Karla Jahen Guadarrama
Expediente 594/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Karla Jahen Guadarrama
Actuaciones
- Principal
...CÚMPLASE...
- Principal
.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de garantías promovida por KARLA JAHEN GUADARRAMA, por derecho propio y GABRIEL ROJAS TOLEDO, en cuanto autorizado de la primera en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente, como se verá a continuación: En relación a la primera se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, este último aplicado a contrario sensu, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea parte;" En la especie, la parte quejosa hace valer como actos reclamados: "La resolución de fecha 20 veinte de junio del año en curso, dictada dentro del toca número I-145/2018, FORMADO CON MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN que hizo valer la quejosa en contra del auto de fecha 15 quince de marzo del año en curso, pronunciado por la autoridad responsable que decreto el estado de ejecución, a pedimento del actor, y pretender llevar a cabo la subasta pública del inmueble que describe como: ". Casa habitación construida sobre el lote número 2 dos del fraccionamiento Residencial Valle, de esta ciudad. Sobre los derechos y acción que le pudieran corresponder a Karla Jahen Guadarrama. Lo anterior así resulta así, por carecer de traba de embargo, tal y como se desprende del acta de embargo de fecha 5 cinco de febrero del año 2016 dos mil dieciséis.". Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque en la especie el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, según lo previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo; dado que en su caso viene a ser aquélla que en forma indistinta ordena la entrega del bien o la escrituración de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siendo hasta ese momento cuando el inconforme esté en aptitud legal de impugnar las violaciones procesales que en dicho periodo de ejecución dice se realizaron. Es así, en razón de que si bien el remate de bienes embargados se integra por varias etapas, se colma con la orden de otorgar la escritura pública o bien la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decrete indistintamente cualquiera de las citadas determinaciones, cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución. Sirve de a apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". Así como la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia.". De igual forma, los actos aquí reclamados tampoco se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de la materia, relativo a los actos de imposible reparación, que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso y que por ello se deba excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues los mismos son tendentes a la ejecución del cumplimiento de sentencia y que van encaminados a la conclusión de dicho procedimiento, del cual aduce fue parte. En otro orden de ideas, en relación al último de los promoventes de cuenta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la facción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 6°, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". El precepto constitucional aludido establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de garantías sólo podrá seguirse por el quejoso, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la ley referida. Por su parte el artículo 1069 del Código de Comercio, dispone: "Art. 1,069. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven. Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo las notificaciones se harán conforme a las Reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos referidos. Si no se designare domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.". Por tanto, en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, en razón a que aun cuando el artículo 1069 del Código de Comercio establece que las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, de ello no se advierte que dichos autorizados cuenten con la facultad para instar la acción constitucional, ya que ésta necesariamente debe seguirse por el directamente agraviado, por su representante legal o su defensor, personas reconocidas en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo en vigor, pues el citado numeral del Código de Comercio limita la participación del autorizado a la defensa de su autorizante a la jurisdicción ordinaria, es decir, sólo refiere las facultades que el autorizado puede ejercer ante la autoridad que dirige el proceso, lo que no implica que esté facultado para promover el juicio de amparo. Una vez sentado lo anterior, como se dijo, este juzgador estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 6º de la Ley de Amparo en vigor, porque GABRIEL ROJAS TOLEDO, en cuanto autorizado de KARLA JAHEN GUADERRAMA, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, carece de legitimación para acudir a esta instancia constitucional, entendida ésta como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, al no ser el titular de la acción, quien es el único legitimado para decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a/J. 108/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 327, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio.". Así como la Tesis aislada número III.4o. C. 1 K (10a), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 2072, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto señala: "JURISPRUDENCIA 1a./J. 97/2013 (10a.) DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE RUBRO: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", RESULTA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA A PARTIR DEL LUNES NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. De acuerdo con lo establecido por el párrafo primero del artículo 217 de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno y, además, para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales; asimismo, el párrafo final del precepto en cita, categóricamente dispone que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. A su vez, el numeral 220 de ese mismo ordenamiento legal establece que en el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento; en tanto que el punto séptimo del Acuerdo General 19/2013 de veinticinco de noviembre del año en cita, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la difusión del referido Semanario, vía electrónica, a través de la página de Internet de ese Alto Tribunal, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, página 1285, señala que se considerará de aplicación obligatoria un criterio jurisprudencial a partir del lunes hábil siguiente, al día en que la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad, sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, aclarando que si el lunes respectivo es inhábil, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el criterio jurisprudencial correspondiente se considerará de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. Con base en las disposiciones destacadas, se concluye que si la invocada jurisprudencia fue publicada en el referido medio de difusión digital el viernes seis de diciembre de dos mil trece, su aplicación resulta obligatoria a partir del lunes nueve de ese mes y año, con lo cual queda dilucidada cualquier duda acerca del momento justo a partir del cual es de observancia forzosa.". Y la jurisprudencia número 97/2013 (10ª), aprobada en sesión privada de fecha doce de septiembre de dos mil trece, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en la red Jurídica Nacional, que dice: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. La acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado. Tal criterio, aplicado al juicio de amparo, implica que para formular la demanda sea exigible que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la ley vigente, se advierte que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil. En consecuencia, en el juicio de amparo directo en esta materia, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Antonio Alzate, número 437, interior 1, Centro, en esta ciudad. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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