Julio César García Flores y Otros.

Expediente 103/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
103/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Julio César García Flores
  • Julio César García Flores y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio 10922/2022 y anexo que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al cual adjunta testimonio de la resolución dictada en la revisión 99/2021, interpuesto por ********** e **********; de cuyos puntos resolutivos se advierte: PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado por la a quo en los considerandos tercero y quinto del fallo recurrido. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** e **********, respecto de las disposiciones que regulan el mecanismo para la determinación del impuesto predial para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte, para el Municipio de Juárez, Chihuahua. Acúsese recibo, agréguese el cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y expediente electrónico. En este sentido, visto lo anterior y la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa, licenciado *******, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase, vía electrónica, el mismo al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, en turno, lo anterior, en cumplimiento al ordinal 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Notifíquese por lista electrónica; haciéndolo por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de enero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2020-V, promovido por **********, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, remitido el dieciocho siguiente a este Juzgado de Distrito, ********** demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, así como del Tesorero y Director de Catastro, estos últimos del Municipio de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamaron, en esencia, el sistema normativo que prevé y determina el cálculo del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en el Municipio de Juárez, Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el consecutivo **********/2020-V, y previa aclaración, el cinco de marzo siguiente se admitió a trámite únicamente en lo relativo a **********; asimismo, se tuvo por no presentada respecto de **********; se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Igualmente, el uno de octubre de dos mil veinte, se tuvo a los justiciables, ampliando su demanda de amparo, señalando como autoridad responsable al Gobernador del Estado de Chihuahua. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a- Del Congreso del Estado de Chihuahua, la expedición del siguiente ordenamiento legal: - El Decreto LXVI/APTVV/0478/2019 I.P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, que contiene las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que servirán de base para la determinación del valor catastral y cálculo de las construcciones en materia inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal dos mil veinte; de conformidad con lo previsto por los ordinales 22, 23, 24 y 28 de la Ley de Catastro Nota aclaratoria: la parte quejosa señaló que reclamaba el Decreto LXVI/APLIM/05492019; sin embargo, de la revisión de la página electrónica del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, se desprende que es el Decreto LXVI/APTVV/0478/2019 a través del cual se aprobó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2020. b- Del Gobernador del Estado de Chihuahua, la abstención de vetar la expedición, promulgación y publicación del ordenamiento legal descrito en el inciso que antecede. c- Del Tesorero del Municipio de Juárez, Chihuahua, la aplicación -ejecución- del ordenamiento legal reclamado -a través del cobro respectivo del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte-. d- Del Director de Catastro del Municipio de Juárez, la formulación del proyecto de las Tablas de Valores Unitarios para Suelo y Construcción, que el Municipio de Juárez propuso al Congreso del Estado de Chihuahua. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El Tesorero del Municipio de Juárez, Chihuahua, al rendir su informe justificado, manifestó que es parcialmente cierto el acto de ejecución que se le endilga, argumentando que el veinticuatro y veintisiete de enero de la presente anualidad, en esas oficinas, se recibieron los pagos espontáneos del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte, de los inmuebles propiedad de los quejosos, sin que mediara gestión de cobro. Ahora, debe precisarse que la aplicación de los preceptos reclamados, a través del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte, no le es imputable a dicha autoridad municipal. Lo anterior es así, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley; en esta hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. En el caso, constan en autos los certificados de ingresos siguientes: - **********, respecto de la cuenta catastral **********, a nombre de **********, de veintisiete de enero de dos mil veinte, y ampara el pago del impuesto predial primero al sexto bimestre de dos mil veinte, por la suma de ********** -********** moneda nacional-; - **********, relativo a la cuenta catastral **********, a nombre de **********, en el que se registra que el veinticuatro de enero de dos mil veinte, se realizó el pago de ********** -********** moneda nacional-, por concepto de los seis bimestres del impuesto predial; - **********, relacionado con la cuenta catastral **********, a nombre de **********, que ampara la liquidación de los seis bimestres del ejercicio fiscal dos mil veinte con motivo del impuesto predial, que asciende a la suma de ********** -********** moneda nacional-. Documentales a las que se les reconoce valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por la Tesorería Municipal, adquieren la calidad de documentos públicos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVI, de agosto de 2007, materia común, página 367, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis 1673, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1167, del tomo I, materia constitucional, sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, que estatuye lo siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto del acto especificado en el presente considerando, reclamado al Tesorero del Municipio de Juárez, Chihuahua. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado, el Congreso del Estado de Chihuahua negó la existencia del acto que se le endilga, precisando que el Decreto LXVI/APLIM/0549/2019 I.P.O. que reclama la parte quejosa, contiene la Ley de Ingresos para el Municipio de Juárez respecto del ejercicio fiscal dos mil veinte, y no así la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción. No obstante lo expuesto con antelación, si bien la parte quejosa refirió que reclamaba el Decreto LXVI/APLIM/0549/2019 I.P.O., también lo es que del contenido integro de su demanda, se desprende que se duele de la aprobación de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte contenida en el Decreto LXVI/APTVV/0478/2019 publicado en el Periódico Oficial Estatal el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por lo que a consideración de quien resuelve, los justiciables precisaron el acto de que se duelen, conforme lo establecido en la fracción IV, del ordinal 108, de la Ley de la Materia. Atento a ello, se tiene por cierto el acto que le fue reclamado consistentes en la expedición del ordenamiento legal tildado de inconstitucional. Por otro lado, el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos, consistente en la promulgación y abstención de vetar el ordenamiento legal reclamado; siendo omiso en pronunciarse en lo relativo a la orden de publicación del referido ordenamiento. Por lo que de conformidad con el numeral 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tienen por ciertos los actos que se le atribuyeron. Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda arguir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Actualización de causas de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determinan las causales de improcedencia que se actualizan en este asunto. I. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la publicación de las normas impugnadas. Respecto de los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación del Decreto tildado de inconstitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [...] Del primero de los preceptos invocados, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando la parte quejosa impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la parte quejosa reclama de la citada autoridad, la orden de publicación del Decreto que tilda de inconstitucional, descrito en el considerando segundo, que contiene las Tablas de Valores Unitarios para el cálculo del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal dos mil veinte, en el Municipio de Juárez, Chihuahua; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de tal autoridad en el proceso legislativo que permitió la publicación de tal ordenamiento legal. De ahí que, en relación con la orden de publicación del Decreto reclamado, actos atribuidos al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Improcedencia del juicio de amparo respecto a la abstención de veto, así como la formulación del proyecto de las Tablas de Valores. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte inconforme carece del interés legítimo para atacar todo acto vinculado con la abstención del veto, así como con la formulación del proyecto de las tablas de valores. Con el propósito de poner en claro la conclusión a la que se arriba, en principio debe tenerse presente que con motivo de la reforma al artículo 107, fracción I, constitucional, contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, actualmente en vigor, al concepto de interés jurídico, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, se incorporó el de interés legítimo. Como es fácil advertir, a partir de tal reforma constitucional para la promoción del propio juicio de amparo en algunos casos se requiere que el quejoso acredite la afectación al interés legítimo y, en otros, solamente la afectación a su interés jurídico, lo que, por disposición expresa del legislador federal, depende de la naturaleza de la autoridad emisora del acto contra el que se acuda a la vía constitucional. Efectivamente, cuando el acto sea emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de algún derecho subjetivo que se afecte de forma personal y directa, lo que no es otra cosa que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo. En cambio, tratándose de actos provenientes de autoridades diferentes a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, para efecto de la procedencia del juicio de amparo el quejoso debe aducir ser titular de un derecho o un interés legítimo, ya sea individual o colectivo, siempre que alegue que el acto trastoca derechos reconocidos en nuestra carta magna y con ello se afecte su esfera jurídica, ya de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, tratándose de actos provenientes de autoridades diferentes a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, para efecto de la procedencia del juicio de amparo el impetrante no debe demostrar el interés jurídico relativo, sino en todo caso debe aducir ser titular de un derecho o un interés legítimo. Luego, si en el caso la parte quejosa acudió a esta vía con el objeto de combatir, entre otras cuestiones, las normas jurídicas relativas al impuesto predial, es inconcuso que debe demostrar el interés legítimo respectivo, lo que, sin duda, no acontece en la especie. Desde luego, importa destacar que en el tópico relativo al interés legítimo es donde tal reforma constitucional impacta en la función jurisdiccional de los órganos que conocen del juicio de amparo, pues aunque es clara la intención del legislador federal de ampliar el abanico de impugnación de actos de autoridad a través de ese juicio, sin duda, con la introducción del interés legítimo como elemento de procedencia de la vía constitucional, lo cierto es que el legislador federal no precisó lo que debe entenderse por interés legítimo, porque en el texto constitucional reformado y en la exposición de motivos relativa, no se aprecia alguna definición sobre ese particular. Ante ello, este juzgador estima conducente definir el concepto de interés legítimo para efecto de la procedencia del juicio de amparo; así, desde una perspectiva doctrinaria, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas las personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, o sea, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen interés en que la violación del derecho sea reparada, cuyas características que permiten identificarlo son las siguientes: a). Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del promovente. b). Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c). Debe existir una afectación a la esfera del particular. d). El titular del interés legítimo tiene un interés propio y diferente de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés, se ajusten a derecho. e). Es un interés cualificado, actual y real, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. d). La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así pues, atento a la clara intención que tuvo el legislador federal con la reforma de seis de junio de dos mil once, en torno a abrir nuevas posibilidades de impugnación a través de la vía de amparo, así como a los fines perseguidos por el juicio de amparo, contraídos al control constitucional de los actos de autoridad y a la restitución del derecho afectado por éstos, este juzgador estima que para efecto de la procedencia del propio juicio constitucional, el interés legítimo es aquel interés personal, ya sea individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción respectiva, se traduzca en un beneficio jurídico en favor del quejoso, el cual deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a uno subjetivo, pero siempre con una afectación a la esfera jurídica del impetrante en sentido amplio, ya directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Esta conclusión se torna lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que los principios y reglas de carácter adjetivo que ordenan al juicio de amparo, como lo es, sin duda, la contenida en el artículo 107, fracción I, de nuestra carta magna, tienen como fin esencial respetar el carácter institucional del Derecho, que en uno de sus propios sentidos alude a la calidad regimentada de los procedimientos jurídicos de la resolución de disputas, es decir, para que la maquinaria del Derecho funcione, es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada, el cual, desde luego, se contravendría si se admitiera como presupuesto de procedencia del amparo algún interés simple o jurídicamente irrelevante, que aun de prosperar la acción no se traduciría en un tipo de beneficio personal para el propio interesado, dado que en esas condiciones el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con los fines para los que fue creado, que no son otros que el control constitucional de los actos de autoridad y la restitución del derecho afectado por éstos, lo cual, sin duda, es inadmisible desde cualquier perspectiva. Sólo resta mencionar que este interés, desde luego, debe acreditarse plenamente en el juicio de amparo, no sólo porque está concebido como un elemento que gravita en la procedencia de la vía respectiva, sino también por el carácter excepcional que lo caracteriza y los efectos que debe tener el fallo concesorio, dado que encierra una declaración de restitución del derecho afectado, o bien, violado por el acto de autoridad correspondiente. Sobre el particular, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. De este modo, la aplicación de estos lineamientos jurídicos al caso que nos ocupa, conduce a considerar que la parte impetrante no acreditó el interés legítimo necesario para justificar la presente vía constitucional, respecto de los actos de que se trata (abstención del veto, así como con la formulación del proyecto de las tablas de valores). Veto. A juicio de esta juzgadora, la parte quejosa carece del interés legítimo atinente para atacar en esta vía lo relacionado con el derecho del veto, pues ese derecho no es más que la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo para realizar libremente las observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto, sin que se advierta alguna disposición constitucional que limite el ejercicio de este derecho, en cuanto a su contenido y alcance. Luego, si el derecho al veto consiste en la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo para realizar libremente observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo, tal acto se considera eminentemente político, por lo cual, sin duda, la parte quejosa no tiene el interés legítimo para impugnarlo, desde luego, en sede judicial. Al efecto, cabe citar las tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros, textos y datos de localización que siguen: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VETO, PUES AL CONSTITUIR UN MEDIO DE CONTROL POLÍTICO, NO ES SUSCEPTIBLE DE ANÁLISIS EN SEDE JUDICIAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la materia de lo impugnado verse sobre asuntos que corresponden en su totalidad a cuestiones de índole política, éstos no están sujetos a control jurisdiccional. Así, la pretensión de que este Alto Tribunal califique las observaciones realizadas por el Ejecutivo local a un proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo, para determinar si puede o no considerársele como veto y, por tanto, si debe superarse mediante votación calificada del Congreso local, carece de sustento constitucional en tanto que obligaría a la Suprema Corte a establecer parámetros que ni siquiera se encuentran establecidos en la Norma Fundamental, ni en la Constitución local, para de ahí realizar un análisis sobre si tales observaciones satisfacen ese estándar, cuando el Constituyente Permanente local ha establecido el mecanismo idóneo para su superación, consistente en atender las observaciones realizadas por el Ejecutivo, o confirmar el proyecto de ley o decreto mediante la votación calificada requerida, lo cual constituye un medio de control político que representa un contrapeso a la actividad del Poder Legislativo. Por tanto, la controversia constitucional es improcedente contra el ejercicio del derecho de veto, pues al constituir un medio de control político, no es susceptible de análisis en sede judicial; además de que admitir la procedencia de la controversia constitucional en el supuesto indicado generaría la irrupción del Tribunal Constitucional en el sistema de pesos y contrapesos diseñado por el Constituyente del Estado, y la consiguiente afectación al cauce que debe seguir el proceso legislativo. (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIX, Mayo de dos mil nueve. Tesis: 1a. LXXXVI/2009. Página: 849.) DERECHO DE VETO. AL NO EXISTIR ALGÚN PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE LÍMITE SU EJERCICIO EN CUANTO AL CONTENIDO, EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PUEDE REALIZAR LIBREMENTE SUS OBSERVACIONES A CUALQUIER PROYECTO DE LEY O DECRETO. El derecho de veto consiste en la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo para realizar libremente observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo, con la única limitante de que lo haga dentro de los primeros diez días contados a partir de que recibió el documento respectivo y, en su caso, en razón de la materia con que éste se vincule, pero sin que se advierta alguna disposición constitucional que limite el ejercicio de este derecho en cuanto a su contenido; de ahí que se presuponga la libertad que el Constituyente Permanente le ha conferido al Ejecutivo para ejercerlo, derivado de su carácter eminentemente político. En ese sentido, se concluye que el titular del Poder Ejecutivo puede realizar libremente sus observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto, en virtud de que la interpretación efectuada en el escrito que las contiene no puede reputarse jurídica, sino política, ya que no se sustenta necesariamente en motivos de derecho, sino de oportunidad, referidos a intereses económicos, sociales, políticos, etcétera, es decir, bajo argumentos y razones políticas, y no sujetas a un método jurídico, pues sólo así el derecho de veto representa un mecanismo de control político de poderes cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos, al presuponer una limitación del poder por el poder mismo, representando su ejercicio el principal contrapeso que posee el Poder Ejecutivo para frenar el exceso en el ejercicio de las funciones del Legislativo. (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIX, Mayo de dos mil nueve. Tesis: 1a. LXXXVII/2009. Página: 851.) Proyecto de las Tablas de Valores. Bajo la consideración de esta juzgadora, la parte quejosa carece de interés legítimo para atacar en esta vía todo lo relacionado con el anteproyecto y el proyecto de las tablas relativas, básicamente, por no existir la afectación necesaria que permea en el juicio de amparo. De conformidad con el artículo 115, fracción IV, de la carta magna, los ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria de su respectiva circunscripción territorial, la cual es concomitante con la obligación del congreso de hacerse cargo de dicha proposición para decidir al respecto. Desde luego, tal facultad de proponer es discrecional y fue establecida en beneficio de los ayuntamientos, mediante la cual el Poder Reformador no concedió a los municipios la atribución de legislar en materia tributaria, sino que, en realidad, ésta aún atañe, esencialmente, a los Congresos Estatales en los términos de los artículos 31, fracción IV, 116 y 124 constitucionales. Por lo anterior, cualquier acto relacionado con la facultad de plantear a la Legislatura Local las cuotas y tarifas aplicables para el cobro de las contribuciones de propiedad inmobiliaria, sin duda, no depara algún perjuicio a la parte quejosa, básicamente, porque dicha propuesta no es más que una facultad discrecional que, por ello, puede o no ejercer a su arbitrio el municipio. Siendo así, no queda duda que la parte impetrante adolece del interés legítimo para cuestionar en esta vía los actos que hoy nos ocupan, precisamente, porque en esas condiciones no hay la afectación necesaria que permea en el juicio de amparo. Sobre el particular, se cita la tesis de jurisprudencia ciento setenta y uno, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 3778 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes, que dice así: PREDIAL MUNICIPAL. REFORMAS AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, Y ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE. LAS FACULTADES QUE OTORGAN A LOS AYUNTAMIENTOS PARA PROPONER A LOS CONGRESOS LOCALES LAS BASES Y TASAS DE DICHO TRIBUTO SON DE EJERCICIO DISCRECIONAL, POR LO QUE SU OMISIÓN NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEPARE PERJUICIO A LOS CONTRIBUYENTES. Las reformas constitucionales mencionadas otorgan a los Ayuntamientos la facultad de proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro del impuesto predial, entre otras contribuciones, sobre la propiedad inmobiliaria de su respectiva circunscripción territorial; dicha facultad municipal es concomitante con la obligación del Congreso de hacerse cargo de esa proposición para decidir motivadamente. La interpretación literal, sistemática y teleológica de las indicadas reformas permite considerar que esa facultad de proponer es discrecional y se estableció en beneficio de los Ayuntamientos; asimismo, que mediante ella, el Poder Reformador no otorgó a los Municipios la atribución de legislar en materia tributaria, sino que ésta sigue correspondiendo, esencialmente, a los Congresos Locales en los términos de los artículos 31, fracción IV, 116 y 124 constitucionales. Por tanto, la circunstancia de que un Ayuntamiento omita proponer al Poder Legislativo Estatal la base o las tasas del impuesto predial que regirá en su Municipio, o bien, que haciéndolo, la legislatura los desestime, no genera a los contribuyentes una violación al proceso legislativo que les depare perjuicio, de manera similar a lo que acontece cuando el Congreso, sea Federal o Local, no causa perjuicio a los gobernados si al expedir una ley no acoge las proposiciones que se le formularon en una iniciativa, de modo que los conceptos de violación formulados al respecto serán inoperantes. Lo anterior no es obstáculo para que si el estudio del proceso legislativo o de la ley en sí misma considerada, esto es como producto terminado, revelen vicios constitucionales que afecten al contribuyente quejoso, se conceda el amparo, el que, como es propio del amparo contra leyes, no tendría efectos generales, pues no obligaría al Congreso a legislar, sino que sólo protegería al quejoso y obligaría a las autoridades aplicadoras. Esto no es todo, hay otra razón más para considerar que la parte quejosa carece del interés legítimo necesario para atacar en la presente vía los actos de que se trata. Como se puede recordar, conforme al artículo 115, fracción IV, de la carta magna, los ayuntamientos cuentan con la facultad de proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria de su respectiva circunscripción territorial, la cual es concomitante a la obligación del congreso de hacerse cargo de dicha proposición para decidir sobre el particular. En esas condiciones, si bien la autoridad hace la propuesta de que se trata, no debe olvidarse que es el poder Legislativo el que, a final de cuentas, es el facultado para decidir en definitiva al efecto, sin duda, en uso de un arbitrio regulado por las normas constitucionales y legales aplicables, sin estar supeditado, en sí, al anteproyecto o proyecto respectivo, que, por consecuencia, no deja de ser sólo una opinión que puede o no seguir. Queda claro, así, que la iniciativa, puesta a consideración y aprobación del anteproyecto y proyecto de las tablas de valores no es susceptible de afectar la esfera de derechos de la parte quejosa, ni su interés legítimo, porque no es un acto definitivo y menos aún vinculante, dado que no es la autoridad municipal la jurídicamente facultada para decidir en definitiva a ese efecto, motivo por el cual la autoridad encargada, que puede o no adoptar el proyecto, es la que, en su caso, ocasionaría un perjuicio a los gobernados, lo que no ocurre en la especie. En lo conducente, es ilustrativa la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página setecientos doce del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXV, que dice así: ORGANISMOS CONSULTIVOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE LOS. Los organismo de esa índole son de simple consulta, ya que su finalidad es producir sus opiniones respecto de los asuntos que les son sometidos, mas sin estar dotados de capacidad para decidir y resolver sobre los mismos, ni para ejecutar los acuerdos o determinaciones del Titular de la Secretaría respectiva. Por tanto, el amparo es improcedente contra estas de dichas organizaciones. Por lo anterior, no hay duda de la causal de improcedencia de que se trata, no sólo porque la propia parte quejosa no puede considerarse parte agraviada, sino también en razón de que, por esto, carece del interés legítimo necesario para acceder a esta vía, por lo menos respecto de los actos que nos ocupan. En consecuencia y conforme a todo lo anteriormente expuesto, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas y analizadas, respecto a los actos reclamados descritos en este considerando (abstención del veto, así como con la formulación del proyecto de las tablas de valores), lo procedente es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en este juicio de amparo en relación con tales actos. III. Improcedencia del juicio de amparo respecto del artículo 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua. En relación al artículo 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 107, fracción I, segunda parte, interpretado a contrario sensu, que a la letra estatuyen: 61. El juicio de Amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. [...] Conforme al segundo de dichos numerales, el juicio de amparo indirecto es procedente contra normas generales que causen un perjuicio al quejoso con motivo del primer acto de aplicación. En el caso, la parte quejosa reclama la norma señalada en el considerando segundo de esta sentencia, que prevé el cálculo del impuesto predial, con motivo del que afirma que constituye el primer acto de aplicación de la misma; al respecto, al relatar los antecedentes del acto reclamado, señaló lo siguiente: [.] 1. Somos propietarios de un bien inmueble de uso habitacional, ubicados en: a) Calle **********, en Ciudad Juárez, Chihuahua.; tal y como se acredita con el certificado de ingresos, con número de folio **********, de fecha 24 de ENERO de 2020, expedido por la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, anexo al presente. b) Calle ********** en Ciudad Juárez, Chihuahua.; tal y como se acredita con el certificado de ingresos, con número de folio **********, de fecha 24 de ENERO de 2020, expedidos por la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, anexo al presente. c) Calle ********** en Ciudad Juárez, Chihuahua.; tal y como se acredita con el certificado de ingresos, con número de folio **********, de fecha 27 de ENERO de 2020, expedidos por la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, anexo al presente. d) Calle ********** en Ciudad Juárez, Chihuahua.; tal y como se acredita con el certificado de ingresos, con número de folio **********, de fecha 27 de ENERO de 2020, expedidos por la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, anexo al presente. 2.- De conformidad con lo previsto por el artículo 145 y 146 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en mi calidad de propietario del inmueble antes descrito, soy causante del Impuesto Predial. 3.- El 19 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el Decreto legislativo número LXVI/APLIM/0549/2019 I P.O., por el que se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, para el ejercicio fiscal de 2020, propuesta por el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, mismo que de conformidad con los artículos 23, 24, 25 y 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua sirve de base para la determinación del valor catastral de los inmuebles, el que a su vez constituye la base para el pago del Impuesto Predial según lo establece el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 4.- Con fecha 27, 24, 23, 20 de ENERO de 2020, respectivamente, los quejosos enteraros (sic) a la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, el pago correspondiente a los seis bimestres del ejercicio fiscal de 2020 del Impuesto Predial del inmueble descrito en el punto uno, el cual fue determinado por la Dirección General de Catastro Municipal considerado como base al valor catastral del inmueble determinado conforme las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que fueron publicadas en el Decreto legislativo número LXVI/APLIM/0549/2019 I.P.O., por el que se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, para el ejercicio fiscal de 2020, propuesta por el Ayuntamiento del Municipio de Juárez. 5.- El pago realizado, correspondiente al pago de los seis bimestres de Impuesto Predial del ejercicio 2020, constituyen el primer acto de aplicación del Decreto que por esta vía se reclama de inconstitucional, por lo que es evidente que se interpone la presente demanda de garantías en tiempo y forma de conformidad con lo señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. [.] Sin embargo, con relación al artículo 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, no se advierte que se haya materializado acto alguno, es decir, que se haya concretado la hipótesis ahí prevista, pues dicho numeral dispone: 28. Los predios a los cuales ya se hubiese fijado un valor catastral, serán revaluados en los siguientes casos: De manera general y anualmente al inicio del ejercicio, aplicando las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que apruebe el Congreso del Estado, para el ejercicio de que se trate. I. De manera general y anualmente al inicio del ejercicio, aplicando las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que apruebe el Congreso del Estado, para el ejercicio de que se trate. II. Cuando el predio sufra un cambio físico o de urbanización que afecte su valor; Para efectos de lo establecido en la fracción II de este Artículo, se entiende por cambio físico, la alteración de las características físicas de un predio como: construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, ampliaciones, demoliciones parciales o totales, o cualesquiera otra que afecte el valor del predio; y por cambio de urbanización, la modificación de las obras y demás servicios públicos municipales que afectan el valor del predio. Es decir, que dicha norma se refiere a la reevaluación de predios en dos casos, el primero, de forma general y anualmente al inicio de cada ejercicio fiscal; y, el segundo, cuando el predio sufra algún cambio físico o de urbanización. Sin embargo, en el caso, no se advierte de constancia alguna que demuestre que el bien inmueble de que se trata haya sufrido tal revaluación, ni la parte quejosa especificó que se hubiera presentado esa revaluación o que su inmueble hubiera sido sujeto a algún cambio físico o de urbanización, ni tal circunstancia se desprende del primer acto de aplicación a partir del cual se promovió este asunto. Por lo tanto, al no haberse concretado ningún acto de aplicación en relación al artículo 28, fracción II, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, se actualiza la causal de improcedencia de referencia y lo procedente es, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio en relación a dicha norma. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia 4/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 103, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de Febrero de 1999, que estatuye: LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. En congruencia con todo lo anterior lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, lo que imposibilita a esta juzgadora abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo, al menos los que nos ocupan. Por su aplicación, es de citarse la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, visible en la página ochenta y ocho, cuyos rubro y texto son los que siguen: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. También es aplicable la tesis quinientos nueve, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, consultable en la página trescientos treinta y cinco del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Con esto concluye el examen emprendido por este Juzgado en torno a la improcedencia de este juicio, por lo cual lo conducente, ahora, es ocuparse de las causales hechas valer por las partes en el presente amparo. SEXTO. Análisis de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. A continuación, se analizarán las causas de improcedencia que fueron invocadas por las autoridades responsables y que resultan infundadas. I. Análisis de la causa de improcedencia relativa al agotamiento del principio de definitividad. El Gobernador del Estado de Chihuahua, invocó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al considerar, de manera sustancial, que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad antes de acudir a este juicio de amparo, promoviendo los recursos ordinarios previstos en los numerales 198 y 199 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua (recursos de revisión y reconsideración, respectivamente); o el ordinal 32 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua (recurso de inconformidad). La causa de improcedencia es infundada. El citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. [...] Dicha norma prevé el principio de definitividad que opera en el juicio de amparo, conforme al cual este medio extraordinario de defensa sólo será procedente, cuando previamente a su promoción, se hayan agotado los recursos o medios de defensa establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Con relación al principio de definitividad, la primera parte del párrafo tercero, de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Lo anterior implica que cuando, contra el primer acto de aplicación de una norma de carácter general, proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley, a través del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues a través del juicio de amparo se podrá analizar la constitucionalidad de la disposición de observancia general, para lo cual el juzgador deberá estudiar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado. Por tanto, no se está en el caso de agotar recurso ordinario alguno, dado que, a través de este juicio de amparo, se combate la constitucionalidad de disposiciones de observancia general, cuya trascendencia a la esfera jurídica del gobernado y la generación de algún perjuicio en su esfera jurídica, será materia del estudio de fondo, en el considerando correspondiente. En esas condiciones, la causal de improcedencia invocada por las citadas autoridades responsables, se desestima por infundada. Apoya lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia 351, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, séptima época, tomo I, materia constitucional, página 405, del siguiente tenor: LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. CUÁNDO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el Decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. II. Análisis de la causa de improcedencia relativa a la promulgación del Decreto impugnado. El Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, refieren que por lo que hace a la promulgación del Decreto impugnado, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el ordinal 61, fracción XXIII, en vinculación con el 108, de la Ley de la Materia, que establece que: "en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo de los decretos promulgatorios de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". Es infundado lo alegado por las autoridades responsables; lo anterior es así, pues el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo debe expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos de Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley, pues de la evolución de dicha disposición normativa desde la Ley de Amparo abrogada, se advierte que el legislador consideró insoslayable que tratándose del amparo contra normas generales se llame a la autoridad que promulgó la ley, lo que además encuentra sentido si se tiene en cuenta que la participación del titular del Poder Ejecutivo, ya sea local o federal, no es de simple trámite, sino que incide de manera importante en el proceso legislativo, pues con la promulgación de la ley se hace ejecutable y adquiere valor imperativo, carácter que no tenía antes de pasar de la jurisdicción del Congreso a la del Ejecutivo. En estas condiciones, es indispensable que en el amparo contra normas generales se señale como autoridad responsable al órgano promulgador, con independencia de que se reclamen o no vicios propios al acto promulgatorio, condicionante que únicamente debe entenderse dirigida a los actos de las autoridades encargadas de su refrendo y publicación, como así se advierte de la iniciativa del proyecto de la Ley de Amparo vigente; además de que esa autoridad está facultada para hacer valer los medios de defensa previstos en la ley de la materia. De ahí que, no se actualiza la causal de improcedencia invocada por el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, a que alude el numeral 61, fracción XXIII, en vinculación con el 108, fracción III, de la Ley de la Materia. III. Análisis de la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del numeral 61, de la Ley de Amparo. El Congreso del Estado de Chihuahua, refiere que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, virtud a que, considera, la parte quejosa carece de interés jurídico al no acreditar el acto de aplicación de las normas reclamadas. Ahora, el artículo 61, fracción XII, de la legislación en consulta, establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]. La causa de improcedencia invocada señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, sino que para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la instancia constitucional. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En la especie, la parte quejosa reclama el Decreto LXVI/APTVV/0478/2019 I P.O., que contiene las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que servirán de base para la determinación del valor catastral y cálculo de las construcciones en materia inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal dos mil veinte, con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, la reclama en su carácter de heteroaplicativa. Y para acreditar el acto concreto de aplicación de los preceptos legales combatidos, los solicitantes de derechos fundamentales ofreció como prueba de su parte, los originales de los certificados de depósito **********, a nombre de Ibarra Amador Isela, por la suma de $********** (********** moneda nacional); **********, a nombre de **********, por la cantidad de $********** (treinta y nueve mil doscientos noventa pesos moneda nacional); y **********, a nombre de **********, que ampara la suma de $********** (********** moneda nacional); pagados a partir de la aplicación de las normas combatidas. Documentales a la que se reconoce pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tales documentales se consideran suficientes para tener por acreditado el primer acto de aplicación respecto a las normas que se reclaman en esta instancia, así como la consecuente afectación al interés jurídico de los solicitantes del amparo, pues del análisis integral de las aludidas documentales públicas se advierte que en ellas se concretó el acto de aplicación que se tilda de inconstitucional al advertirse que se les cobró el impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte, precisamente en perjuicio del amparista; de ahí que, se considera infundada dicha causa de improcedencia. Por lo tanto, las causales de improcedencia descritas, invocadas por las autoridades responsables mencionadas, se desestiman y al no existir causa diversa de improcedencia que hayan hecho valer las partes, o alguna cuya actualización se advierta de oficio, se procede enseguida a analizar la constitucionalidad de los artículos impugnados, al tenor de los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda de amparo. SÉPTIMO. Examen constitucional del acto reclamado. En sus conceptos de violación, la parte quejosa sostiene, en esencia, lo siguiente: Alega violación al principio de legalidad tributaria, por dejar al arbitrio de las autoridades administrativas la determinación del valor catastral a través de las Tablas de Valores Unitarios para Suelo y Construcción, que es un factor extralegal que funciona para determinar la base para el cobro del impuesto predial, aplicando valores para suelo y construcción basados en criterios subjetivos, abstractos, impredecibles y arbitrarios; Agrega que, basta la lectura de los artículos 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en relación con los numerales 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Catastro, para percatarse que la contribución del impuesto predial no cumple con el principio de legalidad que debe regir a los impuestos, situación que se desprende del análisis de todos y cada uno de los elementos que integran esa contribución, a saber, sujeto, objeto, tasa, época de pago y base; pues el concepto de valor de mercado que consigna la ley, resulta ambiguo e incierto, porque no especifica claramente y sin lugar a dudas el alcance de los elementos cualitativos o cuantitativos, lo que deja en incertidumbre al gobernado, ya que la autoridad administrativa encargada de valuar los inmuebles puede aplicar criterios abstractos y extrajurídicos para determinar un elemento de la contribución, estrechamente vinculado con la base del impuesto predial, ya que dicha base es el valor catastral del inmueble y éste se determina de acuerdo a las citadas tablas de valores; Argumenta que en ninguna parte de la ley se hace referencia a cuáles son las bases y sistemas generales a que alude el numeral 21 de la Ley de Catastro; asimismo, que las Tablas de Valores Unitarios para Suelo y Construcción, no hablan de la determinación de zonas homogéneas de valor, concepto que además resulta abstracto, impreciso e incierto; pues por otro lado, se establece un criterio contrario, ya que se pueden establecer franjas de valor, dentro de la misma zona homogénea, lo cual resulta contrario a lo previsto en el ordinal 3 de la Ley de Catastro; Continúa diciendo, que del análisis de las citadas Tablas de Valores Unitarios, se puede advertir que se toman en cuenta elementos que no guardan congruencia con la capacidad contributiva de los causantes del impuesto predial; pues en ningún dispositivo legal están establecidos los parámetros o criterios que habrán de tomarse en cuenta por la Dirección General de Catastro para clasificar la construcción de los inmuebles en una determina categoría, circunstancia que se agrava pues los tipos de construcción habitacional, comercial e industrial, a su vez son subclasificados, sin que se hubieren establecido en la ley los factores necesarios para determinar a qué categoría corresponde la edificación de que se trate, pues únicamente establecen una serie de tipificaciones que no especifican las características que deben tener los inmuebles para ubicarse en éstos. Finalmente, aduce que para que la norma tributaria introduzca hipótesis en que, por tratarse de causantes ubicados en situaciones y características diversas, deben cubrirse cuotas distintas por la prestación de servicios similares del Estado, es necesario expresar las razones o causas que generen la mayor o menor actividad de los órganos administrativos, según resulte de la complejidad derivada de los requisitos que reglamenten cada actividad. Los reseñados conceptos de violación resultan infundados. Aspectos generales del tributo impugnado A efecto de evidenciar el anterior aserto y como cuestión previa al análisis de los conceptos de violación reseñados, es necesario establecer que las diversas tesis y jurisprudencias emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación permiten concluir que el tributo es una prestación patrimonial de carácter coactivo y a título definitivo, que de manera unilateral fija el Estado a cargo de las personas que realizan determinada conducta lícita, definida legalmente mediante una hipótesis jurídica o de hecho que es reflejo de capacidad económica y cuyo destino es financiar el gasto público. Así, la contribución se configura por elementos cualitativos y elementos cuantitativos, relacionados lógicamente. Los primeros son: 1) el hecho imponible y 2) el sujeto pasivo; calificados así por la doctrina en atención a que acotan o definen el campo de aplicación de cada contribución. Junto a estos elementos cualitativos existen otros denominados mesurables o cuantitativos, pues tienen como objeto fijar los parámetros para determinar el monto de la deuda tributaria para cada caso concreto, siendo: a) la base imponible y b) el tipo, tasa o tarifa aplicable a la base. Ahora, el hecho imponible es la hipótesis jurídica o de hecho que el legislador establece como causa generadora del tributo, es decir, el conjunto de presupuestos abstractos contenidos en una ley, de cuya concreta existencia derivan determinadas consecuencias jurídicas, principalmente, la obligación tributaria. En otras palabras, el hecho imponible se constituye por las situaciones jurídicas o de facto previstas por el legislador en la ley cuya actualización causa la contribución relativa. Además, la creación del hecho imponible es, por excelencia, la forma por la cual se ejerce la potestad tributaria del Estado, por lo que la delimitación de su estructura queda al total arbitrio del legislador, siempre y cuando respete los principios constitucionales relativos. Por tales razones, el titular de la potestad tributaria normativa puede tipificar en la ley, como hecho imponible, cualquier manifestación de riqueza, es decir, todo acto, situación, calidad o hecho lícitos, siempre y cuando respete, entre otras exigencias, la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, que implica la necesidad de que aquéllos han de revestir, explícita o implícitamente, naturaleza económica. Al respecto, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: 31. Son obligaciones de los mexicanos: [...] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De conformidad con el precepto transcrito, toda contribución debe: 1) estar contenida en un ordenamiento legal de carácter general y abstracto, 2) ser proporcional y equitativa y 3) estar destinada al pago de los gastos públicos; además, debe consignar en la ley, los elementos esenciales de la misma, que son el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, para no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, de manera que, a la autoridad no le quede más que aplicar las disposiciones relativas tal como fueron dictadas, con anterioridad al caso concreto de cada causante, y el sujeto pasivo pueda conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las jurisprudencias 243 y 252, publicadas en la Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, visibles en las páginas 243 y 297, respectivamente, en las que se consideró: IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida. IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles. De conformidad con tales criterios, el respeto al derecho fundamental del gobernado sobre la legalidad tributaria de sus impuestos exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, porque: Los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, deben estar consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras. Se debe impedir el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular. Además, el particular debe conocer, en todo momento, la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador, y no otro órgano, quien precise los elementos del tributo. Tratándose del impuesto predial es oportuno establecer que, por su naturaleza, constituye una contribución cuyo objeto grava la riqueza manifestada por la propiedad de inmuebles, consistentes en suelo y construcciones adheridas a él, por lo que dicha contribución encuadra en la clasificación de los denominados impuestos reales. La estructura normativa que regula la integración de sus elementos no se encuentra exclusivamente en la legislación ordinaria, sino que además tiene fundamento en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal que dispone: 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: [...] IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. [...] Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. [...] Conforme al precepto transcrito, la integración y libre administración de la hacienda de los municipios, se conforma entre otros ingresos, de las percepciones obtenidas por las contribuciones que los Estados impongan a la propiedad inmobiliaria, entre las cuales destaca el impuesto predial. Asimismo, el referido precepto dispone que los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Cabe señalar que las Tablas de Valores Unitarios a las que hace referencia el precepto mencionado, revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que conforman el impuesto predial ya que impactan la base gravable de la contribución, por lo que las normas que contengan dichas tablas deben respetar los principios constitucionales de justicia tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Al tratarse de una contribución que grava la riqueza manifestada por la adquisición de inmuebles que consistan en el suelo, así como de las construcciones que le son adheridas, el impuesto predial refleja en su base gravable una cuantificación numérica, que es la expresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, la cual se aprecia atendiendo a las características del bien inmueble de que se trate, lo que se concreta por medio del establecimiento de las referidas Tablas de Valores Unitarios. Determinado lo anterior, se tiene que el artículo 11, inciso b), de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, del Municipio de Juárez, Chihuahua, dispone: 11. La Hacienda Pública del Municipio de Juárez percibirá los ingresos provenientes de los siguientes impuestos: [.] b) Predial. Son objeto de este impuesto los predios a que se refiere el artículo 145 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. [.] Para el cálculo, determinación, cobro y demás disposiciones inherentes al impuesto predial, será aplicable lo establecido en el Capítulo III, Sección I, Sección II y Sección IV, del Título Tercero del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como lo establecido en la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua. En ese sentido, los artículos 145, 146, fracción I, 148 y 149 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua preceptúan lo siguiente: CAPÍTULO III. El Impuesto Predial Sección I. OBJETO, SUJETO Y DOMICILIO 145. Es objeto de este impuesto: I. La propiedad o posesión de predios urbanos, suburbanos y rústicos; II. La propiedad o posesión de las construcciones permanentes ubicadas en los predios, señalados en la fracción anterior; y III. Los predios propiedad de la Federación, Estados o Municipios que estén en poder de instituciones descentralizadas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, o de particulares, por contratos, concesiones, permisos o por cualquier otro título, para uso, goce o explotación. 146. Son sujetos de este impuesto: I. Con responsabilidad directa: a) Los propietarios y poseedores de predios urbanos, suburbanos y rústicos; [...] SECCIÓN II. DE LA BASE Y TASA 148. La base del impuesto es el valor catastral del inmueble, determinado por lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado, debiendo reflejar el valor de mercado de las propiedades. 149. El impuesto se determinará anualmente, conforme a las siguientes tarifas: I.-Predios urbanos. LÍMITES DE RANGO DE LA BASE DEL IMPUESTO (Valor catastral en moneda nacional) TASA DE RANGO (Aplicable sobre la porción del valor de la base que exceda del límite inferior del rango de que se trate) CUOTA FIJA EN MONEDA NACIONAL (Suma fija a pagar) 0 2 al millar 0 ********** 3 al millar ********** ********** 4 al millar ********** ********** 5 al millar ********** ********** 6 al millar ********** (VALOR CATASTRAL - LÍMITE MENOR MÁS PRÓXIMO EN MONEDA NACIONAL) TASA DE RANGO + CUOTA FIJA EN MONEDA NACIONAL = IMPUESTO PREDIAL DIRECTO ANUAL. El Impuesto Predial se calculará con el siguiente procedimiento aritmético: Al resultado de la diferencia del valor catastral del predio y el límite de rango menor más próximo en moneda nacional, se le aplicará la tasa correspondiente al excedente de ese límite inferior y se le adicionará la cuota fija del mismo rango, en moneda nacional. II.- Para los predios rústicos la tasa de 2 al millar. III.- Para fundos mineros la tasa de 5 al millar. El impuesto neto a pagar nunca será inferior al equivalente a dos Unidades de Medida y Actualización. Por último, los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, que la parte quejosa tildó de inconstitucionales en sus conceptos de violación, en vinculación con el numeral 25, que contemplan el sistema normativo que establece el cálculo del impuesto predial respectivo, disponen lo siguiente: de la elaboración y actualización de tablas de valores unitarios de suelo, construcción y la valuación de los predios 21. Las Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción deberán reflejar el valor de mercado. Para la determinación de las zonas homogéneas de valor y de los valores unitarios de terreno por zona y por vialidad, el territorio de los municipios se dividirá en áreas con características homogéneas. Para la definición de las áreas homogéneas se tomará en consideración lo dispuesto por los planes y programas de desarrollo urbano y rural que tengan efectos sobre el territorio; la existencia, disponibilidad y características del equipamiento y servicios públicos, así como el tipo de construcción y demás factores que incrementen o demeriten el valor de las zonas y predios. Cuando la disponibilidad y calidad de los servicios públicos, el uso de suelo, infraestructura urbana y equipamiento, nivel socioeconómico de la población, tipo y calidad de las construcciones; sean similares dentro de una circunscripción territorial, se constituye en una zona homogénea de valor y se le asignará un valor unitario de suelo. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán delimitar con precisión el área que comprenda cada zona homogénea de valor. Dentro de la zona homogénea de valor pueden existir franjas, denominadas corredores de valor que por sus características dan lugar a que los inmuebles colindantes, puedan tener un valor unitario de suelo diferente a la propia zona homogénea. Para determinar un corredor de valor se considerarán: las condiciones y factores que puedan modificar el valor de la franja, respecto del que corresponda a la zona homogénea. Para la determinación de los valores unitarios de suelo y construcción, los predios se clasificarán en urbanos, suburbanos y rústicos. Las construcciones se clasificarán de acuerdo a su vocación o uso preponderante en: Habitacionales, comerciales e industriales; éstas a su vez se clasificarán de acuerdo a su tipología de construcción y a su estado de conservación, las cuales se establecerán en la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán contener los factores de incremento y demérito que serán aplicables en el procedimiento valuatorio. Los valores unitarios de suelo en la zona urbana y suburbana se fijarán por metro cuadrado y en zona rústica por hectárea. Las bases generales y sistemas para la clasificación y valuación de las zonas, predios, construcciones, así como la aplicación de factores de incremento y demérito para la determinación de valores unitarios, se establecerán de conformidad con lo dispuesto por esta Ley. 22. De conformidad con la presente ley y las normas técnicas aplicables, los Ayuntamientos, enviarán anualmente al H. Congreso del Estado, a más tardar el treinta y uno de octubre, para su aprobación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado, las Tablas de Valores Unitarios para Suelo y Construcción, que servirán para determinar los valores Catastrales y serán la base para el cálculo de los impuestos que graven la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal siguiente. En caso de no cumplirse con oportunidad, lo previsto en este artículo, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el año en curso continuarán vigentes para el ejercicio fiscal siguiente, en caso de omisión por parte de los Ayuntamientos de presentarlas en los términos del párrafo anterior, sin perjuicio de la aplicación de sanciones que correspondan por el incumplimiento conforme a los artículos 23, 27, 30 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. 23. Para determinar el valor catastral de los predios, se aplicarán los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la siguiente fórmula: VCAT = VT + VC Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VCAT = Valor Catastral VT = Valor del Terreno VC = Valor de la Construcción El valor del terreno de un inmueble se obtiene de multiplicar su superficie por el valor unitario de suelo, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la fórmula siguiente: VT = ST x VUS Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VT = Valor de Terreno ST = Superficie del Terreno VUS = Valor Unitario del Suelo Correspondiente a la zona homogénea o corredor de valor donde se ubica el inmueble. En su caso, deberá considerarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. El valor de construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la fórmula siguiente: VC = SC x VUC + VIE Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VC = Valor de la Construcción SC = Superficie de la Construcción VUC = Valor Unitario de la Construcción VIE = Valor de las Instalaciones Especiales Según las características del predio deberán aplicarse, en su caso, los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. Para los inmuebles que estén sujetos al régimen de propiedad en condominio, la valuación deberá hacerse respecto a cada unidad privativa, incluyendo la parte proporcional indivisa de los bienes comunes. 24. El valor catastral será el que resulte de sumar el valor del terreno y el de la construcción, obtenidos conforme lo señala el artículo anterior. 25. La asignación y actualización del valor catastral de inmuebles se efectuará por los Municipios, conforme a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción y con apoyo en la Información resultante de los siguientes procedimientos: I. Por declaración del contribuyente, sujeta a la aprobación de la autoridad municipal; II. Por avalúo directo realizado por un perito valuador debidamente registrado o autorizado ante el Departamento Estatal de Profesiones. III. Valuación directa en base a la información recabada por la Autoridad Catastral Municipal, mediante inspección física, estudios técnicos directos o por medios indirectos como la fotogrametría, aerofotogrametría e imagen satelital. IV. Con base en la documentación oficial que emitan las Autoridades Catastrales, tomando en consideración la información proporcionada al catastro por los propietarios o poseedores de predios, o con base en los registros de información con que cuenten las mismas Autoridades. De los numerales transcritos se deduce que la autoridad legislativa estatal estableció los mecanismos para la determinación de la base gravable del impuesto predial, consistente ésta, según el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en el valor catastral del inmueble, el cual debe de reflejar, además, el valor de mercado de las propiedades. Al respecto, el artículo 23 de la Ley de Catastro, dispone que para determinar el valor catastral de los predios, se aplicarán los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la fórmula VCAT = VT + VC, lo cual implica que el valor catastral será igual a la suma del valor del terreno (VT) y el valor de la construcción (VC). La legislación estatal contempla un mecanismo específico para la determinación del valor de terreno o suelo y uno distinto e independiente para la fijación del valor de la construcción, cuyo sistema de cálculo se analizará por separado en los siguientes párrafos. Ahora, respecto de las Tablas de Valores Unitarios a las que hace referencia la legislación impugnada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destaca los aspectos jurídicos siguientes: 1. Las Tablas de Valores Unitarios del impuesto predial revisten una importancia fundamental en la integración de los elementos que lo conforman, ya que impactan sobre la base gravable de la contribución. 2. Las normas que contengan las citadas Tablas de Valores Unitarios deben respetar los principios constitucionales de justicia tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional. 3. La base gravable representa una cuantificación numérica, que es expresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, y que se aprecia atendiendo a las características del bien inmueble de que se trate, lo cual se concreta en las denominadas Tablas de Valores Unitarios. 4. Los criterios para clasificar un bien inmueble, deben encontrarse establecidos en la ley, pues en su defecto, quedan al arbitrio de la autoridad, quebrantando el principio de legalidad tributaria, al permitir un margen de arbitrariedad a favor de la autoridad en lo relativo a la base gravable del impuesto. 5. Cuando no se establecen los parámetros que debe observar la autoridad administrativa, para clasificar determinado bien en su categoría, se genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad. Ahora, el Decreto LXVI/APTVV/0478/2019 I P.O., mediante el cual se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, en el Municipio de Juárez, Chihuahua, establece, en lo que interesa, lo siguiente: ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, propuestas por el H. Ayuntamiento de Juárez, mismas que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, las cuales se anexan al presente Decreto y pasan a formar parte del mismo. ARTÍCULO SEGUNDO. En su caso, aquellos Municipios que así lo hayan determinado y en los términos autorizados, se faculta, así mismo, para efecto del cálculo del Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2020, utilizar el mismo valor base que sirvió para el cálculo del citado impuesto al 31 de diciembre de 2018 o 2019, según corresponda. ARTÍCULO TERCERO. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, a partir del 1° de enero del año 2020, deberá actualizarse el valor de cada una de las cuentas del padrón catastral con base en las Tablas autorizadas, sujetándose a las reglas establecidas en la referida Ley y este Decreto. ARTÍCULO CUARTO. Durante el ejercicio fiscal de 2020, no será aplicable lo dispuesto por el artículo 152 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Ahora, de las Tablas de Valores para el Municipio de Juárez, Chihuahua, vigentes en el ejercicio fiscal dos mil veinte, se advierte que fueron diseñadas para determinar el valor de la construcción, así como del suelo en que se edifican, bajo los siguientes parámetros. APARTADO A. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CONSTRUCCIÓN En un primer aspecto, es necesario emprender el análisis relativo a la constitucionalidad de las Tablas de Valores Unitarios de Construcción, al respecto es oportuno precisar que el valor de construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la fórmula siguiente: VC = SC x VUC + VIE, donde: VC = Valor de la Construcción SC = Superficie de la Construcción VUC = Valor Unitario de la Construcción (contenido en las Tablas de Valores Unitarios) VIE = Valor de las Instalaciones Especiales Asimismo, es necesario considerar que la legislación estatal clasifica los bienes inmuebles de acuerdo con el USO en: habitacional, comercial e industrial. A su vez, los USOS descritos se subclasificaron en diversas Tipologías: la habitacional subclasificada en: popular, económico, medio, bueno, lujo y superlujo; la comercial, se subclasificó en económico, medio y bueno; y, la industrial, en ligero y mediano. En este tema, el artículo 3° de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua define lo que debe entenderse por las clasificaciones de construcción de acuerdo con el uso y tipología, en los términos siguientes: 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: I. Catastro Municipal: El censo técnico analítico de los predios, ubicados en el territorio de los Municipios que conforma su sistema de información catastral, para fines fiscales, jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación; II. Catastro Estatal: El Sistema de Información Catastral del Estado de Chihuahua, que se sustenta y actualiza con los catastros municipales para fines jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación; III. Cédula Catastral: El documento oficial que contiene la información general de un predio; IV. Centro de Población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos; V. Construcción: La edificación de cualquier tipo, los equipos e instalaciones especiales adheridos de manera permanente al predio, clasificándose de la siguiente forma: CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. Es la agrupación e identificación de las construcciones de acuerdo a la tipología y el uso de las mismas. USO.- Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en: Habitacional, comercial e Industrial. HABITACIONAL.- Se refiere a las construcciones en donde habitualmente residen, individual o colectivamente, las personas y comprende todo tipo de vivienda. COMERCIAL.- Se refiere a las edificaciones destinadas a la compraventa o intercambio de artículos de consumo y servicios. INDUSTRIAL.- Se refiere a cualquier construcción destinada a la fabricación o transformación de productos de utilidad concreta. TIPOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN. Corresponde a la clasificación de la construcción dependiendo de las características que la constituyen, las cuales son: HABITACIONAL POPULAR.- Vivienda con características constructivas mínimas, entre las que se pueden considerar: cuartos de usos múltiples sin diferenciación, servicios mínimos incompletos; muros sin refuerzo, techos de lámina galvanizada, techos con estructura de madera terrados, techos de madera, pisos de concreto o terrados, instalaciones eléctricas e hidráulicas visibles. HABITACIONAL ECONÓMICO.- Vivienda con características constructivas de calidad económica, entre las que se pueden considerar: proyecto básico definido, sin diseño estructural profesional. Espacios con alguna diferenciación, servicios mínimos completos, generalmente un baño, y con procedimientos formales de construcción; aplanados de mezcla o yeso, ventanería metálica, techos de concreto armado o lámina galvanizada, con claros no mayores de 3.5 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas vinílicas, algunas instalaciones completas visibles (hidráulica, eléctrica, sanitaria y gas). HABITACIONAL MEDIO.- Vivienda con características constructivas de calidad media, entre las que se pueden considerar: espacios diferenciados por uso, servicios completos, con baño, muros con acabados aparentes, pintura, losetas de cerámica en cocina y baños, ventanería metálica, perfil tubular y aluminio sencillo, techos de concreto armado con claros no mayores a 4.0 metros, pisos recubiertos con losetas de vinil, cerámica, alfombra o piso laminado, instalaciones completas ocultas. HABITACIONAL BUENO.- Vivienda con características entre las que se pueden considerar: acabados de buena calidad, proyecto funcional individualizado, con espacios totalmente diferenciados, servicios completos; dos baños, cuartos de servicio, acabados de mezcla, yeso y texturizados, pinturas de buena calidad o tapiz, ventanería de perfil de aluminio, ventanería integrada a la construcción, techos de concreto armado, acero o mixtos, con claros mayores a 4.0 metros, pisos de primera calidad, mármol, losetas de cerámica, alfombra o duelas, aire acondicionado o calefacción. HABITACIONAL DE LUJO.- Residencias con características constructivas entre las que se puedan considerar: acabados de muy buena calidad, diseños arquitectónicos y de ingeniería, con espacios amplios caracterizados y ambientados con áreas complementarias a las funciones principales. De uno hasta cuatro baños, con vestidor y closet integrado en una o más recamaras, acabado en muros de yeso, texturizados o recubiertos con maderas finas, ventanería de aluminio anodizado y maderas finas con vidrios dobles y especiales, techo de concreto armado, estructuras de soporte diseñadas específicamente para el proyecto, pisos de losetas de cerámica, mármol, alfombra, parquet de madera o duelas, instalaciones de confort y sistema de riego. HABITACIONAL DE SUPERLUJO.- Son las que cuentan con las características de la habitacional de lujo y además constituida por estancia, comedor, antecomedor, cocina, cuarto de estudio, cuatro recamaras o más, con baño, y alcoba definida con baño, baño independiente pudiendo ser colectivo, cuarto de servicio con baño, oficina, área de lavandería, cochera techada cuando menos para tres o más vehículos, alberca, sala de juegos y todas las que cuenten con más de 600 metros de construcción de uso habitacional. COMERCIAL ECONÓMICO.- Construcción básica con características de baja calidad entre las que se pueden considerar: servicios complementarios, ocasionalmente forman parte de un uso mixto (vivienda y comercio), acabado en muros mezcla o yeso, ventanería metálica tubular, techo de lámina o de concreto armado, con claros de hasta 4.0 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas de vinil o de mosaico, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de calidad media (carpintería, herrerías, etc.). COMERCIAL MEDIO.- Locales comerciales y tiendas departamentales con características y acabados de calidad media estandarizada, proyecto funcional y espacio reservado para cajones de estacionamiento. Acabados en muros yeso y texturizados, ventanería de aluminio, techo de concreto armado con claros mayores de 4.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto con acabado pulido, losetas de vinil, ocasionalmente losetas de cerámica, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de buena calidad (herrería, carpintería y vidriería). COMERCIAL BUENO.- Locales y centros comerciales especializados con características constructivas y acabaos de muy buena calidad, proyecto funcional ocupando espacios exclusivos, áreas de estacionamientos, circulación peatonal y áreas jardinadas. Acabados en muros yeso o texturizados, ventanería de aluminio anodizado, techumbres de lámina sobre armaduras de acero estructural y techos de concreto armado con claros hasta de 10.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de losetas de cerámica, mármol, duelas, instalaciones básicas (eléctricas e hidrosanitarias), en general ocultas, instalaciones especiales (aire acondicionado, calefacción, alarma, pararrayos, hidroneumático), complementos de buena calidad, sobre diseño o de importación. INDUSTRIAL LIGERO.- Edificaciones con características constructivas básicas de calidad intermedia, proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, acabados en muros aparentes y de mezcla, ventanería metálica perfil tubular, techumbres de lámina o asbesto sobre armaduras ligeras de acero estructural, ocasionalmente de madera claros hasta 6.00 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concretos reforzado acabado pulido, instalaciones con servicios básicos (eléctricos e hidrosanitarios) ocultos o semiocultos, complementos de calidad media estandarizada (herrería, carpintería, vidriería, etc.), áreas de estacionamiento y andenes de carga. INDUSTRIAL MEDIANO.- Construcciones con características especializadas de calidad intermedia, con proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, con oficinas, áreas recreativas y áreas verdes. Acabados en muros aparentes, mezcla, yeso y ocasionalmente texturizados, ventanería metálica de perfiles tubular o de aluminio, techumbres de lámina galvanizada o asbesto sobre armaduras, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto reforzado, acabado pulido, recubiertos con cerámica u otros elementos de soporte industrial de rodamiento, plantas de tratamientos de aguas residuales para reutilizar en sistemas de riego, instalaciones deportivas y recreativas. Estas a su vez se podrán subclasificar, de acuerdo al estado de conservación o las condiciones en las que se encuentren, conforme a las constancias que obren en los archivos de los catastros municipales, estableciéndose en las tablas de cada municipio dichas subclasificaciones. CLASE.- Es el grupo al que pertenece un tipo de construcción de acuerdo a su estado de conservación; VI. Construcción permanente: La que está adherida a un predio de manera fija, en condiciones tales que no pueda separarse del suelo sin deterioro de la propia construcción o del predio, o aquella que considerándose provisional tenga un uso de carácter permanente; VII. Construcción provisional: La que por su estructura puede ser desmontable sin deterioro del predio ni de sí misma, adquiriendo el carácter de permanente al año de su instalación; VIII. Construcción ruinosa: La que por su deterioro físico no pueda tener un uso normal o constituya un riesgo de seguridad para la población; IX. Instalaciones especiales: Aquellas que complementan en servicios y funcionamiento a un inmueble; X. Límite de Centro de Población: La línea que envuelve las áreas que conforman un centro de población; XI. Predio: a) El terreno urbano, suburbano o rústico, con o sin construcciones, cuyos linderos forman un polígono sin solución de continuidad; b) Cada una de las unidades que integran un condominio; XII. Predio edificado: El que tenga construcción permanente; XIII. Predio no edificado: Predios urbanos sin construcción, a excepción de: a) Los inmuebles que se ubiquen en las zonas designadas para la protección ecológica; b) Las áreas verdes y espacios abiertos de uso público; c) Aquellos que de acuerdo con el plan Director Urbano o la autoridad competente se declaren como zonas de reserva para uso habitacional; d) Los campos deportivos o recreativos funcionando como tales; e) Los estacionamientos públicos debidamente autorizados y en operación; f) Los que por su topografía extremadamente accidentada tengan un aprovechamiento restringido, y g) Las superficies dedicadas primordialmente a explotación agropecuaria; XIV. Predio ocioso: Aquel que encontrándose dentro o fuera del límite del centro de población tenga un uso o aprovechamiento distinto al que señala el Plan Director Urbano o la autoridad competente; XV. Predio rústico: El que se encuentre ubicado fuera del límite del centro de población, y su destino sea de producción agropecuaria, forestal, frutícola, minera o actividades equiparables; XVI. Predio urbano: a) El que se encuentre ubicado dentro de los límites de algún centro de población; y b) Los que encontrándose fuera de los límites de algún centro de población, por su uso de suelo y que cuente con más de dos servicios. XVII. Predio Suburbano: Los bienes inmuebles ubicados fuera de los perímetros de las poblaciones, con valores de mercado intermedios entre los urbanos y los rústicos, determinados por su proximidad a las poblaciones en proceso de crecimiento, aun cuando estén destinados a la explotación agrícola, pecuaria o industrial rural. Quedarán también comprendidos dentro de esta clasificación, los predios destinados a fraccionamientos denominados campestres o granjas, o cualquier otro que sea fraccionado o lotificado y, en general, todas aquellas zonas fuera de los perímetros poblacionales donde se presten los servicios municipales de agua potable y energía eléctrica como máximo. XVIII. Sistema de Información Catastral. Elemento fundamental de validación e información jurídica, social y económica respecto a las características y valoración de la propiedad inmobiliaria en el territorio estatal, con sus consiguientes efectos informativos, fiscales, administrativas y civiles; XIX. Valor de Mercado. Es la determinación valorativa en unidades monetarias de un predio, atendiendo a sus elementos cualitativos y cuantitativos a una fecha determinada. XX. Valor Unitario. El determinado por unidad de medida en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas por el H. Congreso del Estado. XXI. Valor Unitario. El que fija la autoridad catastral municipal por unidad de superficie; XXII. Sistema de Información Catastral. Conjunto de procesos y datos, respecto a las características y valoración de la propiedad inmobiliaria, que deberán instrumentar los catastros municipales y concentrar en el catastro estatal. XXIII. Sector Catastral. La división geográfica que establece la autoridad catastral municipal con respecto de su territorio y que agrupa a un número determinado de predios en función de su ubicación. XXIV. Zona Homogénea de valor. Es una fracción de sector catastral, sector catastral completo o varios sectores catastrales, delimitado por una poligonal plasmada en cartografía municipal que tengan características similares, tales como infraestructura, servicios, topografía y cualquier otro elemento relacionado que incida en el valor de la zona homogénea. XXV. Valuación Directa. Es el procedimiento utilizado por la Autoridad Catastral Municipal para determinar el valor catastral de un predio con base a la información y a los elementos técnicos con que cuente. [...] Por su parte, la Tabla de Valores Unitarios de Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte del Municipio de Juárez, Chihuahua, es del siguiente contenido: MUNICIPIO DE JUÁREZ TABLA DE VALORES UNITARIOS POR M2 DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A SU USO Y TIPOLOGÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 USO TIPOLOGÍA CLAVE DE VALUACIÓN VALOR UNITARIO M2 HABITACIONAL HABITACIONAL POPULAR ********** $********** HABITACIONAL ECONÓMICO ********** $********** HABITACIONAL MEDIO ********** $********** HABITACIONAL BUENO ********** $********** HABITACIONAL DE LUJO ********** $********** HABITACIONAL DE SUPERLUJO ********** $********** COMERCIAL COMERCIAL ECONÓMICO ********** $********** COMERCIAL MEDIO ********** $********** COMERCIAL BUENO ********** $********** INDUSTRIAL INDUSTRIAL LIGERO ********** $********** INDUSTRIAL MEDIANO ********** $********** De todo lo anterior, se deduce que la legislación catastral estableció que la Clasificación de las Construcciones debe entenderse como la agrupación e identificación de éstas de acuerdo con la tipología y el uso de aquéllas. Asimismo, se precisa que el Uso corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en: habitacional, comercial e Industrial. Tipologías Por otro lado, la legislación define la Tipología como la clasificación de la construcción edificada en el predio de que se trate, dependiendo de las características que la constituyen. De esta manera, la legislación estableció que las Tipologías del Uso Habitacional son popular, económico, medio, bueno, lujo y superlujo; las Tipologías del Uso Comercial se dividen en: económico, medio y bueno; y, finalmente, las Tipologías del Uso Industrial, se clasifican en ligero y mediano. Esas clasificaciones se encuentran establecidas y definidas en la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua que fue expedida con anterioridad a la entrada en vigor de la Tabla de Valores Unitarios por M2 de Construcción de acuerdo con su uso y tipología para el Ejercicio Fiscal 2020. Tales circunstancias permiten concluir que si la Legislación catastral sí define las tipologías de los usos habitacional (en popular, económico, medio, bueno, lujo y superlujo), comercial (en económico, medio y bueno) e Industrial (en ligero y mediano), no se trastoca el principio de reserva de ley, en las bases que, para su cálculo, se encuentran definidas en la Tabla de Valores Unitarios por M2 de Construcción reclamadas. En efecto, contra lo sostenido por la parte quejosa, en torno al establecimiento de las tipologías, se respeta el principio de reserva de ley que rige en materia de contribuciones, debido a que su definición por el órgano legislativo, en una ley formal y materialmente constituida, genera certidumbre al sujeto del impuesto predial, pues la Ley de Catastro establece con claridad cuáles son los conceptos y parámetros destacados en párrafos que anteceden; y de esta manera, la determinación de los procedimientos para fijar las bases para el cobro del impuesto predial, en congruencia con lo que señalan el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en su capítulo tercero, sección segunda, artículos 148 y 149, los cuales fijan los elementos fundamentales como son la base y tasa, y determina que el impuesto predial se calculará con el procedimiento aritmético ahí señalado; en unión con lo establecido en la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua que se complementa con las referidas Tablas de Valores, las cuales, como se vio, contienen los elementos descritos en las legislaciones en cita, de forma congruente con las disposiciones legales aplicables para establecer la base del impuesto predial en el Municipio de Juárez, Chihuahua, en cumplimiento al referido principio de legalidad tributaria. Valor de mercado Asimismo, adversamente a lo que refiere la parte quejosa, en lo relativo a la determinación del valor de construcción, no lesiona sus derechos lo que argumenta en torno a que la legislación establece que la BASE del impuesto predial deba fijarse sobre la base del valor del mercado de la propiedad, pues éste resulta ambiguo e incierto, al no especificar claramente el alcance de los elementos cualitativos y cuantitativos. En efecto, de acuerdo con el decreto que reformó el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, las Legislaturas Locales deben adoptar las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad. Asimismo, del párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, se advierte que el impuesto predial es concebido constitucionalmente como un impuesto de naturaleza real cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las construcciones. El citado artículo transitorio dispone que el predial se configura como un tributo en el que los principios de proporcionalidad y equidad tributarias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los cuales deben ser equiparables a los valores de mercado y a las tasas aplicables para dicho cobro; de ahí que dicho proceso de determinación y adecuación de los valores unitarios y de las tasas aplicables deban realizarlo las Legislaturas de los Estados en coordinación con los Municipios, lo cual es congruente con la reserva constitucional a las haciendas municipales de los recursos derivados de las construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, así como de aquellas que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. De esta forma, el valor catastral que sirve de base para el cálculo del impuesto predial debe establecerse, necesariamente, en función del valor de mercado de los inmuebles, el cual puede obtenerse mediante la aplicación de los valores unitarios, o bien, a través de cualquier otro método o sistema que estime pertinente el legislador ordinario. Apoya las anteriores consideraciones, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 123/2004, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, de Diciembre de 2004, materias constitucional y administrativa, página 1125, del siguiente contenido: PREDIAL MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LA MECÁNICA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE TOMAR EN CUENTA EN LO FUNDAMENTAL, EL VALOR DE LOS INMUEBLES. Del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se advierte que el impuesto predial es concebido constitucionalmente como un impuesto de naturaleza real cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las construcciones. Ahora bien, el citado artículo transitorio dispone que el predial se configura como un tributo en el que los principios de proporcionalidad y equidad tributarias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los cuales deben ser equiparables a los valores de mercado y a las tasas aplicables para dicho cobro; de ahí que dicho proceso de determinación y adecuación de los valores unitarios y de las tasas aplicables deban realizarlo las Legislaturas de los Estados en coordinación con los Municipios, lo cual es congruente con la reserva constitucional a las haciendas municipales de los recursos derivados de las construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, así como de aquellas que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. Sobre tales reflexiones, debe decirse que si el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua establece que la base del impuesto es el valor catastral del inmueble, determinado por lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado, debiendo reflejar el valor de mercado de las propiedades y esta última legislación en su artículo 21 estatuye que las Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción deberán reflejar el valor de mercado en la mecánica para calcular la base del impuesto predial, ello respeta el principio de proporcionalidad tributaria, pues tales disposiciones encuentran su justificación precisamente en la necesidad de establecer un método que proporcione una base real para determinar el valor catastral de un inmueble sobre el que recae el tributo, en la especie, el valor comercial en determinado tiempo, el cual se establece en función directa con la oferta y la demanda de los inmuebles que existan en el mercado. En ese sentido, la fijación de la base del tributo sobre la consideración del valor del mercado de un inmueble no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que su justificación obedece a la necesidad de establecer los mecanismos necesarios que permitan conocer el valor real en el mercado de los bienes, de modo que dicho parámetro se justifica en la medida en que se adecua sobre un elemento objetivo que constituye un indicador de la riqueza plasmada con la propiedad de un bien inmueble y que se ve manifestada a través de su valor comercial. Sobre estas bases, el mecanismo establecido en la legislación estatal para fijar que la base tributaria para determinar el impuesto predial, en lo relativo a su fijación a partir de un valor comercial en el establecimiento de las tablas respectivas, no implica violación al principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello atiende a parámetros objetivos que permiten tener un referente actualizado que refleje la riqueza del contribuyente, lo que no implica que se desatienda la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto predial, pues ésta se mide en función del valor catastral de los inmuebles, el cual, por disposición constitucional, debe aproximarse al valor de mercado, esto es, atender principalmente al tipo de uso (habitacional o comercial), a la infraestructura urbana y a la actividad comercial que prevalece en la zona donde se ubica el inmueble de que se trate, así como a la dinámica inmobiliaria (oferta y demanda); de ahí que, en este aspecto, devienen infundados los conceptos de violación esgrimidos en torno al factor vinculado con el valor comercial del inmueble base del tributo. Es aplicable analógicamente, la jurisprudencia 2a./J. 128/2005, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, de octubre de 2005, materia administrativa, página 709, del contenido siguiente: CATASTRO. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 115 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999. El citado precepto legal establece que el valor catastral que resulte del procedimiento previsto en el artículo 17 de dicha Ley, es el equiparable al valor de mercado para todos los efectos legales. Ahora bien, del análisis armónico de dichas disposiciones se advierte que prevén un mecanismo que permite que el valor catastral de los inmuebles no quede estancado, pues se calcula con base en las tablas de los valores unitarios aprobados por el Congreso Local, tal como lo establece el artículo quinto transitorio del Decreto que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el artículo 18 del ordenamiento indicado no transgrede el citado precepto transitorio, ya que para el cálculo del valor catastral se atiende a los valores de mercado o comerciales. Factores de incremento o demérito De la misma manera, es infundado lo que aduce la parte quejosa en lo relativo a que el artículo 21 de la Ley de Catastro menciona que Las bases generales y sistemas para la clasificación y valuación de las zonas, predios, construcción, así como la aplicación de factores de incremento y demerito para la determinación de valores unitarios se establecerán de conformidad con lo dispuesto por esta ley; sin embargo, no se sabe a qué se refiere el último párrafo del artículo en comento, lo que resulta inconstitucional, pues a través de la aplicación de criterios abstractos, imprevisibles y extrajurídicos, se elaboraron las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que sirven para determinar el valor catastral, base del impuesto predial. En efecto, carece de fundamento lo aducido por los quejosos, toda vez que la legislación estatal, así como las tablas de valores que son impugnadas sí establecen en qué consisten y cuáles son los factores de incremento que se deben tomar en consideración para realizar la determinación del valor catastral respectivo. Al respecto es necesario señalar que el artículo 21 de la Ley de Catastro sí define que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán contener los factores de incremento y demérito que serán aplicables en el procedimiento valuatorio. Asimismo, indica que las bases generales y sistemas para la clasificación y valuación de las zonas, predios, construcciones, así como la aplicación de factores de incremento y demérito para la determinación de valores unitarios, deben ser establecidas de conformidad con lo dispuesto por esa Ley. En el mismo sentido, el artículo 23 de la citada codificación establece que, para determinar el valor catastral de los predios, se deben aplicar los valores unitarios respectivos, de acuerdo con la fórmula que señala para determinar el valor de construcción y, en su caso, se deberán considerar los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. Asimismo, respecto del valor de terreno, el citado precepto apunta que, según las características del predio deberán aplicarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda, en su caso. Finalmente, las apuntadas tablas de valores establecen en su publicación oficial que la tabla de depreciación a que se refiere la legislación estatal tiene como base la aplicación del método de Ross Heidecke y, al respecto, refiere que dicho mecanismo ha sido diseñado exclusivamente para calcular la depreciación en la valoración de construcciones, teniendo como ventaja sobre otros métodos, la consideración del estado de conservación de las mismas; permitiendo calcular una depreciación más acorde con la realidad. De igual forma, el legislador señaló que el método que se comenta es exclusivo para la valoración de construcciones e incluye dos aspectos fundamentales que son la depreciación por edad y el estado de conservación; la manera en que se considera la depreciación de un inmueble, así como la forma en que se puede considerar la conservación de un inmueble; por último, también señala la manera en que se pueden clasificar las definiciones de los estados de conservación de forma gradual. Luego, si se considera que la tabla de valores unitarios citada, constituye formal y materialmente un acto legislativo y no una decisión arbitraria y unilateral de la autoridad administrativa, pues el artículo 22 de la Ley de Catastro de la entidad establece que de conformidad con ésta y con las normas técnicas aplicables, los Ayuntamientos enviarán anualmente al Congreso, a más tardar el treinta y uno de octubre, para su aprobación y posterior publicación en el medio oficial de difusión mencionado, las tablas de valores unitarios para suelo y construcción que servirán para determinar los valores catastrales y serán la base para el cálculo de los impuestos que graven la propiedad inmobiliaria, como lo es el predial, durante el ejercicio fiscal siguiente; que en caso de no cumplirse con oportunidad lo señalado, las tablas referidas aprobadas para el año en curso continuarán vigentes para el siguiente; de ahí que, una vez presentada ante el Congreso la propuesta correspondiente, discutida y aprobada por ese órgano legislativo, entonces se cumple con el principio de legalidad tributaria, pues en ese momento se erige como un acto formal y materialmente legislativo; de ahí que, adversamente a lo que refiere la parte quejosa, la legislación aplicable sí establece los factores de depreciación que deben ser aplicados a los valores unitarios de suelo y construcción, en la lista de factores de depreciación por estado de conservación y edad para obtener el valor neto de reposición, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado. Cobra aplicación, la tesis aislada XVII.2o.P.A.36 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 60, de Noviembre de 2018, Tomo III, materias constitucional y administrativa, página 2304, del tenor siguiente: PREDIAL. LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, QUE SIRVE DE BASE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, ES UN ACTO FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVO. La tabla de valores unitarios citada, publicada en el Periódico Oficial local el 24 de diciembre de 2016, constituye formal y materialmente un acto legislativo y no una decisión arbitraria y unilateral de la autoridad administrativa, pues el artículo 22 de la Ley de Catastro de la entidad establece que de conformidad con ésta y con las normas técnicas aplicables, los Ayuntamientos enviarán anualmente al Congreso, a más tardar el treinta y uno de octubre, para su aprobación y posterior publicación en el medio oficial de difusión mencionado, las tablas de valores unitarios para suelo y construcción que servirán para determinar los valores catastrales y serán la base para el cálculo de los impuestos que graven la propiedad inmobiliaria, como lo es el predial, durante el ejercicio fiscal siguiente; que en caso de no cumplirse con oportunidad lo señalado, las tablas referidas aprobadas para el año en curso continuarán vigentes para el siguiente; de ahí que, una vez presentada ante el Congreso la propuesta correspondiente, discutida y aprobada por ese órgano legislativo, entonces se cumple con el principio de legalidad tributaria, pues en ese momento se erige como un acto formal y materialmente legislativo. Aunado a lo anterior, la Ley catastral es la que establece la posibilidad de que se contemplen en las tablas de valores unitarios de suelo y construcción los incrementos o deméritos que, en su caso, resulten aplicables y el hecho de que la referida legislación no entre en detalles sobre la manera en que se proceda a su determinación, ello obedece a que se está en presencia de un fenómeno dinámico que implica que la fijación de las tablas de valores den una razonable certeza o justificación racional para evitar arbitrariedades en contra de los gobernados; de ahí que, atendiendo al principio de reserva relativa que rige en materia de legalidad tributaria, la remisión que se hace a las tablas de valores para que fije el procedimiento al que deba sujetarse para la elaboración de las mencionadas tablas, en los aspectos relacionados con incrementos y factores de depreciación, se estima constitucional, pues no puede considerarse como una deslegalización de la materia reservada, toda vez que se trata de un aspecto claramente subordinado a la ley y no se trata de una regulación independiente, con lo que se evita que la autoridad administrativa a su arbitrio fije el valor de las bases para determinar el valor del inmueble objeto del tributo, sino que atiende a los parámetros objetivos establecidos en la legislación que regula el establecimiento de las apuntadas tablas. Apoya las anteriores consideraciones, por las razones que informa, la tesis P. CXLIX/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, de noviembre de 1997, materias administrativa y constitucional, página 74, del siguiente contenido: CATASTRO. LOS ARTÍCULOS 30 Y 55 DE LA LEY CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO EL 18 DE SU REGLAMENTO, NO SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. La interpretación armónica del artículo 51 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, así como de los inmersos en la Ley de Catastro de ese Estado, pone de manifiesto que los artículos 30 y 55 de ésta no son violatorios del principio de legalidad previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional. El primero de ellos establece, como base para la determinación del impuesto predial en tratándose de predios rústicos o fincas urbanas, el valor catastral determinado conforme a la Ley de Catastro. A su vez, en los artículos 30 y 55 de esta ley se faculta al Instituto Catastral de dicha entidad para que, a través del implemento de las tablas de valores unitarios, obtenga el avalúo de los inmuebles practicado por peritos, también autorizados por el instituto, y determine así el valor catastral. Si bien de tales artículos se desprende que una autoridad administrativa, como lo es el Instituto Catastral, determinará el valor catastral, tal determinación no la hace a su arbitrio, sino de acuerdo con los lineamientos previstos en la propia ley, especialmente en los artículos 6o., 26, 30, 31, 32, 33, 34, 50, 52, 54 y 55, entre otros, de los que se desprende que la ley define diversos conceptos, señala los pasos que deben darse, los índices a que hay que atender e incluso prevé un recurso a favor del contribuyente que no esté de acuerdo con la valuación. Es decir, en la ley se dan los lineamientos que debe seguir el Instituto Catastral al realizar los estudios técnicos para determinar la propuesta de valores unitarios. Si el legislador no entra en detalles, ello obedece a que se está en presencia de un fenómeno dinámico que requiere de un cuerpo especializado que tenga experiencia en esas materias, quien al emitir las tablas de valores fija índices que dan una razonable certeza o justificación racional para evitar arbitrariedades en contra de los gobernados. De ahí que, atendiendo al principio de reserva relativa que rige en materia de legalidad tributaria, la remisión que se hace al artículo 18 del reglamento para que fije el procedimiento al que dicho instituto deba sujetarse para la elaboración de las mencionadas tablas, no pueda considerarse como una deslegalización de la materia reservada, toda vez que el procedimiento establecido en el reglamento está claramente subordinado a la ley, y no se trata de una regulación independiente, con lo que se evita que la autoridad administrativa a su arbitrio fije el valor de las bases para determinar el valor del inmueble objeto del tributo. Sobre la base de las reseñadas premisas, resulta infundado lo que se arguye en torno a que no está definido en la ley cómo habrá de obtenerse el valor catastral, pues contra lo alegado, quien resuelve considera que el legislador sí estableció las bases legales para estar en condiciones de determinar los factores de incremento o demérito que deben considerarse para modificar los elementos que constituyen el valor catastral, para el valor de la construcción de los inmuebles objeto del tributo. Este juzgado no soslaya que las referidas tablas de valores no señalan cuáles son los factores de incremento para el presente ejercicio fiscal; sin embargo, esa omisión no depara perjuicio a la parte quejosa, porque la propia legislación estatal señala que esos factores son eventuales y no necesariamente deben ser materia de incremento cada año y, en el particular, no se advierte que en el presente año se incrementaran los valores respectivos, toda vez que los que se tomaron en consideración para el ejercicio fiscal inmediato anterior, respecto de las aludidas tablas de valor de construcción, expresan las mismas cantidades que se encontraban determinadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior; de ahí que, la omisión apuntada, no trascienda a la esfera jurídica de la quejosa. Asimismo, la redacción del artículo 23 de la Ley de Catastro, es claro al disponer que para determinar el valor catastral de los predios, se aplicarán los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la fórmula VCAT = VT + VC, lo cual implica que el valor catastral será igual a la suma del valor del terreno (VT) y el valor de la construcción (VC), pues ese precepto sí señala cuáles son los elementos objetivos a partir de los cuales se debe fijar el valor del impuesto de que se trata. No se advierte actuación discrecional de la autoridad administrativa De igual forma, carece de sustento lo aducido en torno a que la legislación deja a los contribuyentes en estado de indefensión, porque permite que la asignación y actualización de los valores catastrales pueda modificarse por las autoridades dejando así en manos de la autoridad exactora su determinación, con independencia de los valores unitarios fijados en la multicitada Tabla, lo que considera da la posibilidad de actualizar de manera arbitraria dichos valores, dejándose a los contribuyentes en estado de desconocimiento sobre la manera en que se debe contribuir para el sostenimiento del gasto público, pues en cualquier momento, la base de tributación puede ser modificada al arbitrio de las autoridades administrativas. Al igual que lo anterior, carece de razón jurídica lo aducido en torno a que la tarifa con la cual se determina el valor catastral de inmuebles no indica el procedimiento específico para fijar tales valores; es decir, la ley catastral no establece los mecanismos que los ayuntamientos habrán de seguir para fijar los valores unitarios por metro cuadrado de terreno y de construcción. En efecto, son infundados los argumentos reseñados, porque como se analizó en líneas previas, es incorrecto considerar que la cantidad que se aplica a la base del impuesto conforme a la mecánica estipulada en los preceptos anteriores quede a discreción de la autoridad administrativa. En efecto, el valor catastral es la base gravable del impuesto predial y es la consecuencia de un proceso técnico de valoración que tome en cuenta las características intrínsecas del inmueble, así como las extrínsecas del mismo; en cambio, el valor de mercado es el resultado homologado de una investigación de mercado de bienes comparables al del estudio, donde imperan condiciones justas y equitativas entre la oferta y la demanda, lo que a la postre se traduce en un valor comercial, entendiéndose por éste la cantidad expresada en términos monetarios, mediante la cual se intercambiaría un bien en el mercado corriente de bienes entre un comprador y un vendedor que actúan sin presiones ni ventajas entre uno y otro, en un mercado abierto y competido, en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo y en un plazo razonable de exposición. Así se advierte del criterio sustentado en la tesis IV.2o.A.61 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de enero de 2004, materia administrativa, página 1530, que establece: IMPUESTO PREDIAL. DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR CATASTRAL Y EL VALOR DE MERCADO, CUYA EQUIPARACIÓN ESTÁ REGULADA EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL CATASTRO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL DOS. La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León prevé en su artículo 21 bis-7 que: La base del impuesto será el valor catastral del inmueble, el cual será determinado conforme al procedimiento previsto en la Ley del Catastro. ..., en tanto que el artículo 17 de la Ley del Catastro vigente para el año dos mil dos, establece que: El valor catastral se obtendrá al aplicar para cada predio la operación aritmética consistente en multiplicar el número de unidades de suelo con las que cuenta el predio, por el valor unitario de suelo que le corresponda de entre los decretados por el Congreso del Estado; adicionado con el producto que resulte de multiplicar las unidades de construcción con las que cuente el predio, por el valor unitario de construcción que le corresponda de entre los decretados por el Congreso. ... . De la interpretación sistemática de ambos numerales se desprende que el valor catastral es la base gravable del impuesto predial y es la consecuencia de un proceso técnico de valoración que tome en cuenta las características intrínsecas del inmueble, así como las extrínsecas del mismo; en cambio, el valor de mercado es el resultado homologado de una investigación de mercado de bienes comparables al del estudio, donde imperan condiciones justas y equitativas entre la oferta y la demanda, lo que a la postre se traduce en un valor comercial, entendiéndose por éste la cantidad expresada en términos monetarios, mediante la cual se intercambiaría un bien en el mercado corriente de bienes entre un comprador y un vendedor que actúan sin presiones ni ventajas entre uno y otro, en un mercado abierto y competido, en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo y en un plazo razonable de exposición. Luego, es patente que la diferencia entre estos dos tipos de valores estriba en que mientras el valor catastral constituye un valor administrativo que sirve de base para determinar el impuesto predial, y se considera como indicador de la riqueza de los habitantes de un inmueble, el valor de mercado o comercial equivale al promedio ponderado del valor físico y del valor por capitalización de rentas. De acuerdo con lo expuesto, los valores unitarios de construcción que sirven de base para calcular el valor catastral del inmueble, en tanto deben ser equiparables a su valor de mercado, se determinan atendiendo principalmente, al tipo de uso (habitacional o comercial), servicios públicos y actividad comercial que prevalece en la zona donde se ubica el inmueble de que se trata, así como a la dinámica inmobiliaria (oferta-demanda) y, por ende, debe estimarse que el legislador válidamente puede considerar dichos factores para actualizar los valores unitarios del suelo, tal como aconteció en el caso que nos ocupa, lo cual contrariamente a lo que se aduce en los conceptos de violación, no causa perjuicio a la parte solicitante del amparo. En ese sentido, resulta aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 123/2004, consultable en la página 1125, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, de diciembre de 2004, materias constitucional y administrativa, que dispone: PREDIAL MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LA MECÁNICA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE TOMAR EN CUENTA EN LO FUNDAMENTAL, EL VALOR DE LOS INMUEBLES. Del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se advierte que el impuesto predial es concebido constitucionalmente como un impuesto de naturaleza real cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las construcciones. Ahora bien, el citado artículo transitorio dispone que el predial se configura como un tributo en el que los principios de proporcionalidad y equidad tributarias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los cuales deben ser equiparables a los valores de mercado y a las tasas aplicables para dicho cobro; de ahí que dicho proceso de determinación y adecuación de los valores unitarios y de las tasas aplicables deban realizarlo las Legislaturas de los Estados en coordinación con los Municipios, lo cual es congruente con la reserva constitucional a las haciendas municipales de los recursos derivados de las construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, así como de aquellas que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. Más aún, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la facultad otorgada a la autoridad administrativa para obtener un valor que incide en la base del impuesto, no implica una violación al principio de legalidad tributaria, cuando -como en el caso- tal actividad se realiza por un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo y mediante un análisis comparativo, así como con la aplicación del método Ross Heidecke, en las tablas de valores respectivas, lo cual es acorde con lo que se indicó en la jurisprudencia 2a./J.155/2006, consultable en la página 196, tomo XXIV, noviembre de 2006, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANTÍA DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA. Para verificar el apego al principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los actos formal y materialmente legislativos en los que se faculta a una autoridad administrativa para establecer el valor de un factor que incide en el monto de la base gravable o tiene algún efecto sobre una obligación tributaria accesoria, pero constituye un parámetro que debe tomarse en cuenta por todos los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto normativo, resulta relevante distinguir si la actividad encomendada a quien la aplica, se limita a recabar un dato que deriva del mercado, o bien constituye un valor que por la naturaleza del fenómeno a cuantificar implica, necesariamente, que un órgano técnico con base en los datos observados a lo largo del tiempo, y del análisis comparativo que realice de éstos, obtenga el valor que trasciende al monto de la respectiva obligación tributaria. En el primer supuesto, si la ley únicamente dispone que ese valor o precio debe tomarse en cuenta para efectos tributarios, sin precisar el mecanismo que seguirá para conocerlo, ello no implica dejar al arbitrio de la autoridad la fijación del monto correspondiente, pues al señalar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento específico a un determinado bien o a un indicador económico, la actividad técnica de la autoridad administrativa se limita a capturarlo de la realidad económica, lo que no significa comparar datos observados en diversos momentos, sino simplemente acudir a lo que en un momento dado revela el mercado, por lo que no queda al arbitrio de órganos ajenos al Poder Legislativo la determinación de los elementos que trascienden al monto de las cargas tributarias de los gobernados, pues será la realidad económica que se ordena valorar y no la voluntad de las autoridades administrativas la que determine la afectación patrimonial que una contribución o una obligación tributaria accesoria representa para los gobernados, sin desconocer que el órgano técnico competente puede incurrir en una aplicación incorrecta de la ley por una apreciación equivocada de esa realidad. En cambio, en el segundo supuesto, como sucede por ejemplo con el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, sí es necesario que el legislador prevea qué procedimiento debe seguir el órgano técnico para obtener dicho valor, pues éste deriva de comparar el movimiento de los precios a lo largo del tiempo y para obtenerlo no basta con levantar datos del mercado relativos a un mismo momento, sino que se comparan diversos valores (precios del mes base y del mes al que se refiere el Índice), y es la necesidad de acotar el arbitrio para realizar tal comparación, en aras de respetar el principio de legalidad tributaria, lo que torna indispensable prever en un acto formal y materialmente legislativo el procedimiento al cual debe sujetarse el órgano técnico que lleve a cabo la cuantificación y comparación de los valores observados en diversos momentos, de manera que se impida su actuación arbitraria y, además, se genere certidumbre a los gobernados sobre los factores que inciden en la cuantía de sus cargas tributarias. APARTADO B. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE TERRENO De la misma manera, es infundado lo que aduce la parte quejosa en lo relativo a que las "Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción", no hablan de la "determinación de zonas homogéneas de valor", así como tampoco dicho concepto resulta ser abstracto, impreciso e incierto; de igual forma, que la ley no establece las bases o parámetros que habrán de tomarse en cuenta para concluir que un inmueble se encuentra en un corredor de valor. En efecto, carece de fundamento lo aducido por la quejosa, toda vez que en las tablas de valores que son impugnadas sí se encuentran determinadas las zonas homogéneas de valor, así como se encuentra qué debe entenderse por una zona homogénea de valor; asimismo, se establecen los parámetros que habrán de tomarse en cuenta para determinar que un inmueble se encuentra en un corredor de valor. Lo anterior es así, ya que para obtener el valor del terreno de un inmueble, de conformidad con el citado artículo 23 de la Ley de Catastro de Chihuahua, deberá multiplicarse su superficie por el valor unitario del suelo que se contiene en las Tablas de Valores de Suelo aprobadas para el Municipio, en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la fórmula siguiente: VT = ST x VUS, donde: VT = Valor del Terreno ST = Superficie del Terreno VUS = Valor Unitario del Suelo Correspondiente a la zona homogénea o corredor de valor donde se ubica el inmueble. En este sentido, el artículo 21 del mismo ordenamiento legal -que forma parte del mismo esquema tributario aplicado a la quejosa- establece que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, deben reflejar el valor de mercado. Asimismo, se tiene que en el Anexo de la Tabla de Valores Unitarios para el suelo y construcción, se especifican los parámetros para clasificar un inmueble en un corredor de valor, que al mismo tiempo correctamente está ubicado en una zona homogénea, como así se señala en la sentencia recurrida. En efecto, para empezar en la aludida Tabla de Valores define lo que debe entenderse por suelo y terreno, así como la clasificación de este último. De igual forma, señala que el valor unitario es el determinado por unidad de medida en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas por el Congreso del Estado. Por otra parte, define que el sector catastral, es la división geográfica que establece la autoridad catastral municipal con respecto de su territorio y que agrupa a un número determinado de predios en función de su ubicación, y que la zona homogénea de valor, es una fracción de sector catastral, sector catastral completo o varios sectores catastrales, delimitado por una poligonal plasmada en cartografía municipal que tengan características similares, tales como infraestructura, servicios, topografía y cualquier otro elemento relacionado que incida en el valor de la zona homogénea, y al efecto, describe los elementos para la clasificación de 35 zonas homogéneas. En ese sentido, los elementos plasmados en la Tabla de Valores para los inmuebles ubicados en determinada zona homogénea, son el número de la zona, el número de sector, la colonia o fraccionamiento, el número de manzana, y el valor por metro cuadrado que le corresponde, de acuerdo a los anteriores elementos o factores, como a manera de ejemplo se visualiza la tabla siguiente: De igual forma, en lo que interesa la Tabla de Valores Unitario en comento, describe que un corredor de valor, es un tramo o toda una vialidad de una calle, avenida, boulevard, calzada, camino, carretera o andador urbano dentro de los límites de la ciudad, que por su mayor actividad comercial, industrial o de servicios, repercute en un mayor valor unitario de suelo por metro cuadrado de los predios colindantes con éste, independientemente de su acceso o entrada principal, así como la zona homogénea en la que se encuentre ubicado. Al respecto, como ya quedó asentado al principio de este apartado, para obtener el valor del terreno de un inmueble, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Catastro de Chihuahua, deberá multiplicarse su superficie por el valor unitario del suelo que se contiene en las Tablas de Valores de Suelo aprobadas para el Municipio, en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la