Julio César Hernández Ruíz
Expediente 834/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Julio César Hernández Ruíz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia cuatro de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II, del numeral vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de enero de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 834/2021-III, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, la cual fue turnada a este juzgado el día hábil siguiente. En ese aspecto, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables, Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta Ciudad, a quien reclamó lo siguiente: "IV.- ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS: LO ES EL NO REMITIR AL C. JUEZ DE EJECUCIÓN A CARGO DE LA CARPETA DE EJECUCIÓN PENAL COMUN ******* DEL DISTRITO BRAVOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON SEDE EN CD. JUAREZ PARTIDA JURIDICA, ESTUDIOS DE PERSONALIDAD, EXPEDIENTE DE INTERNAMIENTO Y CONDUCTA DE MI REPRESENTADO." SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de primero de diciembre de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo 834/2021-III y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto omisivo reclamado es atribuido a una autoridad de cuya circunscripción territorial este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; lo anterior de conformidad con el numeral 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, la omisión de remitir estudios de personalidad, expediente de internamiento y conducta al Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos. TERCERO. Existencia de actos omisivos reclamados. Son ciertos los actos omisivos reclamados por el quejoso, no obstante que el Titular de Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, haya señalado que no lo son. Ello es así, pues de las constancias con que acompaña su informe, se desprende, que fue hasta el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, es decir, después de presentado el ocurso de amparo -que se recibió el veintinueve de noviembre de ese mismo año, como ya fue referido- que el Titular de Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, remitió al Juez de Ejecución las copias certificadas del Plan de actividades y su cumplimiento, partida jurídica actualizada e informe de conducta y disciplina, referentes al hoy quejoso, lo cual, evidencia la certeza de los actos reprochados; por tanto, debe tenerse por desvirtuada su negativa y por cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCÍAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. Dicho numeral preceptúa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." Así, del contenido de la fracción y artículo transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia con número de Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38: que reza de la siguiente manera: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." A mayor abundamiento, cabe destacar que la razón de tal causa de improcedencia, es la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio; de ahí que la cesación de los efectos deba ser inmediata, total, y no sujeta a condición alguna, a fin de que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 772, de dicha Ley de Amparo, resulte ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Lo expuesto se sustenta por analogía en el criterio con número de Registro, 176051 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C. J/22 Página: 1579, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Conforme a lo anterior, si el quejoso se duele de la omisión de remitir al Juez de Ejecución del Distrito Judicial Bravos, copia certificada de los estudios de personalidad, por parte del centro de reinserción social en el cual se encuentra recluido, es claro que dicho acto ha cesado en sus efectos sobre los derechos fundamentales del quejoso. Lo anterior se dice de esa manera, virtud a que de las constancias que adjuntó el Licenciado Guillermo Segura Brenes, Director del Centro de Readaptación Social Estatal número Tres, si bien es cierto, lo hace una vez que fue recibida la demanda de amparo que dio origen al presente juicio constitucional, de ellas se desprende que el Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, recibió las copias certificadas del Plan de actividades y su cumplimiento, partida jurídica actualizada e informe de conducta y disciplina, referentes al hoy quejoso, por lo que resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia analizada. Ello, pues el acto reclamado actualmente no surte efectos al haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio biinstancial ?la omisión de remitir los estudios de personalidad al Juez de Ejecución ?; además, si fuera concedida la protección constitucional solicitada sería para efecto de conminar a la responsable para que remitiera las copias certificadas de los mismos, extremo que ya se actualizó. Por tanto, se concluye que han sido destruidos todos los efectos del acto omisivo, en forma total e incondicional, como si hubiera sido otorgada la protección constitucional solicitada; de manera tal que resulta ocioso el examen del mismo. En esa tesitura, es incontrovertible que, cesaron los efectos del acto reclamado y queda evidenciada la actualización en esta acción constitucional, virtud a la causa de improcedencia aludida en párrafos anteriores, siendo procedente en consecuencia sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con número de Registro: 197,367, Tesis aislada Materia(s): Común Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, noviembre de 1997 Tesis: P. CL/97 Página: 71, la cual establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así mismo, en la tesis con número de Registro No. Registro: 196,820 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, febrero de 1998, Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el entendido de que las tesis que se citan en el presente asunto, si bien hacen referencia a preceptos de la ley de amparo vigente hasta el dos de abril del dos mil trece, también es cierto que las mismas no se oponen a los preceptos de la nueva ley de amparo; lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado y autoridad responsable, así como por los por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres con domicilio en Ciudad Juárez; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de diciembre de dos mil veintiuno. Admisión de la demanda de amparo Téngase por recibida la demanda, promovida por ******* defensor particular del sentenciado *******; contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión Sin necesidad de aperturese el incidente de suspensión en razón de no haberse solicitado. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la Jueza y la secretaria en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten en línea, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que si es solicitado o esta juzgadora lo estima pertinente se pueda ordenar que la celebración de la audiencia se lleve a cabo a través de videoconferencia, si se trata de un caso que se encuentre debidamente justificado, conforme al artículo 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y el diverso ordinal 19 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido que, este órgano jurisdiccional adoptará las medidas necesarias tendentes a garantizar que las personas justiciables tengan la posibilidad de participar en los actos procesales que se desahoguen mediante el uso de la videoconferencia, lo que será posible únicamente si todos los intervinientes se encuentran en igualdad de condiciones, para lograr su participación en la audiencia, de conformidad con el artículo 31 del Acuerdo en cita. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable que rinda su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional ($8,962.00). Información reservada o confidencial Cuando las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cuando se remita documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional ($8,962.00). Información sobre causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional ($2,688.60). Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, y modificado por el diverso numeral 15 del Acuerdo General 25/2020 que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este incidente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio Amparo indirecto 716/2021 en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). En esa medida, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, y 35 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones que este juzgado realice a las partes quejosa, tercera interesada y/o autoridad, en las que se precise tengan pleno conocimiento, se efectuaran por cualquier medio electrónico que resulte eficaz. Así, primeramente, se privilegiará la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico; mientras que, a las autoridades se les hará la notificación por intercomunicación o interconexión, siempre que exista el convenio que así lo establezca. De no ser posible esa comunicación electrónica que genera acuses automáticos de la recepción de las determinaciones que este juzgado envía, entonces, la notificación se realizará por medio del correo y/o teléfono de las partes, para lo cual, se requiere a las partes en este juicio para que en la primera promoción que dirijan a este juzgado manifiesten tanto el correo en el cual recibirán las notificaciones que este juzgado les dirija, así como el número telefónico, incluyendo en su caso la extensión en el que se les podrá contactar, ello de conformidad con la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Dado que este tipo de notificación no genera acuses en automático, las partes deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese términos este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días, horas y domicilio De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Domicilio En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el referido en la demanda de amparo. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la administración regional de esta demarcación, para que ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará una vez que la parte interesada agende cita y se obtenga un Código QR que permita su acceso a las instalaciones de este juzgado, dentro del horario establecido. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que se reanuden las labores normales del juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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