Julio César Reséndiz Quiroz

Expediente 445/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
445/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Julio César Reséndiz Quiroz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Firme. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el dos de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las autoridades responsables, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Archivo. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Valoración del cuaderno. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativas a este expediente. Devolución de documentos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se aperturó incidente de suspensión. Reserva de oficios. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendieron las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICIA A LA PARTE QUEJOSA. Firme. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el dos de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las autoridades responsables, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Archivo. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Valoración del cuaderno. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativas a este expediente. Devolución de documentos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se aperturó incidente de suspensión. Reserva de oficios. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendieron las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-445/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte en el Buzón Judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, ******************** por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, relató bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y sirven de fundamento a los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito, la que fue admitida en acuerdo de doce de agosto de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsable el informe justificado, se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no formuló pedimento, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque el acto reclamado se atribuye a autoridades distintas a los tribunales administrativos que residen dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio, con base en el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En tal virtud, de la interpretación integral de la demanda armonizada con el resto de los elementos que se desprenden de las actuaciones, se advierte que la intención de la parte quejosa es combatir: N° Autoridad Acto reclamado 1 Secretario de Urbanismo y Obras Públicas, con residencia en esta ciudad. La infracción con folio ********************de seis de agosto de dos mil veinte, en la que se impuso al quejoso una multa por haber realizado obras o instalaciones sin haber obtenido previamente la licencia de construcción, autorización o permiso respectivo. La orden de clausura del giro comercial ubicado en la calle ********************número ********************, de la colonia ********************, de esta ciudad. 2 Directora de Orden Urbano, de la Secretaría de Urbanismo con residencia en esta ciudad. 3 Inspector Notificador de Licencias de Construcción, de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, con residencia en esta ciudad. 4 Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos indicados en los incisos a) y b) de la tabla que antecede atribuidos al Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, ya que al rendir el informe justificado que le fue requerido negó haber emitido la orden de clausura o la boleta de infracción que se reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado alguna prueba para desvirtuar el sentido del informe; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dichos actos se refiere. 2. Por las mismas razones, procede sobreseer en el juicio por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso b) y atribuido al Secretario de Urbanismo y Obras Públicas, Directora de Orden Urbano, e Inspector Notificador de Licencias de Construcción, respectivamente, de la Secretaria de Urbanismo y Obras Públicas del Gobierno Municipal de Morelia, Michoacán porque al rendir el informe justificado negaron haber emitido una orden de clausura, y la parte quejosa omitió ofrecer pruebas para desvirtuar esas negativas; por tanto también deberá decretarse el sobreseimiento del juicio por lo que a dicho acto corresponde. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama al Secretario de Urbanismo y Obras Públicas, Directora de Orden Urbano, e Inspector Notificador de Licencias de Construcción, respectivamente, de la Secretaria de Urbanismo y Obras Públicas del Gobierno Municipal de Morelia, Michoacán, ya que así se desprende del contenido del informe justificado consistente en la infracción que se levantó a través de la boleta con folio ********************(foja 14), cuya copia certificada exhibieron las responsables, la que además se corrobora con la copia al carbón que la parte quejosa acompañó a la demanda, la que tiene valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Improcedencia y sobreseimiento. 1. Este tribunal advierte, de oficio, que el juicio de amparo es improcedente virtud a que el acto reclamado no constituye un acto definitivo para efectos del juicio de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la interpretación funcional de este apartado normativo se advierte que las hipótesis contempladas en las veintidós fracciones que preceden a la transcrita no son las únicas que hacen improcedente el juicio de amparo, sino que existen otras que se encuentran diseminadas en la Ley Suprema de toda la Unión y en la propia Ley de Amparo; sin embargo, para su integración es necesario que el operador jurídico realice una interpretación sistemática de los preceptos que contiene los principios que impiden que se ejerza sobre el acto reclamado un control de regularidad constitucional. Al respecto, por las razones que en ella se exponen cobra aplicación -por identidad jurídica- la tesis de jurisprudencia 175/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". En este orden, el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". Ahora, con base en la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio para efectos del juicio de amparo, comprende aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla. Criterio que fue sustentado, en la tesis de jurisprudencia 22/2003 que establece: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". En el caso, del estudio integral de la boleta de infracción ********************(foja 14), se advierte que la actuación del inspector que la levantó, no es el último acto emitido en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, al contrario, con ella dio inicio un procedimiento sumarísimo en que se brinda al quejoso la garantía de audiencia, toda vez que se encuentra regulado por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Se afirma lo anterior porque el citado código en la parte conducente señala: "Capítulo Octavo Visitas de Inspección Artículo 105. Las autoridades competentes, para comprobar el cumplimiento de las normas aplicables, podrán llevar a cabo visitas de inspección, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles; y las segundas en cualquier tiempo. Artículo 106. Toda visita de inspección deberá ajustarse a los procedimientos y formalidades, que establezcan este Código y las demás normas aplicables. Artículo 107. Los inspectores, para practicar una visita, deberán estar provistos de orden escrita e identificación que los acredite como tales, expedida por la autoridad competente, debidamente fundada y motivada, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de inspeccionarse, el objeto de la visita y el alcance que deba tener. Artículo 108. Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de inspección, estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades a los inspectores para el desarrollo de su labor. Artículo 109. Al presentarse los inspectores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, deberán exhibir su identificación, entregarán la orden de inspección al particular, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección. Artículo 110. Al iniciarse la inspección, quien la realice, requerirá a la persona con quien se entienda para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los inspectores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. Los designados como testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la inspección, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo, en tales circunstancias la persona con la que se entienda la inspección deberá designar de inmediato otros y ante su negativa o impedimento de los designados, los inspectores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución o concurrencia de los testigos no invalida los resultados de la inspección. La autoridad podrá solicitar a otras autoridades de acuerdo a su competencia, realicen otras inspecciones para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando. Artículo 111. De toda inspección se levantará acta circunstanciada, de la que se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate. Artículo 112. En las actas se hará constar: I. Nombre, denominación o razón social del inspeccionado; II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; III. Calle, número, colonia, población, municipio, u otra forma de identificación disponible en el que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la inspección; IV. Número y fecha del oficio en que se contiene la orden, así como autoridad que la expide; V. Nombre y, en su caso, cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; VI. Nombre y domicilio y forma de identificación de las personas que fungieron como testigos; VII. Hechos circunstanciados relativos a la actuación; VIII. Manifestación del visitado, si quiere hacerla o razón de su negativa; y, IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, supieron y quisieron hacerlo. Si el inspeccionado o su representante legal se negaren a firmar, el inspector deberá asentar la razón relativa. Artículo 113. La persona con quien se entienda la diligencia, podrá formular observaciones en el acto de la diligencia las que deberán asentarse en el acta; asimismo podrá ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien ofrecerlas por escrito dentro del término de tres días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere levantado. Artículo 114. Derivado de la inspección y siempre y cuando las normas aplicables prevean los supuestos de infracción, la autoridad administrativa podrá imponer a los particulares, medidas de seguridad o sanciones, según corresponda. Artículo 115. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas conductas que constituyan infracciones, en la resolución respectiva, las sanciones se determinarán separadamente, así como el monto total de todas ellas. Cuando en una misma acta se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de ellos se le impondrá la sanción que corresponda Artículo 116. Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores". Por otra parte, el Reglamento de Construcciones y de los Servicios Urbanos para el municipio de Morelia, en su artículo 3o., inciso D), fracción III, establece en favor del Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Municipal, la facultada de calificar la infracción a las leyes. De lo anterior, se sigue que el acta de inspección es el inicio de un procedimiento sancionador que puede concluir con la imposición de una medida de seguridad o sanción, según corresponda, pero esa circunstancia corresponde determinarla al Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Municipal, mas no al inspector, quien con base en las atribuciones que le confiere el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo así como el reglamento municipal de la materia, solamente está facultado para realizar los actos de inspección, porque se trata de una materia que requiere la intervención de la autoridad cunado ésta detecta alguna violación a los reglamentos que tienen por objeto prevenir que se ocasiones daños a los propios inspeccionados y a la comunidad en general. Actuación que se enmarca en la función del "Estado Policía o Vigilante", en la cual no sólo está facultado para sancionar determinadas conductas que se encuentran previstas en las leyes y reglamentos de orden administrativo, sino para prevenir que se produzcan resultados lesivos para la comunidad en general, esto es, protegen los derechos que se consideran valiosos para una comunidad como lo es la prevención