Julieta Marcela Alaniz Alcantara
Expediente 513/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Julieta Marcela Alaniz Alcantara
- JULIETA MARCELA ALANIZ ALCANTARA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual devuelve este expediente y remite testimonio de la resolución mediante la cual declaró INFUNDADO el recurso hecho valer contra la determinación en la que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se desechó el asunto. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el comunicado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el ocurso de la quejosa; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA, contra el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el informe respectivo, los presentes autos, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación del mismo. Fórmese el cuaderno de antecedentes. Con copia del ocurso de cuenta, córrase traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos legales correspondientes. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga conocimiento de quién es el Tribunal que resolverá el medio de impugnación referido, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve **** por propio derecho y en representación de las infantes de iniciales ****; contra actos del Juez Vigésimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1 y 17 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro electrónico con el número 513/2023. Tramítese el presente asunto conforme al ordinal 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El ordinal 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues de conformidad con el diverso 62 de la ley referida, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. La quejosa reclama el auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 1760/2021 del índice del Juez Vigésimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México, donde señaló como fecha de audiencia para una información testimonial, el doce de julio del presente año. En esencia, la peticionaria de amparo se duele de que la fecha señalada para la audiencia, es lejana. III. El presente juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 77 ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] La causal de improcedencia invocada se refiere a la inviabilidad de los efectos de la sentencia de amparo que se actualiza en el supuesto de que, de concederse una resolución protectora de garantías, bajo ningún supuesto podría surtir sus efectos restitutorios. Lo anterior, en razón de que las finalidades del amparo en cuanto a sus sentencias es restablecer al agraviado en el pleno goce del derecho violado, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo que resultaría inviable, pues en el supuesto de que se concediera a la parte quejosa la protección constitucional, ello no generaría en su beneficio el señalamiento de una fecha previa de audiencia, pues el mismo curso del juicio que se intenta, requeriría de un tiempo mínimo indispensable. Los alcances restitutorios de una ejecutoria de amparo deben materializarse sobre derechos legítimamente tutelados, esto es, respecto de prerrogativas legalmente protegidas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría generar efectos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no puede permitirse, pues el enlace armónico de las normas constitucionales y los principios del juicio de amparo ofrecen una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias, que de conceder la protección generarían un cumplimiento inaccesible o incluso contrario al derecho. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 184/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 171034. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, en Materia(s): Común, Página: 395, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS. El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella." También se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 35/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2000583. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 1059, que dispone: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." En el caso, la parte quejosa plantea su defensa constitucional a fin de conseguir que el juez de origen señale una fecha previa para la audiencia de información testimonial en el procedimiento primigenio, pues la fijó hasta el doce de julio de la presente anualidad. Así, el impedimento para que una eventual concesión de amparo logre plenamente sus efectos restitutorios, surge precisamente del trámite mínimo indispensable en el juicio de biinstancial -regulado con términos específicos establecidos en la propia ley-; juicio que analizado en la más óptima de sus tramitaciones (esto es, sin ningún tipo de incidencia procesal y contando con que el emplazamiento se practicara inmediatamente y que no se interpusiera ningún medio de impugnación durante el procedimiento o contra la definitiva), así como de los datos estadísticos de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, revela que el juicio se resolvería aproximadamente en un lapso de 7.20 meses calendario posteriores a la presentación de la demanda que se provee. Para ilustrar lo anterior, debe partirse de lo siguiente, que es la concatenación de eventos mínimos conforme a la ley de la materia y los términos que ésta prevé: 1. Sí el día de hoy, en lugar de esta determinación, se emitiera el auto admisorio de demanda, se fijaría fecha de audiencia constitucional dentro de los siguientes treinta días, conforme a los artículos 115 y 117 de la Ley de la Materia, que disponen: "Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. [.] Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. [.] 