fórmula siguiente: VT = ST x VUS, donde: VT = Valor del Terreno, ST = Superficie del Terreno y VUS= Valor Unitario del Suelo Correspondiente a la zona homogénea o corredor de valor donde se ubica el inmueble. e manera que para obtener el valor del terreno correspondiente, se debe tomar en cuenta su superficie y el valor unitario del suelo correspondiente, ya sea de la zona homogénea, o bien del corredor de valor si el inmueble se ubica en uno de ellos, de los cuales ya se han descrito sus características; en ese tenor, en la Tabla de Valores en comento se ubican esos corredores, se indican las calles, avenidas, boulevares o calzadas principales, y las calles donde inician y concluyen esos corredores de valor, y se indica el valor unitario por metro cuadrado del inmueble según su ubicación, como se visualiza en la tabla siguiente: Lo anterior evidencia, que no se deja al arbitrio de la autoridad recaudadora, algún elemento para calcular el valor unitario del suelo en relación con un corredor de valor, puesto que se clasifican diversos corredores de valor, y como ya se dijo, se señalan los elementos que deben tomarse en cuenta para su clasificación, al margen de que estén clasificados en una zona homogénea, pues a partir de ahí se da la ubicación de aquéllos inmuebles que se encuentren en un corredor de valor. Es oportuno destacar que los Municipios deberán realizar una investigación con la participación de peritos valuadores autorizados, a fin de obtener el Estudio Integral de Valores de Mercado y, con base en ello, elaborarán las tablas de valores que someterán a la consideración del Congreso del Estado en el mes de octubre de cada año. Por su parte, el reglamento prevé la existencia de un Comité de Apoyo Técnico al Catastro, quien, según su artículo 3, tendrá por objeto brindar información, asesoría y consulta a las autoridades municipales en materia catastral; además, de su artículo 17 destaca que para el cumplimiento de los objetivos señalados en la Ley de Catastro y en ese mismo reglamento, las autoridades catastrales (siendo el referido Comité una de ellas), en el ámbito de su competencia, ejecutarán en forma enunciativa y no limitativa diversas operaciones, de entre las que destacan, la elaboración de tablas de valores y planos de zonas homogéneas de valor. En ese sentido, si los Ayuntamientos, a fin de obtener el Estudio Integral de Valores de Mercado, pueden auxiliarse en ese grupo de expertos, para que con base en sus opiniones realicen una propuesta de las tablas de valores, logrando así cuantificar los valores unitarios de referencia, acorde al valor de mercado correspondiente, tal y como lo prevé el artículo 21 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, es lógico pensar que si el legislador no detalló en la Ley de Catastro cómo debe calcularse el valor unitario de construcción y de suelo por metro cuadrado, obedece a que se está en presencia de un fenómeno dinámico que requiere de un cuerpo especializado que tenga experiencia en esas materias, quien al emitir las tablas de valores deberá fijar índices que den una razonable certeza o justificación racional para evitar arbitrariedades en contra de los gobernados, lo que no transgrede el principio de reserva de ley. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis XVII.2o.9 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 77, agosto de dos mil veinte, tomo VI, página 6267, registro 2021945, que dice lo siguiente: VALOR UNITARIO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN. EL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO DEL MISMO ESTADO, FACULTAN A UN GRUPO DE EXPERTOS DENOMINADO "COMITÉ DE APOYO TÉCNICO AL CATASTRO", PARA QUE PROPONGAN ANUALMENTE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE, AL ESTAR REGULADAS TALES ATRIBUCIONES, SUS DETERMINACIONES SIRVEN DE SUSTENTO PARA CUANTIFICAR LOS VALORES UNITARIOS Y SU OBTENCIÓN. El artículo cuarto transitorio del decreto No. 112-04 1 P.O., por medio del cual se reformaron y adicionaron diversos artículos de la primera legislación en cita, establece que todos los Municipios deberán realizar una investigación con la participación de peritos valuadores autorizados, a fin de obtener el Estudio Integral de Valores de Mercado y, con base en ello, elaborarán las tablas de valores que someterán a la consideración del Congreso del Estado en el mes de octubre de cada año. Por su parte, el referido reglamento prevé la existencia de un Comité de Apoyo Técnico al Catastro, quien, según su artículo 3, tendrá por objeto brindar información, asesoría y consulta a las autoridades municipales en materia catastral; además, de su artículo 17 destaca que para el cumplimiento de los objetivos señalados en la Ley de Catastro y en ese mismo reglamento, las autoridades catastrales (siendo el referido Comité una de ellas), en el ámbito de su competencia, ejecutarán en forma enunciativa y no limitativa diversas operaciones, de entre las que destacan, la elaboración de tablas de valores y planos de zonas homogéneas de valor. En ese sentido, si los Ayuntamientos, a fin de obtener el Estudio Integral de Valores de Mercado, pueden auxiliarse en ese grupo de expertos, para que con base en sus opiniones realicen una propuesta de las tablas de valores, logrando así cuantificar los valores unitarios de referencia, acorde al valor de mercado correspondiente, tal y como lo prevé el artículo 21 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, es lógico pensar que si el legislador no detalló en la Ley de Catastro cómo debe calcularse el valor unitario de construcción y de suelo por metro cuadrado, obedece a que se está en presencia de un fenómeno dinámico que requiere de un cuerpo especializado que tenga experiencia en esas materias, quien al emitir las tablas de valores deberá fijar índices que den una razonable certeza o justificación racional para evitar arbitrariedades en contra de los gobernados, lo que no transgrede el principio de reserva de ley. Finalmente, en lo relativo a lo expresado por la parte quejosa, en el sentido de que para que la norma tributaria introduzca hipótesis en que, por tratarse de causantes ubicados en situaciones y características diversas, deben cubrirse cuotas distintas por la prestación de servicios similares del Estado, es necesario expresar las razones o causas que generen la mayor o menor actividad de los órganos administrativos, según resulte de la complejidad derivada de los requisitos que reglamenten cada actividad. Es inoperante lo que aducen los promoventes. Para evidenciar el anterior aserto, es necesario establecer que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye: 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La satisfacción de los principios de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el reseñado artículo, a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, únicamente es aplicable a los impuestos; pues tratándose de derechos, de acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, éstos son las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que el pago del derecho por la prestación de un servicio, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, si para ello no se toma en cuenta el costo global del servicio que presta, sino que se atiende a un elemento ajeno, pues ello conduce a que por un mismo servicio los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad, pues se fija en términos de la capacidad contributiva del destinatario del servicio, siendo esto aplicable exclusivamente a los impuestos, no así a los derechos cuya naturaleza es distinta, por lo cual, si para el cobro de derechos no se atiende al costo global del servicio prestado, que si bien no puede ser con una exactitud matemática en relación con el costo del servicio, éste resultará violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, puesto que sí debe existir una vinculación entre el costo del servicio y su cobro. En este sentido, el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, para efectos de las disposiciones fiscales, establece que son contribuciones los impuestos, las contribuciones especiales, y los derechos, definiendo como impuestos a las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos; las contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas; y los derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Mientras que los ordinales 145 y 146 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, prevén el objeto y sujetos de base del impuesto predial. De ahí, que, ante la clara diferencia entre los impuestos y derechos, resultan inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por los promoventes. En sustento a lo anterior se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 233410, Materia Administrativa, de la Séptima Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo Volumen 44, Primera Parte, página 34, que a la letra dice: IMPUESTOS Y DERECHOS. NO SON EQUIVALENTES (LEY DE PAVIMENTACION DEL ESTADO DE OAXACA, CONTENIDA EN EL DECRETO NUMERO 54, DEL CONGRESO LOCAL). Se advierte, principalmente, de los artículos 2o. y 4o. de la nueva Ley de Pavimentación de la ciudad de Oaxaca, que no se trata del cobro de impuestos sino de derechos. Ahora bien, no por ello puede decirse que sólo puede cobrarse el servicio proporcionado por el Estado atendiendo al costo del mismo, por las siguientes razones. Durante algún tiempo la doctrina tributaria sostuvo la tesis de la equivalencia e igualdad de ambos elementos, pero actualmente se ha superado esa tesis y la legislación mexicana también la ha rechazado. En efecto, aun cuando el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación define los derechos como contraprestaciones establecidas por el poder público en pago de un servicio, la palabra contraprestación no debe entenderse en sentido de derecho privado, de manera que corresponda exactamente al valor del servicio, y por ello sería preferible que se dejara de usar la palabra contraprestaciones, pues los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, y es accidental si éstos reciben o no beneficios de orden individual, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública, la urbanización de la localidad, etcétera. En algunos casos el servicio público es obligatorio; en otros, como el de correos o telégrafos, es potestativo; pero en ambos casos los particulares deben cubrir los correspondientes derechos. El Estado no se constituye en una empresa privada que ofrezca al público sus servicios por un precio comercial, con base exclusiva en los costos de producción. Por el contrario, los derechos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado, y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, la cual establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; y por lo tanto, los servicios públicos aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derecho. Es verdad que la proporcionalidad y equidad de los derechos no es lo mismo que la proporcionalidad y equidad de los impuestos; pero no es exacto que la proporcionalidad y equidad de aquéllos consista precisamente en la igualdad o equivalencia entre el costo del servicio prestado a cada particular y la cantidad que se paga por el. Ni el derecho civil se exige esta correspondencia absoluta en el intercambio de cosas y servicios por dinero, pues sabido es que la lesión que sufra una de las partes tiene como requisito para su procedencia que uno de los contratantes obtenga un lucro excesivo, que sea evidentemente desproporcionado a lo que el otro por su parte se obliga (artículo 17 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales). Con mayor razón la materia de derechos no puede sujetarse al estricto criterio de la equivalencia rigurosa; y por ello se habla de que lo que el particular debe pagar por ellos corresponda aproximadamente al costo del servicio prestado; de la adecuada proporción entre el servicio público y la cuantía del derecho, y de una razonable o prudente o discreta proporcionalidad entre ambos términos. Este criterio permite al Estado fijar el importe de los derechos no sólo con base en el costo total del servicio, en sus diversos aspectos y circunstancias especiales, tomando en cuenta el valor de las oficinas, instalaciones, equipo, pago de personal y demás gastos que origina la prestación del servicio en sus diversos tipos, sin sujeción matemática a un supuesto costo individual, abstracto e igual para todos; sino también el citado criterio permite al Estado fijar el importe de los derechos teniendo en consideración fines extrafiscales como sería el provocar un aumento procurar una disminución en el servicio que se va aprestar. Ahora bien, el costo supone un criterio puramente matemático, pero no jurídico, pues para fijar individualmente el monto de un derecho debe tomarse en cuenta que éste debe ser proporcional y equitativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 constitucional, fracción IV. La proporcionalidad tiene como base el costo general y el costo específico del servicio en la forma indicada; la equidad permite al poder público tomar en consideración los beneficios que se reciban y las posibilidades económicas y sociales de cada causante y de cada grupo de causantes para distribuir entre ellos el importe del costo total del servicio, pues según la equidad deben tratarse desigualmente las situaciones desiguales, lo que es muy útil y conveniente en un país como el nuestro en que existen diferencias económicas muy notables entre los diferentes sectores y clases socioeconómicas. Con base en la equidad, el Estado presta en ocasiones, directa o indirectamente, servicios a los particulares a cambio de cantidades que cubren únicamente una mínima parte del costo del servicio, como sucede tratándose de la educación superior y profesional, cuyo costo recae en su mayor parte en el gobierno. En tales condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, lo procedente, es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada por la parte quejosa. OCTAVO. Forma de notificación. En la Circular SECNO/24/2020 ampliada en su vigencia por la diversa SECNO/25/2020, ambas emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó a este Juzgado que en sesión de doce de noviembre de dos mil veinte, la Comisión Especial, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19, en los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua", con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las personas que prestan sus servicios en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas de este Decimoséptimo Circuito. Por lo que, los órganos jurisdiccionales de este Decimoséptimo Circuito, se retrotraen al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19; durante el periodo comprendido del catorce al veintisiete de noviembre de dos mil veinte, inclusive. Asimismo, en cuanto a la resolución de casos tramitados físicamente, en estado de dictar sentencia, conforme a las citadas Circulares, debe atenderse al Capítulo II del citado Acuerdo General 13/2020, en cuyo artículo 11, fracción, I, primer párrafo, se determina que conforme al numeral 1, fracción IV, del mismo, no corren plazos ni términos procesales, por lo que las notificaciones de las resoluciones que se dicten durante la vigencia de este esquema de trabajo, serán practicadas conforme a la normatividad correspondiente, de manera escalonada, una vez que se normalicen las actividades. Lo anterior, salvo los casos que se califiquen como urgentes (conforme a dichas Circulares, los previstos en el artículo 4 del mencionado Acuerdo General), especialmente los que involucren la libertad personal, que se notificarán de inmediato. Por lo tanto, ya que este juicio de amparo no se considera urgente, pues se trata de un asunto en materia administrativa, específicamente de un amparo contra leyes, que no está previsto en el citado artículo 4, con tal calidad de urgencia, ni implica la libertad personal de persona alguna, esta sentencia deberá notificarse conforme a la Ley de Amparo, pero de manera escalonada, una vez que se normalicen las actividades. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, en términos de lo analizado en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a **********, por los motivos expuesto en el considerando séptimo de esta resolución. TERCERO. Esta sentencia deberá notificarse conforme a lo establecido en su considerando octavo. Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Así lo resolvió y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de diciembre de dos mil veinte, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que las partes se impongan del contenido del informe justificado respecto a la ampliación de demanda rendido por el Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, tal y como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas del once de enero de dos mil veintiuno, para su celebración. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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