Julio Negrete Rodríguez
Expediente 118/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio Negrete Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto II-118/2019, promovido por Julio Negrete Rodríguez, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito de cinco de febrero de dos mil diecinueve, presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, entre otros, Julio Negrete Rodríguez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. Por considerarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, se decretó de oficio la separación del juicio de amparo promovido, entre otros, por Julio Negrete Rodríguez; además, se ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, a fin que lo registrara, le asignara turno y lo turnara al juzgado de distrito que correspondiera. Remisión que se realizó mediante oficio 2317/2019 de seis de febrero de dos mil diecinueve , presentado al día siguiente ante dicha oficina , y turnado el ocho siguiente a este órgano jurisdiccional . El once de febrero de dos mil diecinueve , se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número II-118/2019, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se difirió en una ocasión , y tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO (competencia). Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48, 55, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión que se reclama en esta vía, se atribuye a un tribunal laboral que reside dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000 , estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención de los promoventes y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con el criterio resaltado, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: ? La omisión de tramitar el expediente laboral 1363/2018, dentro de los plazos previstos por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, al no citar a las partes a la audiencia de conciliación que señala el artículo 97 de la ley citada. TERCERO. Certeza de actos. Es cierta la omisión que se reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de citar a las partes a la audiencia de conciliación en el expediente laboral de origen 1363/2018, no obstante que al rendir el informe justificado lo negó ; sin embargo, del contenido del propio informe y de las copias certificadas que remitió dicha responsable junto con el informe justificado se desprende que citó a las partes a la audiencia de conciliación mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil diecinueve , esto es, después de la presentación de la demanda (cinco de febrero de dos mil diecinueve) . Documentales, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo, Por tanto, en autos se encuentra desvirtuado el sentido negativo en que se rindió el informe justificado. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. (Improcedencia y sobreseimiento). Establecida la existencia de la omisión reclamada, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se advierte de las constancias que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió como justificación al informe. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumasia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional el quejoso reclama, en esencia, omisión de citar a las partes a la audiencia de conciliación en el expediente laboral de origen 1363/2018, por parte de la autoridad responsable ordenadora. En ese sentido, de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se aprecia que mediante acuerdo de quince de febrero en curso (fojas 58 y 59), se citó a la audiencia de conciliación en el expediente laboral de origen 1363/2018. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (cinco de febrero de dos mil diecinueve), toda vez que la responsable el quince de febrero siguiente, señaló las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de abril de dos mil diecinueve para la audiencia de conciliación. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que ésta exige; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la autoridad responsable, ya señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación el juicio laboral 1363/2018. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio de control constitucional conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causa de improcedencia estudiada, razón por la que, nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso, como lo es una causa de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo, tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Julio Negrete Rodríguez, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, conforme a los razonamientos en ellos expuestos.
- Principal
Visto el oficio del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde su informe justificado; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el precepto 119 de la ley en la materia, téngase como prueba documental pública de la citada autoridad, el legajo de copias que acompaña a su informe, sin perjuicio de hacer relación de ella, al celebrarse la audiencia de ley. En consecuencia, para dar margen a que las partes estén en posibilidad de conocer el contenido del informe que se provee, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las once horas con cuarenta minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve, para su celebración. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a la autoridad responsable, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Recepción de oficio de incompetencia. Por recibido el oficio OCC/11/JDM/80/2019, del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el diverso signado por una de las secretarias adscritas a este órgano jurisdiccional y un legajo de copias certificadas del juicio de amparo V-89/2019 del índice de este juzgado, promovido por, entre otros, Julio Negrete Rodríguez, virtud a la separación de autos que se ordenó en ese juicio respecto de los actos atribuidos al: AUTORIDAD RESPONSABLE Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. En la inteligencia de que el presente asunto se tramitará únicamente por lo que ve al quejoso Julio Negrete Rodríguez, en relación al juicio 1363/2018 y por el acto reclamado consistente en: La omisión de citar a las partes a la audiencia de conciliación en el juicio 1363/2018, promovido por Julio Negrete Rodríguez. Conocimiento del asunto y registro del expediente. En ese sentido, se asume el conocimiento del asunto; fórmese expediente y regístrese con el número VII-118/2019, tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y hágase del conocimiento de las partes la radicación del juicio en este órgano jurisdiccional. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE A TRÁMITE la demanda de garantías de que se trata. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Intervención de la agente de Ministerio Público de la Federación. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que corresponde y notifíquesele el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 3o. J/2, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 673, tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca". Requerimiento de informe justificado. De conformidad con el artículo 117 de la ley en la materia, pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir por escrito, dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto que se le atribuye, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibida que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario y con fundamento en el dispositivo 260, fracción II, de la ley instrumental se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las once horas con veinte minutos del seis de marzo de dos mil diecinueve. Terceros interesados. Se reserva el llamamiento a juicio de quien le resulte el carácter de tercero interesado hasta en tanto obren las constancias de donde deriva el acto reclamado. Requerimiento de información sobre la actualización de causales de sobreseimiento. Asimismo, con apoyo en lo establecido por los normativos 64 y 251 de la ley en la materia, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se impondrá multa al omiso por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Señalamiento de domicilio, autorizados y uso de medios electrónicos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda. De igual manera, se tiene como autorizada, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Araceli Nava Andrade, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se le autoriza para la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa el uso de los medios electrónicos que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. Por tanto, dígase a la solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3º.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Autorizados para firmar oficios. Se autoriza a los secretarios firmar los oficios relativos al presente asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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