Katia Castellanos Torres

Expediente 5/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
5/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Katia Castellanos Torres
  • David Tafolla Sandoval
  • Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán
  • Secretaria de Salud, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPROS)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Por recibido el oficio 7399, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el once de agosto del año en curso, dentro del impedimento administrativo 10/2022, así como el cuaderno formado con motivo de la denuncia por incumplimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 5/2022; acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, comuníquese a las partes que el referido Tribunal Colegiado, declaró fundado el impedimento planteado por el Titular de este órgano jurisdiccional para conocer de la denuncia por incumplimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 1/2018, presentada por *********, contra actos de la Secretaría de Salud por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) con sede en esta ciudad. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, remítase el original del presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, para que returne el asunto al Juez de Distrito que corresponda; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 6292/2022, suscrito por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 17937/2022, al que se acompañó la denuncia por incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 1/2018 y el impedimento planteado por el Titular de este órgano jurisdiccional para resolverla; asimismo, informa que se admitió a trámite el impedimento, el cual fue registrado con el número 10/2022 y que se turnaron los autos a la Magistrada que corresponde para que elabore el proyecto de resolución; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguense los escritos presentados vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación por ********, autorizado en términos amplios de ********, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto del veinte de julio del año en curso, además, hace diversas manifestaciones respecto al desempeño del suscrito en las labores jurisdiccionales que tiene encomendadas, en los siguientes términos: ".en contravención a la esfera jurídica de la parte quejosa, el juez del conocimiento se desvía de su obligación constitucional y, con la actuación judicial desplegada en el trámite del presente asunto, transgrede extraordinariamente todo aspecto de los derechos humanos del quejoso de acceder a la justicia y a un recurso judicial efectivo. . Finalmente, se debe manifestar para que quede constancia legal para los efectos jurídicos que sean procedentes que, es verdaderamente desafortunado que la presente denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad del Alto Tribunal del país, haya sido turnada al Juzgado Noveno de Distrito en Michoacán. Se afirma lo anterior porque se tiene conocimiento directo que el titular del juzgado federal del conocimiento carece de la aptitud jurídica necesaria para el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales como órgano de control constitucional; en particular, debido a su falta de sensibilidad social, vocación garantista y descuido notorio en la resolución de sus asuntos. - En los tres casos referidos en el párrafo anterior, el juez del conocimiento dilató la resolución de los asuntos hasta por más de dos años, plazo que excede extraordinariamente los tiempos en que se resuelven los juicios de amparo. Así, en la resolución de esos tres asuntos, el juez del conocimiento reflejó la mayor negligencia en el ejercicio de su función jurisdiccional al diferir en más de diez ocasiones la celebración de la audiencia constitucional por su incapacidad de lograr notificar a las autoridades responsables, según sus razones actuariales. En tales casos, el juzgador y su personal se mostraron plenamente insensibles ante la situación de inconstitucionalidad en la que abandonaban a las personas justiciables cuya esfera de derechos humanos tuvo que haber sido puesta a salvo de manera pronta y eficiente. - Lo anterior se menciona, pues se pone de manifiesto la forma en que ese juez federal ha llegado al extremo de formular argumentos falaces en sus sentencias para encubrir actos de inconstitucionalidad de autoridades del Estado mexicano que no está cumpliendo de manera adecuada con sus funciones y obligaciones. Por ello es que, existe el temor fundado de que el presente asunto no sea atendido a la altura del contexto de inconstitucionalidad en el que se sitúa la persona justiciable. Por tanto, ese juez debe considerar la posibilidad de recursarse, incluso para que no tenga la carga de resolver asuntos que tienen que ver con un tema para el cual no tiene la aptitud jurídica necesaria ni la sensibilidad social que se requieren para su adecuada solución. .". - De lo anteriormente transcrito, se evidencia que el promovente de que se trata, con sus aludidas manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta, se dirige con un lenguaje inapropiado, lo cual constituye faltas de respeto a la investidura del suscrito, con las que pretende denostar a mi persona, así como demeritar mi actuar en el presente asunto, lo que evidentemente ha generado en el suscrito una animadversión hacia la citada persona, la cual gestiona en el asunto en que se actúa como autorizado con amplias facultades de quien promovió la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que dio origen a este expediente, con lo que considero se ve afectada mi imparcialidad para resolver el presente asunto. Atento a lo anteriormente señalado, este juzgador estima que se encuentra impedido para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, que dispone: "Ar-tículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (...) VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y (...)". De la lectura del citado precepto se obtienen las hipótesis normativas genéricas que dan lugar a que un funcionario judicial federal deba excusarse para conocer y resolver de un asunto en el que intervenga. La finalidad del mencionado numeral 51 de la Ley de Amparo, es apartar del conocimiento de un asunto al juzgador cuya imparcialidad se pudiera encontrar menoscabada, en las hipótesis que dicho precepto legal establece, como en el caso acontece. En -ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone a la letra, en lo que interesa, que: - "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...". El citado precepto Constitucional tutela el derecho fundamental de acceso a la justicia, que debe impartirse a los gobernados de manera pronta, completa e imparcial. - Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 192/2007, consultable en la página 209, del Tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ES TAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES"; ha precisado que esas características tienen las siguientes connotaciones: Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, Justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. - En lo atinente a la característica detallada en el tercer punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que el principio de "imparcialidad", propio del derecho de acceso a la justicia, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer o afectar, indebidamente, a ninguna de ellas. Igualmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), consultable en la página 460, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL", ha señalado que el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: Subjetiva: que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, la cual en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca y los que lo obligan a inhibirse del conocimiento del asunto sometido a su jurisdicción; y, Objetiva: que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez, al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido, observando el marco jurídico de que se trate. Por su parte, la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia del País ha establecido que la "imparcialidad" a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. De lo expuesto se obtiene que una de las condiciones que debe reunir el juzgador para estar en aptitud de impartir justicia, es la ausencia de hechos o circunstancias personales que le impidan ser objetivo, a fin de cumplir con el principio de imparcialidad que consigna el artículo 17 Constitucional. El legislador ha buscado asegurar el cumplimiento de la aludida característica de imparcialidad, a través de la precisión de causas de impedimento por virtud de las cuales los operadores del derecho, en el caso de incurrir en alguna de ellas, deben manifestarlo y excusarse para conocer del asunto; ya que esas causas, hechos o circunstancias, constituyen una forma particular de incapacidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado o de titulares de las funciones jurisdiccionales; puesto que el solo hecho de actualizarse alguna causa de impedimento, prevista por la ley, lleva a presumir parcialidad, respecto de ciertas personas o situaciones, por encontrarse vínculos de afecto o animadversión, o incluso, un interés directo en el asunto. La trascendencia de los impedimentos se justifica con tan solo mencionar su finalidad, esto es, la preservación y defensa del derecho a ser juzgado por personal imparcial. Tales instituciones aseguran, así, que el órgano judicial carezca de cualquier interés para la resolución del litigio que no sea la estricta aplicación del ordenamiento jurídico o, dicho de otro modo, garantizan que la pretensión sea resuelta únicamente por un tercero ajeno a las partes y a la cuestión litigiosa, y que esté sometido exclusivamente al ordenamiento jurídico como regla de juicio. En esas condiciones, el impedimento se configura como un mecanismo a través del cual el legislador aspira a preservar tanto el derecho al juez imparcial del justiciable, como la confianza pública en la imparcialidad judicial. Ello es de ese modo, debido a que con dichas figuras procesales no se trata únicamente de proteger la legalidad de las decisiones judiciales, sino también preservar la credibilidad de las decisiones judiciales. El impedimento para que cierto juzgador pueda conocer de un determinado asunto es un aspecto que está íntimamente vinculado con la competencia subjetiva, consistente en la idoneidad del titular de un órgano jurisdiccional para resolver un cierto asunto. Ahora, tratándose de los funcionarios que tienen encomendada esa tarea, en los asuntos que se rigen por la Ley de Amparo, como lo son ministros, magistrados o jueces del Poder Judicial de la Federación, existen ocasiones en las que la función jurisdiccional se ve limitada y afecta el requisito de imparcialidad con el que debe actuar. Estas razones contingentes constituyen una forma particular de imposibilidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado o de titulares de las funciones jurisdiccionales, ya que esa función jurisdiccional, se ve limitada y permiten presumir parcialidad, respecto de ciertas personas o situaciones, por encontrarse vínculos de afecto o animadversión o, incluso, un interés directo en el asunto. Así, cualquiera de tales circunstancias dan lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto; siendo estas relaciones o intereses personales, que puedan conllevar a que exista presunción de parcialidad en el juzgador, se les ha denominado impedimentos y se encuentran prescritos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". Del precepto legal transcrito se advierte que el legislador estableció siete supuestos específicos de impedimento, además de la diversa situación hipotética que señala la fracción VIII. Así, de satisfacerse cualquiera de esos supuestos, resulta forzosa la excusa del funcionario, a fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador, dando por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el numeral 51 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales acabado de reproducir. La fracción VII del artículo 51 ya citado dispone, en lo conducente, -que los Jueces de Distrito "deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: ... VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes.". En ese sentido, respecto de la causa invocada, debe decirse que la enemistad manifiesta corresponde en gran medida al fuero interno de la persona, de tal manera que afecta en forma directa en su ánimo y es, precisamente, tratándose de quienes son titulares de la función jurisdiccional, que esa intención de ánimo el que debe estar desprovisto de todo elemento que pueda socavar o alterar la imparcialidad e independencia de su actuación. Así, con base en las manifestaciones vertidas por el promovente Moisés Coca Sánchez, autorizado en términos amplios de David Tafolla Sandoval, en el escrito de cuenta, se advierte que el mismo ha incurrido en faltas de respeto hacia mi persona, realizando diversas manifestaciones, con un leguaje inapropiado con la finalidad de demeritar el actuar del suscrito en el presente asunto, razón por la cual, se generó en mi persona animadversión hacia la citada persona, la cual gestiona en el dicho expediente. Entonces, a la luz de lo expresado, es menester resaltar la existencia de enemistad manifiesta hacia la persona multicitada, lo que se extiende al promovente del presente asunto. Cierto, en el suscrito juzgador no concurre el impedimento relativo por interés personal en el asunto, previsto en la fracción II del artículo 51 de la Lev de Amparo, puesto que no tengo interés material ni económico en este asunto, ni es mi intención obtener algún provecho de la materia del litigio, o sea, alguna participación de los asuntos controvertidos. Sin embargo, en estricto acatamiento a la normatividad de la materia es que me declaro impedido para conocer del presente asunto, porque como ya se indicó, de mi parte existe animadversión con el citado autorizado Moisés Coca Sánchez, lo que, incluso, afecta también al promovente del presente asunto, por lo cual, a fin de no incurrir en responsabilidad, dadas las circunstancias mencionadas, se estima que al actualizarse la causal antes indicada, no soy apto para impartir una justicia exenta de parcialidad y garantizar la independencia y neutralidad como juzgador a fin de emitir una sentencia justa. Orienta tal criterio la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 46/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1076, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Décima Época, Registro digital 2000229, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UNA DENUNCIA PENAL O QUERELLA EN SU CONTRA POR UNA DE LAS PARTES, SU ABOGADO O REPRESENTANTE EN EL JUICIO DE AMPARO. En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 105/2006 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL DEBE ATENDERSE A LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, ASÍ COMO AL SEÑALAMIENTO DE UNA CAUSA OBJETIVA Y RAZONABLE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFICARLO.", para calificar de legal la causa de impedimento por enemistad manifiesta prevista en el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo, se debe valorar la manifestación expresa del juzgador en el sentido de que se ubica en dicho supuesto, y el señalamiento que haga de una causa