Julio Aguilar Gonzalez
Expediente 1389/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 1389/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/01/2024
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Julio Aguilar Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el informe justificado del Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar de esta ciudad, el suscrito acuerda: dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Se ordena glosar las documentales anexas al oficio de cuenta al presente expediente. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1389/2023, promovido por ***, contra actos del Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México; y Juez y Notificadora adscritos al Juzgado Séptimo de la misma especialidad de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso se ostenta tercero extraño por equiparación a la controversia del orden familiar **/** del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, y reclama el emplazamiento; así como, todo lo actuado, particularmente la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintitrés, cuyos resolutivos determinaron lo siguiente: Se decretó la guarda y custodia definitiva de la niña ***, a favor de su progenitora. Se fijó como pensión alimenticia definitiva, el *** de los ingresos ordinarios y extraordinarios de su progenitor, girando oficio a su empleo para ejecutar dicho pago. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, únicamente el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México rindió su informe previo; finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Juez responsable local, negó la existencia de los actos reclamados; empero, del propio informe rendido, se aprecia que dicha negativa se encuentra desvirtuada, pues refiere que el emplazamiento del demandado fue realizado por conducto de las autoridades responsables foráneas, el cuatro de mayo del año actual; por tanto, debe tenerse por cierto el acto que se le atribuye, únicamente para efectos de la presente suspensión. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por su parte la Juez y Notificadora adscritos al Juzgado Séptimo Familiar de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, fueron omisas en rendir el informe relativo pese a habérseles notificado oportunamente su requerimiento; por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cierto, únicamente para efectos de resolver la presente incidencia. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. El quejoso es parte material en el juicio de origen, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL RESPECTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA. El acto reclamado genera diversos efectos y consecuencias, el primero de ellos es la asignación de la titularidad de la guarda y custodia de la niña involucrada a favor de su progenitora; respecto de ese aspecto es inviable otorgar la suspensión. Tratándose de la procedencia de la concesión de la medida cautelar de amparo, el artículo 128 de la Ley de la materia impone al Juez de Distrito analizar; que la medida sea solicitada por el quejoso; y que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el artículo 138 de la Ley de Amparo impone la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para resolver respecto de la suspensión. En el caso, la suspensión es inviable porque afectaría al interés social y contravendría disposiciones de orden público, lo cual es un supuesto expresamente contemplado en el artículo 129 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [.] VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;" En efecto, a causa del acto reclamado se determinó la guarda y custodia de la niña inmersa en la controversia, a favor de su progenitora, con quien vive desde la separación de las partes, como se aprecia de la sentencia adjunta al escrito de desahogo. Por lo tanto, conceder la medida suspensional implicaría ordenar a la autoridad responsable la entrega de la infanta a su progenitor; decisión que afectaría su interés superior, dada la posibilidad de cambiarla abruptamente de lugar de residencia, incrementando el riesgo de afectar los hábitos y costumbres generados desde que hace tiempo reside con su madre, en relación a la fecha en que se resuelve. Luego, si acorde con el anexo adjunto, se ordenó que la niña esté a cargo de su madre y reside con ella, ordenar a través de una decisión suspensional, su entrega al progenitor generaría una afectación en el entorno regular de la niña e incluso se pondría en riesgo su estabilidad emocional por la constante sujeción a traslados con motivo de decisiones judiciales, que deben evitar una sobreexposición de la actividad judicial a la vida y esfera de la infante. De ahí que pueda sostenerse que, esencialmente, el derecho sustantivo que podría resultar afectado es su integridad personal; y en caso de que ello ocurriera, se propiciaría una violación de imposible reparación, lo cual también es contrario a la doctrina sostenida por el Máximo Tribunal del País, pues basta que la niña se ubique en una situación de riesgo para preferir una medida en su beneficio, aun cuando implique someter prerrogativas parentales. Es aplicable, la tesis 1a. CVIII/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005919, que dispone: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial." Considerar lo contario, daría pauta para propiciar un cambio de domicilio y núcleo familiar de la niña, sujetándola a un constante movimiento y alteración de sus rutinas, situación que a consideración del suscrito, debe prevalecer al no advertirse un riesgo real, inminente o al menos posible, dentro de un marco de razonabilidad. Al respecto se cita el criterio II.3o.C.13 K emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con registro digital 179166, que establece: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES, SALVO QUE CONCURRAN CONDICIONES ESPECIALES Y QUE DE NO CONCEDERSE SE PERJUDIQUE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo se deduce que la teleología de la suspensión descansa en impedir que con el acto reclamado se causen o puedan causar perjuicios de difícil reparación, y para concederla el Juez de amparo puede calificar y estimar la existencia del orden público con relación a una ley. Así, el