Karla Josefina Ruiz Gonzalez

Expediente 225/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
225/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • Karla Josefina Ruiz Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta por medio del cual se acusa recibo del oficio 11425/2019 del índice de este juzgado. Finalmente, como esta ordenado en el proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, envíese al archivo el presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora, toda vez que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 650889, a fin de garantizar la medida cautelar decretada en el incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, prevéngasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recoger el citado billete de depósito, apercibida que de no hacerlo, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, dicho documento prescribirá a favor del fisco federal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta por medio del cual se acusa recibo del oficio 9131/2019 del índice de este juzgado. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de tres días concedido a los terceros interesados Emmanuel Chávez Delgado y Elda Guadalupe Chávez Delgado, hermanos de quien en vida respondiera al nombre de Juan Arturo Chávez Delgado, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha realizaran manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó en proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíqueseles por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, las notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señalen el domicilio para tal efecto. Por otra parte, glósese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que a la Actuaria Judicial de la adscripción, no le fue posible notificar a los terceros interesados Emmanuel Chávez Delgado y Elda Guadalupe Chávez Delgado, hermanos de quien en vida respondiera al nombre de Juan Arturo Chávez Delgado, la determinación de dos de mayo de dos mil diecinueve, por los motivos que refiere; en consecuencia, realícesele a los citados terceros interesados la notificación relativa al proveído antes señalado, por medio de lista. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO QUE NTECEDE, CON ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR LISTA a los terceros interesados Emmanuel Chávez Delgado y Elda Guadalupe Chávez Delgado, hermanos de quien en vida respondiera al nombre de Juan Arturo Chávez Delgado, la determinación de dos de mayo de dos mil diecinueve, que dice:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Séptimo del Ramo Penal de esta ciudad, con un anexo certificado que acompaña, y en atención a su contenido se provee: Téngasele por informando que el veintinueve de abril del año en curso, se dictó auto de formal prisión en contra de la quejosa Karla Josefina Ruíz González, acompañando copia certificada de dicha resolución. Ahora, del estado que guardan los autos, se desprende que la quejosa reclama en este asunto de la Juez Séptimo del Ramo Penal de esta ciudad, y de otras autoridades, los actos que hizo consistir en: ".La orden de aprehensión, girada por las autoridades, que señalo como ordenadoras y que pretenden llevar a cabo las autoridades que señalo como ejecutoras en mi perjuicio, así como la orden de identificación administrativa, ordenada por las autoridades señaladas como ordenadoras y que pretende ejecutar el C. Director del CEPRERESO, de esta ciudad.". El Juez Octavo del Ramo Penal de esta ciudad y la Juez Menor en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, en sus respectivos informes justificados, negaron los actos que se les atribuyen, sin que exista en autos prueba que desvirtúe esta negativa; por tanto, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la Jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por otra parte, la Juez Séptimo del Ramo Penal de esta ciudad, el Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, en suplencia del Comisario General de dicha dependencia y la Vicefiscal Jurídica de la Fiscalía General del Estado, al rendir sus informes justificados, respectivamente, reconocieron la existencia de una orden de aprehensión librada en contra de la ahora quejosa; y al efecto, la citada Juez responsable señaló que el veintisiete de febrero del año que transcurre, giró el referido mandamiento de captura dentro de la averiguación penal 3/2019-A, en contra de Karla Josefina Ruíz González, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio por culpa; certeza que se corrobora con las constancias que exhibió, consistentes en copia certificada de la citada averiguación, las cuales adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En el mismo orden de ideas, debe desvirtuarse la negativa expresada por el Director del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, pues no obstante que haya negado los actos de ejecución al rendir su informe justificado, toda vez que tiene el carácter de ejecutora, y de acuerdo con las funciones que legalmente tiene encomendadas, está obligada a colaborar con la citada ordenadora para la ejecución del acto que se le atribuye a ésta. Luego, como la Juez Séptimo del Ramo Penal de esta ciudad, acompañó copia certificada de la resolución de término constitucional de veintinueve de abril del año actual, en la que decretó auto de formal prisión en contra de la aquí quejosa; entonces, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la Jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del tomo VI relativo a Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.- - - Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". En efecto, si bien es cierto que la Juez responsable libró orden de aprehensión en contra de la quejosa, por el delito de homicidio por culpa, también lo es que el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, resolvió su situación jurídica, decretando en su contra auto de formal prisión; por ende, la suscrita estima que en el caso se actualiza la citada causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que la libertad personal puede restringirse por la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada una de las cuales tienen características peculiares; que el conjunto de normas que rigen y condicionan la restricción de la libertad en cada uno de los distintos casos señalados se llama situación jurídica, de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, resultando improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Así, como actualmente la situación jurídica de la quejosa se rige por el auto de formal prisión, ello determina la improcedencia del juicio de amparo por cambio de situación jurídica, por lo que ve a la orden de aprehensión reclamada, al haber sido sustituida procesalmente por el indicado auto. Ello es así, porque el amparo que se promueve en contra de la orden de aprehensión, resulta improcedente cuando se emite el auto que resuelve la situación jurídica del inculpado, por haber cambiado la situación jurídica, ya que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que se hayan cometido en aquélla, por no poder decidir sobre la misma, sin afectar la situación jurídica que se generó al pronunciarse el auto de formal prisión. En consecuencia, al haber sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la ley de la materia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las once horas con diez minutos del nueve de mayo de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Fiscal General de Justicia del Estado de San Luis Potosí; Director General de la Policía Ministerial en el Estado y Director del CEPRERESO de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, dado su carácter de ejecutora con que se le señaló.Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa".

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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