Karol Apanco Ramirez
Expediente 567/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rosa Maria Diego Martinez (Defensora)
- Karol Apanco Ramirez
- ROSA MARIA DIEGO MARTINEZ (DEFENSORA) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN OFICIO. Téngase por recibido el oficio signado por Carmina Barrera Machorro, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al que anexa el diverso comunicado E-511-2, dirigido a la 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Erica y/o Erika Morales Martínez), autoridad tercero interesada, por medio del cual manifiesta que por un error recibió el citado oficio. En obvio de mayores dilaciones se ordena remitir el oficio E-511-2, dirigido a la 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Erica y/o Erika Morales Martínez), autoridad tercero interesada, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. JUICIO DE AMPARO: 567/2021-E SECCIÓN: T R Á M I T E OFICIAL "ADU" VÍA CORREO ELECTRÓNICO. "2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula. Tel: (222) 303 7276. Correo: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Maribel Pereda Corvera: 222 355 1924; Correo personal: maribel.pereda.corvera@correo.cjf.gob.mx. OF.410-E 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Erica y/o Erika Morales Martínez) (autoridad tercero interesada) Domicilio: Boulevard 5 de mayo, esquina 31 oriente, Colonia Ladrillera de Benítez, Puebla. correo electrónico: vedi.pgj.2015@gmail.com teléfono: 238-12-22-116 SE ANEXA EL OFICIO E-511-2. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 567/2021-E, PROMOVIDO KAROL APANCO RAMÍREZ, A TRAVÉS DE LA DEFENSORA PÚBLICA ROSA MARÍA DIEGO MARTÍNEZ, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: "[.] San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN OFICIO. Téngase por recibido el oficio signado por Carmina Barrera Machorro, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al que anexa el diverso comunicado E-511-2, dirigido a la 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Erica y/o Erika Morales Martínez), autoridad tercero interesada, por medio del cual manifiesta que por un error recibió el citado oficio. En obvio de mayores dilaciones se ordena remitir el oficio E-511-2, dirigido a la 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Erica y/o Erika Morales Martínez), autoridad tercero interesada, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese el oficio E-511-2 a la autoridad tercero interesada: 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Erica y/o Erika Morales Martínez) y, cúmplase. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. [.]" LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 23 DE AGOSTO DE 2021. LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) MARIBEL PEREDA CORVERA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. II. DEVOLVER DOCUMENTAL. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable: 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Estado de Puebla Rosalva Elena Zárate Herrera, al rendir el informe justificado, consistentes en: a) la documental pública relativa a las constancias que integran la carpeta de juicio oral 9/2021/JC/CENTRO (anexo I), y b) once discos versátiles digitales, DVD, correspondientes a la misma causa penal con naturaleza jurídica de prueba documental pública; devuélvansele las mismas, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las citadas documentales. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la parte tercero interesada debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a la autoridad responsable, al agente del Ministerio Público (tercero interesado), y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ADU En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría y los oficios correspondientes. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. JUICIO DE AMPARO: 567/2021-E SECCIÓN: T R Á M I T E OFICIAL: ALEJANDRO. "2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula. Tel: (222) 303 7276. Correo: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Maribel Pereda Corvera: 222 355 1924; Correo personal: maribel.pereda.corvera@correo.cjf.gob.mx. OF.E-511-1 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Estado de Puebla Rosalva Elena Zárate Herrera. ( SE REMITE LA DOCUMENTAL PÚBLICA RELATIVA A LAS CONSTANCIAS DE INTEGRAN LA CARPETA DE JUICIO ORAL 9/2021/JC/CENTRO (ANEXO I), Y B) ONCE DISCOS VERSÁTILES DIGITALES, DVD) OF.E-511-2 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Erica y/o Erika Morales Martínez) (autoridad tercera interesada) Domicilio: Boulevard 5 de mayo, esquina 31 oriente, Colonia Ladrillera de Benítez, Puebla. correo electrónico: vedi.pgj.2015@gmail.com teléfono: 238-12-22-116 OF.E-511-AMF Agente del Ministerio Público Federal adscrito (NO RESPONSABLE.) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 567/2021-E, PROMOVIDO KAROL APANCO RAMÍREZ, A TRAVÉS DE LA DEFENSORA PÚBLICA ROSA MARÍA DIEGO MARTÍNEZ, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: "San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. II. DEVOLVER DOCUMENTAL. