de la impetrante en su escrito de demanda, se advierte que en el juicio del que emana el acto reclamado aún no se ha dictado sentencia, se considera que se está en presencia de un acto emitido dentro del procedimiento, que sólo produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal. Máxime, como se aprecia de la transcripción del acuerdo recurrido, la quejosa se apersonó al incidente respectivo dentro del plazo legal que se le otorgó para contestar la demanda correspondiente, de ahí que no se vulneraron en su perjuicio derechos fundamentales, pues estuvo en tiempo de contestar dicha demanda, ofrecer pruebas de su parte, alegar lo que a su derecho conviniera y oponer las excepciones que estimara pertinentes. Apoya a lo anterior, la Tesis P. LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 180415, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." En ese contexto, no debe perderse de vista que el juicio de amparo indirecto puede promoverse en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, atendiendo a su fracción V, cuando se trate de actos de ejecución irreparable, entendiéndose como aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin que exista la posibilidad de encuadrar dentro de este concepto los actos que produzcan efectos meramente formales, aun cuando se trate de una violación en grado predominante o superior como lo venían estableciendo la jurisprudencia antes de la reforma a la Ley de Amparo. Por consiguiente, para que la acción constitucional proceda respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. Por tanto, si el acto que reclama la promovente del amparo es el auto de cuatro de noviembre del año en curso, dictado por el Juez responsable, dentro del juicio civil 110/2000, en que el que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento al juicio natural promovido por la quejosa, debe decirse que tal acto se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva, que no lesiona derechos sustantivos, pues no es un acto de imposible reparación, ya que para ser calificado como irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por otra parte, al no ser éste un acto de carácter irreparable no es procedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de violaciones intraprocesales que podrán ser reparadas, en caso de causar perjuicios, al dictar la sentencia definitiva y de continuar la violación, en amparo directo que se promueva en su contra. Lo anterior es así, ya que como se indicó con antelación, en el caso no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución ni en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, entre otros, previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía la tesis: X.1o.20 K, Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1196, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 196990, que textualmente dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso." También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 256, Tomo XXIX, Febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 167896, del tenor literal siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Asimismo, cobra aplicación la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 259, Tomo XI, Abril de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. LO QUE SE RESUELVE RESPECTO A EL. VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Es improcedente el juicio de amparo indirecto, cuando se reclama el fallo recaído en el incidente de nulidad de actuaciones ventilado ante la Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que, dado que es un acto que constituye una violación al procedimiento de conformidad al artículo 159 fracción V de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, y cuando se estime que se resolvió ilegalmente y trascienda al resultado del laudo que se dicte contra las pretensiones del recurrente, es cuando debe atacarse junto con la resolución definitiva, según el precepto 158, en relación con el 161, ambos de la ley citada." En conclusión, si el acuerdo reclamado no satisface las condiciones para que se considere como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, se hace patente la materialización de la causa de improcedencia en estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado este último a contrario sentido; por lo que, con apoyo en el diverso 113 de la propia ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Al respecto, conviene citar, por analogía y en lo conducente, el criterio jurisprudencial I.13o.A. J/6, aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 180663, que prevé: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que la peticionaria no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele este acuerdo, así como los subsecuentes mediante lista que se fije en este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tales efectos. De igual forma, se tiene únicamente como autorizados a las personas que señala, toda vez que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no existe acreditada cédula que lo autorice a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la Secretaria del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista a la parte quejosa. MESA II-A
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