Karla Maria Rodriguez Hernandez
Expediente 907/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Karla Maria Rodriguez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. 20/02/22 10:10:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b3.d3 JUAN CARLOS PATIÑO RODRÍGUEZ Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Téngase recibido el escrito signado por la promovente Karla María Rodríguez Hernández, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en autos, y al efecto precisa la calidad con la que comparece, justificando la personería en representación de su menor hijo de iniciales A.J.R.R., y amplia los antecedentes del acto reclamado. Así, vista la demanda de amparo promovida por Karla María Rodríguez Hernández, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales A.J.R.R., personería que se le reconoce al tenor de las documentales que acompaña, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo; se tiene que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, presentó una querella por hechos que consideró constitutivos de delito, ante la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, con sede en esta ciudad, quien a su vez la admitió y registró bajo el consecutivo CDI/FGE/ID01/22909/20 de su estadística. b) Que se ordenó girar oficio al encargado del despacho de la Unidad de Primer Contacto de Atención a Víctimas del Delito, correspondiéndole el número de oficio FGE/D01/350629/08/2020, asignándole como asesor al Licenciado Ivan Victorino Orozco, a quien ha tratado de localizar sin tener respuesta favorable. c) Que han transcurrido tres meses, sin que a la fecha existan avances. d) Que específicamente es la demora de la responsable lo que reclama y no el procedimiento en sí mismo. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate, en la medida en que, aduce la parte promovente, la inacción de la autoridad para procurar justicia, ya que a la fecha no se ha llamado a juicio al presunto responsable, no obstante de haber presentado su querella el diecinueve de agosto del presente año, violentando el derecho humano de acceso a la justicia pronta y expedita. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del precepto constitucional transcrito se advierte que la víctima u ofendido del delito, tiene derecho a impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Acorde con dichos preceptos legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, e incluso las determinaciones en las que se decida una abstención para investigar, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso el acto reclamado consiste precisamente en la inacción por parte del Fiscalía General del Estado con sede en esta ciudad, para procurar justicia a su menor hijo, a quien se refiere como la víctima del delito; es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI del transcrito artículo 109, e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del juez de control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. A cuyas consideraciones se remite este tribunal federal, a fin de evitar repeticiones innecesarias. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debió hacer valer su derecho de impugnar la omisión de la autoridad designada como responsable, ante el juez de control correspondiente, pues al derivar la omisión de que se duele de la etapa de investigación, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia legal para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Además, debe decirse que no es óbice para arribar a la anterior conclusión, la eventual posibilidad de que la omisión reclamada se considere como de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Criterio el anterior que es acorde a lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 93/2018, de seis de septiembre de dos mil dieciocho, cuyo engrose se encuentra visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Téngase recibido el escrito signado por la promovente Karla María Rodríguez Hernández, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en autos, y al efecto precisa la calidad con la que comparece, justificando la personería en representación de su menor hijo de iniciales A.J.R.R., y amplia los antecedentes del acto reclamado. Así, vista la demanda de amparo promovida por Karla María Rodríguez Hernández, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales A.J.R.R., personería que se le reconoce al tenor de las documentales que acompaña, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo; se tiene que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, presentó una querella por hechos que consideró constitutivos de delito, ante la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, con sede en esta ciudad, quien a su vez la admitió y registró bajo el consecutivo CDI/FGE/ID01/22909/20 de su estadística. b) Que se ordenó girar oficio al encargado del despacho de la Unidad de Primer Contacto de Atención a Víctimas del Delito, correspondiéndole el número de oficio FGE/D01/350629/08/2020, asignándole como asesor al Licenciado Ivan Victorino Orozco, a quien ha tratado de localizar sin tener respuesta favorable. c) Que han transcurrido tres meses, sin que a la fecha existan avances. d) Que específicamente es la demora de la responsable lo que reclama y no el procedimiento en sí mismo. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate, en la medida en que, aduce la parte promovente, la inacción de la autoridad para procurar justicia, ya que a la fecha no se ha llamado a juicio al presunto responsable, no obstante de haber presentado su querella el diecinueve de agosto del presente año, violentando el derecho humano de acceso a la justicia pronta y expedita. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del precepto constitucional transcrito se advierte que la víctima u ofendido del delito, tiene derecho a impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Acorde con dichos preceptos legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, e incluso las determinaciones en las que se decida una abstención para investigar, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso el acto reclamado consiste precisamente en la inacción por parte del Fiscalía General del Estado con sede en esta ciudad, para procurar justicia a su menor hijo, a quien se refiere como la víctima del delito; es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI del transcrito artículo 109, e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del juez de control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. A cuyas consideraciones se remite este tribunal federal, a fin de evitar repeticiones innecesarias. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debió hacer valer su derecho de impugnar la omisión de la autoridad designada como responsable, ante el juez de control correspondiente, pues al derivar la omisión de que se duele de la etapa de investigación, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia legal para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Además, debe decirse que no es óbice para arribar a la anterior conclusión, la eventual posibilidad de que la omisión reclamada se considere como de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Criterio el anterior que es acorde a lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 93/2018, de seis de septiembre de dos mil dieciocho, cuyo engrose se encuentra visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Karla María Rodríguez Hernández, y copias que se acompañan, contra omisiones de la Fiscalía General del Estado con sede en esta ciudad; por violación que estima en su perjuicio de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 907/2020-III. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 114, fracción I, en relación con el diverso numeral 108, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito, cumpla con lo siguiente: PRIMERO: Clarifique a la parte quejosa. En el caso, se deberá puntualizar si la promovente Karla María Rodríguez Hernández, únicamente comparece por derecho propio; como representante del menor con iniciales A.J.R.R., y que refiere es su hijo; o bien, con ambas calidades. Además, y de ser el caso, deberá justificar la personería que dice tiene para comparecer en representación de su menor hijo, así como acompañar prueba fehaciente que demuestre tal circunstancia; ello, pues si bien en el escrito de demanda refiere ser la progenitora de dicho menor, no menos verídico es que no acompañó documento alguno que así lo acredite. En la inteligencia de que en caso de que la promovente no cumpla con lo anterior, dentro del término que se indica, de ser procedente, se proveerá lo conducente para recabar las constancias que acrediten tal extremo, ante la autoridad señalada como responsable y, en su caso, se designará un representante especial para el aludido menor de edad, a fin de que vele por sus intereses en la presente contienda constitucional. SEGUNDO: Amplíe, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado. En ese sentido, deberá precisar si al caso se ha promovido ya el recurso o medio ordinario de defensa a que se refieren los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal; y 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en aras de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Lo anterior, en la inteligencia de que la promovente refiere ser parte formal y material dentro de la indagatoria de origen a que hace mención, por lo que se encuentra en aptitud de desahogar la presente prevención. Circunstancias las anteriores que motivan sendas imprecisiones que, a su vez, constituyen irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional, las partes en el juicio y, en su caso, la procedencia de la acción de amparo. Apercibiendo a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la prevención enlistada en el punto segundo, en el lapso señalado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda, en el entendido que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 30 de la Ley de Amparo, es improcedente autorizar la práctica de notificaciones vía correo electrónico, al no ser un medio autorizado por los citados preceptos. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Ahora, atendiendo que en el caso probablemente se promueve el amparo en favor de un menor de edad, y acorde al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de proteger la identidad y bienestar del mismo, se ordena suprimir de las actuaciones del presente procedimiento, en la medida de lo posible y necesario, el nombre completo así como cualquier otro dato que pueda revelar la identificación del mismo, debiendo referirse a él con sus iniciales en caso indispensable o bien, sólo aduciendo al menor, según se estime necesario. Por ende, se instruye a los actuarios adscritos a que de igual forma, que no se inserte en la lista de acuerdos o cualquier actuación que lleven a cabo, el nombre o datos de identificación del menor de edad en comento; lo anterior sin perjuicio de las medidas de protección que se dicten. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa, para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente.
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