Karla Karina Eligio Vázquez

Expediente 1002/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1002/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Karla Karina Eligio Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia terminada de engrosar de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. . Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1002/2021-V, promovido por ********************, en contra de actos de la Primera Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: a) PRIMERA SALA FAMILIAR DE TOLUCA, ESTADO DE MEICO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTAD ODE MÉXICO, con domicilio ubicado en: NICOLÁS BRAVO NORTE 201 COLONIA CENTRO TOLCA, C.P. 50000. b) Los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general impugnadas: A. Órgano Legislativo: Congreso del Estado de México. B. Órgano Ejecutivo: Gobernador del Estado de México." "IV. ACTO RECLAMADO.- b) La sentencia emitida el día 27 de septiembre del año 2021, dictada por la PRIMERA SALA FAMILIA DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, dictado en el Toca numero: ********************. c) La INCONSTITUCIONALIDAD del artículo 1.174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México". Actos reclamados que la promovente del amparo señaló que violaban los derechos protegidos por los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. Previo desahogo de la prevención realizada, por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en términos del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, al reclamarse un acto dictado por un tribunal del orden civil, cuya residencia se localiza dentro del territorio donde se ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: 1. La resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en autos del toca de apelación ********************, del índice de la Sala responsable. 2. La inconstitucionalidad del artículo 1.174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Magistrada Presidenta de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, el representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de México, y la Presidenta de la "LXI" Legislatura del Estado de México, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Consecuentemente, deben tenerse por ciertos los actos que se reclaman a dichas autoridades; siendo aplicable a lo anterior la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, visible a página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias que, en apoyo a su informe justificado, remitió la referida Sala responsable, relativas a copia certificada del expediente ********************, el incidente de nulidad de actuaciones derivado de dicho expediente (del que emana el acto reclamado), y el toca ******************** de su índice; constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de actuaciones judiciales. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de las causas de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada bajo el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, se estima que, en el presente caso, respecto al acto de aplicación materia del reclamo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y por lo que hace a la norma reclamada de inconstitucional, se aprecia de oficio la actualización de la causa de improcedencia indicada en la fracción XII, del primer numeral indicado, como se expondrá a continuación. 1. Para dar claridad la causa de improcedencia relacionada con el acto de aplicación de la norma reclamada de inconstitucional, es necesario señalar que los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Establecen que el juicio de amparo será improcedente, cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Norma Fundamenta, o bien de la propia ley que rige la materia; conforme a lo cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, con la precisión de que, conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que, a partir de esa interpretación, se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. Sobre lo precisado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia en análisis, pues si lo que reclama la parte quejosa, consistente en la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se resolvió el recurso de apelación, registrado bajo el toca ********************, promovido en contra de la sentencia interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Santiago Tianguistenco, Estado de México, tocante al incidente de nulidad de actuaciones tramitado en el expediente ********************, es decir, que en esencia la finalidad de lo reclamado por el accionante del amparo es lograr la nulidad de la notificación realizada el siete de julio de dos mil veintiuno, realizada en el procedimiento de origen, la cual aduce defectuosa. Entonces, se advierte que lo reclamado no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las posibles consecuencias de los actos reclamados, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del procedimiento que se tramita ante la autoridad que señalada como responsable. Esto es así, si se toma en consideración que de las constancias del procedimiento de origen que fueron remitidas para su estudio en el presente sumario constitucional, se aprecia que el mismo se encuentra en trámite, es decir, aún no se dicta sentencia definitiva; y por ende, si en la presente instancia constitucional la ahora quejosa reclama la determinación interlocutoria del recurso por el que pretendió acreditar la ilegalidad de la notificación de siete de julio del año próximo pasado, realizada en autos del expediente ********************, del índice del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Santiago Tianguistenco, Estado de México, es evidente que, no obstante que la afectación que dicho acto irroga a la parte demandada traiga consigo una violación procesal grave, no debe perderse de vista que de suyo no produce de manera inmediata una trasgresión a algún derecho fundamental, y, en su caso, quedaría subsanada de obtener una sentencia favorable, y de no ser así, al ser parte en el procedimiento de origen, podrá interponer el recurso correspondiente contra la sentencia definitiva dictada en dicho procedimiento, y una vez agotado lo anterior, por medio del juicio de amparo directo, en el cual se expresen los motivos de inconformidad en relación al mismo, entre los que podrá hacer valer la referida afectación como una violación al procedimiento, como lo prevén los artículos 172, fracción V, y 174 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se concluye que el acto reclamado no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos intraprocesales y pueden ser reparados si el impetrante obtiene sentencia favorable; de tal manera, la sentencia impugnada constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte la sentencia de fondo si fuere desfavorable para la quejosa, a través del juicio de amparo directo, y por ello, se afirma, que no lesiona sus derechos sustantivos, y menos en forma irreparable, más aún que, dada la naturaleza y etapa del procedimiento de origen, se advierte que la aquí quejosa aún se encuentra en aptitud de hacer valer sus derechos en el procedimiento de origen, en tanto aún no se dicta la sentencia definitiva en éste. Robustece lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, página 39, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." 