de accidentes, o situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas. Así pues, en primera fase de interacción entre los inspectores y la comunidad, los primeros se encuentran facultados para apreciar situaciones fácticas que, en una parte, pueden apreciar de manera discrecional de suerte tal que, si a su criterio esa situación puede resultar en violación a los reglamentos o bandos de buen gobierno, pueden realizar -ipso facto- acorde a la orden que así les manda la una inspección que les permita contar con elementos objetivos para aplicar el reglamento correspondiente. En este segundo acercamiento -inspección- el inspector puede realizar un ejercicio de determinación en las que, si puede subsumir el supuesto fáctico apreciado a la norma general aplicable, podrá ejercer cualquiera de las atribuciones que implica el tercer grado de interacción con los particulares, esto es, si el supuesto fáctico viola los reglamentos o bandos de buen gobierno pero sin comprometer la seguridad de las personas, podrá levantar una infracción para que esta se calificada por la autoridad competente; en cambio, si el supuesto fáctico apreciado compromete la seguridad de las personas, podrá incluso establecer una medida de protección urgente, que pude ir desde el aseguramiento personas o de bienes para su posterior puesta a disposición, el establecimiento de una clausura temporal de establecimientos para evitar que se siga poniendo en peligro los bienes jurídicos protegidos. Ambas actuaciones deberán ser "sancionadas" con posterioridad por la autoridad administrativa competente, quien deberá establecer con base en los elementos objetivos que se deriven del acta administrativa y de los medios de pruebas o pruebas que el afectado aporte en el procedimiento correspondiente. Esa sanción puede ser la imposición de una multa, una medida de seguridad o la clausura de un establecimiento de forma temporal o definitiva, lo que constituirá la resolución definitiva en el procedimiento administrativo sancionador, momento en el cual podrá ser impugnada tanto la resolución como las violaciones que se hubieran cometido durante la substanciación. Solamente la orden de inspección o la imposición de alguna medida de protección que en sí misma viole, desconozca o vulnere algún derecho sustantivo, podrá ser impugnada de forma autónoma conforme a la regla específica prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo que en el caso no se actualiza. En efecto, el acto reclamado es la inspección, y la emisión del acta de infracción con número de folio ********************, en la cual se circunstanció los hechos que fueron apreciados tanto por el Inspector Notificador adscrito a la Dirección de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas de Morelia, en la que no se impuso infracción, medidas de protección o el estado de clausura, esto es, no se reclamó acto alguno que afecte materialmente derechos sustantivos, dado que tal acta constituye el inicio del procedimiento sancionador, pero no configura en sí misma la imposición de alguna sanción administrativa. En virtud de lo anterior, dado que el acto reclamado consistente en el acta de infracción con número de folio ********************, realizada por el Inspector Notificador adscrito a la Dirección de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas de Morelia, en que se circunstanciaron los hechos apreciados por tal inspector es el inicio del procedimiento administrativo sancionador, y no contiene alguna determinación que viole materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo es improcedente; por tanto, con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en contra de los actos que reclamó a las autoridades señaladas en el considerando segundo de la presente sentencia, por las razones expuestas en los diversos tercero y quinto de este fallo.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-445/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte en el Buzón Judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, ******************** por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, relató bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y sirven de fundamento a los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito, la que fue admitida en acuerdo de doce de agosto de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsable el informe justificado, se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no formuló pedimento, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque el acto reclamado se atribuye a autoridades distintas a los tribunales administrativos que residen dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio, con base en el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En tal virtud, de la interpretación integral de la demanda armonizada con el resto de los elementos que se desprenden de las actuaciones, se advierte que la intención de la parte quejosa es combatir: N° Autoridad Acto reclamado 1 Secretario de Urbanismo y Obras Públicas, con residencia en esta ciudad. La infracción con folio ********************de seis de agosto de dos mil veinte, en la que se impuso al quejoso una multa por haber realizado obras o instalaciones sin haber obtenido previamente la licencia de construcción, autorización o permiso respectivo. La orden de clausura del giro comercial ubicado en la calle ********************número ********************, de la colonia ********************, de esta ciudad. 2 Directora de Orden Urbano, de la Secretaría de Urbanismo con residencia en esta ciudad. 3 Inspector Notificador de Licencias de Construcción, de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, con residencia en esta ciudad. 4 Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos indicados en los incisos a) y b) de la tabla que antecede atribuidos al Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, ya que al rendir el informe justificado que le fue requerido negó haber emitido la orden de clausura o la boleta de infracción que se reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado alguna prueba para desvirtuar el sentido del informe; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dichos actos se refiere. 