Julio Abraham Rodríguez Ortiz

Expediente 17/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
17/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Julio Abraham Rodríguez Ortiz
  • Julio Abraham Rodríguez Ortiz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 17/2021, promovido por ***. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, es la constitucionalidad de la omisión en la instrucción del expediente ***, del índice del Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. I. ANTECEDENTES El impetrante del amparo expone que por auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, promovió demanda en la vía ordinaria laboral, en contra de ** S.A., y ello originó el expediente laboral numero ***, en el cual no ha existido voluntad de los demandados en llegar a un arreglo conciliatorio. La Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje es a quien correspondió conocer del asuntó, y quien aduce en su escrito de demanda ha dejado de instruir muy a su manera el expediente antes citado. Dicho conflicto se ha instruido con demasiada lentitud por parte de la autoridad responsable, y a últimas fechas con notoria parcialidad y omisión hacia la parte demandada. Todo lo anterior es omisión y se traduce en denegación de justicia en perjuicio de la parte quejosa, razón por la cual acudió a esta instancia constitucional. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *** promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito el trece de enero del año en curso. El quejoso señaló como autoridad responsable a la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje y como acto reclamado la omisión en la instrucción del expediente ***. Por acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 17/2021; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y el traslado reclamado se ejecutó dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso concreto, la intención del quejoso es reclamar: La omisión en la instrucción del expediente ***, del índice del Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Presidente por Ministerio de Ley de del Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que remitieron junto con su informe de ley; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Expuesto lo anterior, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Al efecto, el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) X.- Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; La fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo contiene la causal de improcedencia consistente en la litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: (1) en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; (2) en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, (3) en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Cabe precisar que el texto del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada -que también establecía como causa de improcedencia la litispendencia-, tenía una redacción similar al texto vigente, en cuanto señalaba, en lo que interesa: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: [.] III.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; [.]". Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversos criterios que interpretaron, precisamente, el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada; a manera de ejemplo, se citan los siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Conforme a los criterios recién transcritos, y al texto mismo del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: (i) que la ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; (ii) que los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; y (iii) que ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso concreto, se actualizan esos supuestos, porque no es la primera vez que *** acude ante la Justicia Federal para cuestionar la omisión en la instrucción del expediente (***), del índice del Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Anteriormente ya lo había hecho el ocho de diciembre de dos mil veinte, cuando promovió el juicio de amparo indirecto 814/2020, ante este este órgano jurisdiccional. El siguiente cuadro comparativo lo demuestra: Juicio de amparo Autoridad responsable Actos reclamados 814/2020 1) Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje La omisión en la instrucción del expediente laboral ***. 17/2021 1) Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje La omisión en la instrucción del expediente laboral ***. Por tanto, considerando que se encuentra en trámite el juicio de amparo 814/2020 del índice de este órgano jurisdiccional en el cual el impetrante del amparo acude a esta instancia constitucional reclamando lo mismo que en este juicio de amparo se reclama, es evidente que en el caso concreto se actualiza el supuesto de la litispendencia, pues existe diverso proceso de amparo promovido por el mismo quejoso, con identidad de los actos reclamados y la autoridad señalada como responsable Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Razón por la que deviene incuestionable la actualización de la citada causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la propia ley de la materia. En consecuencia, la causa de sobreseimiento de la que se ha dado noticia precedentemente, impide ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues el sentido del fallo no sólo obliga a ello sino que veda la posibilidad para realizarlo, pues de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Apoya lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." VII. DECISIÓN En consecuencia, como a la fecha en que se emite esta resolución, el juicio de amparo indirecto 814/2020 se encuentra en trámite, es evidente que en el caso concreto se actualiza el supuesto de la litispendencia, pues existe diverso proceso de amparo promovido por el mismo quejoso, con identidad de los actos reclamados y autoridad señalada como responsable, este juzgador no tiene otra opción más que decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridades responsables ejecutoras, por no combatirse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, en términos de lo precisado en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la cuenta a este juicio de amparo en que se actúa y téngase al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito formulando sus alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase, en su oportunidad, copia certificada de la resolución que se dicte en este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y téngase como prueba de la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la documental que remite para tal efecto. Con el informe y la documental referida con antelación, dése vista a las partes. NOTIFÍQUESE.

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