Karyana Velazquez Atienza

Expediente 1004/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1004/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Karyana Velazquez Atienza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de once de septiembre del año en curso, se tuvo al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría Ejecutiva de Administración, Coordinación de Administración Regional en Puebla del Consejo de la Judicatura Federal, informando que los días veintiuno, treinta de agosto y ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se publicaron los edictos ordenados en este sumario constitucional para emplazar a la tercera interesada María Rocío Sosa Arroyo, representante de la occisa Claudia Herrera Sosa. Asimismo, de la certificación que antecede se advierte que en términos de lo dispuesto en el artículo 9°, fracción XIII y XIV, y 10, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, mediante circulares SGP/02/2023 y SGP/04/2023, suscritas por María Cristina Martín Escobar, Secretaria General de Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal en las que se declararon como días inhábiles del dieciséis al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de conformidad con lo establecido en la Circular 29/2023 suscrita por José Alfonso Montalvo Martínez, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con los avisos emitidos por el suscrito juez de Distrito, se declaró inhábil pero laborable del veinticinco al veintisiete del propio mes de octubre; por lo que en las citadas fechas no corrieron términos. En ese tenor, tomando en consideración que la última publicación de edictos se realizó el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el plazo de treinta días previstos por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que la tercera interesada de mérito, compareciera a este juzgado a deducir sus derechos transcurrió del once de septiembre al trece de noviembre de dos mil veintitrés, previo descuento de los sábados y domingos, catorce de septiembre y doce de octubre del mismo año, en términos de lo que dispone el artículo 19 de la Ley de Amparo; de los días quince de septiembre, uno, dos y tres de noviembre del año en curso, por haberse declarado no laborables mediante circular 12/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como de los días dieciséis a veintinueve de octubre de la presente anualidad, en términos de las circulares mencionadas en el párrafo que antecede. Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL TÉRMINO PARA QUE COMPAREZCA A JUICIO DEBE COMPUTARSE EN DÍAS HÁBILES. Conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, para el caso de que deba emplazarse al tercero perjudicado y se desconozca su domicilio, el Juez Federal debe ordenar la primera notificación por medio de edictos, la que se practicará conforme al precepto 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual determina que el plazo de treinta días que aquél tiene para comparecer a juicio, se contará a partir del día siguiente al de la última publicación. Ahora bien, para determinar si dicho plazo se computa en días naturales o hábiles, debe recurrirse al artículo 24, fracción II, en relación con el diverso numeral 23, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que disponen, respectivamente, que en el juicio de amparo los términos se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles (salvo los términos relativos al incidente de suspensión, que se contarán de momento a momento), y que son hábiles para la sustanciación de dicho juicio, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, entre otros que se precisan; consecuentemente, el término para que el tercero perjudicado comparezca al juicio de garantías, debe computarse en días hábiles. En esas circunstancias, es evidente que en la fecha señalada para celebrar audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés) se encontrará transcurriendo el plazo de ocho días para que la tercera interesada en cita se imponga de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por tanto, dicha audiencia se difiere anticipadamente y se señalan las diez horas con cuatro minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que el presente acuerdo genera notificaciones. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; y, por lista a las demás partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Agréguese a los autos la diligencia practicada a la quejosa *** de seis de octubre de dos mil veintitrés; de la que se aprecia que ratificó el contenido y firma del escrito registrado con folio 15604, mediante el cual manifiesta su deseo de desistir de la tramitación de este sumario constitucional. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento en este juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.". Tienen aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las tesis emitidas respectivamente por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo." "SOBRESEIMIENTO, POR DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO. Si el quejoso en un juicio de amparo se desiste expresamente de él, ratificando legalmente el escrito correspondiente, procede sobreseer en el juicio uniinstancial de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J.119/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, se citan a continuación: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.". SE DEJA SIN EFECTOS FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por tanto, se deja sin efecto el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). FIRME SOBRESEIMIENTO. Ahora, tomando en cuenta que el desistimiento expresado por la parte quejosa fue ratificado ante presencia judicial, debe apuntarse que no procede su retractación, tal como se estableció en la jurisprudencia 2a./J. 161/2010, visible en la página 687 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL". Al respecto, de la literalidad del criterio jurisprudencial invocado, se señala que para el caso de que el peticionario de amparo pretenda abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de haberlo ratificado ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; estimar lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Por tanto, con apoyo en los numerales 80 y 81 de la Ley de Amparo (interpretados a contrario sentido) en relación con el diverso 356, fracción III y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, según su numeral 2, se declara que el presente auto queda firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, y es destruible y susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción II, del acuerdo general señalado. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues dicho registro se presentó de forma física, además de que genera constancias de notificación. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentra recluida, por lista a su defensor público; y, por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veintitrés. ESCRITO PARTE QUEJOSA Agréguese a sus autos el escrito de la quejosa********************, mediante el cual, manifiesta su deseo de desistirse del presente juicio de amparo, por los motivos que expone. NOTIFICACIÓN A LA QUEJOSA. En tales condiciones, en virtud que la quejosa********************, se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social de Puebla, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a la aquí quejosa********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación; así como, el número de expediente -juicio de amparo 1004/2023; d) Notifique al quejoso el presente acuerdo, y lo requiera para que manifieste si es su deseo ratificar el escrito de cuenta; con el apercibimiento que de no asistir a la diligencia, se tendrá por no desistida del presente juicio, con sus consecuencias legales inherentes; y, e) Asimismo, hágase saber a la promovente que, de conformidad con en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, el desistimiento ratificado de la acción constitucional significará el sobreseimiento del presente juicio y, por ende, que el suscrito juzgador Federal se encuentre jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de los actos aquí reclamados, pues el sobreseimiento impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que su naturaleza es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo, esto es, sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. En efecto, el desistimiento es la abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; acción que puede realizar en cualquier momento, con la sola declaración de su voluntad y que se puede manifestar en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria. Dicho en otras palabras, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, a continuación se detallan: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En consecuencia, al momento de la diligencia, hágase saber a la promovente el contenido del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, póngase a su vista el escrito con registro de entrada 15604; le explique los alcances del desistimiento -precisados en este auto- y, una vez hecho ello, le requiera para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si ratifica el mismo, es decir, si confirma su decisión de desistirse del presente juicio de amparo. Norma el criterio del suscrito juzgador, la jurisprudencia por precedente obligatorio 1a./J. 19/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Hechos: Una persona sentenciada en un procedimiento penal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo directo. El recurso se desechó; contra ese proveído interpuso recurso de reclamación, y durante el trámite de este último presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa, por lo que se ordenó su ratificación, haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido del recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, para dar validez a la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de los recursos ordenada en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de naturaleza penal, el órgano jurisdiccional correspondiente debe ordenar al funcionario judicial encomendado que al momento de la diligencia de ratificación explique al quejoso o recurrente los alcances y las consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia o medio de defensa iniciado. Justificación: En la doctrina procesal y en la jurisprudencia, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, como consiste en apartarse del ejercicio de un derecho o de facultades procesales ya ejercidos, puede referirse tanto a una acción, como a un recurso, a una prueba o a un incidente. En ese sentido, el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no sólo comprende el desistimiento de la demanda de un juicio de amparo, sino también de los recursos que establece para ese procedimiento dicha legislación. Ahora bien, para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente, el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento. Lo anterior significa que la autoridad encargada del asunto debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública, el quejoso o recurrente expresamente manifieste que confirma su decisión de desistirse del juicio y/o del recurso. En ese tenor, para garantizar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento penal, en cualquier etapa, dada su situación de fragilidad, es indispensable que antes de ratificar el desistimiento se les expliquen los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo, o bien, a los diversos medios de impugnación que rigen dicho juicio constitucional. Ello, en atención a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos." Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, e impulsar el procedimiento; pues fue presentada físicamente impulsa el procedimiento y genera una notificación a la parte quejosa. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentra recluida; y, por lista a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD DESIGNA DEFENSOR PARA LA QUEJOSA. Intégrese a los autos el oficio PJEP/IDP/DAP/1376-2023 de la Directora de Asuntos Penales del Instituto de la Defensoría Pública, por medio del cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintinueve de septiembre pasado, designa a Alfonso González Hernández como defensor público de la hoy quejosa *** y proporciona una dirección de correo electrónico; así como un número telefónico para contacto, de lo que esta autoridad queda enterada. DILIGENCIA DE PROTESTA DE CARGO COMO DEFENSOR PÚBLICO. En tal sentido, intégrese a los autos la diligencia de protesta de cargo del defensor público Alfonso González Hernández, practicada en la propia data; por lo tanto, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, téngase al profesionista aceptando y protestando el cargo conferido, para representar en este juicio de amparo como legalmente considere a la quejosa ***. Por otro lado, se tiene al citado defensor, imponiéndose de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, y se le da vista con las mismas en términos del artículo 117 de la Ley de la materia, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. DOMICILIO Además, téngase al referido funcionario proporcionando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue presentada físicamente. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar de su reclusión, y por lista a las demás partes.

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