Kevin Amilcar Palma Barahona

Expediente 481/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
481/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Kevin Amilcar Palma Barahona

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa *, interpusiera recurso de queja en contra del acue*rdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, vista la certificación que antecede de la que se advierte que por auto de veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión de oficio y de plano; se destaca que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto que se tuvo por no presentada la demanda por lo que se dio por concluido sin decidir en lo principal, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la constancia de notificación personal realizada por la actuaria judicial de la adscripción, de la que se desprende que se presentó en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, ubicada en San Pedro Tapanatepec Oaxaca, solicitando la presencia del quejoso Kevin Amilcar Palma Barahona, a quien preguntó si era su deseo ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Carlos Daniel Sánchez Zetina, Asesor Jurídico Federal Especializado en Atención a Personas en Movilidad y Sujetas a Protección Internacional del Instituto Federal de Defensoría Pública, externando que no era su voluntad hacerlo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de catorce de abril del año en curso, y con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo interpuesta a favor de Kevin Amilcar Palma Barahona, contra actos del 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, y otras autoridades, pues no existe instancia de parte agraviada en términos del artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el auto referido; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Comuníquese lo anterior, a las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo de la determinación de mérito; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a los autos los oficios signados por la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en representación de la 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca y en representación del 2. Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, y por el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, en representación del 3. Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, remitidos vías electrónica, respecto a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, ello de conformidad a los numerales 126 y 158 de la Ley de Amparo. CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS AUTORIDADES Asimismo, se toma conocimiento de los correos electrónicos que proporciona la oficiante respecto a las autoridades mencionadas para efecto de posteriores notificaciones, por lo que se tienen dichas direcciones para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de remitir ahí las subsecuentes misivas que de este cuaderno deriven. Sin que respecto de las pruebas documentales que anexa a su informe, se emita pronunciamiento alguno, atento a lo proveído en párrafos que anteceden. Cabe precisar que son de tomarse en cuenta las misivas, pues no obstante que se remitieron vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por la secretaria de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, las tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese electrónicamente al promovente.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintiuno Por recibido el oficio 15930 /2021, firmado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite, la demanda de amparo promovida por }}}}, Asesor Jurídico Federal Especializado en Atención a Personas en Movilidad y Sujetas a Protección Internacional del Instituto Federal de Defensoría Pública, en representación de Kevin Amilcar Palma Barahona; acúsese recibo vía interconexión DATOS DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 3 y 108 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo remitida vía electrónica con evidencia criptográfica, promovida por Carlos Daniel Sánchez Zetina, Asesor Jurídico Federal Especializado en Atención a Personas en Movilidad y Sujetas a Protección Internacional del Instituto Federal de Defensoría Pública, en representación de Kevin Amilcar Palma Barahona, contra actos del 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca y otras, que hacen consistir literalmente en lo siguiente: "La injustificada, desproporcionada, ilegal e irracional restricción de la libertad, bajo cualquier figura "aseguramiento o alojamiento", de la que ha sido objeto el quejoso (quien cuenta con una condición de estancia legal en el país por Razones Humanitarias). Lo anterior, con motivo de la detención que realizaron las autoridades administrativas migratorias en su contra. La omisión de haber empleado como excepcionalidad o último recurso la privación de su libertad, al no existir necesidad, justificación o razonabilidad para ello, respetando de esta manera su derecho humano a la libertad de tránsito. La retención de su Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, la cual le fue arrebatada al momento de su detención. Simultáneamente, la inminente y posible orden de deportación o expulsión del país; retorno asistido o similar a fronteras en donde su vida peligre, así como su ejecución. Al encontrarse privado de su libertad ante autoridades administrativas ilegalmente, sin justificación o motivación alguna. La incomunicación, ausencia de asesoría legal y ausencia de representación dentro del procedimiento administrativo migratorio instaurado en su contra. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración. Vulneración a los derechos humanos siguientes. Dignidad Humana. Derecho de Audiencia. Seguridad Jurídica. Debido Proceso Administrativo. Acceso a la Justicia." ANOTACIONES Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio de amparo indirecto 481/2021. SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO y de oficio, en primer término, para el caso de que tal y como lo señala el promovente, bajo protesta de decir verdad, la autoridad responsable haya retenido la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, con vigencia de un año, con número IMEX12467596, expedida el veinticuatro de julio de dos mil veintiuno, la misma sea devuelta al quejoso, y se abstenga de efectuar cualquier acto que implique su devolución, retorno o deportación a su país de origen, al subsistir el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, durante la temporalidad por la que fue expedida. No obstante lo anterior, respecto de los actos de detención ilegal e incomunicación, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los siguientes efectos: a) Cesen de inmediato los actos de incomunicación de los que puedan ser objeto el directo quejoso, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) Para el caso que el directo quejoso se encuentre detenido por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se pongan a disposición del agente del Ministerio Público; c) Para que las autoridades responsables no le impidan tener comunicación de manera privada cuantas veces sea necesario con sus abogados, familiares o con quien estime pertinente; d) Le permita realizar una llamada telefónica con sus familiares, con su defensa o con quien estime necesario; e) En términos de lo que establecen los artículos 126 y 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO al directo quejoso Kevin Amilcar Palma Barahona, para el efecto de que sea puesto en libertad -provisional-. Lo anterior, siempre y cuando cumpla con las medidas de aseguramiento que se fijan atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la calidad de directo quejoso que por tratarse de persona migrante debe considerarse grupo vulnerable; así, con la finalidad de asegurar su comparecencia ante la autoridad migratoria para continuar con el procedimiento administrativo iniciado en su contra, debe observarse lo que establece el ordinal 102 de la Ley de Migración, en lo conducente, a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional". El invocado numeral 102 de la Ley de Migración, prevé: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." De la interpretación sistemática del precepto transcrito permite concluir que el inmigrante indocumentado podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del País del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, la autoridad migratoria del conocimiento tiene la obligación de hacer saber a los extranjeros cuya situación migratoria sea irregular en este País y que se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tienen derecho a que se les proporcione información acerca de sus derechos y garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho proceda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus derechos constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución, la Ley de Amparo y los Tratados Internacionales de los que México forma parte, como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas como en el caso lo es la autoridad responsable Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, en cuya estación permanece alojada la parte quejosa. Tomando en cuenta, en lo conducente, los parámetros establecidos para la figura de la custodia provisional que rige en el procedimiento de origen, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley de Amparo, así como el diverso 102 de la Ley de Migración, la autoridad responsable ponga inmediatamente en libertad al directo quejoso, siempre y cuando cumplan con los lineamientos y medidas de seguridad, mismos que habrá de vigilar su exacto cumplimiento el titular del Juzgado Federal, a saber: I. Establecer domicilio o lugar en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca en el que permanecerá; II. El directo quejoso no podrá ausentarse sin previa autorización del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, del domicilio que para el efecto señale para su resguardo; y, III. Además, como medida de aseguramiento, en términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, se impone al directo quejoso como obligación la de comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración; así como los días lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil, bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada y, entonces, será bajo el cuidado de la indicada responsable que tenga lugar el seguimiento de la misma, para su debido cumplimiento. Cabe precisar que en el caso concreto, de una nueva reflexión sobre el tema, este órgano jurisdiccional, estima innecesario fijar garantía alguna, dada la naturaleza del grupo vulnerable como es el directo quejoso, en su calidad de migrantes, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, pues se estima que no únicamente se deben atender los requisitos que al efecto prevé dicha legislación migratoria, sino en concordancia con la Ley de Amparo y conforme con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal, atendiendo a la interpretación pro homine favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, en congruencia con la política migratoria señalada en la Ley de Migración, así como con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece las prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable. Apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3550, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016410, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." En la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, la indicada autoridad responsable deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que el directo quejoso cumpla a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Es aplicable la tesis I.1o.P.99 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 1745, Tomo XXVIII, Julio de 2008, con registro 169268, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos." De igual forma, la sustentada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016411, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. EXISTE APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, CUANDO TRANSCURRIÓ EN EXCESO EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTE. La privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por tanto, en los casos en que haya transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido para que se dicte la resolución en un procedimiento de regularización para definir la situación legal de un extranjero y éste se encuentre asegurado en una estación migratoria, se concluye que existe apariencia del buen derecho en términos el artículo 138 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia de la suspensión contra ese alojamiento temporal pues, preliminarmente, se advierte que la privación de la libertad que resiente no se encuentra justificada y, por ende, podría ser arbitraria, al rebasar en exceso la autoridad administrativa el tiempo para definir la