Julio César Quiroga Palacios
Expediente 452/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Julio César Quiroga Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; doce de agosto de dos mil quince. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veinticuatro de julio del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, promovido por ***************. Por lo que, con fundamento en los artículos 2, 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, glósese el original del incidente de suspensión; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua; con su contenido y con la documental que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.*
- Principal
DESE VISTA A LAS PARTES CON EL CONTENIDO DEL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS JURÍDICO CONVENGA.
- Incidental
Sentencia Interlocutoria En Ciudad Juárez Chihuahua, dos de julio de dos mil quince. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 452/2015-II-1, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticinco de junio del año en curso, Paola Abril Ávila García solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Delegado Estatal en Chihuahua, Subdelegado de Procesos Penales "A" y Coordinador Ministerial de la Federal, estos tres últimos de la Procuraduría General de la República, a quien les reclamó la orden de aprehensión, detención y presentación, así como su respectiva ejecución SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de veintiséis de junio de dos mil quince, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Subdelegado de Procedimientos Penales "A" y Delegado Estatal, ambos de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos que se les reclamaron consistentes la orden de aprehensión, detención y presentación, así como su respectiva ejecución, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar tales negativas, por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó respecto de tales autoridades Julio César Quiroga Palacios. Sirve de apoyo a lo antes considerado la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, al rendir su informe previo, convienen en la existencia del acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de aprehensión girada en contra del quejoso Julio César Quiroga Palacios. Asimismo, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, fue omiso en rendir su informe previo, no obstante que fue debidamente requerido para ello desde el veintinueve de junio de dos mil quince; por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo debe reputarse cierta su existencia. CUARTO. Estudio de la procedencia e improcedencia de la suspensión. Con relación a la orden de aprehensión librada por Juez de Distrito, se considera que están satisfechos los requisitos que contempla el artículo 124 de la Ley de Amparo, en vigor hasta el dos de abril del año en curso, en virtud de que: 1) La parte quejosa la solicitó; 2) Con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se advierte que los actos reclamados sean de los descritos, a manera de ejemplo, en el segundo párrafo de la fracción segunda del citado normativo, ni que sean similares a ellos; además, con su concesión no se priva a la colectividad de los beneficios que otorgan las leyes ni se infiere que se le cause algún daño que de otra manera no resentiría. Lo anterior, con apoyo en la tesis jurisprudencial 522, visible en la página 343, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "suspensión del acto reclamado, concepto de orden público para los efectos de la". 3) Finalmente, en caso de negarse se causarían daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso con la ejecución del acto ya que la autoridad señalada como responsable trata de privarlo de su libertad con motivo de la orden de reaprehensión reclamada. En tales condiciones, se concede la suspensión definitiva para los efectos siguientes: A. Respecto de la orden de aprehensión reclamada. Respecto al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, para el efecto de que el quejoso no sea privado de su libertad, por lo que hace al mandamiento de captura que reclama, hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo del que deriva este incidente. La medida cautelar surte efectos, siempre y cuando el delito de que se trate permita la libertad provisional bajo caución, en caso contrario, podrá ejecutar la orden de aprehensión reclamada, supuesto en el que la medida sólo producirá el efecto de que una vez que sea aprehendido quede a disposición de este Juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar en que se encuentre detenido, quedando a disposición del Juez de la causa, por lo que hace a la secuela del procedimiento. Con apoyo en el artículo 136 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril del año en curso, se imponen como medidas de aseguramiento las siguientes: deberá comparecer ante el juez de su causa para la continuación del procedimiento del orden penal, debiendo el quejoso acreditar ante este juzgado a más tardar el día siguiente de su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento; asimismo, deberá comparecer también ante el juez de origen y ante esta autoridad de amparo, cuantas veces le sea exigido. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis III.2º.P.267 P (9ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1762, del Libro I, Octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que estatuye: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI AL OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS IMPUSO COMO MEDIDA DE EFECTIVIDAD QUE EL QUEJOSO COMPARECIERA ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA A PONERSE A DISPOSICIÓN, PARA LA CONTINUACIÓN DE ÉSTA, ESA COMPARECENCIA DEBERÁ SER FÍSICA Y PERSONAL, NO ASÍ VIRTUAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO). No puede tenerse por cumplido el requisito de efectividad impuesto para el otorgamiento de la medida suspensional, consistente en ponerse el quejoso a disposición del Juez de su proceso para el seguimiento del mismo, cuando no hay una presentación física y personal del procesado, ya que procesalmente, al reclamarse una orden de aprehensión, y ponerse materialmente a disposición del Juez que la emitió, con ese solo hecho se da automática apertura a la etapa de preinstrucción del proceso penal, en la que necesariamente debe ser tomada la declaración preparatoria del inculpado, por lo que su presencia material y personal, no así virtual, es indispensable e ineludible para colmar ese requisito fijado, pues aun ante la imprecisión en cuanto a la finalidad de esa comparecencia ante el juzgador de su causa, para que surta efectos la suspensión concedida, esa prevención debe ser entendida como una determinación con