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable: 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Estado de Puebla Rosalva Elena Zárate Herrera, al rendir el informe justificado, consistentes en: a) la documental pública relativa a las constancias que integran la carpeta de juicio oral 9/2021/JC/CENTRO (anexo I), y b) once discos versátiles digitales, DVD, correspondientes a la misma causa penal con naturaleza jurídica de prueba documental pública; devuélvansele las mismas, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las citadas documentales. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la parte tercero interesada debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a la autoridad responsable, al agente del Ministerio Público (tercero interesado), y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]." LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 18 DE AGOSTO DE 2021. A T E N T A M E N T E (FIRMA ELECTRÓNICA) MARIBEL PEREDA CORVERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 567/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Karol Apanco Ramírez, a través de la defensora pública Rosa Marpia Diego Martínez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (en línea), el quince de junio de dos mil veintiuno, y por razón de turno, enviado ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Karol Apanco Ramírez, a través de la defensora pública Rosa María Diego Martínez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de la autoridad y acto siguientes (foja 1Bis vuelta): "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Juez Unitario de Enjuiciamiento Penal de la Región Judicial Centro, quien dictó la resolución de fecha 26 de mayo de 2021. IV.- ACTOS RECLAMADOS. a) La resolución de fecha 26 de mayo de 2021, relativa a la modificación de la medida cautelar, de firma periódica a prisión preventiva justificada, dictada en actuaciones de la carpeta de juicio oral número 9/2021/JC/CENTRO, pronunciada por la maestra en derecho ROSALBA ELENA ZÁRATE HERRERA, Tribunal Unitario de enjuiciamiento, relativo a los delitos de robo y despojo ilícitos previstos y sancionados por los artículos 373, 374 fracción I, 380, fracciones III y XI, 408 fracción I y último párrafo, todos en relación a los artículos 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, juicio en el cual mis representados MARÍA SOLEDAD RAMÍREZ MORALES, KAROL APANCO RAMÍREZ y JOSÉ REFUGIO PALACIOS FLORES tiene el carácter de acusados." La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así, por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo con el número 567/2021, y se admitió a trámite la misma sin incidente de suspensión (fojas 5 a 13), se requirió informe justificado a la autoridad responsable, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 20). TERCERO. Parte tercera interesada. Se emplazó con dicho carácter a las siguientes partes. a) En cumplimiento al auto admisorio de diecisiete de junio de dos mil veintiuno (fojas 5 a 13) se emplazó a la agraviada Ana María Bautista Quiroz quien fue emplazada el veinticuatro de junio del mismo año, previo citatorio (fojas 28 y 29); y, b) En cumplimiento al proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno (fojas 41 a 43) se emplazó a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (foja 55). CUARTO. Cita para audiencia. En proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno (foja 27 Bis), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como del informe justificado, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna de la 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Estado de Puebla Rosalva Elena Zárate Herrera: - La determinación pronunciada en audiencia de revisión de medida cautelar de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio oral 9/2021/JC/CENTRO, en el sentido de revocar la medida cautelar de firma periódica e imponer la diversa de prisión preventiva justificada. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto la autoridad responsable 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Estado de Puebla Rosalva Elena Zárate Herrera, al rendir el correspondiente informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo (fojas 30 a 32), refirió que es cierto el acto que se le atribuye. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con la reproducción de la audiencia correspondiente a su dictado, contenida en el DVD (disco versátil digital) -foja 33- que la jueza de Control responsable remitió en apoyo a su informe justificado, al cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de cuyo contenido se advierte que en audiencia celebrada el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dicha jueza de juicio oral pronunció la determinación reclamada. Cobra aplicación, en cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto reclamado (audiencia de revisión de medida cautelar) esto es, que se trata de determinaciones emitidas dentro de un proceso judicial, se sigue, que la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Así, tenemos que si el acto reclamado se notificó personalmente durante el desahogo de la audiencia de revisión de medida cautelar en la cual fue pronunciado, esto es, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno; entonces, esa