Karina Flores Mondragón
Expediente 448/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Karina Flores Mondragón
- Amanda Lozano Villafaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible y asequible de éste juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o determinación de 25 de abril de dos mil veintidos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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ACTA DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En Morelia, Michoacán, a las diez horas con quince minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito que actúa y da fe, dentro del expediente de amparo 448/2021, promovido por Karina Flores Mondragón, contra actos de Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, comparece Luis Manuel Cuervo Aguilar autorizado de la quejosa, quien se identifica con credencial de elector con folio 1316082628760, expedida a su nombre por el Instituto Federal Electoral, documento que ostenta una fotografía que a simple vista coincide con los rasgos físicos del compareciente y que le es devuelta previa copia certificada que de la misma se deja en autos, por considerar innecesaria su retención; persona que refiere por sus generales las siguientes, llamarse como quedó escrito, ser ******************** ******************** ********************, sin más que por el momento interesen. Acto continuo, el compareciente manifiesta que el motivo de su presencia es el de recoger los documentos cuya devolución fue autorizada por auto de trece de agosto de dos mil veintiuno. De las cuales en este momento se hace entrega a la compareciente, quien en lectura de la presente acta manifiesta: "Recibo de conformidad los documentos de referencia y firmo de conformidad en señal de recibo". Con lo anterior, se da por terminada la presente diligencia, levantándose la presente acta para debida constancia legal, la cual es firmada por los que en ella intervinieron, previa su lectura; asimismo, respecto a la manifestación que realiza el compareciente en el sentido de que renuncia al término que la ley le concede para recurrir el auto por el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio, dése cuenta a la titular para que provea lo conducente. Doy fe. EL COMPARECIENTE. LUIS MANUEL CUERVO AGUILAR. EL SECRETARIO. LIC. OSCAR HERNÁNDEZ GARCÍA.
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En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 448/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta a la juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental que anexó el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como las anexadas por la peticionaria de amparo a su escrito de demanda. De la misma forma, en este acto da cuenta con la prueba testimonial ofrecida por la peticionaria del amparo a efecto de acreditar diversos hechos relacionados con su demanda. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Con relación a la prueba testimonial anunciada por la accionante del amparo, con fundamento en el artículo 119, quinto y sexto párrafo se tiene por no ofrecida, al no encontrarse satisfechos los requisitos exigidos legalmente, pues la quejosa incumplió con la exigencia de exhibir los interrogatorios al tenor de los cuales deberían ser examinados los testigos. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017133, Décima Época, Materias(s) Común, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 15, que dice: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Por otro lado, dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Karina Flores Calderón, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este juzgado de distrito, se registró con el número 448/2021, se admitió mediante proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (foja 2), se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. En proveído de veintiocho de junio del año que transcurre (foja 94), se reconoció el carácter de tercera interesada a Amanda Lozano Villafaña, por figurar como actora en la contienda natural. Finalmente, en auto de uno de julio de la anualidad que transcurre se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretenden ejecutar. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: El auto de nueve de diciembre de dos mil veinte pronunciado dentro del juicio sumario civil 518/2019 que sobre terminación de contrato de comodato y otras prestaciones, promovió Amanda Lozano Villafaña frente a Héctor Alejandro Leyva Flores, respecto del inmueble ubicado en el lote 33, manzana LI, con número oficial 881, de la calle Carlos Rovirosa, fraccionamiento Jardines de Guadalupe, sin haber sido llamada a juicio. Acto que atribuyó al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 93). Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado el juez responsable, consistentes en copia certificada del juicio del que emana el acto reclamado (un tomo de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden, la quejosa Karina Flores Calderón, en su carácter de auténtica extraña, reclama el auto de nueve de diciembre de dos mil veinte pronunciado dentro del juicio sumario civil 518/2019 que sobre terminación de contrato de comodato y otras prestaciones, promovió Amanda Lozano Villafaña frente a Héctor Alejandro Leyva Flores, respecto del inmueble ubicado en el lote 33, manzana LI, con número oficial 881, de la calle Carlos Rovirosa, fraccionamiento Jardines de Guadalupe, sin haber sido llamada a juicio. Por tanto, resulta inconcuso que para acreditar su interés jurídico contra la orden de desalojo dictada en el juicio de origen, la quejosa debio acreditar el derecho que le asiste para intervenir como parte demandada en la contienda, situación que no demostró, razón por la que este juzgado de oficio advierte que se actualiza la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis antes citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior, así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el máximo tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación a derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 72, Séptima Parte, visible en la página 55, cuyo texto señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Así como la tesis de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 132, del Tomo 187-192 Cuarta Parte, de la Séptima Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." De lo anterior se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente de amparo solicita la tutela o protección de un derecho subjetivo que en su perjuicio fue infringido por la autoridad que emitió el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho subjetivo y en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto el acreditamiento de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación del libelo de demanda constitucional, sino que es necesario otorgar a la quejosa la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de amparo, tal y como así lo ha reconocido en la Jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 524, del Tomo VI, Común, Apéndice 2000 cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.", ello, dado que el derecho a la administración de justicia debe operar de forma dinámica. La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de tres elementos esenciales, a saber: a) La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; b) El acreditamiento del derecho específico que se esté afectando con el acto reclamado; c) La relación de titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización dos mil