Julian Rosas Coyotl

Expediente 310/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
310/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Julian Rosas Coyotl

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 310/2023-IX.. Puebla, Puebla, catorce de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el referido proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Sin devolución de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Caratula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede realizarlo por tener acceso a la consulta electrónica del expediente por así haberlo solicitado. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    Juicio de amparo 310/2023. Puebla, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Vista la demanda signada por ++++++++++++++++++++++ por derecho propio, contra actos de la Coordinadora de Investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el caso, se tiene una demanda de amparo, en la cual se reclama lo siguiente: 1. La o las ÓRDENES de comparecencia y presentación de manera física del suscrito, así como de mi vehículo Marca ++++++++++++++++++++++++++++++, lo que de manera sospechosa me hace presumir que se pretenda privarme de la libertad de manera inconstitucional, así como también, reclamo la ejecución de dicha o dichas órdenes de comparecencia y presentación. 2. DE TODAS LAS AUTORIDADES SEÑALADAS reclamo, las consecuencias lógicas, legales y naturales que se desprenden de todos y cada uno de los actos específicos reclamados a las autoridades responsables ordenadora y ejecutora, las cuales se traducen en molestia, intimidación, castigo personal, escarnio social y estigmatización pública, aunado a la pretensión de privación de mi libertad o generar diversos actos de molestia infundados al librarse orden de comparecencia y presentación en mi contra.". Ahora, en el punto número cinco del capítulo de hechos, el quejoso afirma, bajo protesta de decir verdad, que el día dos de este mes, al encontrarse en su domicilio, se le notificó una orden de presentación. Que de su contenido se desprende que la fiscal señalada como autoridad responsable le requiere para que comparezca ante su potestad (orden de comparecencia) y, en se acto, presente el automotor de marras (orden de presentación) documento que, dice el quejoso, anexa a su demanda de amparo. Todo lo cual, sostiene, le hace sospechar que será privado de su libertad o de la posesión del automóvil antes descrito. Sin embargo, al analizar el documento que adjuntó a la demanda de amparo y que dice, es el que se le entregó, se advierte que en realidad se trata de un citatorio de dos de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, del cual se observa que el quejoso sólo fue citado con el objeto de que presente su vehículo marca +++++++++++++++++++++++++++, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia, a efecto de llevar a cabo actos de investigación relacionados con la carpeta de investigación ++++++++++++++++++++++++++++++++. Asimismo, del citatorio reclamado se advierte que se informa al quejoso, en caso de no comparecer sin una causa justificada, se harán valer las medidas de apremio establecidas en el artículo 104, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, la sospecha que dice el quejoso tiene de que, se le vaya a privar de la libertad o posesión del automotor sólo se basa en una mera suposición o conjetura carente de cualquier respaldo objetivo, ya que el citatorio en cita ni si quiera establece que de incumplir con la cita se le haría efectiva determinada medida de apremio, pues el apercibimiento es genérico y condicionado a un eventual incumplimiento. Por tanto, es evidente la actualización de la causa de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, ésta última interpretada en sentido contrario. Como se ve, pues el quejoso, en realidad, pretende reclamar un citatorio por el cual se le requiere para que presente el vehículo de su propiedad, a fin de llevar a cabo actos de investigación relacionados con la carpeta de investigación +++++++++++++++++++++++++, el cual se libró con base en la facultan que a la representación fiscal le otorga el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a ello, de su contenido no se desprende un apercibimiento que comprometa su libertad o que su vehículo será indudablemente asegurado (ya lo fue y se liberó), pues sólo se menciona que en caso de incomparecencia, se podrán hacer valer las medidas de apremio que establece el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, pues en términos del artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales3 , el referido acto, se trata únicamente de una citación, con las formalidades legales establecidas, para presentarse sin coacción alguna, ante la autoridad emisora, con la única finalidad de que presente su vehículo, a efecto de que se efectúen actos de investigación. Además, su sola emisión no implica se le atribuya un acto delictivo, máxime que en el caso, es claro el motivo por el cual es citado el quejoso, al indicarle es para que presente su vehículo "a efecto de llevar acabo (sic) diligencias de carácter ministerial", lo cual de ninguna forma implica que esté en peligro la libertad del quejoso o en entredicho la propiedad del vehículo en cuestión. Sobre todo, porque el artículo 21 de la Constitución General Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de la etapa de investigación y del ejercicio de la acción penal. Estimar lo contrario, entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, interesada en el esclarecimiento de hechos delictivos. Asimismo, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta de investigación es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Ministerio Público. De ahí que, la sola emisión de un citatorio no genera una afectación real a la esfera jurídica del quejoso. Por tanto, debe concluirse que el presente caso, no se trata de un acto de imposible reparación, pues como se mencionó, únicamente consiste en una citación al quejoso, con objeto de que presente su vehículo +++++++++++++++++++++++, más no de un acto que afecte derechos sustantivos. Bajo este contexto, es válido afirmar que a la presente fecha no puede estimarse un acto de imposible reparación, el citatorio de dos de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en la carpeta de investigación ++++++++++++++++. De ahí que no existan circunstancias a la presente fecha, para estimar que dicha resolución vulnere de forma irreparable algún derecho sustantivo del quejoso. En consecuencia, debe concluirse que el referido acto reclamado, encuentra a la presente fecha, una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, ésta última interpretada en sentido contrario. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda planteada por +++++++++++++++++++ pues se actualizó la referida causa de improcedencia de manera manifiesta e indudablemente. Domicilio procesal y autorizados. Luego, en relación a la solicitud para poder ser notificado por medio del usuario electrónico, se autoriza que las notificaciones de carácter de personal le sean realizadas a través del mecanismo de notificación electrónica respecto del usuario "+++++++++++++++++++"; en tanto que las notificaciones ajenas a las personales, serán por medio de lista. Por tanto, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la referida forma de notificación al citado usuario. Además, como lo solicita el quejoso, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al usuario en mención lo cual le permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). En ese sentido, no se tendrá como domicilio para recibir notificaciones el diverso que señaló en la demanda, pues solicitó en forma expresa la notificación a través del nombre de usuario proporcionado. Asimismo, es menester tener únicamente autorizada la notificación electrónica, porque constituye un medio eficaz para ese efecto, y a fin de evitar duplicidad de notificaciones, lo que generaría inseguridad jurídica. Asimismo, se tiene autorizado en términos amplios a +++++++++++++++++++z, porque así lo solicitó el quejoso, además, tiene registrada su cédula profesional ante el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese y cúmplase

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