Julio Abraham Rodríguez Ortiz
Expediente 814/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julio Abraham Rodríguez Ortiz
- JULIO ABRAHAM RODRÍGUEZ ORTIZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, en atención el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se provee: Se declara consentido el acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad prevista por el arábigo 201, fracción I de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y el anexo señalados en la cuenta al juicio de amparo en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista con dicho cumplimiento a la parte quejosa, así como con el anexo de cuenta para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la ejecutoria dictada en este asunto. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este órgano jurisdiccional resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. -SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJO-
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo. El amparo se otorgó con las precisiones siguientes: "En virtud de lo analizado en el apartado que antecede, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca: Lleve a cabo el desahogo de la audiencia trifásica a las nueve horas con treinta minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno en el expediente laboral ********************de su estadística. En el caso de que no se desahogue la audiencia señalada para el dos de marzo de dos mil veintiuno, señale fecha y proceda a su desahogo dentro del término de quince días." Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca para que dentro del plazo de tres días cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual, deberá remitir copia certificada que acredite dicho cumplimiento. Se apercibe a la responsable que si no actúa como se le indica en esta determinación, este Juzgado de Distrito, le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno propongan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser procedente, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígase a la autoridad responsable, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además de insistir en su conducta contumaz, se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 814/2020, promovido por ***, contra actos de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, que más adelante se precisarán. ANTECEDENTES De las constancias que integran el sumario, a las que les confiere valor probatorio pleno al tenor de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo en términos del numeral 2º de la misma, se desprende que ***, el tres de diciembre de dos mil diecinueve, promovió demanda en la vía ordinaria laboral, en contra de Banco Nacional de México S.A., y ello originó el expediente laboral ***, de la estadística de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Afirma el quejoso que la Junta responsable ha dejado de instruir el expediente natural, pues a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (siete de diciembre de dos mil veinte), no se había desahogado la audiencia trifásica, omisión que traduce en la denegación de justicia en perjuicio de la parte justiciable y es por eso que acude a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Julio Abraham Rodríguez Ortiz, presentó un escrito el ocho de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por lo que mediante acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, -previa aclaración- se admitió a trámite y se registró bajo el número 814/2020; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; además que se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito y se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. La audiencia constitucional se llevó a cabo en el acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de la omisión de la autoridad laboral, por lo que a prevención, corresponde conocer del asunto a este juzgado. IV. LEGITIMACIÓN Julio Abraham Rodríguez Ortiz se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, ya que es parte actora en la controversia de origen. V. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama de la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la omisión de desahogar la audiencia trifásica en el expediente laboral J32/841/2019. EXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable admitió la certeza del acto reclamado al momento de rendir su informe de ley. Lo que se corrobora con las constancias que remitió junto con su informe justificado, documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de documentales públicas, expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones, las cuales ostentan las firmas y sellos característicos, de las que se acredita la existencia de los actos combatidos. Cobra aplicación en el caso concreto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Dado que en la especie las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, y de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio este órgano de control constitucional no advierte que se actualice alguna, procede entrar al estudio del asunto planteado. ESTUDIO DE FONDO La materia de análisis en este asunto consiste en determinar si la autoridad responsable violó el derecho de impartición pronta de justicia en perjuicio de la parte quejosa en el expediente laboral *** de su estadística, por no desahogar la audiencia trifásica en dicha instancia. El quejoso aduce, en esencia, que se violan en su perjuicio los principios contenidos en el artículo 17 Constitucional, por lo siguiente: 1. Se transgrede en su perjuicio el derecho fundamental a una impartición de la justicia de manera pronta y expedita, al no celebrarse la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen. En ese orden de ideas, en el caso concreto se advierte que son esencialmente fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, aunque suplidos en su deficiencia, en aplicación lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Suplencia que en el caso se estima necesaria, porque el análisis integral del acto reclamado y las constancias de autos, permite corroborar que asiste razón al impetrante. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia número 2a./J. 39/95, que resultó de la contradicción de tesis 51/1994, dirimida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos treinta y tres, del tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia laboral, novena época de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS." Así, la parte quejosa sostiene en síntesis, que la Junta responsable, debió señalar fecha en la que tendrá verificativo la audiencia prevista por el artículo 873 de la ley obrera, dentro del plazo de quince días siguientes, y no una fecha excesiva; y al no haberlo hecho así, le genera una violación a su derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. Lo así expuesto es fundado. Para corroborar tal aserto, resulta pertinente establecer que el artículo 17 Constitucional de referencia, consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, del cual se desprenden los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. 3. Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución. 4. Justicia gratuita, que significa que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior se desprende de la tesis aislada 2ª.L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Asimismo, relacionado con los anteriores principios, el propio artículo 17 constitucional pone de manifiesto que la administración de justicia deberá impartirse dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES". estableció los alcances de la garantía de tutela jurisdiccional en la inteligencia de que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos - desembarazados, libres de todo estorbo para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, de lo contrario constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales.". Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 685, 686, 771 y 873, señala: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley". "Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se substanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. (.)." "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario.". "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor". Del contenido sistemático de los preceptos transcritos, se desprende que las Juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr, en los juicios que ante ellas se tramiten, la mayor economía, concentración y sencillez de los mismos. Asimismo, se colige que se encuentran obligadas a llevar a cabo el verificativo de la audiencia inicial, dentro del plazo de quince días, en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y que la notificación de la misma, deberá practicarse personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Dicho lo anterior, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, en términos del artículo 17 Constitucional, tiene la obligación de actuar dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. Pues bien, como se señaló anteriormente, la Junta responsable ha omitido desahogar la audiencia de ley en términos contrarios a lo previsto por el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Lo cual, pone de relieve que se transgredió en perjuicio del agraviado el artículo 17 Constitucional, por lo que, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia solicitado. No obsta para resolver en los términos expuestos, que la junta responsable justifique su omisión debido a la situación actual por la que atraviesa el País derivado de las circunstancias sanitarias relacionadas con el virus Covid-19; sin embargo, dicha manifestación deviene infundada, puesto que la demanda laboral se admitió desde el trece de diciembre de dos mil diecinueve, siendo que bien pudo haber desahogado la citada audiencia antes que se decretara la suspensión de plazos y términos a virtud de la emergencia sanitaria, que inició en marzo de dos mil diecinueve, es decir, tres meses después de radicada la demanda, lo que excede de inicio el plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Tampoco se desconocen las cargas excesivas de trabajo que se han generado en las Juntas laborales; sin embargo, esas condiciones de ninguna manera justifican el actuar de la responsable en perjuicio de la parte quejosa, pues no la exime de cumplir con eficacia la función que desempeña respetando en todo momento el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional; máxime que a la fecha, posterior a la suspensión de labores con motivo de la pandemia generada por el virus Covid-19, para la mayoría de las dependencias federales, estatales y municipales que brindan un servicio considerado como esencial (administración de justicia), acaecido durante lo transcurrido del año dos mil veintiuno, no se han vuelto suspender dichas actividades, por lo que, en su caso, se debe proveer la solución de la falta de personal adecuado para liberar de manera eficiente y efectiva las aludidas cargas laborales. Finalmente, se advierte que la junta, señaló las nueve horas con treinta minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, considerando que la fecha para el desahogo de la referida audiencia es próxima al dictado de la presente sentencia, se considera que la citada Junta, deberá dictar las medidas de apremio a fin de llevarla a cabo en sus términos en la fecha ya señalada. Asimismo, para el caso de que la Junta responsable, no la desahogue, deberá señalar nueva fecha para que tenga verificativo dentro del término de quince días hábiles siguientes, en observancia a lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, así como dictar las medidas de apremio a fin de que se lleve a cabo. IX. DECISIÓN: En virtud de lo analizado en el apartado que antecede, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca: Lleve a cabo el desahogo de la audiencia trifásica a las nueve horas con treinta minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno en el expediente laboral *** de su estadística. En el caso de que no se desahogue la audiencia señalada para el dos de marzo de dos mil veintiuno, señale fecha y proceda a su desahogo dentro del término de quince días. Sin que la protección constitucional otorgada se haga extensiva a las demás etapas procesales del procedimiento de origen, pues ésta se encuentra limitada a la etapa en que se ubica el acto reclamado. Es de estricta aplicación, la tesis 2a. CV/2013 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, que por rubro y texto lleva: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *** contra el acto que reclamó de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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