Julio César Nava Ramírez y Otros.

Expediente 527/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
527/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Julio César Nava Ramírez y Otros.
  • Zoilo Nava Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión, en contra del auto de siete de abril del actual, en el cual se estimó actualizada la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por ende, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, de la citada ley; lo anterior, de conformidad con el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el referido proveído dictado en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que el citado auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en correlación con la Circular CAP/DGAD/7/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL PROVEÍDO DESIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: siete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio signado por el Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano el diez de marzo pasado, remite copia certificada de la resoluciones de doce de marzo y veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, mediante las cuales, por compurgación de la totalidad de la condena, se declaró la extinción de la pena de prisión impuesta a *******, ******* y ******* dentro de la carpeta de ejecución *******, derivada de la causa penal *******; y se ordenó dejar en libertad a ******* y *******, partir del doce y veinticuatro de marzo del presente año, y respecto a *******, se decretó la conclusión de las obligaciones contraídas con motivo del beneficio de sustitución de la pena, concedido el veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Atento a lo anterior, esta resolutora advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho . De la interpretación de los preceptos normativos trascritos con antelación, realizada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arribó a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, *******, ******* y *******, acudieron a esta instancia reclamado lo siguiente:III.- ACTOS RECLAMADOS 1.- Que el 05 de marzo de 2020, el licenciado Víctor Iván Rodríguez Trejo, Juez de Sistema Acusatorio en Materia de Ejecución del Distrito Judicial Galeana, nos negó la REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA estableciendo en el artículo 76 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, que se encontraba vigente en la época de los hechos; 2.- El 11 de marzo del 2020, se interpuso el recurso de apelación en contra del acuerdo antes mencionado;3.- Mediante resolución de fecha 18 de agosto de 2020, el licenciado *******, Magistrado de la Cuarta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, resuelve lo siguiente: "UNICO. Se desecha de plano, por INADMISIBLE el recurso de apelación planteado por los sentenciados (*******), (*******) y (*******) y la licenciada ******* (Defensora Público Penal), en contra del auto en donde se negó a los recurrentes el beneficio de la libertad anticipada consistente en la remisión parcial de la pena, emitido en audiencia del día cinco de marzo de dos mil veinte. 4.- Los ahora quejosos interponemos el RECURSO DE REVOCACIÓN en contra de la resolución dictada el 18 de agosto de 2020, notificada a los suscritos el 27 del mismo mes y año, toda vez que el Magistrado de la Cuarta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, consideró el 09 de marzo de 2020 como día hábil, sin embargo, mediante circular 04/2020 de fecha 04 de marzo del presente año, firmada por el secretario de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en Funciones de Secretario Ejecutivo por ausencia temporal de su titular conforme al artículo 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, licenciado *******, se informó que con fundamento en el numeral 131, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se decreta como día inhábil el 09 de marzo de los corrientes, en el entendido de que no correrán los plazos constitucionales; y 5.- Luego, por auto del 22 de septiembre de 2020, el Tribunal de Alzada DESECHÓ DE PLANO EL RECURSO DE REVOCACIÓN intentado dentro del Toca *******, haciendo énfasis en que el recurso de revocación se interpondrá ante el juez de Ejecución. que tiene por finalidad que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Sin embargo, mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, únicamente se admitió a trámite la demanda de amparo respecto al acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en el auto de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte. Bajo esas premisas, en virtud de lo expuesto en las constancias que se atienden, en el sentido de que se declararon extinguidas las penas de prisión impuestas *******, ******* y *******, dentro de la carpeta de ejecución *******, derivada de la causa penal *******, ordenándose la libertad de ******* y *******, partir del doce y veinticuatro de marzo del presente año, y respecto a *******, la conclusión de sus obligaciones; es inconcuso que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a los quejosos y disfrutan del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Lo anterior, porque una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto dejar insubsistente el reclamado auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano el recurso de revocación, en contra de la resolución que desechó el recurso de apelación en contra del auto en donde se negó a los recurrentes el beneficio de la libertad anticipada consistente en la remisión parcial de la pena, emitido en audiencia del día cinco de marzo de dos mil veinte; lo que como se precisó, finalmente ocurrió debido a la actuación propia de la responsable, al declarar la extinción de las penas de prisión impuestas a los quejosos y ordenar la libertad de los quejosos, así como la conclusión de sus obligaciones, respectivamente. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional que se encontraba fijada para las doce horas con veinte minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el diez de marzo pasado se requirió al Juez del Sistema Acusatorio en Materia de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Galeana, a fin de que remitiera copia certificada de las constancias relativas a la sustitución de la prisión por la medida de seguridad consistente en la vigilancia de la autoridad e inmediata libertad del quejoso *******, decretada en la causa penal *******; sin que a la fecha se hubiera recibido promoción alguna al respecto. Por lo anterior, existe imposibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan las doce horas con veinte minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez del Sistema Acusatorio en Materia de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Galeana, informa que en la causa penal *******, se ordenó la inmediata libertad del quejoso *******, toda vez que en audiencia del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se sustituyó la prisión por la medida de seguridad consistente en la vigilancia de la autoridad. Por tanto, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere al mencionado juzgador a fin de que dentro del término de tres días, computados legalmente, remita a este juzgado, copia certificada de las constancias que acrediten dicha circunstancia. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tuviere para tal efecto, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo y el diverso numeral 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, respecto al diverso oficio, agréguese únicamente como constancia, en virtud de que el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se proveyó respecto a su contenido. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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