situación migratoria del quejoso." Cabe precisar, que las citadas tesis son aplicables, según lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Migración, en cuanto a que las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población, por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la legislación citada en primer término. En el entendido que si en el caso, se trata de una de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, como son deportación, expulsión o extradición, (repatriación asistida), el efecto de la suspensión NO SURTIRÁ EFECTOS EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS, sino que el directo quejoso permanecerá en el lugar en donde se encuentre alojado, a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Asimismo, si la detención se realizó con motivo de la comisión de un delito, el efecto de la suspensión de plano es para que el directo quejoso sea puesto, sin demora, a disposición del Ministerio Público correspondiente. Además, la presente suspensión no tiene efectos para actos y autoridades diversas a las señaladas como responsables, de tal suerte que no paraliza la detención con motivo de la imposición de una sanción administrativa derivado de alguna falta de las contempladas en el Bando Municipal del lugar de que se trate, tales como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, alteración del orden público, entre otros. Sirve de apoyo, la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 80/2007, emitida por el Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual cuenta con el registro electrónico 170578, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, toda vez que el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que el directo quejoso gocen del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del artículo 1 de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el debido proceso y la libertad derechos del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. Por otra parte, las autoridades responsables deberán informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibidas que de no cumplir con lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dicho informe podrá anticiparlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1066 ó 1077, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida. Se instruye al actuario judicial adscrito para que mande, vía fax y/o correo electrónico, el oficio que se gire en este expediente a las autoridades responsables foráneas. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, con número de registro 173071 de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Se comisiona a la actuaria, a fin de que de MANERA INMEDIATA, se haga presente en la estación migratoria ubicada en San Pedro Tapanatepec Oaxaca, o en cualquier otro lugar de reclusión donde esté o pudieran estar el directo quejoso, y proceda a: 1) certificar de manera pormenorizada la integridad física del quejoso, y 2) le notifique el contenido de este proveído, debiendo requerirlo en términos del artículo 15 de la ley de la materia para que, en el acto de la diligencia o bien dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste si ratifica la demanda promovida a su favor. Asimismo, deberá apercibirlo que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado. Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se solicita al encargado del lugar donde se encuentra el quejoso, proporcione al fedatario judicial comisionado las facilidades necesarias para lo encomendado, debiendo salvaguardar la integridad física de tal funcionario bajo su más estricta responsabilidad. Por otra parte, en cumplimiento a la circular SEADS/1/2021, de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, emitida por el Secretario Ejecutivo del de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, que establece que conforme al Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y su reforma mediante el Acuerdo General 38/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus COVID-19, en aras de evitar la concentración de personas en áreas administrativas y disminuir el riesgo de contagio se deberán comunicar los avisos de abandono de residencia para practicar diligencias de los fedatarios Judiciales al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx; en atención a lo anterior, se ordena remitir el oficio correspondiente a la dirección electrónica citada a efecto de informar la salida del Actuario adscrito de este órgano jurisdiccional; precisándole que la distancia de este órgano jurisdiccional a San Pedro Tapanatepec Oaxaca, es de trescientos cincuenta y dos kilómetros de ida y vuelta, aproximadamente. Gírese oficio a la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en esta ciudad, para que realice el pago de viáticos a la licenciada Estela Avendaño Tadeo, Actuaria comisionada, precisándole que la distancia de este órgano jurisdiccional a la población de San Pedro Tapanatepec, es de trescientos cincuenta y dos kilómetros ida y vuelta aproximadamente. USUARIO Vista la certificación secretarial, tomando en cuenta que el correo electrónico proporcionado se encuentra relacionado con el usuario ""Daniel.Zetina", registrado en el Portal de Servicios en Líneas del Poder Judicial de la Federación, por lo que en términos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en sus artículos del 77 al 83; se autoriza la consulta a dicho usuario, debiéndosele realizar las notificaciones de manera electrónica de los autos o resoluciones derivadas del presente asunto. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el actuario tenga a bien notificar por tal medio la totalidad de las resoluciones que se dicten en este expediente, sin ulterior pronunciamiento. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente en su ocurso y por autorizados para tales efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fabiola Berenice Flores Díaz, Holmec Martínez Ramírez y Avisaí Iván Martínez Vázquez. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; previa vista que para conocimiento de tal eventualidad se otorgue personalmente, sin contestación alguna se tendrá como efecto declarar su inexistencia, se dejará de tenerlas con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ella, y se continuará con el trámite del juicio. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, en relación con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese

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