Karina Trujillo Tovar
Expediente 1935/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1935/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/01/2023
Partes del expediente
- Karina Trujillo Tovar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual, Alfredo Colín Tapia, quien refiere ostentarse como representante legal de las tercero interesadas Liliana Moreno Luna y Catalina Verónica Bernal Valenzuela, pretende apersonarse a este juicio de amparo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y designa autorizados. De lo anterior, y visto el estado que guardan los autos de este sumario, se advierte que mediante determinación de cinco de enero de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa Karina Trujillo Tovar, y se ordenó turnar los autos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, en turno; circunstancia de la cual, en auto de diecisiete de enero pasado, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, comunicó que aceptó el conocimiento de la referida demanda de amparo. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, mediante oficio que derive de esta determinación, remítase el ocurso de cuenta al Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que provea lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, acusa recibo del oficio remitido por este órgano jurisdiccional, mediante el cual, se determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Karina Trujillo Tovar, contra el acto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, con sede en esta ciudad, el acuerdo de siete de noviembre, dictado en la tercería excluyente de dominio T.E.D.J.3/4/2022, derivada del expediente laboral J.3/195/2020; y, comunica que acepta el conocimiento de la referida demanda de amparo, respecto de dicho acto reclamado; constancias con las cuales se aprecia registró el D.T. 72/2023 de su índice. En ese sentido, y del estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso j), de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el presente expediente será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 9 DE ENERO DE 2023, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL ÓRGANO DE MI ADSCRIPCIÓN, NO OBSTANTE EL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL 10 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Toluca, Estado de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, la apoderada legal del Instituto de Salud del Estado de México, en atención al diverso 41139/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, informa que la menor de edad de identidad reservada de iniciales M.J.E.R., tiene completo su cuadro de vacunación contra el virus SARS-coV2, por lo que remite copia simple de la primera y segunda dosis en comento, con lo que -aduce- acreditar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo; designa delegados, proporciona domicilio físico, solicita acceso al expediente electrónico y las notificaciones mediante el usuario "LicGioDeCa80". Por lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días legalmente computados manifieste lo que a su derecho corresponda; de igual forma, para que en el mismo término informe si la menor de identidad reservada con iniciales M.J.E.R., ya ha sido inoculada con las dosis necesarias de la vacuna contra el virus SARS-coV2 para la prevención de la COVID-19, y remita copia de los comprobantes correspondientes, lo cual podrá realizar al correo electrónico 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo que en derecho corresponda, con las constancias que obren en autos. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que menciona la oficiante y se toma nota del domicilio físico que indica. Asimismo, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que se encontró registro a nombre del usuario ********************con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente y la práctica de notificaciones por dicho medio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Maricela Carbajal Piña, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los ocursos (con anexos) de cuenta, a través de los cuales, con el primero, la quejosa Karina Trujillo Tovar, desahoga la prevención realizada en proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se dejan sin efectos el apercibimiento realizado en la citada determinación. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda recibida, se aprecia que la quejosa señala como acto reclamado el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsables, por el que declaró improcedente el incidente de tercería excluyente de dominio, derivado del expediente laboral T.E.D.J.3/4/2022 del índice de la autoridad responsable. En ese tenor, es preciso señalar que a consideración de este órgano jurisdiccional, con dicho acto reclamado se pone fin al incidente de tercería excluyente de dominio derivado del expediente laboral T.E.D.J.3/4/2022 del índice de la Junta Número Tres del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, pues como se advierte de su escrito de demanda, el mismo se declaró improcedente, por ende, tal resolución, sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de resoluciones que ponen fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción l, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." Asimismo, los artículos 34 y 47, de la Ley de Amparo mencionan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Así, el juicio está condicionado a la existencia de un procedimiento, sea litigioso o no, luego cuando éste concluye con el dictado de la sentencia en que se define la controversia o solicitud, el juicio termina. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto específicamente en el artículo 170 de la Ley de Amparo, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio. Precisado lo anterior, se obtiene que el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsables, por el que declaró improcedente el incidente de tercería excluyente de dominio, derivado del expediente laboral T.E.D.J.3/4/2022 del índice de la autoridad responsable, sí ponen fin al juicio. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.1o.59 L, con registro digital 208895, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación, página 575, de rubro siguiente: "TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO. LA SENTENCIA ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO POR TRATARSE DE UN VERDADERO JUICIO. Las tercerías en materia laboral constituyen verdaderos juicios, tanto en la forma como en el fondo, puesto que en ellas se ventilan una acción que debe resolverse mediante la substanciación de un procedimiento en el que deben respetarse todas las formalidades esenciales, según se desprende de lo que disponen los artículos 976 a 978 de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que el actor en la tercería debe presentar una demanda, acompañando el título en que se funde y aportar pruebas pertinentes que la Junta, previo emplazamiento de las partes, las oirá en una audiencia, y desahogadas que fueren las pruebas dictará la resolución procedente; y si bien las tercerías se tramitan en forma incidental, ello obedece a que están relacionadas con otro juicio por la íntima vinculación que guardan con él, pero que atendiendo a su forma y a su materia no constituyen incidentes, sino verdaderos juicios cuya resolución les pone fin, por lo mismo, constituye un laudo." Razón por la cual, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de grado; por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, se considera que el competente para conocer de la misma es el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razones, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 287, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1993, Octava Época, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL, CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, PARA LA PROCEDENCIA DEL. En los términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías ante los Tribunales Colegiados de Circuito, debe entenderse por sentencia definitiva la que decide una controversia en lo principal, estableciendo el derecho de las partes que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia de las acciones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen; siempre que respecto de ese fallo ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinarios, por los cuales pudiera ser modificada o reformada." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia PC.XXX. J/8 K, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 854, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 6/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por Karina Trujillo Tovar. En ese contexto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 1935/2022-II, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que este asunto sea turnado al Tribunal Colegiado en turno correspondiente. Igualmente, se solicita a la superioridad de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo respectivo. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. En diversa guisa, en atención la solicitud de la quejosa para que se le expida copia certificada de esta determinación, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, expídanse a costa de la promovente, la copia que solicita, previa razón y firma que de su recepción obre en autos para debida constancia legal. Y, respecto de las copias certificadas que solicita del incidente de suspensión provisional, no se provee de conformidad su petición, dado que, por los motivos antes expuestos no se ordenó formar el cuaderno incidental correspondiente. Por otra parte, respecto segundo ocurso de cuenta (con sus anexos), remítase al tribunal que corresponda conocer de la incompetencia planteada, a efecto de que provea lo conducente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Xavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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