tendencia a que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138 de la Ley de Amparo, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general, pues a pesar de que el segundo párrafo del citado precepto no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgador de su causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, la reflexión que se hace en cuanto a la necesidad de continuación procesal de la causa, lleva a concluir que la rendición de la inquisitiva es precisamente la finalidad buscada, toda vez que al ser dicha declaración parte de la preinstrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión, sin perjuicio de que el inculpado, por su voluntad, en uso de su garantía de defensa, se abstenga de rendir su preparatoria. Con apoyo en los artículo 138 y 139 de la Ley de Amparo en vigor hasta el dos de abril del año en curso, la suspensión concedida surte efectos desde luego, pero dejara de producirlos si la parte quejosa no otorga, garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), dentro del término de cinco días, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, cantidad que se fija discrecionalmente por carecer de datos que permitan establecer la naturaleza, modalidades, y características del delito que se le impute al quejoso o su situación económica. Resultan aplicables al caso, en lo conducente y por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 43/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 268, del Tomo XIII, de abril del 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que aparece publicada bajo el rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. Así como la jurisprudencia III.3o.C.42 K, visible en la página: 1079, Tomo IX, del mes de mayo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece publicada bajo el rubro: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, PERO DEJARÁ DE HACERLO SI NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD FIJADOS POR EL JUZGADOR. Si opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 452/2015; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". También debe precisarse que esta medida cautelar no surte efecto si la orden reclamada obedece a un acto diverso del reclamado, dictado por el juez responsable o de distinta autoridad o si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito. B. Con relación a la orden de detención. De conformidad con lo establecido en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, la medida suspensional se concede para el efecto, de que no se prive de la libertad a Julio César Quiroga Palacios, derivado de alguna orden de detención emitida por las autoridades responsables. Ahora bien, en caso de haberse llevado a cabo la detención, sin dilación, el quejoso deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el artículo 16 Constitucional lo permite, o su consignación, según corresponda. La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que la parte quejosa es omisa en precisar el delito por el que se le sigue la averiguación de la que derivan los actos reclamados, las circunstancias del caso, la situación económica en que vive actualmente, si existe algún daño patrimonial, a cuánto asciende la reparación del daño, a fin de no poner la suspensión fuera de su alcance, y que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, el suscrito, estima prudente fijar a la parte accionante una garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos moneda nacional), la que deberá exhibir ante este Juzgado de Distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Apoya lo anterior el contenido de la tesis de jurisprudencia 66/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de dos mil uno, página 436, del rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AUN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. En la inteligencia de que la medida que se concede, no surtirá efectos si se trata de orden de detención dictada por autoridad judicial competente, se sorprenda al quejoso en flagrante delito, se trate de un caso urgente previsto en el quinto párrafo, del artículo 16 de la Constitución General de la República, en cuyos casos podrá ser capturado. Si opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión 452/2015; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". También debe precisarse que esta medida cautelar no surte efecto si la orden reclamada obedece a un acto diverso del reclamado, dictado por distinta autoridad o si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito. C. Con relación a la orden de presentación. Se concede la suspensión provisional solicitada, toda vez que la comparecencia ante el Representante social, obtenida a través del cumplimiento de la orden de presentación del imputado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien no tiene como propósito lograr su detención, sí tiene efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el destinatario de la orden, porque limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. De esta manera, procede el otorgamiento de la medida suspensional solicitada ya que con su otorgamiento no se impide continuar con las diligencias de la averiguación previa hasta que se culmine con la determinación que finalice esa etapa; por tanto, se establece como requisito de efectividad que: a) En el plazo de setenta y dos horas deberá otorgar garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos moneda nacional), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley; b) Asimismo, deberá comparecer ante el Representante social de la averiguación previa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución, a efecto de que desahogue todas y cada una de las diligencias en la averiguación previa. c) De igual forma, deberá presentarse ante dicha Autoridad cuantas veces sea citada, y en caso de inasistencia el Representante social deberá informarlo a este Juzgado de amparo para que se revoque la concesión de la suspensión decretada. Se apercibe al quejoso que en caso de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que pueda ser devuelta al Representante social responsable en caso de no obtener la protección constitucional solicitada. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, materia penal, página 1059, del siguiente tenor: ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve PRIMERO. Se niega a **********, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a **********, la suspensión definitiva que solicitó respecto del Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua y el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado EMILIANO LÓPEZ PEDRAZA, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.
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