Julio Ernesto Zavala Carrillo

Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
560/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Julio Ernesto Zavala Carrillo
  • Juez de Control Región Morelia, Michoacán
  • Josué Isaías Cabezas Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintidós. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, por una parte, y negó, por otra, el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. Por otra parte, por ser innecesaria la conservación en este órgano jurisdiccional, devuélvanse las constancias que las autoridades responsables remitieron en apoyo al informe justificado. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Bernardo Loya Valdovinos, que da fe.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICAA LAS TERCERAS INTERESADA ALEJANDRA HERNÁNDEZ LARA Y MARÍA ROSSELIND HERNÁNDEZ LARA, LA SIGUIENTE SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. Se sobresee el juicio de amparo solicitado por Julio Ernesto Zavala Carrillo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. Segundo. Se niega el amparo y protección de la justicia de la Unión a Julio Ernesto Zavala Carrillo, por los motivos expuestos en el considerando quinto.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. VISTOS para resolver el juicio de amparo 560/2021, promovido por Julio Ernesto Zavala Carrillo, por alegada violación a los derechos humanos consignados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: I. Sobreseer en el juicio; y II. Negar el amparo solicitado Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. El quejoso hace consistir los actos reclamados en los siguientes: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán: La resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro del proceso penal 1155/2020, iniciada a Julio Ernesto Zavala Carrillo, por el delito de lesiones simples, en agravio de Alejandra Hernández Lara y María Rosselind Hernández Lara, en la que se negó la suspensión condicional del proceso. Del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: La resolución de apelación dentro del toca XI-39/2021, de veinticuatro de mayo del año en curso, en la que confirmó la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno dictada dentro del proceso penal 1155/2020. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que las resoluciones reclamadas son de carácter negativo con efectos positivos. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Al rendir el informe justificado las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con el contenido de las documentales que el Magistrado responsable adjuntó a su informe, documental con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2º. Así como del disco óptico que el juez responsable presentó como prueba, el cual contiene audiencia oral de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el cual se negó la suspensión condicional del procedimiento, relativa a la causa penal 1155/2020, el cual merece valor probatorio de documental pública conforme a los artículos 210-A, en relación con el diverso 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador advierte de oficio que respecto a la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno dictada en el proceso penal 1155/2020 se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización: a) Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Criterio que se sustenta en la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Página: 1491, Novena Época, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En ese contexto, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia en comento, se destaca que las determinaciones adoptadas por el juez de control dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en la que se negó la suspensión condicional del proceso, fueron materia de análisis en el recurso de apelación que interpuso el imputado aquí quejoso medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, por lo que la validez o insubsistencia de aquellos actos dependen de lo resuelto en la nueva determinación, es decir, la sentencia de apelación sustituyó procesalmente las determinaciones adoptadas por el juez de control y es precisamente esta última, la que rige la situación jurídica del peticionario y la que realmente le causa perjuicio. Por lo tanto, se actualiza la cesación de efectos por sustitución procesal, ya que sobrevino un nuevo acto de autoridad que incidió en la vigencia y ejecutividad de las determinaciones adoptadas por el juez de control en la audiencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la resolución dictada en el toca de apelación que confirmó la negativa de la suspensión provisional del proceso y que rige ahora la situación jurídica del quejoso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia señalada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo respecto los actos llevados a cabo por el juez de control en la audiencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno relativa a la causa penal 1155/2020. Al no existir otra causa de improcedencia, procede al estudio de los conceptos de violación por lo que ve al diverso acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de agravio son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. SEXTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación sintetizados, sin que se advierta queja deficiente qué suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. El quejoso en sus conceptos de violación manifestó: La confirmación de la negativa de la suspensión provisional del proceso, causa agravio al quejoso porque dicha salida alterna es un derecho del imputado. El Tribunal de Alzada no valoró las constancias de autos, específicamente los dictámenes psicológicos contenidos en los oficios 325/2019 y 326/2019 de cuatro de diciembre y treinta de noviembre, ambos de dos mil diecinueve. El argumento de que el quejoso únicamente afirma que cumple con los requisitos para acceder al beneficio de la suspensión provisional del proceso, causa agravio, pues no obstante que sí se realizó esa afirmación, seguido se argumentó que el juez primigenio no valoró de manera objetiva los gastos erogados ni tampoco realizó un análisis respecto a la oposición de la parte victimal. Que es correcto la afirmación de que no era el momento idóneo para analizar la fiabilidad de los documentos referidos en la audiencia, sin embargo si era el momento de fijar la reparación el daño, la cual no debe generar ganancia a la víctima sino un resarcimiento adecuado, por tanto, esta reparación del daño debía de fijarse tomando en cuenta los gastos erogados por la cantidad de $4,322.23 (cuatro mil trescientos veintidós pesos 23/100 m.n.), pues las diversas constancias aportadas -valoración psicológica y recibos de pago de tratamiento- no debieron considerarse objetivos y, en consecuencia, no debió negarse la suspensión condicional del procedimiento. El análisis de los conceptos de violación se hará de manera conjunta al estar relacionados. El quejoso refiere que en la resolución reclamada no se tomó en cuenta los datos objetivos para determinar el