Karol Alberto Escalera Vaca
Expediente 1351/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1351/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Karol Alberto Escalera Vaca
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 20337/2023, remitido vía interconexión a través del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; mediante el cual acusa recibo del comunicado 23897/2023 de trece de octubre de dos mil veintitrés, por el cual se le envió el original del juicio de amparo 1351/2023, promovida por Karol Alberto Escalera Vaca, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales dela Región Judicial de Apatzingán y otra autoridad e informa que se avocó al conocimiento del citado juicio de amparo, formado con motivo de la demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este Juzgado. Luego, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 4108/2023, signado electrónicamente por la Secretaria del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual una vez digitalizado e incorporado a su cuaderno electrónico a través de firma digital de la servidora pública correspondiente, remite el escrito de demanda de amparo que promueve ***************, en virtud de que advirtió se encuentra dirigido al Juez de Distrito Especializado en Materia de Amparo Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida ****************, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales dela Región Judicial de Apatzingán y otra autoridad, por el acto que hace consistir en: "IV. LA NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: De las autoridades señaladas como responsables se le reclaman violaciones a los derechos y garantías constitucionales, violaciones a los Derechos Humanos toda vez que de manera arbitraria y sin sustento alguno "fundamentación y Motivación" se precedió a modificar la sentencia firma que impuso el H. Juez del Juzgado de Oralidad Penal de la Segundo Región del Estado de Guanajuato con sede en Irapuato situación que de manera Violenta y trasgrede la esfera Jurídica del imputado siendo violatorio a los Derechos Consagrados en los artículos 1.6 Apartado A párrafo II, 13, 14, 16, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Articulo 12 de la declaración Universal de los derechos del Hombre, 171 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Articulo 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos adoptado en la Ciudad de San José de Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969." Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1351/2023. En principio, a fin de dirimir sobre la competencia para conocer del presente asunto, es menester señalar que el promovente ****************, reclama del Juez de Ejecución de Sanciones Penales dela Región Judicial de Apatzingán, la determinación de modificar la sentencia de origen dictada por el Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, y agregarle un año con un mes y siete días más a su pena de prisión, por lo que aduce que su actual compurga de la pena que lleva a cabo en el "Centro Federal de Readaptación Social No.17 CPS Michoacán", ubicado en domicilio conocido en ****************, se extiende del veinte de mayo de dos mil treinta y tres al veintisiete de junio de dos mil treinta y cuatro, lo que aduce se convalidó con la resolución de Apelación de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, por el Magistrado del Tribunal de Alzada. En ese sentido, debe hacerse referencia al artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del invocado precepto legal, se desprenden tres reglas de competencia de los Jueces de Distrito en función de la posible ejecución del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; y, 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte que, por regla general, es la ejecución de los actos lo que determina la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas consideraciones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera regla, es el lugar en donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito; es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar en donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Esto es, cuando se trata de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar efectivo de su ejecución, como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Es conveniente precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo en el que se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar en donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Luego, es el sitio en donde los actos reclamados se ejecuten o vayan a ejecutarse materialmente lo que define la competencia de los Jueces de Distrito, de modo que para fijar la competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que deben cumplirse o materializarse tales actos, pues es ahí en donde se producen consecuencias en el mundo fáctico. En la segunda regla, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte en favor de cualquiera de los órganos de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juzgado de distrito en donde se presentó la demanda. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juzgado de Distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. En ese estado de cosas, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, debe tenerse presente la naturaleza del acto reclamado (requiere ejecución material o carece de ésta), así como sus características fundamentales (acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado), para establecer en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. Con relación a lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el artículo 37 de la Ley de Amparo hace referencia a "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo, por lo que la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos lleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. El anterior criterio dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 916, Libro 19, Tomo I, Junio de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Como se advierte, el criterio para determinar la competencia por territorio se relaciona directamente con la ejecución material del acto. Así las cosas, es oportuno tener en cuenta como se estableció, que el acto reclamado consiste en la determinación emitida por la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales dela Región Judicial de Apatzingán de modificar la sentencia de origen y agregarle un año con un mes y siete días más a su pena de prisión, la que actualmente compurga en el "Centro Federal de Readaptación Social No.17 CPS Michoacán", misma que aduce se extiende del veinte de mayo de dos mil treinta y tres al veintisiete de junio de dos mil treinta y cuatro, lo que aduce se convalidó con la resolución de Apelación de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, por el Magistrado del Tribunal de Alzada. En ese orden de ideas, el acto que por esta vía combate el promovente, conforme a las reglas de competencia, al permanecer el aquí solicitante de la protección de la justicia federal a disposición del Juez de Ejecución de Sanciones Penales dela Región Judicial de Apatzingán, la ejecución material se da, precisamente, en el lugar en el que el sentenciado -aquí quejoso-se encuentra compurgando la pena de prisión; de ahí que, la competencia para conocer del amparo que se promueva en contra de un auto de vinculación a proceso, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el "Centro Federal de Readaptación Social No.17 CPS Michoacán", centro de readaptación en el que el quejoso se encuentra compurgando la pena de prisión impuesta por el Juez de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, esto es, como se mencionó al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, en Turno. Apoya lo anterior en lo conducente la jurisprudencia número 1a./J. 24/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1421, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con