notificación surtió efectos el día siguiente hábil (veintisiete), conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de modo que, el plazo para la promoción del juicio de amparo en su contra transcurrió, del viernes veintiocho de mayo al diecisiete de junio de dos mil veintiuno, sin contar los sábados y domingos por haber sido inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la demanda de amparo que motivó el presente juicio se presentó ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (en línea), el quince de junio de dos mil veintiuno, esto es, el décimo tercer día del término de los quince que contaba la parte quejosa para la presentación de la demanda de amparo, es evidente que su promoción fue oportuna. Cobra aplicación, la jurisprudencia III.2o.P.137 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE. De los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales, así como quienes estaban obligados a acudir a ellas formalmente, deben tenerse por notificados en ese acto, de las determinaciones que ahí se tomen, sin necesidad de formalidad alguna, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración, y dichas notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo." QUINTO. Improcedencia del amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito encargado del despacho advierte de oficio, que respecto del acto reclamado a la 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Estado de Puebla Rosalva Elena Zárate Herrera, consistente en la determinación pronunciada en audiencia de revisión de medida cautelar de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio oral 9/2021/JC/CENTRO, en el sentido de revocar la medida cautelar de firma periódica e imponer la diversa de prisión preventiva justificada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". Del precepto transcrito se desprende que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que el cambio de situación jurídica se presenta cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Luego, respecto al acto reclamado consistente en la determinación pronunciada en audiencia de revisión de medida cautelar de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio oral 9/2021/JC/CENTRO, en el sentido de revocar la medida cautelar de firma periódica e imponer la diversa de prisión preventiva justificada, se actualiza la señalada causal de improcedencia, ya que ha operado un cambio de situación jurídica. En efecto, del contenido del informe justificado de la autoridad responsable 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Estado de Puebla Rosalva Elena Zárate Herrera (fojas 30 a 32), así como de las documentales que remitió a requerimiento de este juzgado de Distrito, consistentes en las constancias que integran el juicio oral 9/2021/JC/CENTRO, y de las diversas documentales que también remitió el Director del Centro Penitenciario de Puebla, a requerimiento de este juzgado de Distrito, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierten a manera de antecedentes los siguientes: 1. Que en audiencia de revisión de medida cautelar de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la jueza responsable revocó a la quejosa la medida cautelar de firma periódica impuesta por la diversa de prisión preventiva justificada, esto a solicitud del ministerio público por no haber comparecido la imputada (aquí quejosa) a la audiencia de juicio oral, no obstante estar debidamente citada (foja 103 del anexo I); 2. Que en audiencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, la jueza penal responsable: a) emitió sentencia condenatoria en contra de la imputada, aquí quejosa, y otros, por su responsabilidad en los delitos de despojo y robo agravado; y b) en virtud de lo anterior modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la quejosa por la de firmar periódicamente los días jueves de cada quince días, y ordenó su libertad girando el oficio correspondiente al Director del Centro Penitenciario de Puebla (fojas 64 y 66); y, señaló fecha y hora para la audiencia de individualización de sanciones. 3. Que el oficio dirigido al Director del Centro Penitenciario de Puebla a efecto de informarle de la libertad de la quejosa, se envió vía correo electrónico y, el encargado del despacho de dicho Centro Penitenciario acusó recibo del mismo, tomando nota de que en la audiencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno se ordenó y se dejó en libertad a la aquí quejosa, por lo que ya no reingresó al Centro Penitenciario. De lo anteriormente narrado, se tiene que si bien la quejosa reclama la prisión preventiva justificada que le fue impuesta, misma que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales se impone por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento; misma que de acuerdo con el diverso numeral 161 del indicado código, puede ser revisada cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición. En el caso, al haberse emitido sentencia condenatoria en contra de la quejosa, se actualizó un cambio de situación jurídica, ya que no continúo la misma medida cautelar de prisión preventiva justificada, pues fue superada la situación de prisión