monto de la reparación del daño lo cual transgrede su derecho fundamental de legalidad jurídica, es infundado Contrario a lo que refiere la parte quejosa , la sala responsable al resolver el toca XI 39/2021, confirmó la negativa de la suspensión condicional del proceso emitida por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, por considerar que el apelante no combatió los argumentos que el juez primigenio hizo en relación a que no se reunió el requisito a que se refiere el artículo 192, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales para la procedencia de la suspensión condicional del proceso, a saber, que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido. Efectivamente, la responsable, en lo conducente, consideró que fue correcto el actuar del juez a quo al negar la aludida salida alterna, porque no se cumplía a cabalidad el requisito previsto en el artículo 192, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, al existir oposición fundada de la víctima en lo relativo al plan de reparación del daño, pues aunque el imputado, aquí quejoso indicó que existe un primer dictamen pericial oficial en el que se señaló que no había daño psicológico a las víctimas y la cantidad económica a resarcir con motivo de la atención médica que recibieron, por otro lado, la parte agraviada consideró que se actualizaba una cantidad mayor con motivo de las evaluaciones psicológicas a las que se sometieron y el tratamiento que les fue prescrito. Agregando de manera certera la responsable que toda vez que los datos de prueba obrantes en la causa de origen no han sido valorados al resolver en definitiva, dada la etapa en la que se encuentra el proceso penal (intermedia), por ello es que los mismos resultan ineficaces para determinar el pago de la reparación del daño, y aunque el imputado estableció un plan de reparación del daño, en relación a la cuantía establecida en un primer dictamen pericial y comprobación de gastos médicos, lo cierto es que debe existir concierto con la parte ofendida respecto de dicho pago. A mayor abundamiento, resulta conveniente precisar que las soluciones alternas al procedimiento previstas en el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, buscan dar solución a los conflictos basada en la voluntad, la cooperación y el diálogo entre las partes; una de estas soluciones es precisamente la suspensión condicional del proceso, cuya definición y procedencia se encuentra en los numerales 191 y 192 del código en cita y consiste en el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, que contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Como se aprecia, la suspensión condicional del proceso no es otra cosa que un acuerdo entre el imputado, ministerio público y víctima, a fin de dar por terminado el conflicto, sin llegar a una posible sanción penal. Por ello, para que dicha suspensión condicional del proceso sea procedente, deben actualizarse los siguientes aspectos: (i) no debe existir oposición fundada de la víctima u ofendido y (ii) se debe garantizar a la víctima u ofendido el pago de la reparación del daño proveniente del ilícito que se investiga. Lo anterior tiene su sustento en nuestra Constitución pues la víctima tiene derecho a que se le repare el daño, conforme a lo dispone el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que obliga a todas las autoridades jurisdiccionales a velar porque ese derecho se vea satisfecho, en términos del numeral primero, párrafo tercero de nuestra Constitución Federal. Así, de no satisfacerse los requisitos que el propio artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé para la procedencia de la suspensión condicional del proceso, la autoridad jurisdiccional que tenga conocimiento del asunto no puede conceder esa medida de solución alterna. De ahí que se estime adecuado el actuar de la responsable, pues si bien, como refiere el quejoso, el acceso a la justicia alternativa a favor de un imputado es un derecho fundamental equiparable al propio derecho a la justicia, lo cierto es que no se trata de un derecho absoluto, sino que para que sea efectivo se necesitan reunir determinadas condiciones, entre ellas, que a la víctima le sea resarcido el daño ocasionado por el actuar delictuoso, lo cual no acontece en el caso que nos ocupa, en la medida que la autoridad responsable estimó que la oposición de la víctima en cuanto a ese tópico es fundada. Por otra parte, aun y cuando la parte quejosa aduzca que la resolución reclamada viola sus derechos humanos al no haber sido resuelta su petición de manera favorable a sus pretensiones, pues aduce que cumplió con todos lo requisitos para que le fuera concedida la suspensión provisional del proceso, es de señalarse que como lo ha establecido la Primera Sala del máximo Tribunal del país, el principio pro persona, no significa que las peticiones planteadas por los gobernados necesariamente deban ser resueltas de manera favorable a su persona, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Lo anterior fue expuesto por la multicitada Sala, en el criterio jurisprudencial 1a./J. 104/2013 (10a.), de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En esas condiciones, al no haber prosperado los conceptos de violación hechos valer y acorde a lo expuesto en los parágrafos que anteceden, no advertirse queja deficiente que suplir de manera oficiosa, lo que procede es negar a la peticionaria de derechos fundamentales la protección constitucional que solicita contra la resolución reclamada a la sala responsable. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. Se sobresee el juicio de amparo solicitado por Julio Ernesto Zavala Carrillo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. Segundo. Se niega el amparo y protección de la justicia de la Unión a Julio Ernesto Zavala Carrillo, por los motivos expuestos en el considerando quinto. Notifíquese personalmente. Así resolvió y firma el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, y da fe la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, siendo las once horas con dieciséis minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, procede a celebrar la audiencia en el expediente electrónico del presente juicio 560/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado los plazos conforme al citado Acuerdo General. La Secretaria relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado de la autoridad responsable, así como el emplazamiento de los terceros interesados Agentes del Ministerio Público que participaron en la causa penal de origen; o Alejandro Ballesteros Castellanos; y, o Margarita Castro Hernández; Víctimas directas Alejandra Hernández Lara y María Rosselind Hernández Lara y Asesor jurídico Josué Isaías Cabezas Rangel. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y autoridades responsables; y sobre el particular el Juez determina: Téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de partes a formular alegatos dada su omisión. Sin más alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, quedan los autos en estado de resolución.

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