2. En relación al acto reclamado, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 1.174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la materia. En efecto, los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa; lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercitar la acción constitucional. Es decir, de los preceptos aludidos, se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; esto es, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Y en el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 17 de la ley citada. Lo expresado pone de relieve que, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la tesis de jurisprudencia P./J. 55/97, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Luego, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque si bien es cierto que, en el caso, se reclama la inconstitucionalidad del artículo 1.174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y por ello se está frente al supuesto de una norma de observancia general con carácter heteroaplicativo, dado que requiere de un acto de aplicación para ser analizable en el sumario actual, también lo es que, como ya se estableció, respecto del acto de aplicación, consistente en la determinación de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca ******************** del índice de la sala responsable, se estimó improcedente el juicio de amparo, por no afectar directamente derechos sustantivos de la accionante del amparo. De tal manera que, si es a través de la determinación indicada que se lleva a cabo la aplicación de la norma reclamada de inconstitucional, dicho aspecto no puede desvincularse de la normativa impugnada, e impide que se pueda abordar el análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo; pues, pensar lo contrario, sería realizar un estudio relativo respecto de actos abstractos e imprecisos; ello de conformidad con lo establecido en la tesis LXXVI/89, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 356 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, de la Octava Época, la cual se aplica por identidad de razón, cuyo rubro y texto son: "REGLAMENTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACION. SI NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE ESTOS ULTIMOS, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS. Si se impugna un reglamento mediante el juicio de amparo, no porque con su sola vigencia se causen perjuicios al quejoso, sino con motivo de actos concretos de aplicación, dada la estrecha vinculación existente entre uno y otros, no es posible analizar la constitucionalidad del primero prescindiendo de los segundos; por consiguiente, si se decreta el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos de aplicación por no haberse acreditado su existencia, dicho sobreseimiento debe comprender también al reglamento." Así como el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal el país, en la jurisprudencia visible en la página 241, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 181-186 Primera Parte, de la Séptima Época, que a la letra dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación" De igual forma, la tesis XXI.1o.30 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 566 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, que reza: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Si se aportó en el juicio de amparo indirecto prueba para desvirtuar la negativa del acto reclamado, referente al reglamento que regula la prestación del servicio público de limpia concesionado; con dicha probanza se acreditó desde un punto de vista formal la existencia del acto, o sea, que la autoridad responsable, director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, tiene a su cargo la vigilancia y control del servicio de limpia concesionado, mas no prueba que materialmente se estuviera llevando a cabo dicho acto y, por ende, se afectara la esfera jurídica de los quejosos, hoy inconformes, esto es, que se les irrogara un agravio personal y directo, pues el estudio de una ley o reglamento no puede desvincularse del acto de su aplicación, ya que esto último es lo que acarrea perjuicio, y no cuando se considera en abstracto la ley o reglamento." En tal virtud, si el acto reclamado en la presente instancia, consiste en la inconstitucionalidad del artículo 1.174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la cual es una norma de carácter heteroaplicativo, y el acto de aplicación relativo a tal norma se traduce en la determinación de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca ******************** del índice de la sala responsable, respecto del cual, como ya quedó establecido, el juicio de amparo no resultó procedente; entonces, no es posible analizar su constitucionalidad en la presente instancia, pues la norma reclamada no puede ser estudiada, sino a través del acto por el cual se aplique la misma, ya que para que sea procedente el juicio de amparo contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 Constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, ya se ha establecido que se requiere para su procedencia que exista una agravio resentido por el gobernado, que se traduzca en la aplicación de la norma reclamada, y si en el presente caso es improcedente el amparo por lo que hace a dicho acto de aplicación, es que se justifica determinar en el sentido que ya ha quedado señalado. En las relatadas circunstancias, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61, ésta última en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la ley invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Cabe señalar que lo anterior no implica una denegación de la justicia o una afectación a los derechos fundamentales de la solicitante del amparo, pues no es la obligación de este tribunal de amparo tramitar y resolver en el fondo el asunto sometido a su consideración en forma favorable a sus, sino que se circunscribe a que a su demanda debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento, a las cuales debe apegarse la accionante de amparo, y entre las que se encuentran las causas de improcedencia advertidas en el presente fallo. Es aplicable sobre el tema, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2006, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Y, en lo conducente, la jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Finalmente, dado el sentido de la presente resolución, no se permite a este juzgador entrar al estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo; lo que encuentra apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia 509, publicada en la página 335, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. SEXTO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos y autoridades precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de este fallo, por los motivos expresados en el diverso Cuarto del mismo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA V. Estado de México, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios de cuenta a través de los cuales, la Presidenta de la "LXl" Legislatura del Estado de México, rinde su informe justificado al presente sumario constitucional; asimismo, designa delegados, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones un correo electrónico, así como un número telefónico. Por tanto, con su contenido dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse por designados como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona en su informe. Y, en relación al correo electrónico que proporciona la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones, se tiene por señalado el mismo, en la inteligencia que únicamente lo será mientras subsista la contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos; sin embargo, en relación al número telefónico este Juzgado de Distrito toma conocimiento.

  4. Principal

    MESA V. Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente juicio, se advierte que se encuentra prevista para celebrarse la audiencia constitucional para el día de la fecha, como se determinó mediante auto de cinco de noviembre del año en curso; sin embargo, de las constancias que integran los autos, se advierte que no ha trascurrido el plazo de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la tercero interesada se imponga de los autos que integran el presente juicio de amparo. En ese sentido, a efecto de que se cumpla lo expuesto, y de integrar correctamente el presente juicio, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de la fecha, y para su verificativo se fijan las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno.

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