Karla Paulina Faz Medel
Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Karla Paulina Faz Medel
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Karla Paulina Faz Medel, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, devuélvasele los documentos que refiere, previo desglose, cotejo y certificación que se realice, así como razón de recibo que se deje en autos, autorizando para que los reciba a las personas que indica. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado deberá programar una cita, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea1. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Ahora, en razón de que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Ahora, en razón de que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Karla Paulina Faz Medel, contra actos del Jefe de la Unidad de Tramitación Común, de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades, con diez copias y ocho anexos que se acompañan, por violación que estima a los artículos 1º, 14, 16, 20, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y fórmese el expediente de amparo relativo bajo el progresivo 794/2022-V. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los señalados. En concepto de esta juzgadora, advierte que en cuanto a los actos atribuidos a las autoridades ministeriales señaladas como ordenadoras, al ostentarse la quejosa como víctima u ofendida del delito, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concatenación con lo dispuesto en los diversos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso concreto, se reclama la omisión de emitir acuerdo o resolución, así como su notificación, dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/28178/21, mediante la cual se ordena librar oficio a la Directora del Instituto Registral y Catastral del Estado, a efecto de que levante y/o deje sin efecto la anotación marginal ordenada mediante oficio FGE/D01/368244/09/2021, en los folios registrales 394194 y 301273. Por lo cual, ante el destacado marco constitucional y legal descrito con antelación, la parte quejosa, en su carácter de ofendida en aquélla, que según refiere tener, previo acudir al juicio de amparo, en estricto acatamiento a lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debió agotar el medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en concatenación con los diversos 109, fracción XXI y 258 del código antes citado. De ahí que esta juzgadora debe considerar que al no haberse cumplido con el principio de definitividad, es evidente que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, es aplicable la misma suerte en cuanto a los actos atribuidos a la autoridad responsable Directora del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, en virtud de dichos actos son reclamados sólo en vía de consecuencia de los diversos reclamados a las autoridades ordenadoras, sin haberse impugnado por vicios propios. Por consiguiente, ante la actualización del motivo examinado, lo que procede es desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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