Karen Paola Aguila Torres
Expediente 877/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Karen Paola Aguila Torres
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 877/2021, sin la comparecencia de las partes. , Enseguida, el secretario hace constar que el presente Expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da nueva cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación, Fiscalía Regional Morelia, con residencia en esta ciudad. l juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales en cita. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el siete de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Karen Paola Aguila Torres, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación, Fiscalía Regional Morelia, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La omisión de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el seis de septiembre de dos mil veintiuno dentro de la carpeta de investigación 1003202131988, en el cual designa asesores jurídicos, copias simples así como la liberación del bien inmueble donde suscitaron los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos omisivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el seis de septiembre de dos mil veintiuno dentro de la carpeta de investigación 1003202131988, en el cual designa asesores jurídicos, copias simples así como la liberación del bien inmueble donde suscitaron los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación. Tercera. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, al momento de rendir su informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, ya que en auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se proveyó sobre el escrito presentado por la parte quejosa. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. No obstante lo anterior, los actos reclamados deben tenerse por ciertos, pues a la fecha de la presentación de la demanda no se había dado respuesta a las peticiones que formuló la peticionaria del amparo. Quinta. Causales de improcedencia. En la especie, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley e Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En especie se actualiza dicha causal de improcedencia pues la quejosa acudió reclamando la omisión de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el seis de septiembre de dos mil veintiuno dentro de la carpeta de investigación 1003202131988; no obstante, al rendir su informe justificado las responsables adjuntaron copia de dicha carpeta del que se advierte la respuesta dada a la quejosa. Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto al haber emitido la respuesta notificada a la quejosa, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus garantías al quejoso como si le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, resulta claro que cesó la omisión reclamada; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable de conformidad con el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Karen Paola Aguila Torres, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en términos de las consideraciones tercera y quinta del presente fallo. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional Morelia, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la documental que anexa en apoyo a su informe la autoridad responsable en cita con el cual se ordena formar un tomo de prueba por separado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún no obra el informe justificado requerido al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación, Fiscalía Regional Morelia, con residencia en esta ciudad; asimismo, de la constancia del acuse de recibo electrónico, consta que el oficio relativo al auto admisorio fue entregado el catorce de octubre del presente año; por tanto, se encuentra trascurriendo el plazo de quince días para que dicha responsable rinda el informe que le fue requerido. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del ocho de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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