Karen Rangel Mejia

Expediente 1199/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 41 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1199/2022
Año
2022
Actuaciones
41
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Karen Rangel Mejia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de once de abril de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, y con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1199/2022, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 1199/2022, se admitió mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós (foja 8), se requirió a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 27), se ordenó notificar a las partes la adscripción del suscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. En auto de siete de diciembre del año pasado (foja 48) se tuvo a la quejosa ampliando su demanda respecto del acto reclamado que hizo consistir en la cancelación retroactiva del movimiento de personal de siete de septiembre de dos mil veintidós, relativo a la basificación de la quejosa como analista de mando policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés (foja 164) se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como nueva autoridad responsable al Secretario Particular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad y como acto reclamado el oficio ********************, emitido el catorce de octubre de dos mil veintidós; sin embargo, dado que la quejosa no amplió su demanda, en auto de treinta de marzo del año en curso (foja 184), se ordenó resolver el juicio en que se actúa en los términos planteados en el escrito inicial de demanda y de la ampliación de demanda que formuló respecto del acto consistente en la cancelación retroactiva del movimiento de personal de siete de septiembre de dos mil veintidós, relativo a la basificación de la quejosa como analista de mando policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Finalmente, el tres de abril de dos mil veintitrés se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional correspondiente a este juicio, en términos del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, C O N S I D E R A N D O S : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad con residencia en esta ciudad. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados y autoridad responsable señalados por la quejosa, son: Actos reclamados: La omisión de dar trámite al movimiento de personal de siete de septiembre de dos mil veintidós, relativo a la basificación de la quejosa como analista de mando policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con clave presupuestal ********************; La negativa a tramitar y pagar la cantidad que la quejosa tiene derecho como trabajadora de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por concepto de quinquenio; y, La cancelación del movimiento de basificación de la quejosa como analista de mando policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, bajo el argumento que para acceder a la clave 16103 es necesario que cuente con estudios de nivel licenciatura. Autoridad responsable: *Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Tercero. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado tanto de los actos reclamados inicialmente, como del incorporado a través de la ampliación de demanda, manifestó que son ciertos los actos que se le atribuyen (fojas 30 y 135); sin embargo, aclaró, que ello obedeció a la solicitud que realizó la Delegada Administrativa de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio ********************de catorce de octubre de dos mil veintidós, a través del cual le solicitó dejar sin efectos el movimiento de basificación de la peticionaria del amparo (foja 139). Lo que acreditó con las documentales relacionadas con los actos reclamados, que acompañó a sus informes justificados; en ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia de amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Análisis de causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, la autoridad responsable aduce que en el caso no se está en presencia de actos de autoridad para efectos del amparo, ya que los actos reclamados por la quejosa derivan de la relación laboral que la peticionaria del amparo tiene con la Secretaría de Seguridad Pública; causal que se estima fundada, en términos de los artículos 1°, 5, fracción II y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se instituye que autoridad responsable para los efectos del amparo, lo es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho (considerando aquí los particulares) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con registro 161133, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Congruente con lo expuesto, debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. En el primer caso, tenemos que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, por regla general, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades (o los articulares conforme a la nueva redacción de la Ley de Amparo) desempeñan frente al gobernado una actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características no se puede considerar el ejercicio de determinada atribución como acto de autoridad. Atento a lo anterior, es de colegir que, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por tanto, es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la parte peticionaria de amparo a la funcionaria señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad en un caso concreto. En el caso, los actos reclamados consisten toralmente, en la cancelación del movimiento de basificación de la quejosa como analista de mando policial adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como de no pagarle la cantidad a la que tiene derecho por concepto de quinquenio. