Karla María Morales González

Expediente 1629/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1629/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Karla María Morales González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que en proveído de doce de abril del año en curso, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa; en contra de la resolución emitida el dieciséis de marzo del año en curso, en el presente juicio de amparo. En ese sentido, toda vez que ya obran en autos las constancias de notificación respectivas, se ordena remitir los autos originales del expediente en que se actúa, y el escrito de agravios mediante el cual el aludido quejoso interpuso el medio de impugnación de que se trata y copia de éste, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del citado recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, por lo que se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Finalmente, se comisiona a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que vincule el expediente electrónico a efecto de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso en comento, esté en posibilidad de consultar las constancias que requiera.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta; a través del cual ********************, autorizado de la quejosa ********************, interpone recurso de revisión contra la resolución emitida el dieciséis de marzo del año en curso, en el presente juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, asimismo, se ordena correr traslado a las partes con copia del escrito de agravios que se recibe. Por tanto, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, los autos originales del presente juicio, y del escrito original de interposición del recurso, y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, a fin de substanciar el medio de impugnación. Una vez que acontezca lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes y, remítanse las constancias conducentes al Tribunal Colegiado, de igual manera; con fundamento en el artículo 89, parte in fine, aplicado por identidad jurídica, se comisiona a la oficial judicial A, para que vincule el expediente electrónico a efecto de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso en comento, esté en posibilidad de consultar las constancias que requiera.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el apoderado legal del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, rinde informe justificado en el presente sumario constitucional. Ahora bien, del informe justificado que se recibe, así como de las constancias que obran en autos, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; mismos que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Pues, de tales preceptos legales, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos fundamentales o las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal; siendo que tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En cuanto a este tema, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Novena Época, Septiembre de 2011, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la tesis aislada P. XXVII/97, localizable en la página 118, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo V, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero de 1997, que indica: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Lo expuesto evidencia que los actos ahora reclamados, consistentes en el bloqueo, inmovilización y embargo de la cuenta bancaria ******************** a nombre de la quejosa se traduce en la determinación de bloqueo de cuenta referida por la institución bancaria; por tanto, no son un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, pues, como se aprecia del informe con justificación rendido por la responsable, así como de las constancias remitidas como complemento a éste, dicha circunstancia obedeció a "políticas internas", derivadas del contrato de servicios celebrado entre la responsable y la aquí quejosa. De esta manera, si de conformidad con los artículos 1, último párrafo, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no puede ser equiparable a la autoridad responsable que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y tampoco consiste en un acto de particulares que tengan el carácter de actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, pues, para que esto acontezca, es necesario que los actos equivalentes a los de autoridad, afecten derechos de los gobernados y dichas funciones estén determinadas por una norma general; entonces, en el presente caso, la decisión de restringir e incluso cancelar los servicios bancarios al cliente, tiene su origen en disposiciones de orden privado, toda vez que ambas partes celebraron el contrato bancario en el que su funda dicho actuar voluntariamente y en un mismo plano. Y es que, no obstante que la determinación de no prestar servicios se traduce en un acto unilateral, lo relevante es que esa decisión se presenta en ejercicio del margen discrecional con el que las instituciones de crédito cuentan para establecer a quiénes prestan sus servicios financieros. Es decir, las instituciones de crédito no están obligadas a dar sus servicios a todas las personas que así lo soliciten, porque es un hecho notorio que, en la práctica de las operaciones bancarias, cuando una persona solicita aperturar una cuenta la institución bancaria, primero investiga al solicitante, y verifica si cubre el perfil respecto de los requisitos necesarios para autorizar la operación; pues, la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros. Por lo cual, no se afectan los derechos de los usuarios a contar con éstos, toda vez que ante la negativa de parte de una institución financiera, aquéllos están en posibilidad de analizar la competencia bancaria y celebrar un contrato con alguna otra institución que se adapte a sus necesidades. Apoya lo anterior, la tesis I.9o.C.18 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2863, Décima Época, cuyo contenido es el siguiente: "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. La determinación de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de depósito de cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de dar por terminada la relación derivada del contrato de apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la determinación de poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato de depósito de dinero, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo; de ahí que si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, existen constancias o elementos que evidencien las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, sin necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia." De ahí que, en el presente caso, se tiene por debidamente acreditado que el acto reclamado únicamente deriva de la relación contractual existente en la responsable y la solicitante del amparo, por lo que se pone de manifiesto que el origen de las restricciones de la cuenta aquí defendida únicamente tiene origen en la relación contractual establecida entre la responsable y la aquí quejosa, pues no se advierte que ésta haya derivado de la orden de diversa autoridad o circunstancia ajena a lo acreditado por la responsable. Razones por las cuales, resulta inconcuso que la decisión de restringir y, por lo tanto, bloquear la cuenta de la parte quejosa derivado del contrato de apertura de ésta, a pesar de ser un acto unilateral, no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el bloqueo de acuerdo con su naturaleza, es una acción derivada del contrato celebrado de manera voluntaria por ambas partes; por lo que la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo. En las relatadas condiciones, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, procede sobreseer el presente juicio de amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 386, Marzo de 2003, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional, prevista para las nueve horas del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se deja sin efectos en razón de la determinación anterior.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, a fin de que indicara si señalaba como acto reclamado la orden bloqueo o inmovilización de la cuenta bancaria número 1044567058 aperturada en el Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y ser el caso, adjuntara el contrato de operación y servicio bancario que celebró con la institución bancaria respectiva; además, precisara las autoridades responsables a las que les atribuía dicho acto, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se tendría por no presentada la ampliación de demanda de amparo en relación a la cuenta bancaria en mención, sin que realizara pronunciamiento al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y con fundamento en los artículos 111 fracción II y 115 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria del mencionado ordenamiento legal, se tiene a la parte quejosa, ampliando su demanda de amparo con relación la autoridad responsable Área de Prevención de Fraudes, de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a quien reclama la orden de bloqueo o inmovilización de la cuenta bancaria número 8001524446; por tanto, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido que de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijaron las doce horas del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, para dar oportunidad a la responsable para que dé cumplimiento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esa fecha y en su lugar se señalan las nueve horas del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, para su verificativo. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el supuesto de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado de Distrito; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. En diversa tesitura, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual ********************, autorizado de la quejosa ********************, solicita se acuerde la ampliación de demanda por la autoridad responsable denominada Área de Prevención de Fraudes, de Banco Mercantil del Norte S.A., institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Atento a lo anterior, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes.

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