número de registro 2023738, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA CUANDO EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA INTERNO EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, DE UNA DIVERSA ENTIDAD FEDERATIVA A AQUELLA EN LA QUE FUE SENTENCIADO. SE ACTUALIZA RESPECTO DEL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE UBICACIÓN DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA COMPURGANDO LA PENA DE PRISIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversos conflictos competenciales en los que se dilucidó la competencia del Juez de Ejecución que conocería del respectivo procedimiento de ejecución de sentencia, conforme a la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, a partir del 17 de junio de 2016, en razón de que la sentencia respectiva se emitió y causó ejecutoria en una entidad federativa diversa a aquella en la que el sentenciado se encontraba interno compurgando la pena de prisión. Así, uno de los Tribunales determinó que con independencia de que la sentencia se emitió y causó ejecutoria en una entidad federativa diversa a aquella en la que el interno se encontraba compurgando la pena de prisión, resultaba competente el Juez de Ejecución del lugar en el que el sentenciado se encontraba interno, por ser quien ejercía jurisdicción en el lugar donde se ubicaba el Centro Federal de Readaptación Social. El resto de los Tribunales Colegiados determinó que era competente para conocer del procedimiento de ejecución el Juez de la entidad federativa en la que se emitió y causó ejecutoria la sentencia respectiva, por ser la autoridad judicial a la que le competía no sólo la imposición de las penas, sino su modificación y duración; así, tanto el juzgador competente como la normatividad aplicable, debían guardar coherencia con el sistema normativo primigenio que dio lugar a la imposición de la sanción. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que conforme a la fecha en que se emitió la sentencia relativa y causó ejecutoria, y derivado de la diversa en que entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, es competente para conocer del procedimiento de ejecución de sentencia el Juez de Ejecución Penal con jurisdicción en el lugar donde se ubica el Centro Federal de Readaptación Social en el que el sentenciado se encuentra compurgando la pena de prisión. Justificación: La etapa de ejecución de la pena hará referencia al procedimiento a través del cual se obtiene el cumplimiento de la sentencia penal de condena que ha causado ejecutoria, incluyendo las incidencias que surjan durante la vida penitenciaria y los beneficios a los cuales tiene derecho el sentenciado en términos del segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución General. Este concepto resulta aplicable cualquiera que sea la legislación procesal penal que pudiera estar en juego. Lo que lleva a concluir que el procedimiento de ejecución de la pena inicia a partir de que la sentencia condenatoria causó ejecutoria. Ahora bien, el Congreso de la Unión expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, misma que, de acuerdo con su artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación. Por tanto, resultan competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los Jueces en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución, por lo que si la sentencia condenatoria se declaró ejecutoriada cuando ya había entrado en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, el 17 de junio de 2016, la fecha resulta sumamente relevante, pues el procedimiento de ejecución comienza cuando la sentencia de condena cause ejecutoria. De ahí que, si la sentencia se declara ejecutoriada con posterioridad a la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es claro que ya se encuentra vigente. Por ello, es esa legislación la que habrá de regir los procedimientos que dentro de la etapa de ejecución de sentencia promueva el justiciable de que se trata. Así, conforme al artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la competencia de los Jueces de Ejecución se establece en las leyes orgánicas o disposiciones generales que rigen su jurisdicción, así como que los límites territoriales de ésta pueden ser establecidos o modificados mediante Acuerdos Generales. Y si bien el justiciable fue sentenciado por un Juez de diverso Estado, pero se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social de diversa entidad federativa, el Juez competente para conocer del procedimiento de ejecución es el del Juzgado de Ejecución que ejerce jurisdicción en el lugar de ubicación del Centro Federal de Readaptación Social de que se trate. Y la circunstancia de que un sentenciado por un Juez del orden común cumpla con su pena privativa de libertad en el centro federal, no constituye impedimento legal para que un Juez de Ejecución del mismo fuero por el que fue juzgado resuelva sobre las peticiones que en relación con el cumplimiento de las penas presente el justiciable; aunado a que la Ley Nacional de Ejecución Penal en su transitorio tercero, último párrafo, establece que se derogan todas las disposiciones normativas que la contravengan." Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a/J.13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, página 107, con número de registro 200781, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Y la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, agosto de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Lo que evidencia que se actualiza la primera regla descrita por el artículo 37 de la Ley de Amparo para determinar la competencia de quien deba conocer del asunto, esto es, en el lugar en que deba ejecutarse. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia número 1a./J. 14/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 633, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006160, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Es aplicable la tesis I.15o.A.41 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2288, cuyo rubro y texto es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Por lo tanto, se considera que es un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán con jurisdicción en Uruapan, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el que debe conocer y, en su caso, resolver el presente juicio de amparo. Consecuentemente, remítase el juicio de amparo 1351/2023, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, previo cuaderno de antecedentes que se ordena formar, solicitándole informe si acepta o no la competencia declinada en su favor. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y fórmese el cuaderno correspondiente. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el "Centro Federal de Readaptación Social No.17 CPS Michoacán", ubicado en domicilio conocido en **************. Ahora bien, y toda vez que se tuvo a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el "Centro Federal de Readaptación Social No.17 CPS Michoacán", ubicado en **************, con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en Turno, con sede en Uruapan, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído al quejoso ************** y le haga entrega de la impresión con firmas criptográficas del presente auto. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese, y personalmente por exhorto al quejoso *************** en el lugar de su reclusión.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Karla Jahen Guadarrama594/2018
- Karla Mariana García Dávila604/2022
- Karla Ochoa Cortes1234/2021
- Karla Ríos Rincón1362/2022
- Karla Valentina Rosales Flores910/2017
- Karla Verónica Mares Dávalos69/2021
- Kasyheth Alejandro Ordaz Marín1226/2022
- Katia Bonilla Bazán650/2022
- Katia Castellanos Torres5/2022
- Katia Heidi Mangato Durán30/2022
- Katia Jessica Peña Pérez1292/2023
- Katia Linda Estrada Nuñez1325/2023