dos), Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." De tal manera que el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo tenga un feliz término, de manera que ante su ausencia se impide la conformación del mismo dando lugar al sobreseimiento del juicio por actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. Concluyendo, la citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, el cual debe ser observado y valorado de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional. Como se estableció anteriormente, en el caso la parte quejosa se duele esencialmente del auto de nueve de diciembre de dos mil veinte pronunciado dentro del juicio sumario civil 518/2019 que sobre terminación de contrato de comodato y otras prestaciones, promovió Amanda Lozano Villafaña frente a Héctor Alejandro Leyva Flores, respecto del inmueble ubicado en el lote 33, manzana LI, con número oficial 881, de la calle Carlos Rovirosa, fraccionamiento Jardines de Guadalupe, en el cual no es parte formal. De las constancias del citado juicio sumario civil sobre terminación del contrato de comodato, se advierte que el tres de junio de dos mil diecinueve, Amanda Lozano Villafaña, demandó de Héctor Alejandro Leyva Flores, la terminación del contrato de comodato división respecto del inmueble ubicado en el lote 33, manzana LI, con número oficial 881, de la calle Carlos Rovirosa, fraccionamiento Jardines de Guadalupe. Seguido el juicio por sus cauces legales, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte (foja 86 del tomo de pruebas), se declaró procedente la acción y se condenó al accionado a desocupar y entregar la parte del inmueble objeto del juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su ejecución forzosa. Luego, el nueve de diciembre de dos mil veinte (foja 106 del tomo de pruebas) se ordenó poner en posesión material y jurídica del inmueble materia de la terminación del contrato de comodato, a la citada tercera interesada. Sentado el anterior panorama, para que este juzgador esté en condiciones de emprender el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, es necesario que ésta demuestre que dichas actuaciones afectan de manera directa sus derechos; sin embargo, la peticionaria de amparo no exhibió ningún documento apto para acreditar su interés jurídico, ya que no allegó alguno con el que demostrara el derecho que le asiste para ser llamado al juicio de origen. De esa forma se considera, porque en su demanda se limitó a señalar que respecto del bien que defiende, celebró contrato verbal de cesión de derechos con su suegro Héctor Leyva Flores, este último en su calidad de usufructuario de ese inmueble y quien a decir de la quejosa, lo hizo para efecto que ella y su hijo continuaran habitando el departamento ubicado en la planta alta de ese inmueble, posterior a la muerte de su esposo Guillermo Alejandro Leyva Lozano; aunado a esa manifestación, la peticionaria del amparo exhibió las siguientes pruebas: Múltiples recibos del servicio de electricidad expedidos por la Comisión Federal de Electricidad; Múltiples recibos del servicio de agua expedidos por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia; Múltiples recibos del servicio de telefonía expedidos por Telmex Teléfonos de México S.A.B. de C.V.; Copias de los comprobantes del pago del impuesto predial expedidos por el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; Copias del acta de nacimiento de la quejosa, de su hijo Brayan Guillermo Leyva Lozano y de su nieta Alexa Romina Leyva Villalón; Copias de las credenciales para votar de la quejosa y de su hijo Brayan Guillermo Leyva Lozano; y, Diversas placas fotográficas del inmueble materia del controvertido de origen. Pese a ello, los medios de prueba señalados se consideran inaptos para acreditar la causa legal en la que descansa la posesión que dice tener la quejosa, pues con ellos solo acredita que el inmueble que defiende, contaba con los servicios de energía eléctrica, agua, telefonía y que además, se pagó el impuesto predial; sin embargo, ninguno de esos documentos acredita que tiene un título como causa generadora de la posesión que alega, es decir, la titularidad de un derecho subjetivo, derivado por ejemplo, de una donación, arrendamiento, compraventa, comodato, etcétera. Lo anterior, pues a pesar que la quejosa dice que celebró un contrato de contrato verbal de cesión de derechos con su suegro Héctor Leyva Flores, ninguno de esos documentos es apto para acreditar tal extremo y aunque la peticionaria del amparo ofreció una prueba testimonial, dicho artículo de prueba fue desechado por no haberse ofrecido conforme a las formalidades exigidas por el artículo 119 de la Ley de Amparo, tal y como se aprecia de la audiencia constitucional. Bajo el anterior contexto, si lo reclamado se vincula con la posesión de determinado bien, en un procedimiento donde la peticionaria aduce no haber sido oída y vencida, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio, que la accionante de amparo demostrara dos aspectos: primero, que el inmueble cuya posesión dicen ostentar, es el mismo materia de aquel juicio; y segundo, que tiene un título como causa generadora de la posesión que alegan, el cual debe producir la convicción de que se tiene derecho a poseer el bien y no ser perturbada en su posesión, si no es mediante un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de todo procedimiento y, de no acreditar ese derecho, no tendrá por qué ser escuchada en ese procedimiento. Por tal razón, la parte quejosa estaba obligada a demostrar mediante el instrumento idóneo, el derecho que ostenta sobre el bien materia del juicio de origen, esto es, debió acreditar su posesión, con un título que se sustente en una figura jurídica o precepto que genere ese derecho, de manera que la promovente del juicio constitucional tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, sobre el bien respectivo. Sin embargo, la impetrante del juicio de amparo, fue omisa en exhibir documento apto o prueba que demostrara el derecho que les asiste sobre el inmueble que por esta vía pretende defender, sin que como ya se dijo, la sola manifestación en el sentido que celebró un contrato verbal de cesión de derechos respecto del mismo, sea suficiente para ese efecto, ya que no allegó a este juicio medio de prueba alguno que acreditara la celebración del conceso de voluntades que refiere. Por ello, como la simple manifestación de la impetrante del amparo y las documentales que aportó con su libelo accionario, no resultan suficientes para acreditar el interés jurídico que la legitime para acudir a esta instancia constitucional en demanda de amparo, máxime si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados de la parte quejosa, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, por falta de interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94: emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Y la jurisprudencia II.2o.C. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1341, del Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR.- Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal". Asimismo, tiene aplicación al caso por identidad jurídica sustancial, la tesis I.5o.C.6 K Sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página seiscientos trece, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. INTERÉS JURÍDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Karina Flores Calderón, por el acto, autoridad y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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