objetiva y razonable que justifique esa circunstancia. De este modo, si manifiesta encontrarse impedido para conocer del juicio de amparo, en cualquiera de sus etapas, por la enemistad respecto de alguna de las partes, sus abogados o representantes, dicha afirmación es suficiente para calificar de legal el impedimento planteado, independientemente de que exista una denuncia penal o querella interpuesta en su contra por alguno de ellos, en que se contengan expresiones injuriosas o calumnias en su contra, o de cualquier otra circunstancia, pues para que se actualice la causa de impedimento señalada, es intrascendente la actitud o la conducta de las partes o sus representantes, siendo única y exclusivamente determinante para valorar dicho impedimento la apreciación subjetiva del juzgador en el sentido de que, en su fuero interno, siente afectada la objetividad o imparcialidad con la que debe conducirse en el juicio. También se cita la jurisprudencia 2a./J. 105/2006, de la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 296, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, Registro digital 174458, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL DEBE ATENDERSE A LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, ASÍ COMO AL SEÑALAMIENTO DE UNA CAUSA OBJETIVA Y RAZONABLE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFICARLO. Los requisitos para calificar de legal el impedimento por enemistad manifiesta previsto en el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo se traducen, en primer término, en la explícita consideración del funcionario judicial de que se ubica en el supuesto respectivo, que conlleva la valoración personal de que está afectado en su ánimo interno para resolver el asunto y, en segundo, en el señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar esa circunstancia, a fin de que quien resuelva el impedimento se encuentre en aptitud de decidir si las características en que se ha producido la situación de mérito, apreciadas objetivamente, llevan a concluir que razonablemente se ha actualizado la causal respectiva. En consecuencia, la consideración del Juez en el sentido de que una manifestación hostil, de animadversión, realizada por el quejoso en un juicio de amparo ha afectado su imparcialidad para fallar el asunto respectivo, es suficiente para que se actualice la causal de impedimento referida, siendo los elementos relevantes para ello no la actitud de las partes, sino el ánimo del juzgador, el señalamiento de la causa objetiva y razonable generadora del impedimento, así como la credibilidad y presunción de veracidad de su manifestación, sustentada en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, considerando, además, que el deber de los juzgadores de abstenerse de conocer de los asuntos en que se encuentren impedidos, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa, constituye un límite a la tolerancia, templanza y fortaleza judicial interna admitido por el propio legislador, al haber previsto el supuesto de impedimento respectivo". Al igual que la jurisprudencia I.6o.C.J/44, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 1344, tomo XIX, abril de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama". En consecuencia, como ya se dijo, este juzgador estima que se encuentra impedido para conocer de la presente denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en que se actúa, de conformidad con lo previsto en la fracción VII del artículo 51 de la ley de la materia, y tal impedimento, en este caso, se plantea por Moisés Coca Sánchez. Por tanto, en observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción VII, 52, 54, fracción III, inciso c) y 55, párrafo segundo, de la Ley de la Amparo, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que califique los hechos y determine en definitiva la procedencia del impedimento mencionado y, de ser procedente, considere que este funcionario judicial se encuentra impedido para conocer del presente asunto, sin que con ello pueda considerarse que se aparta de él sin causa justificada. Y, para tales fines, una vez que se tenga conocimiento del Tribunal Colegiado al cual corresponda conocer del presente impedimento, se conmina al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, que vincule el expediente electrónico relativo a la presente denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en que se actúa, para el efecto de que el citado Tribunal pueda vincularlo con su expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de once de enero de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hiciera, término que transcurrió del veinticuatro al veintiocho, ambos de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Hágase saber a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, sí así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos de lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso 1/2022, respecto de su vigencia, la parte quejosa o sus autorizados deberán generar cita en Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio "Agenda OJ". Notifíquese personalmente.

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