Julio Abraham Rodríguez Ortiz

Expediente 426/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
426/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Julio Abraham Rodríguez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rodrigo Courtois Yannini; asistido de Reyna María Torres Meixueiro, secretaria proyectista de juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Relación de constancias. La secretaria hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 426/2023, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo; (ii) acuerdo de tres de mayo de dos mil veintitrés, en donde se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Julio Abraham Rodríguez Ortiz; e (iii) informe justificado de la autoridad responsable. Acto continuo, el juez acuerda: se tiene por efectuada la relación de constancias realizada por la secretaria de la adscripción, para los efectos legales conducentes. PERÍODO PROBATORIO: Abierto este período, la secretaria certifica: que únicamente la autoridad responsable jurisdiccional ofreció la prueba documental que acompañó a su informe de ley. El juez acuerda: vista la certificación secretarial que antecede, con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental pública referida con antelación, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza al no existir más pruebas pendientes por admitir o desahogar, se decreta el cierre de esta etapa. PERÍODO DE ALEGATOS: Abierto este período, la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El juez acuerda: vista la certificación secretarial que antecede en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, por no haberlo ejercido. Ahora bien, el juez pregunta a la secretaria si existe otra circunstancia que deba proveerse antes de cerrar la audiencia y al respecto, manifestó que no existen más constancias. Consecuentemente, como no existen diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 426/2023, promovido por ***, en contra de la omisión de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, de dictar laudo en el juicio laboral ***. El problema jurídico que corresponde resolver en el presente asunto consiste en dilucidar si la omisión de resolver el juicio, una vez fenecido el plazo señalado por la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo, es un acto que produce, de manera directa e inmediata, una afectación al derecho contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la impartición de justicia pronta y expedita. I. ANTECEDENTES 1. De la información que se tiene acreditada en el expediente, consta que *** presentó una demanda laboral contra el Banco Nacional de México, sociedad anónima. 2. Dicha demanda se radicó en la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con el número de expediente ***. 3. Seguido el trámite del juicio laboral, por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción en el juicio natural, proveído que fue notificado a las partes por boletín laboral de esa junta de "quinientos dos" de ese mismo día, sin que a la fecha la Junta responsable haya dictado el laudo correspondiente en el aludido asunto. (Omisión que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional). II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 4. *** promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, la que fue turnada el dos de mayo siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5. En proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, se: i) admitió a trámite la demanda de amparo; ii) registró con el progresivo 426/2023; iii) solicitó a la autoridad responsable informe justificado; y iv) otorgó la intervención conducente a la agente del Ministerio Público adscrita. 6. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 7. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. 8. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 9. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 10. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. 11. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 12. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 13. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reprocha a la autoridad que señala como responsable Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, lo siguiente:  La omisión de dictar laudo en el juicio laboral ***. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 14. La existencia del acto reclamado de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir de su informe justificado, el cual fue recibido el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés en este órgano jurisdiccional y a través del cual dicha autoridad aceptó la omisión que se le atribuye. VI. OPORTUNIDAD 15. Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse precisamente de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de *** que no se subsana mientras aquélla subsista. 16. Es aplicable, por analogía, la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN... VII. LEGITIMACIÓN 17. *** está legitimado para promover el presente juicio de amparo, pues está probado que se trata de la parte actora en el juicio laboral de origen y quien se duele de la omisión de dictar el laudo en esa instancia. VIII. PROCEDENCIA 18. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el precepto 62, de la Ley de Amparo . 19. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS... 20. Este órgano jurisdiccional advierte que respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." 21. Del primero de los citados preceptos trascritos se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. 22. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. 23. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". 24. Con esa aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. 25. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento:  La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y,  La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. 26. Ahora bien, de acuerdo a lo resuelto por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, expuso lo siguiente: "[.] dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Tan solo por dar un ejemplo, basta con señalar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, pero tales actos no son los únicos dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive, algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. [.] Por ello, resulta difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. Por otra parte, la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, ha establecido que, si la falta de respuesta llega a un extremo de cuatro meses, es indudable que se viola el derecho de petición, lo cual tampoco significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Así se explica en el siguiente criterio: [.] "PETICIÓN, DERECHO DE.-La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1965 al Semanario Judicial de la Federación, expresa: 'Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional'. De los términos de esta tesis no se desprende que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a una petición, para que se considere transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto." [.] Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria del proceso, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto ya no se trate solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." 27. De lo ahí argumentado, se determinó que debía de prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por esa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS... 28. Con lo anterior, obtenemos que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia tratándose de materia laboral, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente las responsables debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. 29. Conforme a lo dispuesto por los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo , se desprende que dentro de los diez días siguientes al en que el secretario auxiliar declare cerrada la instrucción, éste debe formular por escrito proyecto de resolución del que entregará copia a cada uno de los miembros de la Junta; posteriormente, dentro de los cinco días siguientes, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; transcurrido dicho plazo, se presentan los siguientes supuestos: a) En caso de que se hubiera solicitado la práctica de las mencionadas diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días. b) Transcurrido el plazo de cinco días concedido a los integrantes de la Junta, o el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el presidente de la Junta citará a los miembros de aquélla para la discusión y votación del proyecto de laudo, evento que debe realizarse dentro de los diez días siguientes al en que hubieran concluido, por una parte, el plazo de cinco días o, por otra, el desahogo de las diligencias respectivas. c) Si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones o modificaciones se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato, de lo contrario, se ordenará al secretario que redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, lo que se hará constar en el acta correspondiente. 