Juliana Vásquez Hernandez
Expediente 335/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juliana Vásquez Hernandez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante el cual, informa que mediante oficio CCJ/ST/2800/2021, el secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que se autorizó a ************ para desempeñar las funciones de magistrada en dicho órgano colegiado, a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba un magistrado que integre ese Tribunal; en consecuencia, se toma nota de lo anterior. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito informando que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, registrándolo con el número 145/2021. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de abril de dos mil veintiuno. En atención al escrito de ********************, autorizado de la quejosa ********************o ********************, se advierte que interpone recurso de queja contra el acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el referido escrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Décimo Tercer Circuito, en turno; rendir el informe sobre la materia de la queja y enviar copia certificada de las constancias relacionadas con el auto impugnado. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el auto materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo por el cual las demás partes no fueron emplazadas. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda y el anexo señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el numeral 3 de la ley de la materia y regístrese con el progresivo 335/2021. Desechamiento. El suscrito considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por Cresencia Tomasa Hernández o Tomasa Hernández Salinas, por propio derecho, y firmada a ruego por Juliana Vásquez H. o Juliana Vásquez Hernández, contra el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente agrario 361/2021 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21; así como la omisión a proveer lo relativo al escrito que refiere de fecha dieciocho de marzo y de cinco de abril de dos mil veintiuno, relativas al mismo expediente. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, dado que se advierte que esta instancia es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque, en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal hipótesis tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso concreto, se considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". Del primero de los citados preceptos trascritos se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción el amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que esta instancia no procede contra la determinación de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, expediente agrario 361/2021 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, donde se le previno para que dentro del plazo de ocho días hábiles, aclarara el escrito inicial de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, por el que, en la vía de jurisdicción voluntaria, manifiesta bajo protesta de decir verdad que solicitó se aclarara su nombre en el padrón de comuneros de San Sebastián Río Dulce, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, donde, dice que erróneamente se asentó como Tomasa Hernández Salinas, cuando su nombre correcto es Cresencia Tomasa Hernández; prevención que indica haber atendido por diverso escrito de cinco de abril de dos mil veintiuno. Es así, en virtud que tal determinación se trata exclusivamente de un acto reclamado dentro del procedimiento -que a decir de la quejosa se trata de una jurisdicción voluntaria- el cual no deja sin defensa a la impetrante ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una posible violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a cumplir con la administración de justicia pronta y expedita. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado que se hace consistir en el acuerdo diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, expediente agrario 361/2021 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 -que constituyó una prevención y que la quejosa interpreta como una negativa-; es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable, dado que la pretensión principal de la quejosa, todavía puede ser declarada a su favor en la resolución que al efecto se dicte. Asimismo, no es dable tramitar este juicio de amparo respecto a la omisión de proveer lo relativo a los escritos de fechas dieciocho de marzo y cinco de abril de dos mil veintiuno, que hizo en el mismo expediente agrario, donde como ya se dijo, con el primer escrito promovió, en la vía de jurisdicción voluntaria, la aclaración de su nombre en el padrón de comuneros de San Sebastián Río Dulce, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, donde dice que, erróneamente se asentó como Tomasa Hernández Salinas, cuando su nombre correcto es Cresencia Tomasa Hernández; y con el segundo ocurso, atendió la prevención del Tribunal que designa como responsable. Ello, toda vez que no se observa ni un indicios de la existencia de una abierta dilación, pues, respecto al primer escrito de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, recayó el acuerdo de diecinueve del mismo mes, esto es dentro de las veinticuatro horas que prevé el artículo 62 de la Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, por manifestación expresa de su precepto 167; en el que si bien se previno a la quejosa para que aclarara su escrito, también es cierto, que como consecuencia de tal determinación, la impetrante suscribió el escrito de cinco de abril de dos mil veintiuno, que presentó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, en la misma fecha (cinco de abril de dos mil veintiuno). De modo que, al momento de presentación de la demanda no existe omisión de la autoridad que señala como responsable ni aun una dilación, pues, el órgano jurisdiciconal atendió la promoción en cuestión al día siguiente de su presentación. Lo mismo ocurre con el escrito de cinco de abril de dos mi veintiuno, del que indica la autoridad judicial que señala como responsable, ha omitido acordar y proveer sobre la admisión de la jurisdicción voluntaria que propuso; ya que, en primer lugar el ocurso en cuestión lo presentó ante el tribunal agrario referido, el cinco de abril de dos mil veintiuno a las once horas con veintinueve minutos (según se advierte de la constancia que anexó en copia simple la demanda de amparo). Ahora, la demanda de amparo origen de este expediente, según se advierte de la boleta de turno, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el cinco de abril de dos mil veintiuno a las dieciocho horas con once minutos. Lo anterior, hace evidente que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, al que la quejosa señala como responsable, desde el momento de presentación del escrito aclaratorio de cinco de abril de dos mil veintiuno, hasta el momento de depósito en la oficina de correspondencia que turnó dicho asunto a este Juzgado, habían transcurrido siete horas, porque ambas cosas ocurrieron en la misma fecha. El título décimo de la Ley Agraria, correspondiente a la Justicia Agraria, en el capítulo de disposiciones general, específicamente en el artículo 167, dispone que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a dicha ley, a falta de disposición expresa, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de dicho título; la ley adjetiva en cuestión, determina en su precepto 62, que el secretario dará cuenta con el escrito correspondiente dentro del día siguiente al en que fue presentado; en el caso, la promoción de la aquí quejosa de cinco de abril de dos mil veintiuno, tomando en cuenta la fecha y hora de presentación de la demanda de amparo, no había transcurrido el término de veinticuatro horas para que la autoridad que se señala como responsable atendiera el ocurso en cuestión. Es decir, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo, el Tribunal Agrario en cuestión no había atendido el escrito de la parte aquí quejosa, es debido a que su plazo de veinticuatro horas se encontraba transcurriendo, de ahí que, no existe ni siquiera una dilación simple al respecto, porque, se insiste, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la determinación correspondiente en la que se dirima sobre si admite a trámite o no la jurisdicción voluntaria que intenta la promovente del amparo, estaba por dictarse. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Domicilio para recibir notificaciones y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y como autorizado con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a José Quiroz Cortes, por estar dado de alta en el sistema computarizado para el Registro único de profesionales del derecho y únicamente para recibir notificaciones a las personas restantes, debido que no cuentan con cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el aludido Sistema. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Juliana Barajas Mendoza26/2016
- Juliana González Herrera1114/2014
- Juliana Gregoria Hernández Aguero553/2021
- Juliana López Ruiz316/2016
- Juliana Silvia García Rodriguez1339/2017
- Juliana Silvia García Rodríguez119/2019
- Julieta De los Santos Pérez767/2016
- Julieta Famania Ruiz718/2023
- Julieta Garnica Viveros900/2019
- Julieta Legaspi Cruz116/2021
- Julieta Mariela Pérez Vásquez515/2017
- Julieta Raquel Hernández Rodríguez718/2019