Karen Viviana Espinoza Valle

Expediente 1175/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1175/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
01/10/2020

Partes del expediente

  • Karen Viviana Espinoza Valle
  • Mildred Cecilia Bernal Espinoza
  • David Saeed Bernal Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del oficio 12480, por el cual se le remitieron las constancias que adjuntó al informe justificado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del sise, la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1175/2019, promovido por Eric Alejandro Izazaga Rauda apoderado de la quejosa Karen Viviana Espinoza Valle, ésta última en cuanto representante legítima de su menor hija Mildred Cecilia Bernal Espinoza: RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Automatizada de Término del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Pátzcuaro, Michoacán (foja 16), Eric Alejandro Izazaga Rauda apoderado de la quejosa Karen Viviana Espinoza Valle, ésta última en cuanto representante legítima de su menor hija Mildred Cecilia Bernal Espinoza, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales. Por lo anterior, la citada autoridad responsable realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio 1284 presentado el veintiuno de octubre siguiente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito (foja 4), rindió el informe justificado correspondiente, al que anexó los autos originales de la primera y segunda instancia en dos tomos de pruebas. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el veintidós de octubre de dos mil diecinueve (foja 4) y en auto de veintitrés siguiente (foja 38) se declaró incompetente para conocer de la misma, en atención a que el acto reclamado -resolución de veintisiete de agosto del año en curso, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca I-252/2019, que declaró insubsistente la audiencia y sentencia de once de junio del presente año, emitida por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, y ordenó reponer el procedimiento del juicio especial oral familiar 935/2017, para que antes de dictar sentencia, de manera oficiosa o a instancia de interesados se recaben las pruebas necesarias para decidir jurídica y objetivamente sobre los alimentos de la menor de edad- no constituye una sentencia definitiva que pone fin al juicio, por lo que ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en esta ciudad. Segundo. Recepción y avocamiento. Por razón de turno, correspondió a este juzgado el conocimiento del presente asunto, quien en auto de veinticinco de octubre pasado (foja 42), la tuvo por recibida y previa prevención, el ocho de noviembre posterior (foja 58) la admitió a trámite, solicitó el informe justificado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. De la misma forma, en auto de ocho de noviembre pasado, (foja 59 reverso) este juzgado convalidó el emplazamiento realizado por la responsable al tercero interesado David Saeed Bernal Ponce, razón por la que sólo se ordenó que se le notificara por lista el auto de avocamiento al asunto emitido por este juzgado. Asimismo, en ese auto se solicitó al Delegado del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, con sede en esta ciudad, tuviera a bien designar un asesor jurídico como representante especial de la menor Mildred Cecilia Bernal Espinoza, quien en cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado, en auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, (foja 72), designó para ese efecto al asesor jurídico Alejandro León Cortés, quien el quince del mes y año en mención aceptó y protestó el cargo conferido. Finalmente, en esta fecha se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: ? Resolución de veintisiete de agosto del año en curso dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca I-252/2019, que declaró insubsistente la audiencia y sentencia de once de junio del presente año, emitida por la Juez Segundo de primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, en el juicio especial oral familiar 935/2017, para el efecto de que ésta última, antes de dictar sentencia, de manera oficiosa o a instancia de los interesados se allegue de los medios de convicción que le permitan decidir jurídica y objetivamente sobre los alimentos a favor del menor de edad. Tercera. Certeza del acto. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado (fojas 4 y 74), lo que se corrobora de las constancias aportadas por el Magistrado responsable, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º y que obran en dos tomos de pruebas. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia número 278 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 , que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este órgano de control constitucional estima que en el caso se surte una causal de improcedencia, toda vez que el acto que se reclama fue emitido dentro de juicio, sin embargo, no es de aquéllos cuyos efectos sean de imposible reparación, por lo que se actualiza la que se deduce de la interpretación inversa del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos indicados disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido éste por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Esta concepción de "actos de imposible reparación", resulta contundente y limitativa, a diferencia de aquélla concebida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, pues en esa norma reglamentaria, el legislador no había definido qué debía entenderse por ese tipo de actos: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: [.] IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; [.]". Con la interpretación dada por la Suprema Corte a la norma recién transcrita, se produjeron criterios como los que a continuación se citan: Época: Novena Época Registro: 180415 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. LVII/2004 Página: 9 "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Época: Novena Época Registro: 190368 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 4/2001 Página: 11 "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo." Es decir, ante el limitado contenido de la fracción IV del artículo 114, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debían entenderse por "actos de imposible reparación" aquéllos que afectaran materialmente derechos sustantivos, y además, de manera excepcional, aquéllos actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, afectación que debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias que se estimaron actualizadas por ejemplo, respecto al reclamo del desechamiento de la excepción de falta de personalidad. Sin embargo, como se estableció en los párrafos que anteceden, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la anterior legislación, ya es clara y precisa al definir qué deben entenderse por "actos de imposible reparación", y limita éstos a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. En ese sentido, la quejosa reclama la resolución de veintisiete de agosto del año en curso, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca I-252/2019, que declaró insubsistente la audiencia y sentencia de once de junio del año en curso, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, en el juicio especial oral familiar 935/2017, para el efecto de que ésta última, antes de dictar sentencia, de manera oficiosa o a instancia de los interesados, se allegue de los medios de convicción que le permitan decidir jurídica y objetivamente sobre los alimentos a favor de la menor de edad. Así, para dar sustento al sentido de la decisión que en esta sentencia se asume, resulta pertinente mencionar que durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 106/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 179548, de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." Del criterio inserto anteriormente, se advierte que se determinó que atendiendo a los efectos concretos de cada caso particular, podrían existir consecuencias de imposible reparación respecto de las cuales también resultaría procedente el juicio de amparo indirecto de acuerdo con su grado de afectación, como se describe en los puntos siguientes: 1. Que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (verbigracia, el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos); y, 2. Los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Con dicho criterio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la procedencia del juicio de amparo contra resoluciones que determinaran reponer el procedimiento sería casuística, es decir, el juzgador debe determinar en cada caso en concreto, si dicha reposición acarrea o no, afectación a derechos sustantivos, de acuerdo a los argumentos ya señalados, por ejemplo, la imposibilidad jurídica o material de desahogar de nueva cuenta alguna prueba. En relación con lo anterior y ante la nueva interpretación de los "actos de imposible reparación", de las constancias que remitió la autoridad responsable consistentes en el juicio de origen, no se advierte puedan cobrar aplicación las circunstancias descritas en los puntos que anteceden ni ello se desprende del análisis integral de la demanda de amparo. Se realiza esa afirmación por dos aspectos; el primero, porque la reposición del procedimiento que ordenó el Magistrado responsable, no determinó la nulificación de ninguna prueba, sino que al contrario, estableció que la Juez de los autos debería allegarse de mayores elementos convictivos que permitieran establecer jurídica y objetivamente sobre los gastos alimenticios mensuales que requiere la menor acreedora de los alimentos, para poder fijar la pensión, en base de las posibilidades reales del deudor y de las necesidades de la acreedora. Y el segundo aspecto, porque en esta instancia de amparo, la quejosa no alegó nada en el sentido que haya pruebas que ya no se puedan desahogar o apercibimientos que ya se habían realizado a su contrario, pues a grandes rasgos, sólo adujo que en el juicio si hay elementos probatorios que acreditan las necesidades de su menor hija. Lo anterior permite advertir que en la especie no se actualizan los dos supuestos que pueden hacer procedente la acción de amparo en contra de la que deja sin efecto la sentencia dictada en primera instancia y orden la reposición del procedimiento; entonces, la reposición del procedimiento para que se recaben mayores elementos probatorios que permitan determinar las necesidades reales de la menor y