Juana Reyes Chowell
Expediente 446/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juana Reyes Chowell
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diez de julio de dos mil diecinueve, en el que este juzgado tuvo por no presentada la demanda de amparo intentada por *************; sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, en proveído de veintiocho de mayo del año en curso, para que desahogara la prevención ahí formulada, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de que se trata. Háganse las anotaciones de ley en el libro y sistema respectivos.
- Principal
Agréguese el oficio con evidencia criptográfica, proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, a través del cual se devuelve sin diligenciar el exhorto 177/2019 del índice de este juzgado. Dese de baja dicha comunicación y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, de las constancias que anexó la homologa oficiante a su misiva, se advierte la imposibilidad que tuvo en fedatario encargado, para notificar a la quejosa *************, el proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve; por tanto, hágasele la notificación del citado proveído, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo anterior se notifica el proveído de referencia que en lo conducente dice:Recepción de demanda. Vista la demanda de cuenta formulada por ***************, en contra de actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado número 446/2019-IV-A. Prevención. Para estar en aptitud de acordar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Exprese los montos y conceptos en que primigeniamente le fue otorgada la pensión que menciona. Indique en qué términos realizó la petición de modificación de tal pensión cuya negativa demandó en el referido juicio de nulidad. Especifique las consideraciones asumidas por la sala responsable en la sentencia del juicio de origen, que dieron lugar a los efectos plasmados en el propio fallo. Precise dónde se encuentra ubicado su domicilio particular y lo acredite con documento fehaciente. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, ello es así, puesto que de la demanda se evidencia que la promovente del amparo narró los aludidos antecedentes; empero, fue omisa en hacerlo bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, en virtud de que la resolución que reclama podría tener efectos positivos y, por ende, ejecución material en el domicilio en el que se desenvuelve la peticionaria del amparo, por tanto, es necesario que precise y acredite con documento fehaciente, cuál es su domicilio, a fin de que se satisfaga el requisito establecido en la fracción I del artículo 108 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia PC.XVI.A JA/23 A (10ª), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con registro 2019174, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción." Requerimiento que se realiza debido a que la información proporcionada en la demanda, resulta insuficiente para tener por cumplidos a cabalidad los requisitos que debe contener toda demanda de amparo, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia quejosa, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Además, deberá exhibir copias suficientes de su escrito de aclaratorio, para traslado a las partes; esto es, una para cada autoridad señalada como responsable (1), una para la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita y una para cada uno de los terceros interesados, en su caso. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Ahora, la quejosa señala en su demanda un domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Guanajuato, sin embargo, el código postal que proporciona pertenece a la localidad de Silao, Guanajuato; por tanto, se tiene como domicilio procesal de la promovente, el ****; en tal virtud, por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción II de la ley de la materia, en relación con los numerales artículos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al juez de distrito en turno en el estado de Guanajuato, residente en la ciudad de Irapuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente auto a la quejosa en el domicilio señalado, y la requiera para que dentro del término de tres días, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado; además deberá remitir las constancias respectivas. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************************, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, como lo exige el citado numeral; y por lo que respecta a ***********************, se tienen como autorizados en términos restringidos del citado numeral, por no encontrarse en ese supuesto. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que Las personas restantes que señala como autorizados en su escrito de demanda, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se tienen como autorizadas en términos restringidos del citado numeral, lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Recepción de demanda. Vista la demanda de cuenta formulada por ***************, en contra de actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado número 446/2019-IV-A. Prevención. Para estar en aptitud de acordar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Exprese los montos y conceptos en que primigeniamente le fue otorgada la pensión que menciona. Indique en qué términos realizó la petición de modificación de tal pensión cuya negativa demandó en el referido juicio de nulidad. Especifique las consideraciones asumidas por la sala responsable en la sentencia del juicio de origen, que dieron lugar a los efectos plasmados en el propio fallo. Precise dónde se encuentra ubicado su domicilio particular y lo acredite con documento fehaciente. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, ello es así, puesto que de la demanda se evidencia que la promovente del amparo narró los aludidos antecedentes; empero, fue omisa en hacerlo bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, en virtud de que la resolución que reclama podría tener efectos positivos y, por ende, ejecución material en el domicilio en el que se desenvuelve la peticionaria del amparo, por tanto, es necesario que precise y acredite con documento fehaciente, cuál es su domicilio, a fin de que se satisfaga el requisito establecido en la fracción I del artículo 108 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia PC.XVI.A JA/23 A (10ª), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con registro 2019174, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción." Requerimiento que se realiza debido a que la información proporcionada en la demanda, resulta insuficiente para tener por cumplidos a cabalidad los requisitos que debe contener toda demanda de amparo, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia quejosa, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Además, deberá exhibir copias suficientes de su escrito de aclaratorio, para traslado a las partes; esto es, una para cada autoridad señalada como responsable (1), una para la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita y una para cada uno de los terceros interesados, en su caso. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Ahora, la quejosa señala en su demanda un domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Guanajuato, sin embargo, el código postal que proporciona pertenece a la localidad de Silao, Guanajuato; por tanto, se tiene como domicilio procesal de la promovente, el ****; en tal virtud, por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción II de la ley de la materia, en relación con los numerales artículos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al juez de distrito en turno en el estado de Guanajuato, residente en la ciudad de Irapuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente auto a la quejosa en el domicilio señalado, y la requiera para que dentro del término de tres días, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado; además deberá remitir las constancias respectivas. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************************, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, como lo exige el citado numeral; y por lo que respecta a ***********************, se tienen como autorizados en términos restringidos del citado numeral, por no encontrarse en ese supuesto. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que Las personas restantes que señala como autorizados en su escrito de demanda, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se tienen como autorizadas en términos restringidos del citado numeral, lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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