Juvenal Aguilar Rivera

Expediente 801/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
801/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Juvenal Aguilar Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y A LOS TERCEROS INTERESADOS NORMA ARACELI LÓPEZ HERNÁNDEZ, EN CUANTO TUTORA ESPECIAL DE LOS MENORES S.I.A.C. Y S.A.C., Y REPRESENTANTE ESPECIAL DE DICHOS MENORES, LICENCIADA OLIVIA BENÍTEZ REYES, EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 801/2020, promovido por Juvenal Aguilar Rivera, por alegada violación de los artículos 1o., 4o., 8o., 14, 16, 17, 35 fracción V y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer en el juicio. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Consideración previa. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso, sin que, previo a la emisión de esta sentencia, tal incorporación se haya informado a las partes. Sin embargo, se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia, tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que, a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses, no se ha dictado sentencia, sino hasta ahora; cuestión que, cabe precisar, no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción, como sí lo es, en cambio, remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver, aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. El quejoso reclama lo siguiente: De la Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ario de Rosales, Michoacán: Los acuerdos de cuatro y trece de noviembre de dos mil veinte, dictados en el juicio oral familiar 76/2020, promovido por María Isabel Camarena Torres, por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales S.I.A.C. y S.A.C. frente al quejoso, por los cuales se negó la modificación de la medida precautoria de pago de alimentos y se ordenó enviar oficio a su fuente de trabajo para que se realizaran los descuentos de dicho pago y del adeudo generado con motivo de éstos, respectivamente. TERCERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 35 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que el acto reclamado es susceptible de ejecutarse dentro de la circunscripción donde este Juzgado ejerce jurisdicción. CUARTO. Norma general, actos u omisiones cuya existencia quedaron acreditadas. Es cierto el acto reclamado a la Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia Ario de Rosales, Michoacán, pues así lo informó al rendir su informe de ley. Lo que se corrobora con las constancias que la autoridad judicial allegó a su informe, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, poseen valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Antecedentes. El tres de marzo de dos mil veinte, la Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, admitió a trámite la demanda, que por comparecencia, presentó María Isabel Camarena Torres, por su propio derecho y en representación de los menores S.I.A.C y S.A.C, contra Juvenal Aguilar Rivera; proveído en el que, entre otras cuestiones, se fijaron como alimentos provisionales en favor de los menores, la cantidad de tres mil seiscientos noventa y seis pesos, por cada uno, respecto de lo cual, se ordenó requerir al demandado. El tres de agosto del citado año, el demandado contestó la demanda, con lo que se dio vista a la parte actora. El cinco de octubre de dos mil veinte, se requirió al demandado que acreditara estar al corriente del pago de los alimentos fijados, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a su requerimiento forzoso. El treinta de octubre del año pasado, el ahora quejoso solicitó a la juez responsable que modificara la cantidad que fijó por conceptos de alimentos provisionales, en virtud de que el monto determinado excedía sus percepciones, respecto de lo cual, el cuatro de noviembre siguiente, la responsable negó acordar favorablemente su petición (acto reclamado). El veinte de abril de dos mil veintiuno, la autoridad judicial de origen dejó sin efectos la medida provisional de alimentos fijada en auto de tres de marzo de dos mil veinte, modificándola por la cantidad de dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos mensuales, equivalentes a veinte días de salario minino vigente, lo cual, ordenó hacer del conocimiento de la fuente laboral del demandado. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) - - - XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). En efecto, para la actualización de esta hipótesis de improcedencia es necesaria la revocación del acto reclamado o que la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatas, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso, la protección constitucional, en los términos ordenados por el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. De modo que exista la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En el caso, el acto reclamado consiste en la negativa de modificación de alimentos solicitada por el quejoso en el juicio de origen y en la orden girada a la fuente laboral del quejoso para que se descuente de manera directa dicho concepto. Ahora bien, se sostiene que, en la especie, sobrevino la causa de improcedencia citada, porque del informe remitido el veintiuno de abril de este año, por la Juez responsable, en alcance a su informe justificado, informó lo determinado en su proveído de veinte del citado mes y año, en los términos siguientes: [.] En consecuencia, se ordena la modificación del monto a cubrir por el demandado como pago de alimentos provisionales, para ahora dejar sin efecto la imposición de pago de pensión alimenticio provisional impuesto el día tres de marzo del año dos mil veinte, para ahora requerirlo del pago de la pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos, por lo cantidad de dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos mensuales, equivalentes a veinte días de salario mínimo vigente. Medida que tendrá una vigencia a partir de este mes y durante la tramitación del presente controvertido pudiéndose sustituir, cuando concurran hechos que hagan necesaria su variación, sin que la misma resuelva el presente asunto en definitivo, pues se reitera que sólo es una medida provisional; ello con fundamento además en los artículos 1°, 4°, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se ordena notificar personalmente a la actora y demandado, así como girar inmediatamente atento oficio al señor Santos Miranda Ortega, propietario de la empresa denominada "Frutas Sanas de Michoacán", SC, de RL. de CV., a fin de informarle que deberá realizar el descuento inmediatamente del pago de alimentos provisionales impuesta, por la cantidad de dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos mensuales equivalentes a veinte días de salario mínimo vigente. Y, todo vez, que hasta la fecha adeuda la suma de noventa y dos mil once pesos sesenta centavos, correspondiente a la falta de pago de pensión alimenticia provisional de las meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de dos mil veinte y enero, febrero y marzo de este año; descontándose la cantidad de cuatro mil cien pesos, que exhibiera mediante orden de depósito con referencia alfanumérica JX010090076P0I20PA98, efectuado el día veintisiete de octubre de dos mil veinte, tal como se justificó con el recibo de depósito anexado al presente expediente. Pídase al propietario de la empresa donde labora el demandado, realice un descuento adicional en el salario del accionado Juvenal Aguilar Rivera, hasta lograr el cobro de tal cantidad citado en el párrafo anterior. Cantidades que deberá depositar a la cuenta de María Isabel Camarena Torres, con número de tarjeta 4152313335984790, de la institución financiera BBVA Bancomer, SA., Institución de Banca Múltiple, ya sea de manera semanal, quincenal o mensual, lo cual deberá informar detalladamente a este órgano judicial. Apercíbasele a la patronal del accionado antecitado, que de no acatar esta orden judicial o auxilie al demandado a ocultar o eludir el cumplimiento de su obligación alimentaria de conformidad con el numeral 466 del Código Familiar del Estado, se aplicará en su contra alguno de los medios de apremio previstos por esta ley y responderá solidariamente con el obligado directo Juvenal Aguilar Rivera, de los daños y perjuicios que se causen a los acreedores alimentistas por su omisión o informe falso. [.]. De lo anterior, se evidencia que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, en razón de que con posterioridad a la presentación de la demanda (veinticinco de noviembre de dos mil veinte), se destruyeron sus efectos en forma total e incondicional, (veinte de abril de dos mil veintiuno), porque al haberse modificado la medida cautelar de alimentos provisionales decretado en contra del quejoso -cuestión que se había negado en el acto reclamado- y girarse el oficio relativo a la fuente de trabajo del quejoso, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional. De modo tal, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de las violaciones constitucionales, como si se hubiera otorgado el amparo, y los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, pues no dejaron huella alguna que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, ya que la solicitud de modificación que en el auto de cuatro de noviembre pasado se negó, fue autorizada el veinte de abril del año en curso. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, respecto del acto atribuido a la Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ario de Rosales, Michoacán, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juvenal Aguilar Rivera, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las trece horas con diez minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo III-B-801/2020; estando en audiencia Alberto Roldán Olvera, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de la Secretaria Cristina García Maya, que da fe, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, la declara abierta sin la asistencia de las partes, ni persona alguna que las represente, en términos de la circular SECNO/12/2020 (respuesta a pregunta catorce), emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, la Secretaria da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." PRUEBAS Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el período probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable y la parte quejosa; asimismo, certifica: las demás partes fueron omisas en ofrecer algún medio de convicción. El Juez acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las prueba ofrecidas; y al no existir diversa pendiente por desahogar, se cierra este período. ALEGATOS Se continúa con la fase de alegatos en la que se da cuenta al Juez, con el escrito de Olivia Benítez Reyes representante especial de los menores terceros con interés de iniciales S.I.AC. y S.A.C., a través del cual los expresa. A lo que el Juez acuerda: Se tiene a la referida profesionista formulando alegatos y al resto de las partes por perdido su derecho a hacerlo. Por tanto, se da por cerrada dicha etapa. Al no haber promoción o diligencia pendiente de acuerdo o desahogo, se da por concluida la presente, por lo que dispuso que cuando las labores del juzgado lo permitan, se procederá a emitir la sentencia respectiva.

  4. Principal

    Visto el oficio de la Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 119/2021 (orden 299); agréguese a los autos, téngase por recibido, dése de baja, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, sin que haya lugar a acusar recibo dado que no fue solicitado.

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