Karla Mariana García Dávila
Expediente 604/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Karla Mariana García Dávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que, mediante proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, previo cumplimiento de una prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por..., representante legal de la moral UNIVERSIDAD NACIONAL OBRERA DE GUANAJUATO, Sociedad Civil, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta Ciudad, los cuales se hicieron consistir en: En el escrito inicial de demanda. ".El acto reclamado: Del Juzgado Tercero Civil el auto de fecha de 18 de marzo del año 2022, visible a la foja 116, del expediente original 1108/2021 acuerdo que refiere: "... visto el escrito por Elvira Montes Mendoza, dígase que no ha lugar a lo solicitado toda vez que en autos no se desprende que se haya declarado sentencia definitiva... conforme al artículo 608 del código de procedimientos civiles del estado de Michoacán". [.] El auto de fecha 25 de abril del año presente, que se desprende del escrito de apelación, donde se pidió efecto devolutivo y suspensivo, en base a lo expresado en artículo 684 del Código Procedimental de Michoacán, que in dicha: "La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo"; es decir, la sentencia quede en el estado en que se encuentra mientras no se resuelva la revisión de la resolución. Del Magistrado de la Primera Sala Civil de Estado de Michoacán; la actora presento escrito recayendo un acuerdo en fecha 27 de mayo del año 2022, visible a la foja 22, que indica: "A sus antecedentes el escrito que promueve la actora Elvira Montes Mendoza, mandataria, como lo solicita, fórmese el cuadernillo de ejecución... el recurso de apelación fue admitido en efecto devolutivo, lo cual no impide la ejecución del fallo dictado en la procedente instancia"; en el fundamento legal del acuerdo expresado se expresa en el artículo 684 de la ley procedimental de Michoacán: " La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo.". Escrito aclaratorio de la demanda. "I. Acto que se reclama al Juzgado Tercero Civil de Morelia en el expediente 1108/2021. Se aclara el auto de fecha 18 de marzo, donde se precisa" No se ha declarado firmes la sentencia definitiva, por lo que no puede ejecutar". Relación con el acto reclamado a la Sala de Apelación, del auto de fecha de fecha 27 de mayo del 2022, se precisa "como lo pide el mandatario de-la actora, fórmese el cuadernillo de ejecución; no impide la ejecución del fallo (sentencia). II. De los dos acuerdos anteriores, si el juzgado de primera instancia dice no, la sala de apelación dice sí; el primero porque no existe declaración de firmes de la sentencia, en consecuencia no se ejecute la misma; mientras la Sala dice que si se puede ejecutar; lo que puede perjudicar, y lo que se busca es evitar un daño o perjuicio. III. Del acto reclamado al Juzgado Tercero Civil de Morelia, sobre la apelación contra la sentencia de fecha 4 de marzo del año 2022, dentro del expediente original 1108/2021; el concepto en el escrito donde se pidió "EN EFECTO DEVOLUTIVO Y SUSPENSIVO"; el acuerdo de admisión de apelación dice "SE ADMITE EN EFECTO DEVOLUTIVO". IV. Acto reclamado a la Sala de Apelación. En fecha 31 de marzo del año 2022, se presentó escrito por la apelante aclarando y precisando que se pidió "en efecto devolutivo y suspensivo"; y la sala de apelación acordó "Téngase por precisando y aclarando que en el escrito en que interpuso el recurso de apelación, expresó: "...RECURSO DE APELACIÓN EN EFECTO DEVOLUTIVO Y SUSPENSIVO", dado que, es verdad que así se asentó... con entera independencia de que las partes, señalen que deberá ser admisible también en el suspensivo; al admitirse por el juez dicho medio de impugnación, lo aceptó solo en el efecto devolutivo..."; sin omitir que el acuerdo de fecha 27 de mayo se precisa el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, que indica: La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo." Ahora, en el caso concreto, se actualiza la causa considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes citada, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría vano restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del actor reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior fracción se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, b) Que por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.