30. De lo anterior se desprende que, cerrada la instrucción, el plazo general para la emisión del laudo es de veinte días hábiles, si no hubiere solicitud por alguno de los miembros de la Junta para la práctica de las diligencias que se estimen necesarias; pues, de lo contrario, tal plazo dependerá del tiempo que conlleve el desahogo de las diligencias ordenadas; por tanto, en este evento el lapso para la emisión del laudo dependerá de que aquellas diligencias se ejecuten. 31. Bajo ese contexto, en caso específico, de la constancia remita por la autoridad responsable en su informe justificado, a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa, de la copia certificada del acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, que en el mismo -con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo- declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral *** del índice de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. 32. Por tanto, a partir del tres de abril de dos mil veintitrés [siguiente día hábil] comenzó a transcurrir el plazo legal de veinte días hábiles con que, en su caso, contaría el Tribunal Laboral para dictar el laudo respectivo, feneciendo el cuatro de mayo del año que transcurre . 33. De ahí que a partir del ocho de mayo actual, es cuando la Junta empieza a incurrir en una dilación procesal; sin embargo, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, deberán haber trascurrido cuarenta y cinco días sin que hubiera emitida el laudo respectivo, en ese supuesto se actualizaría una dilación presuntamente excesiva en la emisión de aquélla, que es a lo que refiere el criterio jurisprudencial citado en párrafos que anteceden. 34. Por tanto, a la fecha de la promoción del presente juicio de amparo indirecto (veintiocho de abril de dos mil veintitrés) ni siquiera había transcurrido el plazo de veinte días con que la autoridad jurisdiccional cuenta para la emisión del laudo. 35. No debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa el pleno goce de la garantía individual violada y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción constitucional, sino que surgiera durante la tramitación del juicio, como acontece en el caso concreto, en que al momento en que el quejoso Julio Abraham Rodríguez Ortiz presentó su demanda de amparo [veintiocho de abril de dos mil veintitrés] aún no existe una excesiva dilación por parte de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. 36. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO"... 37. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados en su demanda, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. 38. Conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible apreciar que la improcedencia resultaba notoria y manifiesta, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de los autos que integran el sumario y documentales aportadas por las partes, de tal suerte que su admisión no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causal si ésta se advirtiere del análisis de las constancias, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. 39. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, publicada en el tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 544, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA." 40. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el informe justificado del presidente de Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no haya sido rendido al menos con ocho días de anticipación, puesto que, como ya se adujo, de las constancias que adjuntó la responsable a su informe de ley, se actualiza de manera clara, manifiesta e indubitable la causal de improcedencia en estudio; máxime que a ningún fin práctico conduciría diferir la audiencia constitucional para que transcurra el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, puesto que el sentido de la sentencia sería el mismo; además, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal. 41. Finalmente, no pasa inadvertido por este órgano jurisdiccional el hecho que no se haya hecho el emplazamiento a quien le resultara el carácter de tercero interesado; lo anterior, atendiendo al sentido de la presente resolución, la cual no le causa agravio alguno. 42. Además, debe atenderse a los numerales 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que contemplan los derechos sustantivos consistentes en las garantías y la protección judicial, que esencialmente versan sobre el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo e implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos, como lo es el juicio de amparo, sean efectivos. 43. Lo anterior, atendiendo a lo sustentado por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de observancia obligatoria, según dispone el diverso 192 de la Ley de Amparo, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA" (visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, tesis 531, página 349), así como el criterio aislado del Pleno del Supremo Tribunal del País, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." (consultable en la página 45 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, del mes de febrero de 1998, tesis P. V/98, Novena Época) criterios en los que si bien se reconoció que el tercero, como parte en el juicio constitucional, tiene derecho a ser oído en el juicio de amparo; lo cierto es que, también se estimó que la finalidad medular de su intervención, es lograr la subsistencia del acto reclamado, traducida en una negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio. 44. Cabe agregar que los criterios citados en la presente sentencia son aplicables de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo y décimo primero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, que entró en vigor al día siguiente de su publicación . IX. DECISIÓN 45. En consecuencia, debido a que el acto reclamado no es de aquellos cuyos efectos sean de imposible reparación, este órgano jurisdiccional no tiene otra opción más que decretar el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la misma ley reglamentaria. 46. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable por la razón referida en apartado VIII de esta resolución. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintitrés Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del presidente de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y téngase como prueba de su parte, la documental que anexa; con lo anterior, dese vista a las partes. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; asimismo, regístrese con el número 426/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda presentada por ***. Incidente de suspensión. Como la parte quejosa no lo solicita expresamente, no ha lugar a tramitar el incidente de suspensión. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido de que deberá exponer las razones y los fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra de los actos atacados en este asunto o alguno diverso relacionado con el juicio de origen. Se autoriza al actuario(a) de la adscripción para que la solicitud de los informes justificados sea entregada al correo electrónico oficial de esa autoridad, misma que deberá ser corroborada por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir sus informes a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se le impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito este auto de forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándole copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Tercero interesado. Se reserva proveer lo relativo al emplazamiento del tercero interesado hasta en tanto la autoridad responsable rinda informe justificado. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"; se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista electrónicas. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que indica y como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere el disidente en su demanda de amparo, debido a que así lo solicita expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese por lista.

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