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable señaló que ciertamente canceló el movimiento de basificación de la peticionaria del amparo, pero ello fue derivado de lo solicitado por la Delegada Administrativa de Seguridad Pública del Estado, quien mediante oficio ********************de catorce de octubre de dos mil veintidós, le solicitó dejar sin efectos el movimiento de la peticionaria del amparo. Lo que pone de manifiesto que los actos reclamados derivan de una relación jurídico patronal, en la que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, tiene el carácter de patrón y la quejosa de empleada y no de gobernada; tan es así, que entre los reclamos en este juicio amparo, se encuentra precisamente el relativo a la omisión en el pago de una prestación económica a la que dice tener derecho la quejosa en su calidad de trabajadora de la Secretaría de Seguridad Pública (quinquenio). Por ende, si en el caso acontece que la quejosa ********************, promovió el juicio de amparo en cuanto trabajadora del Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y los actos reclamados lo constituyen la cancelación de su movimiento de basificación como analista de mando policial adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como el no pagarle la cantidad a la que tiene derecho por concepto de quinquenio; es evidente que, aunque el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, pueda tener el carácter de autoridad, con motivo de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por ésta, o aquéllos en los que intervenga, deban considerarse como actos de autoridad. Apoya lo anterior la tesis número I.15o.A.36 K, de noviembre de dos mil ocho, visible en la página 1316, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". Es de ese modo, porque los actos reclamados no se realizan en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad, virtud a que la cancelación del movimiento de basificación de la quejosa como analista de mando policial adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como la falta de pago de la cantidad a la que tiene derecho por concepto de quinquenio, acontecen en un exclusivo plano laboral; dicho de otra forma, en torno a los actos reclamados, no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas de los actos de autoridad. Sobre todo, porque el actuar que se atribuye a la autoridad responsable el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, no fue realizado de forma unilateral, por éste, sino que obedeció a la solicitud directa que realizó la Delegada Administrativa de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio ********************, en el sentido que, cancelara el movimiento de basificación de la peticionaria del amparo. En ese orden de ideas, los actos que se reclaman no quedan comprendidos como aquéllos de supra a subordinación, puesto que éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral que sostiene la quejosa con la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, pues incide en una cuestión laboral, en específico en la cancelación de su movimiento de basificación de como analista de mando policial adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como de no pagarle la cantidad a la que tiene derecho por concepto de quinquenio. Es ilustrativa el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J.111/2010, visible en la página 444 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, de rubro y texto siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad". En este punto es pertinente precisar que no se pierde de vista que la naturaleza del acto del que se duele la peticionaria de amparo, consistente en la falta de pago de la cantidad a la que tiene derecho por concepto de quinquenio reviste de omisiva; sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para que dicho acto pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque la cuestión relativa al pago de diversas prestaciones con motivo de apoyos o estímulos a los trabajadores está íntimamente vinculada con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo Es aplicable por analogía jurídica la jurisprudencia: III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Pag. 1639, Décima Época, registro 2011298, que dice "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." De la misma forma, tampoco es impedimento para determinar lo anterior, lo manifestado por la quejosa en su escrito de alegatos presentado el treinta de marzo del año en curso (foja 188), en el sentido que los actos que reclama en esta instancia de amparo deben considerarse que no son de naturaleza laboral, dado que se encuentra adscrita a una institución policial y que por lo mismo, dicha relación es de índole administrativa; por ello, dice, como el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión, no está obligada a agotar el juicio de nulidad. Lo anterior, porque no es cierto que como lo afirma la quejosa, que al encontrarse adscrita a una institución policial su relación laboral debe considerarse perteneciente al régimen de carrera policial, ya que de conformidad con la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, el Servicio de Carrera Policial, es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. Además, la carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante y la pertenencia a la Carrera Policial, se acredita con el Certificado Único Policial. Sin embargo, no todos los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública pertenecen a la Carrera Policial, ya que los que no forman parte de ella, se considerarán trabajadores de confianza; razón por la que solo lo miembros de la carrera policial, están sujetos al régimen laboral previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución. Lo que se corrobora de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se crean las plazas de confianza para trabajadores que realizan funciones administrativas en relación a la escala jerárquica terciaria para la Policía Estatal que desempeña actividades de prevención, investigación, reacción, seguridad y