Katherine Michele Chávez Cedeño

Expediente 1230/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1230/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Katherine Michele Chávez Cedeño
  • KATHERINE MICHELE CHÁVEZ CEDEÑO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veinticuatro de agosto del año en curso, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) El cuaderno principal es depurable, toda vez que se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a, del referido Acuerdo General, el cual prevé que son depurables los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; de ahí que se estima que dicha suspensión comparte la misma naturaleza jurídica que la suspensión de plano, cuyo fin es la conservación de la materia del amparo, a través de la preservación del derecho sustantivo que se defiende en la instancia constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el presente expediente será depurado, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, procedente de la Subcomisión Jurídica del Instituto Nacional de Migración, en representación del Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual se rinde informe justificado, se realiza la designación de delegados, señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones y aporta correo electrónico. Atento a lo anterior, únicamente agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. No obstante ello, con fundamento en los numerales 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene por señalado el domicilio para recibir notificaciones y por hecha la designación de delegados. Finalmente, se toma conocimiento del correo electrónico aportado, únicamente como medio de contacto.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Abogado del Espacio Habilitado para Personas en Contexto de Migración, en respuesta al oficio 27157/2022, del índice de este órgano federal, rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, únicamente agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; mediante el cual, Jesús Emmanuel Méndez Monroy, Asesor Jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, en atención a la vista que se le dio con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, refiere que se desprende la aceptación expresa del hecho que los quejosos Katherine Michele Chávez Cedeño, Jhon Jairo Julio Vargas y la menor ****, estuvieron privados de su libertad, situación contraria a lo señalado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, se encontraban involucrados derechos de menores de edad y las autoridades responsables debieron buscar una alternativa para evitar la privación de la libertad excesiva del término constitucional por cuestiones administrativas. No obstante lo anterior, toda vez que del informe de cumplimiento a la suspensión remitido por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, se desprende que los quejosos egresaron el diez de agosto de dos mil veintidós, por lo que manifiesta que procede decretar el sobreseimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, así como la causal de improcedencia enunciada en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, toda vez que de autos se evidencia que en diez de agosto pasado, los directos quejosos fueron externados de las instalaciones del Albergue del Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del Estado de México, en donde se encontraban puestos a disposición y el alojamiento temporal con motivo del procedimiento administrativo migratorio instaurado en su contra. En consecuencia, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)" De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este juzgado estima lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó del Titular o Director del "albergue" o "estancia" del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y otras autoridades los actos siguientes: El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas en el "albergue" o "estancia" del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México ubicado en Privada El Oro 806, Colonia Barrio de San Miguel Apinahuizco, 50040, Sector 28 Toluca de Lerdo, Estado de México, con teléfono 7222133080, lugar autorizado por el Instituto Nacional de Migración del Estado de México. Inminente y posible deportación y/o expulsión del país o similar ya sea a frontera o a su país de origen en donde peligre la vida de los quejosos, de la que fueron amenazados por parte del Instituto Nacional de Migración del Estado de México. Ahora bien, del oficio sin número, firmado por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, se aprecia que los efectos del citado acto reclamado cesaron, en virtud a que, las autoridades responsables, en fecha diez de agosto del año en curso, en cumplimiento a los ordenado en el diverso INM/OR/MEX/SCVM/1832/2022, signado por la Encargada de la Subdirección de Verificación y Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración, procedieron a dejar en libertad a los directos agraviados, bajo una medida de control migratorio de las que contempla la Ley de Migración y su Reglamento; circunstancia que se acredita con la citada misiva, la cual, por tratarse de una documental pública y ser emitida por autoridad competente en uso de sus facultades, se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, del escrito de cuenta, se advierte que el propio Asesor Jurídico Federal, solicita el sobreseimiento de la instancia constitucional. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con treinta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós, se deja sin efectos.

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