2. Por las mismas razones, procede sobreseer en el juicio por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso b) y atribuido al Secretario de Urbanismo y Obras Públicas, Directora de Orden Urbano, e Inspector Notificador de Licencias de Construcción, respectivamente, de la Secretaria de Urbanismo y Obras Públicas del Gobierno Municipal de Morelia, Michoacán porque al rendir el informe justificado negaron haber emitido una orden de clausura, y la parte quejosa omitió ofrecer pruebas para desvirtuar esas negativas; por tanto también deberá decretarse el sobreseimiento del juicio por lo que a dicho acto corresponde. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama al Secretario de Urbanismo y Obras Públicas, Directora de Orden Urbano, e Inspector Notificador de Licencias de Construcción, respectivamente, de la Secretaria de Urbanismo y Obras Públicas del Gobierno Municipal de Morelia, Michoacán, ya que así se desprende del contenido del informe justificado consistente en la infracción que se levantó a través de la boleta con folio ********************(foja 14), cuya copia certificada exhibieron las responsables, la que además se corrobora con la copia al carbón que la parte quejosa acompañó a la demanda, la que tiene valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Improcedencia y sobreseimiento. 1. Este tribunal advierte, de oficio, que el juicio de amparo es improcedente virtud a que el acto reclamado no constituye un acto definitivo para efectos del juicio de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la interpretación funcional de este apartado normativo se advierte que las hipótesis contempladas en las veintidós fracciones que preceden a la transcrita no son las únicas que hacen improcedente el juicio de amparo, sino que existen otras que se encuentran diseminadas en la Ley Suprema de toda la Unión y en la propia Ley de Amparo; sin embargo, para su integración es necesario que el operador jurídico realice una interpretación sistemática de los preceptos que contiene los principios que impiden que se ejerza sobre el acto reclamado un control de regularidad constitucional. Al respecto, por las razones que en ella se exponen cobra aplicación -por identidad jurídica- la tesis de jurisprudencia 175/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". En este orden, el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". Ahora, con base en la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio para efectos del juicio de amparo, comprende aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla. Criterio que fue sustentado, en la tesis de jurisprudencia 22/2003 que establece: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". En el caso, del estudio integral de la boleta de infracción ********************(foja 14), se advierte que la actuación del inspector que la levantó, no es el último acto emitido en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, al contrario, con ella dio inicio un procedimiento sumarísimo en que se brinda al quejoso la garantía de audiencia, toda vez que se encuentra regulado por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Se afirma lo anterior porque el citado código en la parte conducente señala: "Capítulo Octavo Visitas de Inspección Artículo 105. Las autoridades competentes, para comprobar el cumplimiento de las normas aplicables, podrán llevar a cabo visitas de inspección, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles; y las segundas en cualquier tiempo. Artículo 106. Toda visita de inspección deberá ajustarse a los procedimientos y formalidades, que establezcan este Código y las demás normas aplicables. Artículo 107. Los inspectores, para practicar una visita, deberán estar provistos de orden escrita e identificación que los acredite como tales, expedida por la autoridad competente, debidamente fundada y motivada, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de inspeccionarse, el objeto de la visita y el alcance que deba tener. Artículo 108. Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de inspección, estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades a los inspectores para el desarrollo de su labor. Artículo 109. Al presentarse los inspectores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, deberán exhibir su identificación, entregarán la orden de inspección al particular, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección. Artículo 110. Al iniciarse la inspección, quien la realice, requerirá a la persona con quien se entienda para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los inspectores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. Los designados como testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la inspección, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo, en tales circunstancias la persona con la que se entienda la inspección deberá designar de inmediato otros y ante su negativa o impedimento de los designados, los inspectores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución o concurrencia de los testigos no invalida los resultados de la inspección. La autoridad podrá solicitar a otras autoridades de acuerdo a su competencia, realicen otras inspecciones para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando. Artículo 111. De toda inspección se levantará acta circunstanciada, de la que se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate. Artículo 112. En las actas se hará constar: I. Nombre, denominación o razón social del inspeccionado; II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; III. Calle, número, colonia, población, municipio, u otra forma de identificación disponible en el que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la inspección; IV. Número y fecha del oficio en que se contiene la orden, así como autoridad que la expide; V. Nombre y, en su caso, cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; VI. Nombre y domicilio y forma de identificación de las personas que fungieron como testigos; VII. Hechos circunstanciados relativos a la actuación; VIII. Manifestación del visitado, si quiere hacerla o razón de su negativa; y, IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, supieron y quisieron hacerlo. Si el inspeccionado o su representante legal se negaren a firmar, el inspector deberá asentar la razón relativa. Artículo 113. La persona con quien se entienda la diligencia, podrá formular observaciones en el acto de la diligencia las que deberán asentarse en el acta; asimismo podrá ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien ofrecerlas por escrito dentro del término de tres días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere levantado. Artículo 114. Derivado de la inspección y siempre y cuando las normas aplicables prevean los supuestos de infracción, la autoridad administrativa podrá imponer a los particulares, medidas de seguridad o sanciones, según corresponda. Artículo 115. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas conductas que constituyan infracciones, en la resolución respectiva, las sanciones se determinarán separadamente, así como el monto total de todas ellas. Cuando en una misma acta se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de ellos se le impondrá la sanción que corresponda Artículo 116. Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores". Por otra parte, el Reglamento de Construcciones y de los Servicios Urbanos para el municipio de Morelia, en su artículo 3o., inciso D), fracción III, establece en favor del Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Municipal, la facultada de calificar la infracción a las leyes. De lo anterior, se sigue que el acta de inspección es el inicio de un procedimiento sancionador que puede concluir con la imposición de una medida de seguridad o sanción, según corresponda, pero esa circunstancia corresponde determinarla al Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Municipal, mas no al inspector, quien con base en las atribuciones que le confiere el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo así como el reglamento municipal de la materia, solamente está facultado para realizar los actos de inspección, porque se trata de una materia que requiere la intervención de la autoridad cunado ésta detecta alguna violación a los reglamentos que tienen por objeto prevenir que se ocasiones daños a los propios inspeccionados y a la comunidad en general. Actuación que se enmarca en la función del "Estado Policía o Vigilante", en la cual no sólo está facultado para sancionar determinadas conductas que se encuentran previstas en las leyes y reglamentos de orden administrativo, sino para prevenir que se produzcan resultados lesivos para la comunidad en general, esto es, protegen los derechos que se consideran valiosos para una comunidad como lo es la prevención de accidentes, o situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas. Así pues, en primera fase de interacción entre los inspectores y la comunidad, los primeros se encuentran facultados para apreciar situaciones fácticas que, en una parte, pueden apreciar de manera discrecional de suerte tal que, si a su criterio esa situación puede resultar en violación a los reglamentos o bandos de buen gobierno, pueden realizar -ipso facto- acorde a la orden que así les manda la una inspección que les permita contar con elementos objetivos para aplicar el reglamento correspondiente. En este segundo acercamiento -inspección- el inspector puede realizar un ejercicio de determinación en las que, si puede subsumir el supuesto fáctico apreciado a la norma general aplicable, podrá ejercer cualquiera de las atribuciones que implica el tercer grado de interacción con los particulares, esto es, si el supuesto fáctico viola los reglamentos o bandos de buen gobierno pero sin comprometer la seguridad de las personas, podrá levantar una infracción para que esta se calificada por la autoridad competente; en cambio, si el supuesto fáctico apreciado compromete la seguridad de las personas, podrá incluso establecer una medida de protección urgente, que pude ir desde el aseguramiento personas o de bienes para su posterior puesta a disposición, el establecimiento de una clausura temporal de establecimientos para evitar que se siga poniendo en peligro los bienes jurídicos protegidos. Ambas actuaciones deberán ser "sancionadas" con posterioridad por la autoridad administrativa competente, quien deberá establecer con base en los elementos objetivos que se deriven del acta administrativa y de los medios de pruebas o pruebas que el afectado aporte en el procedimiento correspondiente. Esa sanción puede ser la imposición de una multa, una medida de seguridad o la clausura de un establecimiento de forma temporal o definitiva, lo que constituirá la resolución definitiva en el procedimiento administrativo sancionador, momento en el cual podrá ser impugnada tanto la resolución como las violaciones que se hubieran cometido durante la substanciación. Solamente la orden de inspección o la imposición de alguna medida de protección que en sí misma viole, desconozca o vulnere algún derecho sustantivo, podrá ser impugnada de forma autónoma conforme a la regla específica prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo que en el caso no se actualiza. En efecto, el acto reclamado es la inspección, y la emisión del acta de infracción con número de folio ********************, en la cual se circunstanció los hechos que fueron apreciados tanto por el Inspector Notificador adscrito a la Dirección de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas de Morelia, en la que no se impuso infracción, medidas de protección o el estado de clausura, esto es, no se reclamó acto alguno que afecte materialmente derechos sustantivos, dado que tal acta constituye el inicio del procedimiento sancionador, pero no configura en sí misma la imposición de alguna sanción administrativa. En virtud de lo anterior, dado que el acto reclamado consistente en el acta de infracción con número de folio ********************, realizada por el Inspector Notificador adscrito a la Dirección de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas de Morelia, en que se circunstanciaron los hechos apreciados por tal inspector es el inicio del procedimiento administrativo sancionador, y no contiene alguna determinación que viole materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo es improcedente; por tanto, con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en contra de los actos que reclamó a las autoridades señaladas en el considerando segundo de la presente sentencia, por las razones expuestas en los diversos tercero y quinto de este fallo.

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