Karla Ariana Luna Romero

Expediente 1164/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1164/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Karla Ariana Luna Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 9155/2023, suscrito por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta capital, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se rindió el informe correspondiente y se remitió el original del escrito de queja, así como el juicio de amparo 1164/2023-IV, para la substanciación del recurso de queja hecho valer, en contra del auto que desechó la demanda de amparo, mismo que admitió y registró con el número ********************; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************, atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés, en que se desechó por ser notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por la citada promovente; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo en vigor, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de cuenta, así como el informe materia de la queja, acompañándose el expediente original, toda vez que el juicio se encuentra totalmente concluido. Finalmente, a efecto de que la superioridad esté en aptitud legal de acordar sobre el recurso de queja interpuesto en autos, se ordenó al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), poner el expediente electrónico a disposición para su consulta por el Tribunal de Alzada, ello para los efectos de la ulterior tramitación del aludido recurso. Notifíquese.

  3. Principal

    OFICIO DESTACADO

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por *******, contra actos de *************, Secretaria Técnica de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder judicial del Estado, mesa II, con sede en esta ciudad. En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1164/2023. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] lll. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Atento al contenido de las disposiciones citadas se advierten las hipótesis de procedencia del amparo promovido contra actos, omisiones o resoluciones de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando estos sean de imposible reparación, entendidos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que México sea parte. Ahora, cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir los actos reclamados en: "De la autoridad responsable señalada como Ordenadora y ejecutora: En contra del auto de 23 veintitrés de agosto de 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual desechó recurso de revocación tramitado en contra del auto de 14 catorce de agosto del año en curso, emitida dentro de la carpeta de investigación **********************, de la Secretaría Técnica de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, seguida en la mesa II, cuya responsable es la M. D. C. ***********************. Vulnerando en mi perjuicio el derecho fundamental de garantía de audiencia, debido proceso, derecho de petición y adecuada defensa. En contra del auto de 14 catorce de agosto del año en curso, mediante el cual se negó a recabar pruebas ofertadas y admitidas en autos de la carpeta de investigación **********************, referida de las cuales únicamente se encontraba pendiente de su desahogo. Vulnerando en mi perjuicio el derecho fundamental de garantía de audiencia, debido proceso, derecho de petición y adecuada defensa. En contra del auto de 14 catorce de agosto del año en curso, citado en el párrafo que antecede, mediante el cual modificó el sentido de sus resoluciones la Secretaría Técnica de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder judicial del Estado, seguida en la mesa II, cuya responsable es la M. D. C. ********************, puesto que dicho auto derivó del diverso de 8 ocho de agosto del año en curso, donde a pesar de haber tenido por ofertado medio de convicción, para que la suscrita demostrará sus defensas y excepciones, la requirió para que: ".precise y detalle cual es el hecho materia del presente procedimiento que pretende acreditar, para que esta autoridad investigadora esté en condiciones de valorar la idoneidad y vinculación de la prueba a los hechos del presente procedimiento; para lo cual se otorga el plazo de 5 cinco días hábiles computado en términos de los artículos 187 y 189 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, a partir de que sea notificad la servidora pública". Requerimiento con el cual solamente pretendía revocar su resolución de 14 catorce de julio del año en curso, como efectivamente lo hizo en el auto motivo de impugnación de 14 catorce de agosto de 2023 dos mil veintitrés, para ahora negar a la quejosa el acceso a la justicia, desechando una prueba ya admitida, para posteriormente desecharla, VIOLANDO LA FIRMEZA DEL PROCEDIMIENTO, con un requerimiento innecesario y a pesar de que efectivamente tenía que ver con mis excepciones y defensas y se relacionaba en su totalidad con las mismas, dicha Secretaria, se negó a desahogar dicho medio de prueba, después de haber sido admitido. Vulnerando en mi perjuicio el derecho fundamental de garantía de audiencia, debido proceso, firmeza en el procedimiento, derecho de petición y adecuada defensa. Acciones con las que ME DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN al revocar sin fundamento alguno de sus propias resoluciones al revocar la admisión de un medio de prueba que ya había admitido con anterioridad. Vulnerando en perjuicio de la suscrita el contenido de los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (SIC) De lo anteriormente expuesto se sigue que los actos reclamados no se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativos a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afectan de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En efecto, en la especie los actos reclamados se hacen consistir en contra del 1) auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual desechó recurso de revocación tramitado en contra del auto de catorce de agosto del año en curso, emitida dentro de la carpeta de investigación *****************, de la Secretaría Técnica de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, seguida en la mesa II, 2) auto de catorce de agosto del año en curso, mediante el cual se negó a recabar pruebas ofertadas y admitidas en autos de la carpeta de investigación y 3) respecto al mismo auto de catorce de agosto del año en curso, la parte que modificó el sentido de sus resoluciones la responsable, desechando una prueba ya admitida. De ahí que, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el citado acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación de la autoridad señalada como responsable, de proveer sobre la admisión o desechamiento de pruebas, exclusivamente tiene efectos intraprocesales, toda vez que únicamente tiene como consecuencia que se continúe con el trámite del procedimiento administrativo, hasta el dictado de la resolución respectiva, pues sólo constituyen violaciones procesales, cuya ejecución no son de imposible reparación, en términos de la fracción lll, del artículo 107, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del agraviado ni decide el fondo de la Litis planteada, pues constituyen actuaciones intraprocesales que no trascienden a la esfera de la parte quejosa en detrimento material de sus derechos humanos, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el hecho de que se haya desechado el recurso de revocación contra el auto que desecha el material probatorio, no implica necesariamente una resolución desfavorable, porque cualquier Tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En otras palabras, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del juicio y en caso de ser así, es decir, que la resolución definitiva que se llegue a dictar sea contrario a sus intereses, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas. En tal virtud, los actos reclamados, constituyen una violación procesal reclamable hasta que se impugne la resolución que en definitiva se dicte, en el que el material probatorio es valorado, el que incluso puede ser favorable a su intereses y en caso contrario por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra, en su caso, dicha resolución a través del juicio de amparo directo, ya que el acto reclamado se encuentra comprendido dentro de las violaciones al procedimiento a que se refiere el numeral 172, fracción III, de la Ley de la materia, que refiere que se consideran violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas de la parte agraviada, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente". También es aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, página 1539, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, décima época, materia común del rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." También, sustenta lo antes determinado la jurisprudencia número IX.1o. J/10, visible en la página 1303, tomo XVI, octubre de dos mil dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Por todo lo anteriormente señalado, se concluye que las determinaciones emitidas por la señalada como responsable, dentro de la carpeta de investigación CPJEM/STIRAINV/96/2023-II, por el momento no irrogan perjuicio a la parte quejosa, pues no constituye un acto de ejecución irreparable. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, en el la calle ************ de Morelia, Michoacán. Asimismo, autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a ****************** de la Fuente, en tanto acredite estar legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, toda vez que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no se encontró dato inherente a la cédula profesional, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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