Juana Elizabeth Padilla Alfaro
Expediente 460/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juana Elizabeth Padilla Alfaro
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de octubre de dos mil veintiuno. REMITE BOLETA DE TURNO [17639]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el correo electrónico de cuenta proveniente de la dirección de correo electrónico sise@cjf.gob.mx, mismo que contiene la boleta de turno correspondiente a la incompetencia declinada por este Juzgado, de la que se advierte que fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, sin que sea posible advertir el número de expediente bajo el cual quedo registrado dicho medio de defensa; circunstancia, de la que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. INFORMA COMPETENCIA [17623]. Asimismo, agréguese el oficio enviado por el Actuario del Juzgado Primer de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso 16919/2021, a través del cual se remitieron los autos del juicio de amparo 460/2021, de donde deriva el presente cuaderno; asimismo, se informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado juicio; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y conforme al punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses contados a partir de la notificación de la presente determinación, pues no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. SE REMITEN COMUNICADOS. Finalmente, del estado procesal de auto se advierte que en proveídos de diecisiete, diecinueve y treinta de agosto, asimismo, dos de septiembre todos de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto de los oficios y manifestaciones, por los motivos ahí plasmados; en ese sentido, tomando en consideración lo expuesto en párrafos precedentes, remítanse copia de los comunicados de que se trata, registrados bajo los consecutivos 15149, 15274, 15275, 15794 y 16054, al órgano jurisdiccional en cita; para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de septiembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio de amparo promovido por ********************, por lo que, se ordenó remitir los autos originales a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, para que realizara el trámite de turno al juzgado correspondiente********************sin embargo, a la fecha no obra constancia en los autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa del órgano jurisdiccional al que correspondió conocer del mencionado juicio o bien si se aceptó o no la competencia declinada. En tales condiciones requiérase a la mencionada oficialía, para que dentro del término tres días computados legalmente, informe a este órgano jurisdiccional el turno correspondiente del juicio de amparo mencionado en el párrafo que antecede o bien el impedimento legal que tenga para ello********************lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. RESERVA OFICIOS. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios signados por el Director de Litigación en ausencia del Fiscal Regional y Director Regional de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, por medio de los cuales rinden su informe relativo a la suspensión de plano decretada dentro del presente expediente. En ese contexto, visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que diera origen al presente expediente; en ese contexto, se reserva acordar lo conducente respecto a dicho informe; lo anterior, hasta en tanto se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, que por razón de turno toco conocer la competencia declinada dentro del presente expediente y así estar en condiciones de remitirlo al expediente que le corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de agosto de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda presentada por Karla Gabriela Padilla Alfaro, en favor del quejosa directa Juana Elizabeth Padilla Alfaro, contra actos del Fiscal Regional de Zamora, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 460/2021-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO: La promovente señala como reclamado: De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, la orden de detención que libraron en contra de mi hermana JUANA ELIZABETH PADILLA ALFARO, misma que ejecutaron las restantes señaladas como responsables ejecutoras, quienes desconozco hasta este momento en donde se encuentre mi hermana, o si haya sido víctima de una desaparición forzada por parte de los elementos aprehensores, toda vez que hasta este momento no nos han proporcionado ninguna información respecto a su paradero o si se encuentra incomunicada y sujeta a golpes, tortura, malos tratos y hasta con el temor fundado de que la lleguen a privar de la vida con tal de hacerlo confesar delitos que no ha cometido SUSPENSIÓN DE PLANO. En ese sentido, conviene traer a contexto los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo que disponen: Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. . De los artículos transcritos se colige que la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados se debe realizar cuando se reclame, entre otros, alguno que atente contra la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación. Ahora, tomando en consideración que en el caso se señalan como actos reclamados, la PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO E INCOMUNICACIÓN, así como DESAPARICIÓN FORZADA, los que están prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo, se DECRETA la suspensión de plano de tales actos, los que deberán cesar de inmediato; determinación que desde luego deberá de hacerse del conocimiento de la autoridad señalada como responsable para que la acate bajo su más estricta responsabilidad. En la inteligencia de que en caso de que la privación de la libertad de la quejosa corra a cargo de autoridad administrativa distinta del ministerio público, la suspensión se concede para el efecto de que sin dilación alguna sea puesta a disposición del ministerio público para que éste determine su libertad o retención dentro del plazo y en los términos que establece el párrafo séptimo del artículo 16 Constitucional, y en caso de que la privación de la libertad de la quejosa directa corra a cargo de autoridad ministerial, la suspensión se concede para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas computadas a partir de su detención, sea consignada a la autoridad judicial que se estime competente o, en su caso, puesta en libertad si no ha lugar a su consignación, plazo que podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada, atento a lo que dispone el párrafo séptimo del precepto constitucional invocado, y el tercero del artículo 165 de la ley de la materia. Ahora, si la detención de la quejosa directa se realizó en ejecución de una orden de aprehensión decretada por autoridad judicial, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión se concede para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, del cual no deberá ser trasladada, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Por otro lado, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa directa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES. Por lo que se requiere a las autoridades responsables para que informen a este Juzgado de Distrito, en el término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en términos del diverso 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES. Hágase saber a las autoridades que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262, fracción III y 266, fracción, I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se le reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. De igual manera, indíquese a las responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir el o los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, so pretexto de una imprecisión en su denominación que no sea sustancial, por lo que no origine duda, resultando evidente la existencia de las autoridades, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el o los propios oficios contengan. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación e incluso al domicilio correcto al rendir sus respectivos informes, o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se le imponga una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 245 de la Ley de Amparo. VIGENCIA MEDIDA. Así las cosas, la suspensión de plano concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente asunto, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a.lJ. 33/2014 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 431, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006797, de rubro: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Por otra parte, en atención a que del contenido del escrito inicial de demanda, se advierte que al parecer, la quejosa directa JUANA ELIZABETH PADILLA ALFARO, fue detenida por elementos de la Policía Michoacán, con residencia en Zamora, Michoacán de Ocampo, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno, a efecto de que comisione a quien corresponda para que, se constituya en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo, o en cualquier centro de reclusión de dicha ciudad, en que pudiera encontrarse la directa quejosa; y, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, proceda a realizar lo siguiente: Vocear o llamar a la directa quejosa en el lugar respectivo que se constituya. Notificarle el presente proveído, dictado por esta autoridad de control constitucional, entregándole copia del mismo. Requerir a la directa quejosa para que en el acto de notificación, o bien, dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente al que en surta sus efectos la notificación de dicho proveído, manifieste si ratifica o no el escrito de cuenta; asimismo la requiera para que indique si es su deseo señalar como autorizada en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a la promovente Karla Gabriela Padilla Alfaro, y como domicilio procesal el ubicado en calle Jacinto López, número 47, colonia Jacinto López, de Zamora, Michoacán de Ocampo. Notificarle a la autoridad ante quien esté detenida la agraviada, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, bajo los lineamientos que han sido precisados en párrafos precedentes. Haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, para lo cual deberá remitir los acuses de recibo correspondientes. Notifique a la promovente del presente juicio Karla Gabriela Padilla Alfaro, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, esto es, el ubicado en calle Jacinto López, número 47, colonia Jacinto López, de Zamora, Michoacán de Ocampo, el contenido de la presente determinación; de igual manera, la prevenga para que dentro del término de tres días, computados legalmente, designe domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, para oír y recibir notificaciones personales, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo. CERTIFICAR ESTADO FÍSICO. De igual manera, se comisiona al actuario adscrito para que haga saber el contenido de este auto y de fe del estado en que se encuentra la directa quejosa, de lo cual deberá levantar la razón correspondiente. Paralelamente, el funcionario judicial deberá constatar si la quejosa directa es objeto de tortura, golpes, tratos inhumanos o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hágase saber al Juez exhortado que de conformidad con el artículo 300 del mencionado Código Procesal, se solicita de la manera más atenta y cordial sirva ordenar la diligencia en los términos indicados y una vez desahogada, devuelva a la brevedad las constancias que así lo acrediten. FORMA DE ENVÍO MEDIANTE SISE. Comunicación que se enviara a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, por lo que hágase uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEVOLUCIÓN MEDIANTE SISE. En el entendido de que la diligencia dispuesta deberá practicarse siguiendo los lineamientos que para el trámite de este tipo de comunicados oficiales dicta la ley; además, respetuosamente se solicita la devolución de lo actuado VÍA ELECTRÓNICA, como lo dispone el numeral 110 del propio Acuerdo General, en el entendido que no se acusará de recibo, porque se genera automáticamente. ATENCIÓN PRESENCIAL BASADA EN CITAS. Por otra parte, se hace la precisión que para ingresar a las instalaciones que ocupa este juzgado Federal a fin de poder comparecer a desahogar el requerimiento de que se trata, se debe generar cita en el micro sitio de servicios jurisdiccionales disponible en el Portal de Servicios en Línea, el que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR intransferible que, a su vez, permitirá que ingrese al órgano jurisdiccional por un máximo de veinticinco minutos, previa identificación con documento oficial, registro y pase en filtros sanitarios. Finalmente, se precisa que sin cita no se le permitirá la entrada a las instalaciones que ocupan los Juzgados de Distrito, de conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal. APERCIBIMIENTO. Apercibida que de no ratificar el ocurso de demanda presentado en su favor dentro del plazo legal que para tal efecto se le confiere, se tendrá por no presentada; y, quedarán sin efecto alguno las providencias decretadas en el acuerdo dictado, de conformidad con el ordinal 15 de la Ley de Amparo; asimismo, no se tendrá como autorizada a tal persona, ni como domicilio procesal el indicado, por lo que las notificaciones personales que le sean ordenadas se les practicarán por medio de lista, conforme al ordinal 29 de la legislación en consulta. PRECISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables, para remitir el comunicado relacionado con el presente acuerdo vía correo electrónico a la dirección de este juzgado 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DEL JUICIO. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de la justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expedites a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. INCOMPETENCIA. Ahora bien, resulta pertinente precisar, que las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. Establecido lo anterior, apreciada íntegramente la demanda de amparo, en el caso y de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por las razones jurídicas que a continuación se exponen. Se sostiene lo anterior, porque el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. El segundo párrafo, refiere que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierte que existen tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y la tercera, determina que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de garantías, cuando ésta no requiera ejecución material. Así, de la demanda se advierte que, la promovente designa como autoridades responsables a las siguientes: AUTORIDADES ORDENADORAS: Fiscal Regional. Director del Área de Litigación de la Fiscalía Regional. Director del Área de Carpetas de Investigación. AUTORIDADES EJECUTORAS: Director de Análisis e Investigación de la Fiscalía Regional. Director de la Policía Michoacán. Director de la Policía Michoacán Encargado del Área de Barandilla de la Dirección de la Policía Michoacán. Director de Tránsito y Vialidad Municipal. Director de Seguridad Pública Estatal. Oficial de Turno, Encargado de la Policía Michoacán. Todos con residencia en Zamora, Michoacán de Ocampo. Por lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar que la competencia legal por territorio se surte en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno, ya que, es en su jurisdicción donde se dictó y en su caso, se ejecutan los actos reclamados que la promovente tilda de inconstitucionales; pues en efecto, en la demanda de amparo, la ocursante precisó como autoridades responsables a las precisadas con anterioridad, residentes en Zamora, Michoacán de Ocampo. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente: Tesis: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 311625 1 de 0, Tercera Sala, Tomo XLVIII, Pag. 1595, Tesis Aislada(Común): COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO, EN MATERIA DE AMPARO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, actualmente en vigor, en relación con la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, es Juez competente para conocer del juicio de amparo, aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; por lo que cuando en la demanda de amparo se señala como autoridad ejecutora del acto que se reclama, a la policía de determinada entidad federativa, es claro que el Juez federal radicado en dicho Estado, es el competente para conocer del amparo, por ser dentro de su jurisdicción territorial donde trata de ejecutarse el acto reclamado, sin que baste en contrario, para estimarlo incompetente, la circunstancia de que la autoridad ejecutora niegue la existencia del acto que de ella se reclama, porque tal negativa puede ser desvirtuada mediante las pruebas que se rindan en la audiencia, y porque, aun en el caso de que dicha autoridad no hubiese recibido la orden que se ataca en la demanda de amparo, puede recibirla posteriormente y pretender llevar adelante el acto que se le atribuye. De igual forma, tiene aplicación: Tesis: II.1o.P.152 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 164371 1 de 1, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXII, Julio de 2010, Pag. 1925, Tesis Aislada (Penal): COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA., toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto. Atento a lo anterior y con apego al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" y además con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, estima que es legalmente competente para conocer y resolver la demanda de amparo, promovida por Karla Gabriela Padilla Alfaro, en favor de la quejosa directa Juana Elizabeth Padilla Alfaro, el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno; razón por la cual y a efecto de que dicho Juzgador esté en aptitud de pronunciarse en relación a la competencia que se le plantea, acorde con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Materia, remítasele la demanda de amparo, a fin de que en el término de cuarenta y ocho horas, se sirva informar si acepta o no la competencia planteada. Con copia certificada de la demanda, fórmese cuaderno de antecedentes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen en su totalidad las labores presenciales en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. MEDIOS DE CONTACTO. Se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados por la parte promovente, como medios de contacto, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre Servicios Jurisdiccionales, en donde se encontrará el sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese por medio de exhorto a la parte promovente, así como a la quejosa directa; y, mediante oficio a las autoridades responsables.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- Juana Alejandra Chávez Novoa463/2023
- Juana Bernabe Alonzo166/2018
- Juana Bernabe Alonzo320/2018
- Juana Edith Perez Solis418/2020
- Juana Elias Pasaye342/2022
- Juana Elías Rangel476/2019
- JUANA GONZÁLEZ ALONSO y Otros.228/2023
- Juana González Alonso903/2023
- Juana Martínez Serafin13/2022
- Juana Ponce Cortes56/2023
- Juana Quevedo Domínguez819/2022
- Juana Reyes Caballero215/2022