artículo 4o. de la Carta Magna consagra el interés superior del niño, el cual también está previsto en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en algunas legislaciones que rigen los derechos de los menores en los Estados de la Federación, este principio es concebido como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante proporcionándole los cuidados y asistencia necesarios para lograrlo. De tal manera que para decretar la medida suspensional debe atenderse al principio aludido y a las leyes que lo regulan, pues ambos aspectos atañen al interés social y al orden público y, por tanto, la resolución que determina sobre la guarda y custodia de los menores podría ser o no susceptible de suspenderse, dado que tal situación se presume generada al amparo de ese principio rector en cuya observancia está interesada la sociedad; de ahí que para resolver sobre la medida que nos ocupa, el juzgador de amparo deberá atender a las condiciones específicas de cada caso en particular vigilando, sobre todo, que se respete el principio de interés superior del niño, en concordancia con los requisitos que para la suspensión establece la Ley de Amparo. Por lo tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN RELATIVA A LA GUARDA Y CUSTODIA DE LA NIÑA, DECRETADA A FAVOR DE SU PROGENITORA. CUARTO. NEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN, RESPECTO A LA PENSIÓN ALIMENTICIA. Tratándose de la procedencia de la concesión de la medida cautelar de amparo, el artículo 128 de la Ley de la materia impone al Juez de Distrito analizar: Que la medida suspensional sea solicitada por el quejoso; y Que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Apoya lo anterior la tesis número II.1o.A.23 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con registro digital 178594, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN. El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad." Por su parte, el artículo 138 de la Ley de Amparo impone la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para resolver respecto de la suspensión. La fracción IX del numeral 129 de la ley de la materia contempla como un supuesto de perjuicio al interés social o contravención al orden público, que con la concesión de la medida se impida el pago de alimentos, que es en el caso, el efecto para el cual pudiera concederse la suspensión del acto reclamado, dado que ello implicaría la cancelación de la pensión alimenticia a favor de la niña. Por lo tanto, únicamente, se cumple el primer requisito, en tanto que la medida es solicitada expresamente por la accionante de amparo; sin embargo, el segundo no, toda vez que la suspensión del acto reclamado, sí causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, pues es un caso expresamente contemplado por la Ley de Amparo. Además, no puede estimarse que se esté ante un caso de excepción, como lo marca la última parte del artículo 129 de la ley aplicable, en virtud de que con la negativa de la medida, no se afecta más a la sociedad, pues ésta tiene un interés generalizado en que los alimentos sean pagados a sus acreedores; de ahí que al negarse la suspensión, no se genera para la sociedad un detrimento mayor al que se impone al progenitor de pagar las cantidades que le fueron impuestas por concepto de alimentos a sus acreedores. En esas condiciones, lo procedente es NEGAR LA MEDIDA SUSPENSIONAL SOLICITADA, al no cumplirse los requisitos del artículo 138 de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia 142, visible en la páginas 236 y 237, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, al Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, cuyo rubro es: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE.- Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla." Además, se cita la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con registro digital 217422, visible en el Semanario Judicial de la Federación XI, febrero de 1993, página 334, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSION DEFINITIVA, TRATANDOSE DE ALIMENTOS NO ES PROCEDENTE CONCEDER LA. Es correcto el proceder del juez a quo al negar la suspensión definitiva, en razón de que, es de explorado derecho que en materia de alimentos, existe un interés determinante de la sociedad, en que no se suspendan las pensiones provisionales decretadas en favor de los menores, pues de hacerlo así, existiría el peligro de insubsistencia." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ***, contra actos del Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México; y Juez y Notificadora adscritos al Juzgado Séptimo de la misma especialidad de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Por recibido el oficio del Juez responsable, mediante el cual de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, rinde su INFORME PREVIO en los términos que indica. Por otra parte, toda vez que refiere que toma conocimiento de que se concedió la suspensión, infórmese que en proveído de seis de diciembre pasado se negó la suspensión provisional, conforme lo ahí determinado, para los efectos conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Glósese el oficio del Juez responsable, por medio del cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, y acompaña las constancias que refiere en su apoyo, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento. Ahora bien, toda vez que de las documentales allegadas únicamente obra la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, requiérase a la autoridad oficiante para que en el plazo de tres días legalmente computado, remita en copia certificada y legible de las constancias que sustenten el informe que allega, conforme lo solicitado en auto admisorio de seis de diciembre del año en curso; esto es. 1. Acto reclamado y la secuela procesal que lo haya precedido (por ejemplo, actuación recurrida, agravios, etc.). 2. Toda constancia y pruebas que se hayan relacionado (señalado) y valorado para su emisión; así como aquellas sobre las que se apoyen los conceptos de violación. 3. En general, de cualquiera elemento del negocio y su estado procesal, que sea indispensable para la resolución del asunto. Subsistiendo el apercibimiento con el que se le conminó en autos. NOTIFÍQUESE.
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