-En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora, en la especie, los actos reclamados se hacen consistir en el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio sumario civil 1108/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia es esta Ciudad, en el que se le negó al aquí quejoso acordar favorablemente su solicitud de poner los autos en estado de ejecución, en especial, la entrega de la posesión real y materia del inmueble materia de la contienda primigenia, toda vez que no había declarado firme la sentencia; relacionado con el diverso acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del recurso de apelación 119/2022 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, en el que se determinó formar cuadernillo de ejecución, en razón de que el recurso de apelación fue admitido en efecto devolutivo lo que no impide la ejecución. Luego, por oficio 1762/2022, se tuvo informando al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, que en auto de siete de julio de la anualidad en curso, tuvo a la moral demandada, aquí quejosa, manifestando su voluntad de entregar de manera voluntaria el inmueble materia de la contienda judicial, por lo que el quince de julio de dos mil veintidós, se llevó acabo la diligencia de entrega de posesión real y materia del inmueble ubicado en la Avenida Periodismo, José Tocaven, número 1901, fraccionamiento Rector Hidalgo, de esta ciudad, a favor de la parte actora, quien lo recibió de conformidad y en las condiciones en que se encontraba (foja 119). Asimismo, que existe amparo directo número 476/2022, promovido por Karla Mariana García Dávila, representante legal de la moral denominada Universidad Nacional Obrera de Guanajuato, Sociedad Civil, en contra de la resolución de siete de junio de dos mil veintidós, emitida en el recurso de apelación 119/2022 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (misma que obra a fojas 85 a 96 de autos), el cual fue admitido el cinco de julio de la anualidad en curso, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito. De ahí que, este Juzgador considera que aun y cuando subsista el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio sumario civil 1108/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia es esta Ciudad, así como el diverso acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del recurso de apelación 119/2022 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, desapareció el objeto o materia sobre los cuales se originó, esto es, respecto de las consecuencias de la interposición del recurso de apelación, es decir, si se podría ejecutar la sentencia de origen al haber admitido en efecto devolutivo el recurso, o si existía un impedimento legal para ello; puesto que por un lado, ya se llevó a cabo de manera voluntaria la entrega de la posesión real y material del bien materia del presente asunto y, por otro lado, ya se resolvió el recurso de apelación, la cual confirmó la sentencia de primera instancia. Ello es así, en atención a que en caso de concluirse que los actos reclamados son inconstitucionales, a ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria y, por ende, el fallo protector no podría cumplir con su finalidad, por haber dejado de existir el objeto de los mismos. En ese contexto, resulta incuestionable que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione a la quejosa. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. En mérito de lo anterior, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia Constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizados, el acuerdo de fecha treinta de agosto de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que, mediante proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, previo cumplimiento de una prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por..., representante legal de la moral UNIVERSIDAD NACIONAL OBRERA DE GUANAJUATO, Sociedad Civil, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta Ciudad, los cuales se hicieron consistir en: En el escrito inicial de demanda. ".El acto reclamado: Del Juzgado Tercero Civil el auto de fecha de 18 de marzo del año 2022, visible a la foja 116, del expediente original 1108/2021 acuerdo que refiere: "... visto el escrito por Elvira Montes Mendoza, dígase que no ha lugar a lo solicitado toda vez que en autos no se desprende que se haya declarado sentencia definitiva... conforme al artículo 608 del código de procedimientos civiles del estado de Michoacán". [.] El auto de fecha 25 de abril del año presente, que se desprende del escrito de apelación, donde se pidió efecto devolutivo y suspensivo, en base a lo expresado en artículo 684 del Código Procedimental de Michoacán, que in dicha: "La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo"; es decir, la sentencia quede en el estado en que se encuentra mientras no se resuelva la revisión de la resolución. Del Magistrado de la Primera Sala Civil de Estado de Michoacán; la actora presento escrito recayendo un acuerdo en fecha 27 de mayo del año 2022, visible a la foja 22, que indica: "A sus antecedentes el escrito que promueve la actora Elvira Montes Mendoza, mandataria, como lo solicita, fórmese el cuadernillo de ejecución... el recurso de apelación fue admitido en efecto devolutivo, lo cual no impide la ejecución del fallo dictado en la procedente instancia"; en el fundamento legal del acuerdo expresado se expresa en el artículo 684 de la ley procedimental de Michoacán: " La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo.". Escrito aclaratorio de la demanda. "I. Acto que se reclama al Juzgado Tercero Civil de Morelia en el expediente 1108/2021. Se aclara el auto de fecha 18 de marzo, donde se precisa" No se ha declarado firmes la sentencia definitiva, por lo que no puede