Karla Octaviana Oviedo Villa

Expediente 1345/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1345/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Karla Octaviana Oviedo Villa

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 18/2022. Destrúyase el legajo de copias certificadas que remite, por ser innecesarias. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 18/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa, al que se acompañan tres copias, así como con el original del escrito de agravios y tres copias de éste, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Y hágase de su conocimiento en vía de informe justificado, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico relativo a este asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, se instruye a la analista jurídica de la adscripción, a fin de que permita la disponibilidad y acceso al expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Karla Octaviana Oviedo Villa, contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil del Noveno Circuito Judicial, con tres copias que acompaña; que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1345/2021-IV. Así, el acto reclamado se hace consistir en la determinación por la cual se resolvió el recurso de revocación hecho valer contra el auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno por medio del cual se tuvo a la parte demandada por no contestando la demanda entablada en su contra por los motivos expuestos en dicho auto. Pues bien, sentado lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictados dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Luego, se considera que la determinación aquí reclamada no constituye un acto de imposible reparación, al no ubicarse en la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que ello no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo. En efecto, el acto reclamado consistente en la determinación por la cual el Juez de Distrito en Materia Mercantil de esta ciudad resolvió el recurso de revocación hecho valer por la quejosa contra el auto por el cual se tuvo a la parte demandada por no contestando la demanda entablada en su contra, el cual es un acto dentro del procedimiento que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que únicamente conlleva que se siga el juicio por su etapas hasta el dictado de la sentencia. Así, queda de manifiesto que la resolución reclamada no tiene sobre la solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial. Ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Por ende, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito, Karla Octaviana Oviedo Villa, contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil del Noveno Circuito Judicial; y, como consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eréndira Litzahaya Castillo Molina, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a las personas restantes por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto con los usuarios proporcionados, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a la parte promovente por dicho medio. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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