la posibilidad económica de los padres, solamente puede generar una afectación de índole procesal o adjetiva, que no produce de manera directa e inmediata afectación material alguna a los derechos sustantivos de la quejosa ni de su menor hija, sino que solamente trasciende al ámbito procesal, en tanto que no impide que una vez que se siga nuevamente el juicio de origen y se dicte la sentencia correspondiente que incluso puede favorecer a sus intereses, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto y, de esta manera, no dejaría huella en su esfera jurídica. Por ello, la resolución reclamada no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que puede ocurrir que el afectado obtenga al final una sentencia favorable a su interés con la que se reparen las violaciones y los posibles daños que se le hubieren causado con la indebida violación que desestime la excepción de litisconsorcio pasivo necesario. Cabe agregar que en el caso no se estiman violados los derechos previstos por el artículo 17 de la Constitución Federal en perjuicio de la parte peticionaria de amparo, ya que de obtener sentencia favorable a sus intereses, los efectos de la determinación que ahora reclama, desaparecerán. Resulta ilustrativa la jurisprudencia I.11o.C. J/7 , de rubro y texto: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." Tampoco es impedimento para arribar a la determinación que aquí se asume, el criterio de tesis aislado (XI Región)2o.8 C (10a.) emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Publicada el 07 de diciembre de 2018 10:19 hrs, Décima Época, Registro 2018551, que dice: "AMPARO EN REVISIÓN. DEBE PRIVILEGIARSE EL ESTUDIO DE FONDO CON INDEPENDENCIA DE QUE SE ADVIERTA UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, CUANDO SE VEN AFECTADOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE MENORES, RELATIVOS A NECESIDAD DE SUBSISTENCIA DIARIA Y GUARDA Y CUSTODIA, YA QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO RETARDARÍA LA URGENTE RESOLUCIÓN DEL ASUNTO. Si en el recurso de revisión el Tribunal Colegiado de Circuito advierte que el juzgador federal soslayó nombrar un representante especial al menor que acude a solicitar la protección federal, como lo establece el artículo 8o. de la Ley de Amparo, esa circunstancia implica reponer el procedimiento; sin embargo, atento al interés superior del menor, debe privilegiarse analizar el fondo del asunto, sobre todo si advierte que se han vulnerado sus derechos fundamentales, como sucede cuando se le deja indebidamente fuera de la litis constitucional por no haber acudido su tutor a ratificar, modificar o ampliar el escrito de la demanda de amparo promovida por alguno de sus progenitores; máxime si se tienen como antecedentes del acto reclamado situaciones delicadas como el conflicto entre los padres en relación con el ejercicio de la guarda y custodia, así como el reclamo de su derecho a recibir alimentos (necesidad de subsistencia diaria); derechos fundamentales que bajo un imperativo de protección reforzada deben atenderse preferentemente para garantizar el respeto a éstos y respecto de los cuales existe la obligación de maximizar y potencializar su inmediata protección, en armonía con los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estimar lo contrario, implicaría retardar su solución." Lo anterior, porque en el caso se estima que está garantizada la subsistencia de la menor Mildred Cecilia Bernal Espinoza, ya que de las constancias que integran el juicio familiar de origen, específicamente del auto de once de diciembre de dos mil diecisiete, (foja 16, tomo de pruebas II), se aprecia que decretó como medida cautelar el pago de alimentos provisionales por la cantidad de $2,294.90 dos mil doscientos noventa y cuatro pesos con noventa centavos, de suerte que mientras no se decreten los alimentos definitivos, procesalmente seguirá rigiendo esa medida cautelar. Sin que tampoco pase por alto para el suscrito Juzgador que en auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, (foja 137, tomo II), dentro de los autos del juicio de origen se tuvo al apoderado de la quejosa informando que el deudor alimentista renunció al puesto que desempeñaba en el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán y que actualmente se desempeña como ayudante de un puesto de tacos; sin embargo, esa cuestión es insuficiente para considerar que dicha obligación alimentaria no está garantizada, dado que al estar decretada, en cualquier momento que el deudor actualice su incumplimiento puede solicitar la ejecución forzosa de esa obligación alimentaria, por ejemplo, a través del embargo. Por todo lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto que afecte derechos sustantivos de la quejosa, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee el juicio de amparo. Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el apoderado jurídico de Karen Viviana Espinoza Valle, contra el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Pátzcuaro, Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el cuarto considerando. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en su considerando último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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