ejecutar". Relación con el acto reclamado a la Sala de Apelación, del auto de fecha de fecha 27 de mayo del 2022, se precisa "como lo pide el mandatario de-la actora, fórmese el cuadernillo de ejecución; no impide la ejecución del fallo (sentencia). II. De los dos acuerdos anteriores, si el juzgado de primera instancia dice no, la sala de apelación dice sí; el primero porque no existe declaración de firmes de la sentencia, en consecuencia no se ejecute la misma; mientras la Sala dice que si se puede ejecutar; lo que puede perjudicar, y lo que se busca es evitar un daño o perjuicio. III. Del acto reclamado al Juzgado Tercero Civil de Morelia, sobre la apelación contra la sentencia de fecha 4 de marzo del año 2022, dentro del expediente original 1108/2021; el concepto en el escrito donde se pidió "EN EFECTO DEVOLUTIVO Y SUSPENSIVO"; el acuerdo de admisión de apelación dice "SE ADMITE EN EFECTO DEVOLUTIVO". IV. Acto reclamado a la Sala de Apelación. En fecha 31 de marzo del año 2022, se presentó escrito por la apelante aclarando y precisando que se pidió "en efecto devolutivo y suspensivo"; y la sala de apelación acordó "Téngase por precisando y aclarando que en el escrito en que interpuso el recurso de apelación, expresó: "...RECURSO DE APELACIÓN EN EFECTO DEVOLUTIVO Y SUSPENSIVO", dado que, es verdad que así se asentó... con entera independencia de que las partes, señalen que deberá ser admisible también en el suspensivo; al admitirse por el juez dicho medio de impugnación, lo aceptó solo en el efecto devolutivo..."; sin omitir que el acuerdo de fecha 27 de mayo se precisa el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, que indica: La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo." Ahora, en el caso concreto, se actualiza la causa considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes citada, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría vano restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del actor reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior fracción se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, b) Que por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.-En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora, en la especie, los actos reclamados se hacen consistir en el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio sumario civil 1108/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia es esta Ciudad, en el que se le negó al aquí quejoso acordar favorablemente su solicitud de poner los autos en estado de ejecución, en especial, la entrega de la posesión real y materia del inmueble materia de la contienda primigenia, toda vez que no había declarado firme la sentencia; relacionado con el diverso acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del recurso de apelación 119/2022 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, en el que se determinó formar cuadernillo de ejecución, en razón de que el recurso de apelación fue admitido en efecto devolutivo lo que no impide la ejecución. Luego, por oficio 1762/2022, se tuvo informando al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, que en auto de siete de julio de la anualidad en curso, tuvo a la moral demandada, aquí quejosa, manifestando su voluntad de entregar de manera voluntaria el inmueble materia de la contienda judicial, por lo que el quince de julio de dos mil veintidós, se llevó acabo la diligencia de entrega de posesión real y materia del inmueble ubicado en la Avenida Periodismo, José Tocaven, número 1901, fraccionamiento Rector Hidalgo, de esta ciudad, a favor de la parte actora, quien lo recibió de conformidad y en las condiciones en que se encontraba (foja 119). Asimismo, que existe amparo directo número 476/2022, promovido por Karla Mariana García Dávila, representante legal de la moral denominada Universidad Nacional Obrera de Guanajuato, Sociedad Civil, en contra de la resolución de siete de junio de dos mil veintidós, emitida en el recurso de apelación 119/2022 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (misma que obra a fojas 85 a 96 de autos), el cual fue admitido el cinco de julio de la anualidad en curso, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito. De ahí que, este Juzgador considera que aun y cuando subsista el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio sumario civil 1108/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia es esta Ciudad, así como el diverso acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del recurso de apelación 119/2022 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, desapareció el objeto o materia sobre los cuales se originó, esto es, respecto de las consecuencias de la interposición del recurso de apelación, es decir, si se podría ejecutar la sentencia de origen al haber admitido en efecto devolutivo el recurso, o si existía un impedimento legal para ello; puesto que por un lado, ya se llevó a cabo de manera voluntaria la entrega de la posesión real y material del bien materia del presente asunto y, por otro lado, ya se resolvió el recurso de apelación, la cual confirmó la sentencia de primera instancia. Ello es así, en atención a que en caso de concluirse que los actos reclamados son inconstitucionales, a ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria y, por ende, el fallo protector no podría cumplir con su finalidad, por haber dejado de existir el objeto de los mismos. En ese contexto, resulta incuestionable que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione a la quejosa. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. En mérito de lo anterior, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia Constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
