Julieta Legaspi Cruz

Expediente 116/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
116/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Julieta Legaspi Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la cuenta para los efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito del testimonio de la ejecutoria de tres de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca del recurso de queja 69/2021. Por otra parte, glósense a los autos originales del juicio de amparo el oficio y el fallo señalados en la nota de cuenta. Ahora bien, del contenido de la citada ejecutoria se advierte que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja que la inconforme Julieta Legaspi Cruz interpuso en contra del proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, en donde se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los normativos 356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito dictó en el toca del recurso de queja 69/2021 causó estado por ministerio de ley. En razón de lo anterior, con apoyo en lo señalado por los numerales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en este asunto se desechó de plano la demanda de amparo se estima que el presente expediente de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado Acuerdo General encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del arábigo 21 del propio ordenamiento de observancia general; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, comunica el auto del veintidós de febrero del año en curso, que el Magistrado Presidente del órgano jurisdiccional de su adscripción dictó en el toca 69/2021, en el que proveyó lo siguiente: a) acusa recibo de las constancias que fueron enviadas con motivo del medio de impugnación que la justiciable interpuso; y, b) admitió a trámite el recurso de queja que la disidente interpuso en este juicio de amparo en contra del proveído de nueve de febrero pasado, en donde se desechó de plano el escrito inicial; en tal sentido, se toma conocimiento de las circunstancias destacadas. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese un ejemplar de los ocursos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la justiciable Julieta Legaspi Cruz interpone el recurso de queja en contra del proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, en donde se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo se ordena remitir los originales de los ocursos de cuenta y un ejemplar de ellos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, rendir el informe sobre la materia de la queja, en el que deberá señalarse que es cierto el auto recurrido, enviar copia certificada del auto impugnado y todas las constancias relacionadas con esa determinación. Por otro lado, es innecesario notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse al Tribunal Constitucional que debe resolver dicho recurso en términos de lo dispuesto por el ordinal 101 de la ley que rige a este medio extraordinario de defensa, en razón de que el auto materia de la queja es el que desechó de plano la demanda, motivo por el cual no se hizo reconocimiento de parte diversa a la quejosa ni fueron emplazados a juicio sujetos distintos. En razón de lo anterior, no es factible suspender el procedimiento, ya que éste ha concluido con el desechamiento de la demanda, ni es factible ordenar la notificación de este proveído a algún otro sujeto porque no hubo reconocimiento de partes distintas a la justiciable y tampoco requerir por el señalamiento de constancias, ni puede remitirse el citado medio de impugnación al Tribunal Unitario de Circuito del Décimo Tercer Circuito, en turno, como la inconforme lo solicita, porque el conocimiento y resolución de ese recurso es de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito conforme a las normas citadas. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 116/2021. Como cuestión previa es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la inconforme Julieta Legaspi Cruz reclama del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y de conclusión de asuntos del Juzgado Sexto Civil del propio distrito judicial, el acto siguiente: El acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio sumario civil hipotecario 646/2018, en donde por un lado negó la admisión del recurso de apelación que la justiciable interpuso en contra de los proveídos de diecinueve de marzo y de veintidós de septiembre, ambos de la anualidad pasada, en los cuales se le tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y se proveyó lo relativo a las notificaciones electrónicas que la parte actora solicitó y, por otro, negó decretar la caducidad de la instancia en esa controversia. En otro punto, de los hechos que la titular de la acción de amparo manifestó en el escrito inicial que constituyen los antecedentes del acto reclamado se advierten los aspectos siguientes: 1. Se promovió un juicio sumario civil hipotecario en su contra, el cual se radicó ante el extinto Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, bajo el expediente 646/2018; la quejosa fue emplazada a ese juicio, contestó la demanda y opuso excepciones; ante la conclusión de funciones de ese órgano jurisdiccional, el referido contradictorio se turnó para su conocimiento al Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. 2. En los proveídos de diecinueve de marzo y de veintidós de septiembre, ambos de dos mil veinte, se tuvo a la inconforme por contestada la demanda y por opuestas las excepciones que planteó y se autorizó realizar a la parte actora las notificaciones por la vía electrónica. 3. La justiciable interpuso el recurso de apelación en contra de los proveídos de diecinueve de marzo y de veintidós de septiembre, ambos de dos mil veinte. 4. Por auto de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio sumario civil hipotecario 646/2018, el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por un lado negó la admisión del recurso de apelación que la justiciable interpuso en contra de los acuerdos citados y, por otro, negó decretar la caducidad de la instancia en esa controversia. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Julieta Legaspi Cruz, porque en relación con el acto reclamado al Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y de conclusión de asuntos del Juzgado Sexto Civil del propio distrito judicial, consistente en el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio sumario civil hipotecario 646/2018, en donde por un lado negó la admisión del recurso de apelación que la justiciable interpuso en contra de los proveídos de diecinueve de marzo y de veintidós de septiembre, ambos de la anualidad pasada, en los cuales se le tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y se proveyó lo relativo a las notificaciones electrónicas que la parte actora solicitó y, por otro, negó decretar la caducidad de la instancia en esa controversia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que esa resolución judicial no constituye un acto de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 48/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro treinta, mayo de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, página mil ochenta y seis, que señala: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." También es preciso invocar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse una resolución favorable, los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva o de la determinación que ponga fin al proceso para poder combatir en la vía directa las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final. Bajo tales premisas, se estima que el acto reclamado al Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y de conclusión de asuntos del Juzgado Sexto Civil del propio distrito judicial, consistente en el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio sumario civil hipotecario 646/2018, en donde por un lado negó la admisión del recurso de apelación que la justiciable interpuso en contra de los proveídos de diecinueve de marzo y de veintidós de septiembre, ambos de la anualidad pasada, en los cuales se le tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y se proveyó lo relativo a las notificaciones electrónicas que la parte actora solicitó y, por otro, negó decretar la caducidad de la instancia en esa controversia, entraña una violación de carácter adjetiva que no afecta materialmente derechos sustantivos. Se sostiene lo anterior, porque la inadmisión del recurso de apelación en contra de los autos en donde se tuvo a la quejosa por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y se proveyó lo relativo a las notificaciones electrónicas que la parte actora solicitó y la negativa de decretar la caducidad de la instancia en el juicio de origen no entrañan una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, porque no limitan o restringen alguna prerrogativa de esa naturaleza, sino que en todo caso tienen un impacto en los derechos adjetivos de la promovente. Es así, porque el rechazo de un mecanismo de impugnación impide que de momento la inconforme obtenga la revisión de la legalidad de los acuerdos que combatió a través del recurso de apelación, pero no le imposibilita ejercer su derecho de defensa en el contradictorio de origen ni le veda la oportunidad de intervenir en el proceso seguido en su contra. Por otro lado, la decisión de la responsable de negarse a decretar la caducidad de la instancia es un acto intraprocesal que no afecta los derechos sustantivos de la justiciable, porque aun cuando no se concluyó el juicio de origen y se vincula a la quejosa a continuar con el proceso, lo cierto es que esa resolución no le veda la posibilidad de ejercer su prerrogativa de defensa, tan es así que la responsable le tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones que planteó; en tal sentido, tiene expedito su derecho de defensa para intervenir en el proceso, como demandada. En esa línea, se detecta que la inadmisión del recurso de apelación y la negativa a decretar la caducidad de la instancia establecidos en el acuerdo reclamado no afectan materialmente derechos sustantivos, sino eventualmente prerrogativas de índole adjetiva o formal, cuyo impacto se detectará hasta el dictado de la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio natural, momento en el cual se podrá apreciar si la alegada violación adjetiva transcendió al sentido de la resolución final y dejó sin defensas a la quejosa. Lo anterior evidencia que la actuación reprochada a la autoridad responsable no constituye un acto de imposible reparación en la medida en la que no produce una afectación material a derechos sustantivos de la inconforme, como el domicilio, la propiedad, la posesión, los papeles, etcétera, aun cuando la disidente alega una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de debido proceso, de legalidad, de seguridad jurídica y de acceso a la justicia previstos por los normativos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. En efecto, la resolución reclamada es un acto intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que el auto de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio sumario civil hipotecario 646/2018, en donde por un lado se negó la admisión del recurso de apelación que la justiciable interpuso en contra de los proveídos de diecinueve de marzo y de veintidós de septiembre, ambos de la anualidad pasada, en los cuales se le tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y se proveyó lo relativo a las notificaciones electrónicas que la parte actora solicitó y, por otro, se negó decretar la caducidad de la instancia en esa controversia, eventualmente entrañaría una transgresión a los derechos adjetivos de la quejosa que tendría efectos formales o adjetivos, los cuales son susceptibles de repararse en la sentencia definitiva que se dicte en ese contradictorio, o bien, en la resolución que ponga fin al procedimiento de origen. En otras palabras, el acto impugnado no trae aparejado una ejecución de imposible reparación, sino que eventualmente puede estimarse que afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si la inconforme obtiene una sentencia definitiva favorable, o bien, se dicte la resolución que ponga fin al juicio, sin decidirlo en cuanto al fondo. Es así, porque por regla general cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los