preventiva o cautelar que regía previo a la emisión del fallo condenatorio, y ahora la quejosa adquirió la calidad de sentenciada con condena y con una medida cautelar diversa consistente en firmar periódicamente los días jueves cada quince, por lo que la afectación al derecho humano a la libertad personal ya no persiste. Esto es, la sentencia destruyó incondicionalmente los efectos de la prisión preventiva justificada, así las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, quedando irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del presente juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." También, es aplicable, por analogía, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ASÍ COMO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE, SIN LLEGAR A LA ETAPA INTERMEDIA, SE EMITIÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE QUE EL ACUSADO SE SUJETÓ AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ELLO ORIGINA QUE AQUÉLLAS QUEDEN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS, Y ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es verdad que cuando en amparo indirecto se reclama una violación procesal al contenido de los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente, también lo es que cuando se reclaman el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva y de autos se advierte que el acusado se sujetó al procedimiento abreviado a que se refieren los artículos 183, 185, 201 y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitado por la representación social, renunciando expresa y voluntariamente a la interposición de los recursos que establece dicho código, lo que originó que sin llegarse a la etapa intermedia, concluido el debate en la misma audiencia se dictara la sentencia respectiva, esa circunstancia origina que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas y, ante tal panorama, que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 citado, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en el juicio con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la propia ley." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la referida Ley de Amparo procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS respecto al acto que Karol Apanco Ramírez o Carol Apanco Ramírez (como la señaló la jueza responsable) a través de la defensora pública Rosa María Diego Martínez, reclamó a la 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Estado de Puebla Rosalva Elena Zárate Herrera, consistente en la determinación pronunciada en audiencia de revisión de medida cautelar de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio oral 9/2021/JC/CENTRO, en el sentido de revocar la medida cautelar de firma periódica e imponer la diversa de prisión preventiva justificada. Por otra parte, el encargado del despacho no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. De la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que debe ser efectivo; es decir, ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además sea efectivo. Por tanto, aun cuando el peticionario de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no lo exime de respetar los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Karol Apanco Ramírez, a través de la defensora pública Rosa María Diego Martínez, respecto del acto que reclamó a la 1. Jueza de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Estado de Puebla Rosalva Elena Zárate Herrera, consistente en la determinación pronunciada en audiencia de revisión de medida cautelar de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio oral 9/2021/JC/CENTRO, en el sentido de revocar la medida cautelar de firma periódica e imponer la diversa de prisión preventiva justificada, en virtud de lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la parte tercera interesada debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a la autoridad responsable, al agente del Ministerio Público (tercero interesado), y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio y anexo recibidos del Encargado del despacho del Centro Penitenciario en el Estado de Puebla (autoridad no responsable), por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veinte de julio pasado, remite a este órgano de control constitucional copia certificada del oficio signado por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla (Rosalva Elena Zarate Herrera), por el que se le hace de su conocimiento que en audiencia de dieciséis de julio del año en curso, celebrada en la carpeta judicial administrativa 009/2021/JO/CENTRO, dictó fallo condenatorio en contra de la hoy quejosa Carol Apanco Ramírez, y ordenó dejarla en libertad, en virtud de haber cambiado las condiciones que fueron tomadas en cuenta para la imposición de la medida cautelar; y, manifiesta que no existe registro de reingreso de la referida quejosa a dicho centro penitenciario, por lo que sólo realizó la anotación del horario en que se recibió el oficio de libertad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como prueba la documental que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a las partes...
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