Julio Cezar Gallegos Martínez
Expediente 651/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Julio Cezar Gallegos Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; consecuentemente, al no haber promociones tendientes a plantear dicho medio de impugnación, se declara firme el referido proveído. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
(AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2020, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE EN SÍNTESIS DICE: Vista la demanda de amparo que promueven..., contra actos del Juez y Actuario civiles, adscritos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, y 16 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 651/2020. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del numeral 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso artículo 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia se estudian de oficio. II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama todo lo actuado en cualquier juicio de arrendamiento en su contra; particularmente los actos tendientes a desposeerlo del inmueble ubicado en calle Camelia, número treinta, interior quince, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, código postal 06300. III. El presente juicio es improcedente pues los reclamos no son atribuibles directamente a una autoridad en concreto,esto es, de acuerdo a lo narrado, no es una autoridad quien interviene contra el quejoso, sino una particular; por lo que no puede sostenerse desde ahora que un ente público esté afectando sus derechos fundamentales; lo anterior, actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º, de la propia ley de la materia1 . Resulta indispensable precisar que la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Por otro lado, el artículo 1 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; [.]" En efecto, la fracción I del artículo 103 Constitucional, establece la facultad de los tribunales federales para conocer y resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que transgredan los derechos humanos reconocidos otorgados para su protección, "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."por la Constitución, así como los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 1º de la Ley de Amparo, fracción I, estatuye que este juicio tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos otorgados para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En suma, el juicio constitucional constituye un medio de control que se inicia mediante la acción de una persona física, jurídico colectiva, e incluso oficial, por sí o en representación de persona diversa, contra leyes o actos de autoridad, por estimar una transgresión a sus derechos humanos, estatuidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución en el goce de sus derechos fundamentales, atendiendo para su procedencia a los artículos 103, 107 de la Constitución Federal, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia. En ese orden, la parte quejosa reclama la falta de llamamiento a un posible juicio de arrendamiento donde supuestamente se llevará a cabo la desposesión de un inmueble; siendo lo destacable que, de acuerdo a lo narrado en la demanda, ello lo sabe por las supuestas amenazas de una persona que cobra la renta. La demanda de amparo constituye un todo, y debe analizarse en su integridad para determinar lo conducente respecto de su procedencia o improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 744, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 501 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD. Tomando en consideración que la demanda de garantías constituye un todo, es incuestionable que el a quo está obligado a analizarla en su integridad y atender a todos aquellos actos que en la misma se señalen como reclamados, ya que de no hacerlo así resulta claro que con tal omisión el juez de Distrito deja de observar lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la sentencia que pronuncie en forma alguna contiene la fijación clara y precisa de los actos reclamados." Así, del análisis de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la peticionaria de amparo manifiesta lo siguiente: "[.] También deseo argumentar, que me atrevo a interponer dicho amparo, pues por consecuencia de la pandemia, he dejado de pagar algunas rentas, las cuales son aproximadamente de 6 meses y la señora Alicia a (sic) estado amenazándome de que seré emplazado para llevar a cabo un Juicio y que se me despoje de dicho inmueble, yo tengo los pagarés en copia y recibos de depósitos bancarios que agregaré para que la autoridad correspondiente tenga conocimiento de ello y así mismo sea reforzado lo que estoy argumentando [.]" Ciertamente, los hechos narrados en la demanda, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al ordinal 2° de la Ley de Amparo, constituyen una confesión contra la propia promovente. Así, de lo esgrimido por la parte accionante se advierte que funda su demanda en la posible existencia de un juicio, así como de presuntos actos tendientes a desposeerlo del inmueble, lo cual se hizo de su conocimiento por medio de un tercero, y no propiamente por conducto de alguna autoridad; de tal suerte que el reclamo no le consta de forma directa, ni se ha materializado y ni siquiera existe certeza sobre la existencia del proceso con que se le amenaza. Por tanto, es inconcuso que no hay un acto de realización inminente emitido en contra del peticionario de amparo por parte de una autoridad jurisdiccional; pues manifestar que fue enterado por un tercero de una amenaza de juicio en su contra, no puede considerarse, ni presuntivamente como un acto de autoridad tendiente a afectar sus derechos fundamentales, siendo este precisamente el objeto del proceso constitucional. En ese contexto, debe decirse al peticionario que, la facultad para accionar el amparo, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 1° de la Ley de Amparo, le corresponde a aquélla persona que resulta o pudiera resultar afectada con la emisión de una ley, su aplicación o bien la emisión, de algún acto de autoridad; lo que en el caso no acontece, pues como la quejosa manifiesta, se enteró por un tercero, es decir, en ningún momento se ha enterado por medio de un acto de autoridad o diligencia judicial, de la existencia de un proceso en su contra, por lo que no puede decirse que exista un acto concreto que le conste de modo directo. Máxime que la propia redacción no permite sostener que exista una autoridad que en concreto esté actuando en detrimento de sus intereses patrimoniales, sino que la queja radica por la falta de pago que reconoce y el disenso que ello genera entre él y una particular que cobra la renta. En otras palabras, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de admitir la demanda, es necesario que exista algún acto de autoridad que hubiera determinado, en el ámbito de sus atribuciones, alguna resolución que pudiera resultar transgresora de sus derechos humanos; lo que se reitera, en la especie no ocurre, habida cuenta que el quejoso acciona en esta vía a partir del dicho de un tercero; en ese aspecto, tampoco aporta elementos para calificar la existencia de un acto previo al reclamado, conforme al cual, pueda vincularse o inferirse la probable actualización de ese reclamo. Lo anterior, sin que implique prejuzgar sobre oportunidad para instar un proceso constitucional posiblemente cuando cuente con elementos mínimos para determinar si efectivamente hay un juicio tramitado en su contra, ante qué autoridad está radicado y los datos que le consten a ella directamente sobre su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia con registro 232192, de la Séptima Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Primera Parte, página 135, en Materia Común, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Consecuentemente, al no haber un acto de autoridad real e inminente que afecte los derechos sustantivos de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º, de la propia ley de la materia; por lo que lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Al respecto se cita la tesis con número de registro 230866, de la Octava Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 56, en Materia Administrativa, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. " Así como la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Primera Parte, Séptima Época, registro 232376, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto." De igual forma, se cita la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 43, Séptima Parte, Séptima Época, registro 24607, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la ley reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis jurisprudencial, puesto que la indicada tesis jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 bis de la ley en cita, constituye la "disposición legal" a que alude dicha fracción." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Respecto de la persona que autoriza en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, gozará de las facultades amplias que prevé si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente se tendrá por autorizada para oír y recibir notificaciones. Conforme al numeral 22 del Acuerdo Plenario 21/2020, se exhorta a la parte para que continúe la tramitación del presente asunto bajo la modalidad "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que..., contra actos de los Juez y Actuario de lo Civil de esta Ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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