2. Dentro de ese periodo, en el supuesto no concedido de que se dejara de señalar parte tercera interesada, la autoridad responsable recibiría el oficio el día lunes, quince del mes y año en curso; de modo que su término de quince días para rendir informe, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, correría del dieciséis de este mes al cinco de junio siguiente. Acordando el informe justificado al día siguiente hábil de que fenece el término de la autoridad (seis de junio de dos mil veintitrés), aún debe transcurrir el plazo de ocho días que dispone la ley para que la quejosa pueda imponerse de su contenido, el que se notificaría por lista del día siete de ese mes, surtiendo sus efectos el ocho siguiente; y correría el término relativo del nueve al veinte de junio esa misma anualidad. En esta tesitura, el mejor panorama procesal, obligaría a señalar la audiencia constitucional al día siguiente hábil, esto es, para el veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Ello, soslayando las cargas de trabajo y audiencias previamente señaladas para ese día, por la particularidad del asunto. 3. En el supuesto de que no existiera necesidad de diferir la audiencia y ésta se celebrara, con dictado de sentencia el mismo día, en aras de impartir una justicia pronta, expedita y efectiva, ésta podría notificarse por lista del día siguiente hábil, esto es, el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, surtiendo efectos el veintidós de junio, y comenzaría a contar el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para impugnar la sentencia del veintitrés de junio al seis de julio, ambos de este año. 4. Si no existiera recurso de revisión contra el fallo, el suscrito procedería a declararlo firme por auto de siete de julio de dos mil veintitrés, de modo que en el supuesto de más óptimo, el oficio correspondiente, que requiriera a la autoridad responsable para que diera cumplimiento y señalara una fecha conforme a la legislación procesal civil correspondiente, lo recibiría, excluyendo toda posibilidad de incidencias, el día siguiente hábil, esto es, el diez del referido mes y año. 5. Recibido el oficio que requiere a la autoridad el cumplimiento de la ejecutoria, ésta tendría tres días para cumplir cabalmente con sus efectos, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, lo que acontecería del once al trece de julio de la presente anualidad, esto es, un día después de la fecha de audiencia de la que se inconforma la quejosa; por lo cual, resulta claro que al momento en que se recibiera ante este Juzgado Federal, el oficio de cumplimiento, se rebasaría la fecha señalada para la audiencia en el juicio de origen, que se fijó para el doce de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, instar un amparo en busca de que el juez señale una fecha de audiencia antes de la fecha referida; implicaría un efecto inviable para un cumplimiento que restituyera de forma eficaz a la quejosa en el goce de sus derechos, precisamente porque el natural transcurso del tiempo que necesariamente requiere la tramitación del juicio de amparo lo impediría, circunstancia que, como se dijo, incluso se examina planteando en el mejor supuesto para la quejosa. Esto es, no podría restituirse a la quejosa, pues el mismo trámite de amparo haría inviable que se cumpliera la sentencia concesoria conforme lo pide la impetrante, pues en el mejor supuesto el cumplimiento a la sentencia, ocurriría incluso después del trece de julio de dos mil veintitrés; lo que hace inviable el estudio de la constitucionalidad que se plantea, pues en el supuesto de que el juicio no quedara sin materia por llegarse previamente la fecha de audiencia, incluso podría implicar, que la data que ya fijó el juez natural, tuviera que diferirse, lo que no beneficia a la pretensión de la accionante. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." También son aplicables las consideraciones de la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 145-150, Tercera Parte, página 58, Séptima Época, Materia Común, Registro 237751, que es del rubro y texto siguientes: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación." No es impedimento para desechar la demanda, que la accionante venga en representación de una niña y un niño, pues aún y cuando la Constitución Federal y el marco jurídico internacional aplicable obliga a los juzgadores a velar por su interés superior, ello no implica de ninguna manera que la suplencia que opera a su favor haga viable lo improcedente; pues sostener ésta afirmación, implicaría materialmente una modificación al sistema de causales de improcedencia establecido en la propia Ley de Amparo, mismas que son de estudio preferente y oficioso. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis 1a. XVII/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, página 486, novena época, enero de 2007, en materia común, con número de registro 173440, cuyo rubro y texto es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia invocada por inviabilidad de la sentencia de amparo, por lo que DEBE DESECHARSE LA DEMANDA, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este Juzgado y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. El correo que refiere la quejosa únicamente será considerado para entablar comunicaciones no procesales, pues así lo dispone el artículo 22 del Acuerdo General citado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda que promueve ***** por propio derecho y en representación de las infantes de iniciales ****; contra actos del Juez Vigésimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México. NOTIFÍQUES
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