custodia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que específicamente se estableció que la plaza que detenta la quejosa, de analista de mando policial, es de confianza: "Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, tienen por objeto la creación de las plazas de confianza y su tabulador, para los trabajadores que realicen funciones administrativas, en relación a la escala jerárquica terciaria establecida para la policía estatal preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Artículo 2. El presente Acuerdo es de observancia general, de orden público e interés social y determinará el tipo de plazas administrativas de confianza para los trabajadores administrativos de la escala jerárquica terciaria, implementada para la policía estatal preventiva en la Secretaría de Seguridad Pública. Artículo 3. Para efectos del presente acuerdo, se entiende por: I. Elementos. El personal operativo de las unidades de prevención, investigación, reacción, seguridad y custodia de la Secretaría de Seguridad Pública; II. Estado. El Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; III. Plaza de confianza. A la plaza de carácter administrativo que podrá ser asignada, previo el cumplimiento de los requisitos que se determinen por la Secretaría de Seguridad Pública para tales fines, al personal que desarrolle funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, o bien por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, en función del nivel de responsabilidad del trabajador; IV. Secretaría. A la Secretaría de Seguridad Pública; y, V. Secretario. Al titular de la Secretaría. VI. Unidad Administrativa. A las áreas de la Secretaría contempladas en el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo y las equivalentes que funcionen de manera administrativa, aun y cuando orgánicamente no existan o estén en proceso de creación. Artículo 4. Los nombramientos, claves de pago y salarios de plazas de confianza para los trabajadores administrativos de la escala jerárquica terciaria implementada para la policía estatal preventiva cuya clave presupuestaria correspondía a funciones de prevención, investigación y reacción en la Secretaría, se ajustarán como a continuación se establece: Conforme a lo expuesto, dado que la quejosa no acreditó con la exhibición del Certificado Único Policial, su pertenencia al Servicio de Carrera Policial y más importante aún, ya que conforme al aludido acuerdo, su plaza de analista de mando policial está considerada de confianza, es evidente que su relación laboral no está sujeta al régimen previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución, en la medida que no pertenece al Servicio de Carrera Policial. Por lo mismo, al tratarse de un nombramiento de confianza expedido por la Secretaría de Seguridad Pública, la cual corresponde a una dependencia de la Administración Pública Centralizada Estatal, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, la competencia para conocer de los conflictos individuales de sus trabajadores, que no estén comprendidos en el régimen administrativo policial, como en el caso, corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, de conformidad con los numerales 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que disponen: "ARTICULO 1o. La presente es de observancia general y regula las relaciones laborales entre los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y los Municipios, por una parte y por la otra, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación. ARTICULO 2o. La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley se entiende establecida, para los efectos legales, entre los trabajadores de base al servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos e instituciones, a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley. ARTICULO 3o. Trabajador es toda persona que presta un servicio físico, intelectual o de ambos géneros a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Ayuntamientos y a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, en virtud de nombramiento expedido y por figurar en la nómina de pago sus sueldos (sic). ARTICULO 4o. Para los efectos de esta Ley los trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas se dividen en: I. Trabajador de base; II. Trabajador de confianza; y, III. Trabajadores temporales." . Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, argumentada por la autoridad responsable, al no estar en presencia de actos de autoridades, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se impone sobreseer el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados por la quejosa. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio Finalmente, no se analizarán el resto de las causas de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia de mérito, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por los actos, autoridad y motivos expuestos en el considerando segundo y cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de once de abril de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del tres de abril de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-1199/2022-V. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el escrito de la quejosa Karen Rangel Mejía, registrado bajo el número 4876, a través del cual formula alegatos; de la misma forma, la secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; respecto de los alegatos se ordena proveer lo correspondiente en la etapa procesal correspondiente a esta audiencia. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por la parte quejosa y con la exhibida por las autoridades responsables. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos la secretaria da cuenta con el escrito de cuenta, a través del cual formula alegatos. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de la parte quejosa y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.

Quedan 37 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano