Julio Francisco Zuñiga Méndez
Expediente 611/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio Francisco Zuñiga Méndez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en atención al requerimiento que se le formuló el diecinueve de los actuales (foja 42), informa que la demanda de amparo que dio origen a este expediente fue turnada al Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, como lo acredita con la papeleta de turno que adjunta al comunicado de cuenta; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Ahora, visto el estado que guardan los autos, de los que se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos de los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, al tratarse de un impedimento del suscrito y debido a ello es susceptible de conservación; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser trasferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JULIO FRANCISCO ZUÑIGA MÉNDEZ. Vista la demanda de amparo promovida por Julio Francisco Zúñiga Méndez, por propio derecho; fórmese expediente y regístrese con el número III-611/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que se señala como autoridad responsable, al Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y toda vez que a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1279/2016, de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es que se considera que no se encuentra en aptitud de conocer del presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen: ? Consideraciones previas. Los impedimentos para que cierta persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto vinculado con la competencia subjetiva y, consiste en la idoneidad e imparcialidad para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado y que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente están ligados con el Estado, por una relación de empleo o de servicio que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte del orden judicial. Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado es una relación de derecho público, cuyo objeto es el deber fundamental del Juez u otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio. Los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Por tanto, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha ocupación respecto de una litis determinada, porque no está provisto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según justicia. Estas razones contingentes de idoneidad constituyen una forma particular de incapacidad legal de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado, que contienen una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido, que constituyen una verdadera capacidad procesal especial de los sujetos. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada por dos aspectos: la competencia propia del órgano y la persona del juzgador, esto es, objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez y subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o de animadversión, e incluso un interés directo en el negocio. Así, la existencia de algún impedimento hace presumir, razonablemente, que el juzgador no está en aptitud de resolver con imparcialidad e independencia un conflicto sometido a su conocimiento, y ante tal circunstancia la Ley de Amparo, establece que el juzgador debe manifestarlo para, consiguientemente, dejar de conocer la causa en donde se motiva. En atención a lo anterior, el artículo 17 Constitucional, segundo párrafo, señala: "Artículo 17. (.). "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". Ordinal del cual se desprende lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales; y 2. Que dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Por tanto, todo juicio que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. De ahí que el fin de la Ley de Amparo, al prescribir en el artículo 51 las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hace inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una resolución justa. En efecto, sobre el tema el citado artículo 51 de la Ley de Amparo: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". De lo antes transcrito, se puede advertir que de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resulta forzosa la excusa del funcionario, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 del citado ordenamiento legal, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándole así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. ? Impedimento. Del texto del artículo 51 de la Ley de Amparo, se desprende que basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en dicho numeral, a consideración de este juzgador, se actualiza una causal que impide conocer del presente asunto, en virtud de que en el caso concreto, tengo parentesco por afinidad con uno de los miembros que integran el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, esto es, el Instructor de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Magistrado Arturo Bucio Ibarra, resulta ser mi cuñado al estar casado con una de mis hermanas. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por analogía, la jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 1271, Libro 27, Febrero de 2016, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la federación, del siguiente contenido: "IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES DENTRO DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA SI EXISTE PARENTESCO POR AFINIDAD EN SEGUNDO GRADO ENTRE EL ACTUARIO JUDICIAL CUYA ACTUACIÓN SE CUESTIONA Y EL JUZGADOR QUE DEBE PARTICIPAR EN LA RESOLUCIÓN DE DICHO INCIDENTE. De la interpretación sistemática de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se determina que el parentesco por afinidad en segundo grado, existente entre el juzgador que debe participar en la resolución del incidente de nulidad de notificaciones, derivado de un juicio de amparo directo, y el actuario judicial cuya actuación se cuestiona en dicha incidencia, constituye un elemento objetivo que puede derivar en el riesgo de pérdida de imparcialidad del primero en favor del segundo, lo que crea un motivo suficiente para considerar que aquél debe abstenerse de participar en el conocimiento y la resolución del referido incidente. Ello, en razón de que el ánimo del juzgador, por la situación de