Karina Tlachi Hernandez

Expediente 642/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
642/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Karina Tlachi Hernandez
  • Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. I. AUTO QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. II. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLVER DOCUMENTAL. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable: 1. Juez Municipal de San Pedro, Cholula, Puebla, consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el proceso penal 3/2019 de su índice (anexo I); por tanto, atento que dicha autoridad se encuentra dentro de la jurisdicción de este juzgado Federal, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de la citada documental. Notifíquese por lista a la parte quejosa...; y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...

  2. Incidental

    (SE PUBLICA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Karina Tlachi Hernández, escrito aclaratorio; el auto de catorce de julio de dos mil veintiuno (suspensión provisional); informes previos de las autoridades responsables que así lo hicieron, y autos en los que se tuvieron por recibidos. Así mismo, da cuenta con el estado procesal que guardan las presentes actuaciones. A lo anterior, el secretario de juzgado encargado del despacho acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Ahora, por otra parte, visto el estado que guardan los autos se advierte que en proveídos de veinte y veintidós de julio de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto de las razones asentadas por los Actuarios Judiciales de la adscripción, a través de las cuales manifestaron su imposibilidad de notificar los oficios 324-5 y 324-8, dirigidos en ese orden, a las autoridades responsables que la parte quejosa señaló como: "5. Agente del Ministerio Público adscrito a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla", y "8. Titular de la Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Andrés Cholula", hasta en tanto tuviera verificativo la audiencia incidental, por los motivos ahí expuestos; y, toda vez que ello, ya aconteció, se provee lo siguiente: En tales condiciones, se tienen por inexistentes a las autoridades en mención, y se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ellas; sin perjuicio de lo que se acuerde en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el secretario de juzgado encargado del despacho acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. A continuación, abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. A lo anterior, el secretario de juzgado encargado del despacho, acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 642/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Karina Tlachi Hernández; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Karina Tlachi Hernández, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - Las órdenes de aprehensión y detención, libradas en su contra; así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: Orden Autoridad responsable. Sentido del informe. 1 Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla. Acepta 2 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla. Niega 3 Fiscal General del Estado de Puebla. Acepta 4 Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación. Niega 6 Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla. Niega 7 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Acepta 9 Comandante o Titular de la Policía Ministerial Investigadora de San Pedro Cholula, Puebla. Niega CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables 2. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, 4. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación, 6. Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, y 9. Comandante o Titular de la Policía Ministerial Investigadora de San Pedro Cholula, Puebla, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. Además, al no existir las autoridades responsables que la parte quejosa denominó como 5. Agente del Ministerio Público adscrito a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 8. Titular de la Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Andrés Cholula, como se asentó en el acta que antecede, tampoco pueden existir los actos que de éstas reclaman, ni daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a dichas autoridades. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." QUINTO. Existencia de los actos reclamados y procedencia de la suspensión definitiva. Las autoridades responsables ordenadoras 1. Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, y 3. Fiscal General del Estado de Puebla, al rendir su respectivo informe previo, aceptaron la existencia del acto a ellas reclamado, consistente en la orden de aprehensión, librada por el 1. Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, en contra de la aquí quejosa el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de los auto de la causa penal 03/2019, por el delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 408 fracción I, en relación con los diversos 11, 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado, en agravio de Julia Hernández Chichia. En atención a lo anterior, debe tenerse por cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra de la quejosa Karina Tlachi Hernández, por el aludido ilícito. En el mismo sentido, debe considerarse respecto de la autoridad ejecutora 7. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, pues no obstante que haya aceptado la existencia de los actos reclamados, dicha autoridad en su calidad de ejecutora se encuentra posibilitada para ejecutar la orden de captura que reclama la quejosa en el presente asunto. Por lo que se provee sobre la suspensión definitiva, de la siguiente manera: Con fundamento en los artículos 136, 139, 162 y 166, fracción II de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión decretada el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en contra de la aquí quejosa Karina Tlachi Hernández, dentro de la causa penal 03/2019, del índice del Juzgado Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, la que se instruye por el delito de despojo. Por lo que, con fundamento en el artículo 107, fracción X constitucional, 168 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para el único efecto de que la quejosa no sea privada de su libertad con motivo del mandamiento de captura, y quede a disposición de esta autoridad Federal en cuanto a su libertad personal, y a disposición del 1. Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, para la continuación del procedimiento en la causa penal 03/2019, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la revocación de esta suspensión, o bien, la ejecutoria dictada en el cuaderno principal; misma que surtirá efectos siempre que la quejosa cumpla con las medidas de aseguramiento señaladas por este órgano jurisdiccional. Lo anterior, en virtud que el ilícito de despojo, no es de los que ameritaban prisión preventiva oficiosa, conforme al catálogo que marca el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previo a la reforma realizada a dicho artículo el doce de abril de dos mil diecinueve. Concesión que se hace extensiva respecto de las autoridades responsables 3. Fiscal General del Estado de Puebla y 7. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, toda vez que ésta última autoridad en su calidad de ejecutora, se encuentra posibilitada para ejecutar la orden de aprehensión reclamada. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA SOLICITADA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR UN DELITO CONSIDERADO EN PRINCIPIO COMO GRAVE CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO (ACTUALMENTE ABROGADO), DEBE RESOLVERSE EN ATENCIÓN A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2017, consideró que a partir del 18 de junio de 2016, el artículo décimo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, por el que se expidió la Ley de Amparo, perdió observancia legal, por lo que a partir de que entró en vigor la reforma de que se trata, el trámite y resolución del incidente de suspensión deben realizarse conforme a la Ley de Amparo vigente, sin que el Juez de amparo deba examinar bajo qué sistema penal se emitió el acto reclamado; por ende, debe atenderse a la fecha en que se solicitó la suspensión. Ahora bien, si a la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, sólo ameritan la medida de prisión preventiva oficiosa los delitos cuyos supuestos se ajusten a los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; entonces, si una orden de captura fue emitida por un delito considerado en principio como grave conforme al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México (actualmente abrogado), que no se encuentra dentro de esos supuestos, se entiende que no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que si el quejoso se encuentra en libertad, la concesión de la medida cautelar citada debe ser conforme a la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo, es decir, para el efecto de que el quejoso no sea privado de su libertad con motivo del mandamiento de captura y quede a disposición del Juez federal en cuanto a su libertad personal y a disposición de la autoridad jurisdiccional para la continuación del procedimiento, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la revocación de esta suspensión, o bien, la ejecutoria dictada en el cuaderno principal; suspensión que surtirá efectos siempre que el quejoso cumpla con las medidas de aseguramiento señaladas por el juzgador de amparo." SEXTO. MEDIDAS DE EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA. Se estima procedente fijar a la parte quejosa, las siguientes medidas de efectividad: 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 138, fracción I, 147, primer párrafo y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días comparezca ante la autoridad responsable, y en su caso, rinda la declaración correspondiente, acreditándolo en ese mismo lapso ante este Tribunal Federal. El plazo concedido en la anterior medida de efectividad empezará a contar a partir de que se tenga certeza respecto del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió, acorde con la jurisprudencia 1ª/J. 149/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." 2. Deberá otorgar caución a satisfacción de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 M.N.), en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, en relación con el párrafo primero del 139 de la Ley de Amparo; pues de resultar ciertos los actos, debe garantizarse que no se sustraiga a la acción de la justicia y comparezca para continuar con el procedimiento seguido con la citada autoridad responsable. En el entendido que de no exhibirla dentro del plazo de CINCO DÍAS subsecuentes a su legal notificación, este Juzgado comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. En el supuesto de que la parte quejosa elija exhibir la caución fijada en billete de depósito, deberá figurar su nombre como depositante y en el rubro relativo al "concepto", se habrá de especificar que es con el objeto de que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 642/2021 formado con la demanda promovida por Karina Tlachi Hernández; pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la mencionada vigencia termina antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. Asimismo, para los casos en que se requiera la exhibición de un documento o valor -como acontece en el presente asunto- que no necesariamente requiera la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, pero que tampoco pueda realizarse por medios electrónicos, las partes deberán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común que corresponda, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente ante el órgano jurisdiccional, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. En atención a tales disposiciones, con fundamento en el artículo 6, fracción III, del mencionado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento del peticionario de amparo, que deberá exhibir el billete de depósito o póliza de fianza -según elija-, ante la Oficialía de Partes Común correspondiente, de acuerdo a los señalamientos indicados, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este proveído, reiterándole los apercibimientos señalados en supralíneas, para el caso de ser omiso sobre el particular. 3. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que les sean impuestas por la autoridad en mención. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a las medidas impuestas, la suspensión definitiva concedida dejará de surtir sus efectos, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Karina Tlachi Hernández, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Karina Tlachi Hernández, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Karina Tlachi Hernández, escrito aclaratorio; el auto de catorce de julio de dos mil veintiuno (suspensión provisional); informes previos de las autoridades responsables que así lo hicieron, y autos en los que se tuvieron por recibidos. Así mismo, da cuenta con el estado procesal que guardan las presentes actuaciones. A lo anterior, el secretario de juzgado encargado del despacho acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Ahora, por otra parte, visto el estado que guardan los autos se advierte que en proveídos de veinte y veintidós de julio de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto de las razones asentadas por los Actuarios Judiciales de la adscripción, a través de las cuales manifestaron su imposibilidad de notificar los oficios 324-5 y 324-8, dirigidos en ese orden, a las autoridades responsables que la parte quejosa señaló como: "5. Agente del Ministerio Público adscrito a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla", y "8. Titular de la Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Andrés Cholula", hasta en tanto tuviera verificativo la audiencia incidental, por los motivos ahí expuestos; y, toda vez que ello, ya aconteció, se provee lo siguiente: En tales condiciones, se tienen por inexistentes a las autoridades en mención, y se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ellas; sin perjuicio de lo que se acuerde en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el secretario de juzgado encargado del despacho acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. A continuación, abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. A lo anterior, el secretario de juzgado encargado del despacho, acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 642/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Karina Tlachi Hernández; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Karina Tlachi Hernández, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - Las órdenes de aprehensión y detención, libradas en su contra; así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: Orden Autoridad responsable. Sentido del informe. 1 Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla. Acepta 2 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla. Niega 3 Fiscal General del Estado de Puebla. Acepta 4 Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación. Niega 6 Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla. Niega 7 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Acepta 9 Comandante o Titular de la Policía Ministerial Investigadora de San Pedro Cholula, Puebla. Niega CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables 2. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, 4. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación, 6. Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, y 9. Comandante o Titular de la Policía Ministerial Investigadora de San Pedro Cholula, Puebla, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. Además, al no existir las autoridades responsables que la parte quejosa denominó como 5. Agente del Ministerio Público adscrito a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 8. Titular de la Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Andrés Cholula, como se asentó en el acta que antecede, tampoco pueden existir los actos que de éstas reclaman, ni daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a dichas autoridades. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." QUINTO. Existencia de los actos reclamados y procedencia de la suspensión definitiva. Las autoridades responsables ordenadoras 1. Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, y 3. Fiscal General del Estado de Puebla, al rendir su respectivo informe previo, aceptaron la existencia del acto a ellas reclamado, consistente en la orden de aprehensión, librada por el 1. Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, en contra de la aquí quejosa el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de los auto de la causa penal 03/2019, por el delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 408 fracción I, en relación con los diversos 11, 13 y 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado, en agravio de Julia Hernández Chichia. En atención a lo anterior, debe tenerse por cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra de la quejosa Karina Tlachi Hernández, por el aludido ilícito. En el mismo sentido, debe considerarse respecto de la autoridad ejecutora 7. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, pues no obstante que haya aceptado la existencia de los actos reclamados, dicha autoridad en su calidad de ejecutora se encuentra posibilitada para ejecutar la orden de captura que reclama la quejosa en el presente asunto. Por lo que se provee sobre la suspensión definitiva, de la siguiente manera: Con fundamento en los artículos 136, 139, 162 y 166, fracción II de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión decretada el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en contra de la aquí quejosa Karina Tlachi Hernández, dentro de la causa penal 03/2019, del índice del Juzgado Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, la que se instruye por el delito de despojo. Por lo que, con fundamento en el artículo 107, fracción X constitucional, 168 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para el único efecto de que la quejosa no sea privada de su libertad con motivo del mandamiento de captura, y quede a disposición de esta autoridad Federal en cuanto a su libertad personal, y a disposición del 1. Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, para la continuación del procedimiento en la causa penal 03/2019, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la revocación de esta suspensión, o bien, la ejecutoria dictada en el cuaderno principal; misma que surtirá efectos siempre que la quejosa cumpla con las medidas de aseguramiento señaladas por este órgano jurisdiccional. Lo anterior, en virtud que el ilícito de despojo, no es de los que ameritaban prisión preventiva oficiosa, conforme al catálogo que marca el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previo a la reforma realizada a dicho artículo el doce de abril de dos mil diecinueve. Concesión que se hace extensiva respecto de las autoridades responsables 3. Fiscal General del Estado de Puebla y 7. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, toda vez que ésta última autoridad en su calidad de ejecutora, se encuentra posibilitada para ejecutar la orden de aprehensión reclamada. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA SOLICITADA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR UN DELITO CONSIDERADO EN PRINCIPIO COMO GRAVE CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO (ACTUALMENTE ABROGADO), DEBE RESOLVERSE EN ATENCIÓN A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2017, consideró que a partir del 18 de junio de 2016, el artículo décimo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, por el que se expidió la Ley de Amparo, perdió observancia legal, por lo que a partir de que entró en vigor la reforma de que se trata, el trámite y resolución del incidente de suspensión deben realizarse conforme a la Ley de Amparo vigente, sin que el Juez de amparo deba examinar bajo qué sistema penal se emitió el acto reclamado; por ende, debe atenderse a la fecha en que se solicitó la suspensión. Ahora bien, si a la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, sólo ameritan la medida de prisión preventiva oficiosa los delitos cuyos supuestos se ajusten a los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; entonces, si una orden de captura fue emitida por un delito considerado en principio como grave conforme al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México (actualmente abrogado), que no se encuentra dentro de esos supuestos, se entiende que no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que si el quejoso se encuentra en libertad, la concesión de la medida cautelar citada debe ser conforme a la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo, es decir, para el efecto de que el quejoso no sea privado de su libertad con motivo del mandamiento de captura y quede a disposición del Juez federal en cuanto a su libertad personal y a disposición de la autoridad jurisdiccional para la continuación del procedimiento, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la revocación de esta suspensión, o bien, la ejecutoria dictada en el cuaderno principal; suspensión que surtirá efectos siempre que el quejoso cumpla con las medidas de aseguramiento señaladas por el juzgador de amparo." SEXTO. MEDIDAS DE EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA. Se estima procedente fijar a la parte quejosa, las siguientes medidas de efectividad: 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 138, fracción I, 147, primer párrafo y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días comparezca ante la autoridad responsable, y en su caso, rinda la declaración correspondiente, acreditándolo en ese mismo lapso ante este Tribunal Federal. El plazo concedido en la anterior medida de efectividad empezará a contar a partir de que se tenga certeza respecto del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió, acorde con la jurisprudencia 1ª/J. 149/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." 2. Deberá otorgar caución a satisfacción de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 M.N.), en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, en relación con el párrafo primero del 139 de la Ley de Amparo; pues de resultar ciertos los actos, debe garantizarse que no se sustraiga a la acción de la justicia y comparezca para continuar con el procedimiento seguido con la citada autoridad responsable. En el entendido que de no exhibirla dentro del plazo de CINCO DÍAS subsecuentes a su legal notificación, este Juzgado comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. En el supuesto de que la parte quejosa elija exhibir la caución fijada en billete de depósito, deberá figurar su nombre como depositante y en el rubro relativo al "concepto", se habrá de especificar que es con el objeto de que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 642/2021 formado con la demanda promovida por Karina Tlachi Hernández; pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la mencionada vigencia termina antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. Asimismo, para los casos en que se requiera la exhibición de un documento o valor -como acontece en el presente asunto- que no necesariamente requiera la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, pero que tampoco pueda realizarse por medios electrónicos, las partes deberán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común que corresponda, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente ante el órgano jurisdiccional, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. En atención a tales disposiciones, con fundamento en el artículo 6, fracción III, del mencionado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento del peticionario de amparo, que deberá exhibir el billete de depósito o póliza de fianza -según elija-, ante la Oficialía de Partes Común correspondiente, de acuerdo a los señalamientos indicados, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este proveído, reiterándole los apercibimientos señalados en supralíneas, para el caso de ser omiso sobre el particular. 3. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que les sean impuestas por la autoridad en mención. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a las medidas impuestas, la suspensión definitiva concedida dejará de surtir sus efectos, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Karina Tlachi Hernández, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Karina Tlachi Hernández, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  4. Principal

    (SE PUBLICA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Municipal de San Pedro, Cholula, Puebla, con un anexo, por medio del cual informa a esta autoridad que el veintitrés de julio del año en curso, resolvió la situación jurídica del aquí quejosa Karina Tlachi Hernández, decretando en su contra auto de formal prisión como probable responsable de la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por los artículos 408, fracción I y 410 en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Julia Hernández Chichia, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en el caso se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en razón a que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo cual no hay necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, el suscrito Secretario Encargado del Despacho, advierte, de oficio que, respecto del acto reclamado al Juez Municipal de San Pedro, Cholula, Puebla, consistente en la orden de aprehensión dictada en contra de la aquí quejosa Karina Tlachi Hernández, en la causa penal 3/2019 de su índice, como probable responsable del delito de despojo, previsto y sancionado por los artículos 408, fracción I y 410 en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Julia Hernández Chichia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". Del artículo trascrito se advierte que, el juicio de amparo será improcedente cuando opere un cambio de situación jurídica. Esto es, para que opere un cambio de situación jurídica deben darse los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud de dicho acto; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, como ya se indicó, se actualiza la señalada causal de improcedencia, al advertirse de las copias certificadas que remitió el Juez Municipal de San Pedro, Cholula, Puebla, a las que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dicha autoridad el veintitrés de julio del año en curso, resolvió la situación jurídica del aquí quejosa Karina Tlachi Hernández, decretando en su contra auto de formal prisión como probable responsable de la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por los artículos 408, fracción I y 410 en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Julia Hernández Chichia. De tal forma, debe estimarse que ha operado un cambio en la situación jurídica de la parte quejosa dentro del procedimiento judicial que se le sigue, pues ahora su situación jurídica está determinada por el auto de término constitucional que le fue decretado y, por ende, las violaciones que se hubieren cometido en contra de ésta en la orden de aprehensión reclamada deben estimarse consumadas de un modo irreparable por no poder decidir sobre ellas sin afectar la nueva situación jurídica a que se alude. Al particular, tiene aplicación el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia número VI.1o. J/57, que dice: SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. Así como las jurisprudencias 1a./J. 17/2008 y 1a./J. 45/2008, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales establecen: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto de la orden de aprehensión atribuida al 1. Juez Municipal de San Pedro, Cholula, Puebla, resulta procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. En tanto que, las diversas autoridades responsables ordenadoras 2. Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por conducto del Secretario de Acuerdos, 3. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante, 4. Dirección de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación y 6. Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, negaron la existencia de la orden de aprehensión reclamada, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio respecto del acto reclamado a dichas autoridades. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a las autoridades responsables ejecutoras: 7. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla y 9. Comandante o Titular de la Policía Ministerial Investigadora de San Pedro Cholula, Puebla, ya que su ejecución no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de la Séptima Época, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las diez horas con veinte minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno. Hágase saber lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. No pasa inadvertido para quien esto resuelve que no se haya ordenado el emplazamiento de Julia Hernández Chichia, a quien le recae el carácter de tercero interesada (agraviada en la causa penal de origen); sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio convencional señalado para tal efecto; por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano