Karla Guadalupe Martinez Vargas

Expediente 889/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
889/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Karla Guadalupe Martinez Vargas
  • Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida Y la Integridad Corporal (Gil Enciso Reyes)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. I. AUTO QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintiuno de septiembre dos mil veintidós, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. II. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL E INCIDENTES. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia, no es de relevancia documental, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. Respecto a los autos incidentales, atento que tanto el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de 25 de marzo de 2020 ya citado, como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, son considerados normativa oficial, en virtud de que ambos fueron aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como se puede constatar en la página 8 del citado Manual, se provee lo siguiente: En cuanto a los autos ORIGINALES del incidente de suspensión, en virtud de que SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de 25 de Marzo de 2020, así como en el Capítulo 7, apartado 7.5.1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de 26 de agosto de 2020, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, es susceptible de depuración, transcurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable; y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Maribel Pereda Corvera, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Silvia* En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Presentación de la demanda y trámite Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que Karla Guadalupe Martínez Vargas, demandó el amparo y la protección de la justicia Federal contra un acto del 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de quien reclamó: a) La orden de comparecencia, presentación o aprehensión con motivo de la sustanciación de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/HOMICIDIOS-I/014384/2021, de su índice. Dicha demanda se presentó el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial y turnado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a este Juzgado el veintidós siguiente. La aludida demanda se radicó en auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se registró con el número de juicio de amparo 889/2022, se admitió a trámite, con incidente de suspensión, se solicitó informe con justificación a la autoridad responsable, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Sobreseimiento Con fundamento en los artículos 63, fracción V y 65 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia en atención a los razonamientos que a continuación se exponen. El precepto legal en mención establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En el caso, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado por la quejosa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (Ausencia de interés jurídico y/o legítimo) que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Del artículo trascrito se desprende que para que el juicio de amparo resulte procedente es necesario, entre otros supuestos, la preexistencia de un agravio en la esfera jurídica de la quejosa, originado por la emisión y/o ejecución de un acto de autoridad, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 5, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.». Sobre esta causa de improcedencia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 456/2018, el trece de agosto de dos mil veinte, por unanimidad de once votos, señaló que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, a) su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y b) el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. En efecto, el acto que reclama no afecta los intereses jurídicos de la promovente, porque el citatorio que reclama la quejosa no tiene apercibimiento en caso de incomparecencia, es decir, no tiene efectos restrictivos de su libertad. Lo anterior se corrobora, con la trascripción que efectuó la quejosa en su demanda y con el informe justificado que se recibió el cinco de septiembre de dos mil veintidós, con el número de oficio 6951/2022/INV-HOM, al que se adjuntó un legajo certificado que corresponde a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/HOMICIDIOS-I/014384/2021, en el que obra el citatorio de dos de agosto de dos mil veintidós (fojas 30). Documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de documento público; con la que acredita que no se imprimieron efectos restrictivos de libertad o se apercibió a la quejosa con alguna medida coercitiva que tenga por objeto lograr su comparecencia, como sería imponer alguna medida de apremio u ordenar su presentación con el uso de la fuerza pública. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito que establece: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados". Conclusión. Por lo expuesto, es indiscutible que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la quejosa, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y, en esta porción de lo reclamado, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento invocado y se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable; y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Maribel Pereda Corvera, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. JRove10 En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintidós. ALEGATO MINISTERIAL. Intégrese a los autos el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, mediante el cual solicita: 1. Que se le tenga por presentado en tiempo y forma el alegato de cuenta; 2. Se niegue el amparo solicitado; y, 3. Se le expida copia de la sentencia y del auto que la declare ejecutoriada. Al respecto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley; ténganse por hechas sus manifestaciones vertidas en vía alegatos; solicitando que se niegue el amparo, y en su momento, expídasele a su costa copia de la resolución que se dicte en este controvertido constitucional y del auto que la declare ejecutoriada. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes- debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable siguiente: 1.Gil Enciso Reyes, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal.Po lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. -DOCUMENTALES. Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la citada autoridad responsable las que acompaña al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. DIFERIMIENTO ANTICIPADO. En tales condiciones, a efecto de dar margen a lo anterior, es decir, que transcurra el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las constancias que remite la autoridad responsable, procede diferir anticipadamente la audiencia señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintidós de septiembre próximo, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

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