parentesco, se vería afectado al momento de resolver el asunto, lo que repercutirá en detrimento de alguna de las partes del juicio de amparo, con la consecuente vulneración al derecho a la imparcialidad reconocido en el aludido numeral 17 de la Constitución Federal". Así como la tesis visible en la página 11, P.XXV/2007, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EXISTE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD ENTRE UN MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y UNO DE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO COLEGIADO CUANDO ÉSTE TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Del artículo citado se advierte como causal de impedimento legal para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Jueces de Distrito, o las autoridades que conozcan de los juicios de garantías conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, la existencia de parentesco por consanguinidad o afinidad con alguna de las partes o de sus abogados o representantes, en línea recta, sin limitación de grado; dentro del cuarto grado, en la colateral por consanguinidad, o dentro del segundo, en la colateral por afinidad. Por otro lado, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de la materia señala que son partes en el juicio la autoridad o autoridades responsables. En ese sentido, si un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene parentesco por consanguinidad con uno de los integrantes del órgano colegiado que tiene el carácter de autoridad responsable por haber dictado el acto reclamado, es incuestionable que se actualiza la causal prevista en la fracción I del artículo 66 de la Ley de Amparo." Y, la diversa jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, ubicada en la página 3038, Libro 26, enero de 2016, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido que se asentará a continuación: "IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMA AL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO LA EXPEDICIÓN DE UNA NORMA GENERAL, Y ENTRE EL JUEZ DE DISTRITO DEL CONOCIMIENTO Y UNO DE LOS DIPUTADOS QUE LO INTEGRAN, EXISTE PARENTESCO EN LÍNEA COLATERAL POR AFINIDAD DENTRO DEL SEGUNDO GRADO (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS P. XXV/2007). En términos del artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo, existe impedimento de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra el Congreso del Estado de Durango, a quien se le reclama la expedición de una norma general, si entre dicho juzgador y uno de los diputados integrantes de esa Legislatura Local, existe parentesco en línea colateral por afinidad dentro del segundo grado. Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con el artículo 5o., fracción II, de la citada legislación, dicho Congreso es parte en el juicio de amparo; además, conforme al artículo 66 de la Constitución Política del Estado, éste se compone de veinticinco diputados electos cada tres años de manera popular y conforme a los principios de votación de mayoría relativa y representación proporcional. En ese sentido, si el Juez de amparo manifestó tener dicho parentesco con uno de ellos, es decir, con un diputado integrante de ese órgano legislativo señalado como autoridad responsable, es incuestionable que se actualiza la causa de impedimento de que se trata y fundada la excusa planteada por el funcionario judicial de referencia. Criterio que se sustenta, por analogía, en la tesis P. XXV/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 11, de rubro: "IMPEDIMENTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EXISTE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD ENTRE UN MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y UNO DE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO COLEGIADO CUANDO ÉSTE TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE.", la cual es aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia". En mérito de lo expuesto el suscrito estimo encontrarme legalmente impedido en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo (parentesco por afinidad con uno de los miembros que integran la autoridad responsable, ya que el Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, es mi cuñado) para conocer del presente juicio. Situación que se robustece en el sentido de que el impedimento planteado por este juzgador con el Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia incide tanto en las omisiones que se le atribuyen en lo individual, así como en lo colectivo, al ser parte de dicho tribunal colegiado. ? Remisión del expediente al Tribunal Colegiado de Circuito. Por tanto, a fin de mantener la credibilidad y presunción de veracidad en el proceso, en observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, con fundamento en lo establecido en la fracción I del artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, remitiéndole al efecto el original del juicio de amparo en que se actúa, para que resuelva sobre el impedimento planteado; hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo, y fórmese cuaderno de antecedentes. ? No se solicitó la suspensión del acto reclamado. Sin que haya lugar a proveer respecto a la suspensión del acto reclamado, en virtud de que de la lectura íntegra de la demanda no se advierte que se haya solicitado. ? Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que cita en el escrito de demanda y autorizadas con todas las facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Michel García Vera y Héctor Manuel Mendoza Madrid, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que al resto de las personas que se enuncian, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, dado que no cumplen con tal requisito, ni adjuntaron documento alguno que los acredite como licenciados en derecho o que cuenten con la carrera de abogado. ? Capturas y anotaciones del expediente. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ? Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias tanto del Estado como federales, se encuentran gozando del primer periodo vacacional, correspondiente a este año, se ordena reservar el envío de las comunicaciones que se encuentren en ese supuesto, hasta en tanto reanuden labores. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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