Julieta Beatriz Aguilar Cueto

Expediente 742/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
742/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Julieta Beatriz Aguilar Cueto

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir en queja el auto que desechó la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito del autorizado por la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en atención a su contenido, se instruye a la Secretaria para que verifique el estatus de acceso a consultar el expediente electrónico, y habilite -de ser el caso- los permisos correspondientes para ello, toda vez que ya está dado el permiso. En el entendido que, contrario a lo que manifiesta, en el escrito de demanda no se solicitaron las notificaciones por la vía electrónica, por lo cual únicamente se acordó lo relativo al acceso al expediente. No obstante, una vez que lo pida la parte quejosa se acordará lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    (AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Vista la demanda de amparo que promueve..., contra omisiones del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Noveno Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 742/2021. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo1. 1 "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues de conformidad con el diverso 62 de la ley de la materia3, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la omisión de ordenar notificar a su contrario la determinación de dos de junio pasado que resolvió el Incidente de incremento y actualización de pensión alimenticia de la ejecución de sentencia en vía de apremio, derivada del expediente 902/2011 del índice del Juzgado Décimo Noveno Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como, la omisión de la ejecutora de practicar dicha diligencia. III. El juicio de amparo es improcedente, pues por lo que ve a las omisiones aludidas, cuando este tipo de conductas ocurren dentro de un proceso jurisdiccional, no pueden combatirse de forma autónoma, por traducirse en cuestiones de naturaleza intraprocesal, es decir, situaciones que inciden únicamente en el curso del juicio, como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio de considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.); lo que trae como consecuencia que se actualice la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo. La cual tiene sustento en el referido criterio de jurisprudencia, de la Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, materia: constitucional, común, página: 1086, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte,por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En efecto, de lo anterior se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se enderece estrictamente contra omisiones dentro de un proceso jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuenta habida que las reglas que los rigen son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria, como también lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en los diversos criterios de jurisprudencia número 7/2015 (10a.)4 y 8/2015 (10a.)5. Concretamente, cuando existen omisiones durante la sustanciación del proceso, la parte inconforme habrá de sujetarse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a subsanar las omisiones que se reclaman; como es, la Derivadas de la contradicción de tesis 130/2014, cuyos rubros y textos fueron aprobados por la Primera Sala del Máximo tribunal, en sesión de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, cuyos respectivos rubros son: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." y "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)." 5 Jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), de la Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, en Materia Administrativa, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. Y la Jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), de la Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 478, en Materia Administrativa, cuyo es: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)." solicitud de regularización del procedimiento prevista en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad6; ello con la finalidad de que el juez rectifique su posición, o bien el justiciable obtenga una razón del porqué no se ha llevado a cabo la ejecución que pretende. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro 216300, de la Octava Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de 1993, página 292, en Materia Civil, que dice: "ARTICULO 272 G, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. NO ES INCONSTITUCIONAL LA ATRIBUCION DE JUECES Y MAGISTRADOS PARA SUBSANAR OMISIONES. No es cierto que la facultad establecida en el artículo 272 G, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se contrapone al texto supremo, cuenta habida que, de como está redactada la norma, la atribución debe entenderse sólo en relación de las omisiones notadas en la substanciación, lo que de suyo significa que la intención del legislador es corregir a través de un hacer de los jueces y magistrados lo que fue pasado por alto en la función jurisdiccional resolviendo o proveyendo lo necesario siempre y cuando estén dados los elementos para hacerlo, sin que ello suponga una actitud favorable hacia cualquiera de los contendientes, postura que cobra fuerza si se tiene en cuenta que la voz regularizar en su sentido más amplio significa reglar, ajustar o poner en orden una cosa. Aplicado a las cuestiones procesales indicaría el mantenimiento o preservación del orden y equilibrio del procedimiento, lo anterior en atención a los siguientes principios: 1. De orden público. Esto en virtud del interés que tiene la sociedad y el Estado para la imparcial, pronta, expedita y completa impartición de justicia por los tribunales a través de un procedimiento en el que se eliminen todas aquellas cuestiones que tiendan a "Artículo 272-G.- Los jueces y magistrados podrán ordenar, aun fuera de la audiencia a que se refiere el artículo 272-A, que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento, con la limitante que no podrán revocar sus propias determinaciones."entorpecerlo o generar dilaciones; 2. De equidad procesal. La figura está basada en el trato igualitario que se brinde a las partes de un proceso, con lo cual se busca evitar el que se favorezca una de ellas con detrimento del interés de la otra; y 3. De orden procesal. A través de la facultad para subsanar o reparar las deficiencias o defectos ocurridos en el desarrollo del procedimiento, el juzgador podrá ajustarlo o ponerlo en orden a fin de que se pueda dictar la resolución correspondiente. En este orden de ideas, queda de relieve que el ejercicio que los tribunales hagan de la facultad de mérito, en modo alguno resulta inconstitucional pues no implica que a través de ella se pueda crear o integrar algo inexistente, además de que tampoco tiende a modificar, alterar o a suscitar renuncia de las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con la consecuente afectación de las oportunidades de defensa y probatoria que constituyen la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14, párrafo segundo, constitucional." Luego, es claro que legalmente existe un mecanismo para vencer la omisión reclamada y la parte quejosa no quede en estado de indefensión dentro del proceso de origen; por lo que debe sujetarse a éste y hacerlo valer previo a acudir a la vía constitucional. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, y lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica7 y autorizando para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del ordinal No pasa inadvertido que la promovente refiera "el ubicado en línea", sin embargo, no solicita expresamente que por ese medio se le tengan por practicadas las notificaciones correspondientes, sino únicamente el acceso a su autorizado para la consulta respetiva, por lo cual, se considera como domicilio para oír y recibir notificaciones la localidad señalada al rubro del presente ocurso. 12 de la Ley de Amparo, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho artículo si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. Además se tiene como correo electrónico el que indica, el cual será únicamente para entablar comunicaciones no procesales. En términos del artículo 21 de la legislación aplicable, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Noveno Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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