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Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que, mediante proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, previo cumplimiento de una prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por..., representante legal de la moral UNIVERSIDAD NACIONAL OBRERA DE GUANAJUATO, Sociedad Civil, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta Ciudad, los cuales se hicieron consistir en: En el escrito inicial de demanda. ".El acto reclamado: Del Juzgado Tercero Civil el auto de fecha de 18 de marzo del año 2022, visible a la foja 116, del expediente original 1108/2021 acuerdo que refiere: "... visto el escrito por Elvira Montes Mendoza, dígase que no ha lugar a lo solicitado toda vez que en autos no se desprende que se haya declarado sentencia definitiva... conforme al artículo 608 del código de procedimientos civiles del estado de Michoacán". [.] El auto de fecha 25 de abril del año presente, que se desprende del escrito de apelación, donde se pidió efecto devolutivo y suspensivo, en base a lo expresado en artículo 684 del Código Procedimental de Michoacán, que in dicha: "La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo"; es decir, la sentencia quede en el estado en que se encuentra mientras no se resuelva la revisión de la resolución. Del Magistrado de la Primera Sala Civil de Estado de Michoacán; la actora presento escrito recayendo un acuerdo en fecha 27 de mayo del año 2022, visible a la foja 22, que indica: "A sus antecedentes el escrito que promueve la actora Elvira Montes Mendoza, mandataria, como lo solicita, fórmese el cuadernillo de ejecución... el recurso de apelación fue admitido en efecto devolutivo, lo cual no impide la ejecución del fallo dictado en la procedente instancia"; en el fundamento legal del acuerdo expresado se expresa en el artículo 684 de la ley procedimental de Michoacán: " La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo.". Escrito aclaratorio de la demanda. "I. Acto que se reclama al Juzgado Tercero Civil de Morelia en el expediente 1108/2021. Se aclara el auto de fecha 18 de marzo, donde se precisa" No se ha declarado firmes la sentencia definitiva, por lo que no puede ejecutar". Relación con el acto reclamado a la Sala de Apelación, del auto de fecha de fecha 27 de mayo del 2022, se precisa "como lo pide el mandatario de-la actora, fórmese el cuadernillo de ejecución; no impide la ejecución del fallo (sentencia). II. De los dos acuerdos anteriores, si el juzgado de primera instancia dice no, la sala de apelación dice sí; el primero porque no existe declaración de firmes de la sentencia, en consecuencia no se ejecute la misma; mientras la Sala dice que si se puede ejecutar; lo que puede perjudicar, y lo que se busca es evitar un daño o perjuicio. III. Del acto reclamado al Juzgado Tercero Civil de Morelia, sobre la apelación contra la sentencia de fecha 4 de marzo del año 2022, dentro del expediente original 1108/2021; el concepto en el escrito donde se pidió "EN EFECTO DEVOLUTIVO Y SUSPENSIVO"; el acuerdo de admisión de apelación dice "SE ADMITE EN EFECTO DEVOLUTIVO". IV. Acto reclamado a la Sala de Apelación. En fecha 31 de marzo del año 2022, se presentó escrito por la apelante aclarando y precisando que se pidió "en efecto devolutivo y suspensivo"; y la sala de apelación acordó "Téngase por precisando y aclarando que en el escrito en que interpuso el recurso de apelación, expresó: "...RECURSO DE APELACIÓN EN EFECTO DEVOLUTIVO Y SUSPENSIVO", dado que, es verdad que así se asentó... con entera independencia de que las partes, señalen que deberá ser admisible también en el suspensivo; al admitirse por el juez dicho medio de impugnación, lo aceptó solo en el efecto devolutivo..."; sin omitir que el acuerdo de fecha 27 de mayo se precisa el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, que indica: La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo." Ahora, en el caso concreto, se actualiza la causa considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes citada, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría vano restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del actor reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior fracción se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, b) Que por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.