Juana Quevedo Domínguez
Expediente 819/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juana Quevedo Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de junio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que el término de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en proveído de trece de junio de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió del dieciséis al veinte de junio de dos mil veintitrés; lo anterior, sin contar los días inhábiles que acontecieron entre las aludidas fechas. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el doce de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la que, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declara firme mediante auto de uno de junio de dos mil veintitrés, requiriéndose en esa misma fecha a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. Seguido el trámite de ejecución, las autoridades responsables Director del Hospital General Regional Número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderada jurídica, informo el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANALISIS DE LA RESPONSABLE "1). Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, con sede en la Ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ejerza todas las acciones administrativas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud de la quejosa, verificando que se aplique el tratamiento médico correspondiente a la solicitante de amparo, incluidas las intervenciones quirúrgicas que sean necesarias. 2). Director del Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo (toda vez que la quejosa tiene su domicilio en esa población); y, Director del Hospital General Regional Número 1, con sede en Morelia, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de que la primera no cuente con el equipo médico correspondiente, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se les requiera su cumplimiento: 1.- Dicte cuanta medida sea necesaria, a fin de salvaguardar la salud de la quejosa ********************, para ello, deben girar las instrucciones, a efecto de que se realice un diagnostico- que deba constar en el expediente clínico- donde conste que un profesional médico realizó la valoración integral que determine los servicios de salud necesarios para el tratamiento o tratamientos de su patología y la existencia completa del cumplimiento a la obligación de aportar a la paciente todos los elementos necesarios para que esta tome una decisión libre e informada sobre su tratamiento o ausencia del mismo, cuestión que implica que se le practiquen exámenes clínicos, procedimientos correspondientes para determinar el estado actual de sus padecimientos, intervenciones quirúrgicas necesarias y su consecuente alta. 2. Dicho efecto también implica, previa valoración y prescripción médica por parte de los médicos respectivos del referido nosocomio, el suministro de cualquier medicamento; tratamiento o intervención quirúrgica que resulte indispensable para salvaguardar el estado de salud de la quejosa respecto de sus padecimientos materia del presente asunto. Debiendo establecer un sistema integral de atención médica calendarizado para la atención médica, incluyendo citas y medicamentos que requiera, ya sea por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto; además, la institución de salud a su cargo brinde la adecuada atención médica, como hospitalaria y por cuanto insumo material o recurso humano requiera. 3. Deberán subministrar todas las prestaciones en especie y en dinero previstas hasta ahora proporcionada que requiera para el tratamiento, cuidados o las medidas que requiera para efecto de seguir practicando su tratamiento que en el caso requiera. 4. Incluso, deberá dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud de la directa quejosa. 5. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializadas. Asimismo, los tratamientos respectivos deberán prestarse en la medida de lo posible, en el centro más cercano a su lugar de residencia por el tiempo que sea necesario. Las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. Por último, corresponderá -en su momento- a las autoridades responsables acreditar ante este Juzgado la culminación o restablecimiento íntegro del derecho a la salud, para el cese de los efectos del amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, cumplan con la ejecutoria de amparo teniendo en consideración que el acto reclamado es de tracto sucesivo, deberán informar lo que hayan dispuesto sobre el tratamiento correspondiente de forma definitiva a este Juzgado sobre el cumplimiento, a fin de estar en aptitud de archivar el juicio de amparo de que se trata, a partir de tal información (en una sola ocasión) (.) La autoridad responsable Director del Hospital General Regional Número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderada jurídica, para cumplir con la sentencia de amparo, realizaron lo siguiente: a) Mediante promoción registrada bajo el número de control interno 9931, mismo que fue recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el día nueve de junio de dos mil veintitrés, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se encuentran suministrando la atención médica correspondiente a la parte quejosa, manifestando para tal efecto que la doctora ********************, Directora del "HGR 1", mediante oficio de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, informó que la quejosa ********************, contaba con cita programada para el pasado catorce de junio de la presente anualidad, en la especialidad de neurología, y el dieciocho de julio del año en curso, en la especialidad de endocrinología, ambos en el HGR número 1, Charo, Michoacán. Asimismo, informó que mediante oficio de fecha cinco de los corrientes, el doctor ********************, Director del HGZ MF 12, presentó un informe pormenorizado del expediente clínico de la quejosa, de igual manera informa que cuenta con citas programadas el día ocho de junio de dos mil veintitrés, a las once horas en medicina interna en el HGZ MF número 12, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la cual se hizo del conocimiento de la parte quejosa por conducto de su representante legal; señalando además que la misma tiene programada una cita el veintidós de junio de dos mil veintitrés, a las quince treinta horas en traumatología y ortopedia del HGZ MF 12 en la ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán de Ocampo. Informando además que la parte quejosa debería acudir el trece de junio del año en curso, en un horario de las trece a las quince horas, en la oficina de traslado de pacientes a efecto de que fuera entregado el oficio para que pudiera acudir a su cita foránea. Adicionalmente, informó que mediante oficio de siete de junio de dos mil veintitrés, el doctor ********************, Director de la UMF 31, Lázaro Cárdenas, Michoacán, hizo de su conocimiento que a la quejosa le fue agendada cita con su médico familiar el día nueve de junio de los corrientes, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, a efecto de realizar los estudios necesarios, así como referencias a las especialidades correspondientes de acuerdo con sus diagnósticos y patologías existentes. Finalmente, informó que sus representadas en ningún momento han dejado de brindar la asistencia médica que la parte quejosa necesita, siendo que la propia quejosa ha sido quien no ha asistido a sus citas programadas. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se ha restituido a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable ha seguido con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Lo anterior, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo es de tracto sucesivo; sin embargo, es importante destacar que el fallo protector del cual ahora se declara su cumplimiento, no debe entenderse como una medida sin limitación material o temporal alguna, pues además de la incertidumbre que con ello se generaría tanto a la parte quejosa, como a las autoridades responsables y a la misma población en la que radica la aquí quejosa, implicaría ejercer sobre las autoridades responsables una vigilancia permanente de sus actividades por parte de este órgano jurisdiccional, lo cual no está previsto expresamente en la norma constitucional, convencional o legal alguna, ya que de procederse así se estaría dejando de lado la propia actividad jurisdiccional de este Juzgado Federal y en su caso el cumplimiento de la prestación de atención médica por parte de las citadas autoridades responsables. Reiterándose que el vigilar de manera permanente la actividad propia de las autoridades responsables, no encuentra justificación alguna e implicaría una invasión desmedida a las actividades propias de las autoridades responsables. SE EXHORTA A LAS PARTES. Sin embargo, no obstante el cumplimiento decretado en párrafos precedentes, se exhorta a las autoridades Director del Hospital General Regional Número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que continúen girando las instrucciones necesarias para que se le siga proporcionando con la periodicidad requerida la atención médica requerida por la parte quejosa; en el entendido que deberá asentarse en el expediente clínico de la parte quejosa que el tratamiento brindado lo es con motivo de la concesión del amparo y protección de la justicia federal, dentro del presente juicio de garantías. SUBSISTEN APERCIBIMIENTOS. Se hace del conocimiento que quedan subsistentes los apercibimientos con los que se les conminó en autos, esto es, para el caso de no realizar las gestiones necesarias con la finalidad de continuar con la observancia del fallo protector, se harán acreedoras a una multa de manera individual equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, toda vez que los actos reclamados dentro del presente juicio de garantías constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional, se REQUIERE a la PARTE QUEJOSA para que ACUDA CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN A LAS CITAS MÉDICAS que le sean programas por la autoridad responsable en cumplimento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente expediente. ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de CONSERVACIÓN, en términos de los artículos 14 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo tanto, una vez que venza el plazo de TRES AÑOS, a que se refiere el artículo 17 del citado acuerdo, transfiérase para su resguardo el presente expediente al depósito documental correspondiente. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 19, fracción II, del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de junio de dos mil veintitrés. INFORMA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense el oficio firmado por la Apoderada Jurídica del Órgano Operativo de Administración Desconcentrada Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de la autoridad responsable Director del Hospital General Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto anexa las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento total dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dese vista a las partes, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por las autoridades en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: 2a./j. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de junio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante resolución de doce de mayo de dos mil veintitrés, fue girado el oficio número 9126/2023, dirigido a la autoridad responsable Director del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, por medio del cual se le remitió copia de la referida resolución, requiriéndosele además el acuse de recibo correspondiente; lo anterior, sin que haya acusa recibo del mismo. Sin embargo, toda vez que de autos se advierte la constancia de envío realizada por medio de correo electrónico del referido oficio número 9126/2023, dirigido a la autoridad señalada en el párrafo que antecede, por el que le fue notificada la sentencia que nos ocupa; constancias de envío de la que se desprende que fue completada la entrega de dicha comunicación en el correo de la multicitada citada autoridad (jmiguel_1284@hotmail.com), a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del quince de mayo de la presente anualidad; por lo tanto, de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 26, en relación con el diverso 30 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como los artículos 9 y 65 tercer párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y, artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por debidamente notificada a la autoridad responsable Director del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, de la multicitada resolución; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. CAUSA EJECUTORIA. Por otro lado, vista la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, de la que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables: a) Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Morelia, con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, del Instituto Mexicano del Seguro Social; b) Director del Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; y c) Director del Hospital General Regional Número 1, con sede en Morelia, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia terminada de engrosar el nueve de marzo de dos mil veintitrés. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se le conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. De autos se advierte que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán; Director del Hospital General Regional Número 1; y, Director del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social; las dos primeras, con sede en la Ciudad de Morelia, y la última, en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado jurídico ********************, por lo que el plazo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, aún no fenece. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con nueve minutos de esta fecha -diecisiete de abril de dos mil veintitrés-, se difiere y en su lugar se programan LAS NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
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