Karina Tapia Anguiano

Expediente 12/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
12/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Karina Tapia Anguiano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el tres de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional determinó ser incompetente por razón de conocimiento previo, razón por la cual se remitieron los autos al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, sin que a la fecha haya informado si se avocó o no al conocimiento de dicho asunto. Sin embargo, de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se advierte que al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, es a quien le correspondió conocer del presente asunto, quien lo registró bajo el juicio de amparo 248/2021, lo cual es un hecho notorio para el suscrito. Da apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.16/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 10, Libro 55, del Tomo I, Junio de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017123, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto y/o resolución de 03 de marzo de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c),de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio por el cual pretende rendir informe justificado el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, sin que haya lugar a realizar un pronunciamiento de fondo, toda vez que por auto de tres de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente. Finalmente, se ordena formar un tomo de pruebas, con las pruebas documentales que adjuntó la autoridad señalada, mismas que serán remitidas al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, una vez que acepte avocarse al conocimiento del presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con diez minutos del tres de marzo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 12/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con la promoción registrada con el número 2143 y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe previo rendido por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos se hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. Y como acto reclamado: El auto de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio sumarísimo familiar 266/2012, del índice de la responsable, donde negó la petición de la quejosa en relación a emplear medidas de apremio para efectuar el cobro de alimentos; y, La omisión de la responsable de requerir mes con mes al padre de la menor la consignación de los alimentos en favor de la menor. Segunda. La autoridad responsable citada en la primera consideración, al momento de rendir su informe previo manifestaron que es cierto el acto que se le reclama Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los artículos 125, 128, 129, y 131, de la Ley de Amparo, dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa y no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, como se verá enseguida. Es conveniente traer a colación la jurisprudencia 1a./J. 56/2015, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2010137, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión. Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social. En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. Ahora bien, cuando el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar si el acto reclamado: i) por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 citado; y, ii) actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo constitucional referido, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir". En dicha jurisprudencia, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, fijó como criterio que el hecho de que se reclamen la falta de pago de alimentos, ello no exenta al juzgador a realizar una ponderación si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación. Bajo esa línea pensamiento, es claro que el acto que se reclama, no se encuentra en las hipótesis que señala el artículo 129 de la Ley de Amparo, por lo que se procederá a la ponderación del caso en concreto. Apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Para una mayor comprensión sobre la apariencia del buen derecho y peligro en la demora es plausible traer a colación la jurisprudencia P./J. 15/96, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 200136: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión". De igual forma, cobra sustento la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 165659: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". Orienta a lo anterior, la jurisprudencia I.5o.C. J/16, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 162562, cuyo rubro y texto son los siguientes: ''INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social.'' Asimismo, la jurisprudencia I.5o.C. J/14, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 162563, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO. El sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos." Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Senado de la República Mexicana el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y por lo cual es de observación obligatoria de conformidad con el artículo 1° de la Carta Magna, en el artículo 2 de la convención establece: "Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales." Asimismo, el artículo 6° de la convención en cita, punto 2, prevé: "2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño." Y el artículo 23 de la referida convención, establece en sus tres primeras partes lo siguiente: "1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. 2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. 3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible." Por tanto, en uso de la atribución conferida al juzgador de amparo para que realice un asomo provisional a la constitucionalidad del acto -apariencia del buen derecho- y a efecto de evitar que se genere algún perjuicio en relación con la parte quejosa que en la especie se trata de menores de edad, se debe atender preponderantemente al interés superior del menor, pues de conformidad con el artículo 4° Constitucional, se tiene la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos (entre los que se encuentran la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral); asimismo, el precepto 1° Constitucional prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En la especie, se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues del análisis superficial de la demanda de amparo y del acto reclamado se puede advertir que el juez responsable es omiso en requerir el cumplimiento de las obligaciones alimentarios del deudor en favor de la menor, entonces el hecho requerir al juez responsable a efecto de que logre que el deudor alimentario cumpla con su obligación, traería un beneficio real y material que en favor de la menor. Por tanto, con fundamento en los artículos 125, 128, 129 se concede a Karina Tapia Anguiano, por sí y en cuanto representante legal de la menor María Fernanda Melgoza Tapia, la suspensión provisional para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, provea las diligencias necesarias a efecto de que logre que el deudor alimentario cubra su obligación alimentaria en favor de la menoor. La referida suspensión se concede en términos de los preceptos 129 y 139 de la referida ley, porque con ella no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social y de no concederse se causarían a la parte quejosa de que se trata daños y perjuicios de difícil reparación. Toda vez que este juzgador no tiene mayores elementos para profundizar en un estudio del caso, dado que solamente se parte de lo que sustenta el quejoso en su escrito de demanda. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se resuelve: Único. Se concede a Karina Tapia Anguiano, por sí y en cuanto representante legal de la menor María Fernanda Melgoza Tapia, la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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