Juana Paniagua Ramos

Expediente 515/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
515/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Juana Paniagua Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    A sus autos el oficio del actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, que contiene inserta la determinación de veintidós de junio actual, de la que se desprende que dicho Tribunal confirmó el auto de trece de mayo pasado, en el que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que motivó el juicio de amparo 515/2022, y que previo a la admisión de la demanda de mérito, requirió al juez responsable, a efecto de que cumpla con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente -cuaderno de antecedentes-, como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso i) del citado acuerdo general, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- al haberse declarado incompetencia legal por conocimiento previo.

  2. Principal

    A sus autos el oficio del actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el acuerdo de veintitrés de mayo actual, dictado en el amparo directo civil 414/2022 de la estadística de dicho tribunal, del que se desprende que previo a pronunciarse respecto de la competencia declinada, requirió al juez Segundo Civil de Partido, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, le remita los antecedentes del acto reclamado, las constancias o documentos aportados por las partes, y el emplazamiento a la parte tercera interesada. De lo anterior se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Recepción y admisión de la demanda. Vista la demanda de cuenta presentada por ***********, en contra de actos del juez segundo de Partido Civil de la ciudad de Acámbaro; fórmese el expediente físico y digital bajo el número 515/2022- III. Análisis de la competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito, se declara legalmente incompetente por razón de la vía, para conocer de la demanda de mérito. Se explica. El primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". Por su parte, los ordinales 34, párrafo primero y 170, fracción I de la Ley de la materia, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo" Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." De los numerales trascritos se aprecia que si un juez de Distrito recibe una demanda de amparo en la que se señale como acto reclamado una sentencia definitiva o resolución que da por concluido el juicio de origen, debe rechazar su competencia y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito para que ante este se ventile el juicio de amparo, el que decidirá en última instancia y sin necesidad de que lo soliciten las partes, si va a conocer y resolver ese juicio de amparo o se declara incompetente. En el presente caso, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se destaca: 1. La quejosa es parte actora en el juicio ordinario civil *********** del índice del Juzgado Segundo de Partido Civil, con sede en Acámbaro, Guanajuato, en el que demandó el cumplimiento de un contrato de compraventa, entre otras prestaciones. 2. Durante la secuela del proceso, el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós se dictó un auto en el que se decretó la caducidad de la instancia por inactividad procesal. 3. Inconforme con lo anterior, la peticionaria interpuso recurso de revocación. 4. El medio de impugnación fue resuelto en interlocutoria de veinte de abril de dos mil veintidós, confirmando el auto recurrido. Éste es el acto reclamado. Como puede advertirse, la conducta de autoridad es la resolución emitida por el Juzgado señalado como responsable, que puso fin al juicio de origen; por ende, se considera que la vía idónea para combatirla es la uniinstancial. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente, por cuestión de vía, para conocer de la demanda promovida por ************** y, salvo lo que tenga a bien determinarse en definitiva, la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital. Sirve de orientación por los principios ahí contenidos, la jurisprudencia 2ª./J 139/2022, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, página 236, de rubro y texto: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." ? Determinaciones administrativas. Ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo se ordena: 1. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda, al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, para lo que a bien tenga acordar. 2. Solicitar el acuse de recibo correspondiente, informando si acepta la competencia planteada. 3. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, 4. Realizar las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. La quejosa señalo los estrados para recibir notificaciones por lo que se le tiene como tal para los efectos legales conducentes; asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rosa *************, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita sus cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, teniendo como autorizados en términos restringidos a los demás por no encontrarse en ese supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cuales quiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial Adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de Conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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