-En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora, en la especie, los actos reclamados se hacen consistir en el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio sumario civil 1108/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia es esta Ciudad, en el que se le negó al aquí quejoso acordar favorablemente su solicitud de poner los autos en estado de ejecución, en especial, la entrega de la posesión real y materia del inmueble materia de la contienda primigenia, toda vez que no había declarado firme la sentencia; relacionado con el diverso acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del recurso de apelación 119/2022 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, en el que se determinó formar cuadernillo de ejecución, en razón de que el recurso de apelación fue admitido en efecto devolutivo lo que no impide la ejecución. Luego, por oficio 1762/2022, se tuvo informando al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, que en auto de siete de julio de la anualidad en curso, tuvo a la moral demandada, aquí quejosa, manifestando su voluntad de entregar de manera voluntaria el inmueble materia de la contienda judicial, por lo que el quince de julio de dos mil veintidós, se llevó acabo la diligencia de entrega de posesión real y materia del inmueble ubicado en la Avenida Periodismo, José Tocaven, número 1901, fraccionamiento Rector Hidalgo, de esta ciudad, a favor de la parte actora, quien lo recibió de conformidad y en las condiciones en que se encontraba (foja 119). Asimismo, que existe amparo directo número 476/2022, promovido por Karla Mariana García Dávila, representante legal de la moral denominada Universidad Nacional Obrera de Guanajuato, Sociedad Civil, en contra de la resolución de siete de junio de dos mil veintidós, emitida en el recurso de apelación 119/2022 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (misma que obra a fojas 85 a 96 de autos), el cual fue admitido el cinco de julio de la anualidad en curso, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito. De ahí que, este Juzgador considera que aun y cuando subsista el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio sumario civil 1108/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia es esta Ciudad, así como el diverso acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del recurso de apelación 119/2022 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, desapareció el objeto o materia sobre los cuales se originó, esto es, respecto de las consecuencias de la interposición del recurso de apelación, es decir, si se podría ejecutar la sentencia de origen al haber admitido en efecto devolutivo el recurso, o si existía un impedimento legal para ello; puesto que por un lado, ya se llevó a cabo de manera voluntaria la entrega de la posesión real y material del bien materia del presente asunto y, por otro lado, ya se resolvió el recurso de apelación, la cual confirmó la sentencia de primera instancia. Ello es así, en atención a que en caso de concluirse que los actos reclamados son inconstitucionales, a ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria y, por ende, el fallo protector no podría cumplir con su finalidad, por haber dejado de existir el objeto de los mismos. En ese contexto, resulta incuestionable que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione a la quejosa. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. En mérito de lo anterior, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia Constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
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Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 1762/2022, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, adjunta copias certificadas del juicio sumario civil 1108/2021, consecuentemente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, como pruebas documentales públicas de su parte, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. Asimismo, me informa que en auto de siete de julio de la anualidad en curso, tuvo a la moral demandada, aquí quejosa, manifestando su voluntad de entregar de manera voluntaria el inmueble materia de la contienda judicial, por lo que el quince de julio de dos mil veintidós, se llevó acabo la diligencia de entrega de posesión real y materia del inmueble ubicado en la Avenida Periodismo, José Tocaven, número 1901, fraccionamiento Rector Hidalgo, de esta ciudad, a favor de la parte actora, quien lo recibió de conformidad y en las condiciones en que se encontraba. De igual manera, informa que existe amparo directo número 476/2022, promovido por Karla Mariana García Dávila, representante legal de la moral denominada Universidad Nacional Obrera de Guanajuato, Sociedad Civil, en contra de los actos de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el cual fue admitido el cinco de julio de la anualidad en curso, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito. Finalmente, debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmese un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, el cual se ordena conservarlo por separado y tenerlo a la vista al momento de resolver. Notifíquese.
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