normativos 14, 16 y 17 del Pacto Federal -como en la especie sucede-, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetiva, ya que no se trata de una afectación autónoma o independiente, sino que se da dentro del procedimiento en el que la solicitante de la protección constitucional es parte, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción previsto por el arábigo 107, fracción V, de la ley de la materia para acudir inmediatamente al juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior adquiere mayor relieve si se tiene presente que la violación procedimental alegada sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales, pero con la decisión reclamada no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal, o bien, por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa circunstancia ocurra al momento de resolverse la controversia de manera definitiva -esto es, cuando se dicte la sentencia definitiva-, o bien, cuando se emita la resolución que ponga fin al asunto, en la medida en que el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio sumario civil hipotecario 646/2018, en donde por un lado se negó la admisión del recurso de apelación que la justiciable interpuso en contra de los proveídos de diecinueve de marzo y de veintidós de septiembre, ambos de la anualidad pasada, en los cuales se le tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y se proveyó lo relativo a las notificaciones electrónicas que la parte actora solicitó y, por otro, se negó decretar la caducidad de la instancia en esa controversia, influya en sentido negativo para que el resultado del fallo respectivo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la resolución final para poder combatir esa violación adjetiva mediante el juicio de amparo directo, siempre que haya afectado las defensas de la justiciable trascendiendo al resultado de la sentencia, en términos de lo prescrito por el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" En esa línea, el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio sumario civil hipotecario 646/2018, en donde por un lado se negó la admisión del recurso de apelación que la justiciable interpuso en contra de los proveídos de diecinueve de marzo y de veintidós de septiembre, ambos de la anualidad pasada, en los cuales se le tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y se proveyó lo relativo a las notificaciones electrónicas que la parte actora solicitó y, por otro, se negó decretar la caducidad de la instancia en esa controversia, no puede servir de sustento para considerar que se está frente a un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que la actuación combatida no produce de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la probable violación a derechos adjetivos que ocasiona únicamente efectos formales o intraprocesales porque puede ocurrir que la afectada obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación alegada y los posibles perjuicios que se le hayan causado con la decisión combatida. De ahí que, lo decidido por la autoridad judicial responsable en la resolución combatida eventualmente entrañaría una transgresión a diversos derechos adjetivos de la quejosa que tiene efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se emita la resolución que ponga fin al asunto, y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido de la decisión correspondiente y afectó las defensas de la solicitante de la tutela constitucional. Por tanto, si el acto impugnado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la peticionaria del amparo tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es inconcuso que no se actualiza el supuesto previsto por el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que pueda ser considerado como un acto que produce efectos de imposible reparación. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda de amparo presentada Julieta Legaspi Cruz en contra del acto reclamado al Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y de conclusión de asuntos del Juzgado Sexto Civil del propio distrito judicial, consistente en el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio sumario civil hipotecario 646/2018, en donde por un lado negó la admisión del recurso de apelación que la justiciable interpuso en contra de los proveídos de diecinueve de marzo y de veintidós de septiembre, ambos de la anualidad pasada, en los cuales se le tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y se proveyó lo relativo a las notificaciones electrónicas que la parte actora solicitó y, por otro, negó decretar la caducidad de la instancia en esa controversia, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados de la quejosa. Se autoriza a la justiciable para recibir notificaciones por la vía electrónica con el nombre de usuario "mvladimirolisandro" que proporciona, porque manifiesta expresamente que esa es su voluntad, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, circunstancia que se privilegia en vez del domicilio procesal que indica, debido a la contingencia en salud pública por la que atraviesa el país derivado del virus Covid-19. En razón de lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico adscrita a este órgano jurisdiccional para que realice las acciones necesarias para dar de alta el nombre de usuario indicado y puedan realizarse las notificaciones a la quejosa por la vía electrónica. Por otro lado, se tiene como autorizados de la quejosa en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que designa, porque no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditó con documento idóneo que ejerzan la profesión de licenciados en derecho. En otro punto, se tiene a la disidente señalando el número de teléfono que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. En razón de que se autorizó la realización de notificaciones electrónicas a la inconforme no es factible reconocer el domicilio procesal señalado, dado que las notificaciones personales se harán por la vía electrónica. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese a la parte quejosa por la vía electrónica.

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