Judith Fernandez Ayala

Expediente 81/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
81/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/04/2018

Partes del expediente

  • Judith Fernandez Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    IV-Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: A la fecha, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera mediante el recurso de queja, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de esa legislación, el proveído de dieciséis de marzo del año en curso, en que se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por Judith Fernández Ayala, como se desprende de la certificación de cuenta, sin que la parte quejosa lo hubiese recurrido. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquéllos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declaró firme el proveído que tuvo por no presentada la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    IV-Del estado de autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ha concluido el término de cinco días del que disponía la promovente del amparo, para desahogar la prevención contenida en proveído de veinte de febrero del año en curso (fojas 19 a 24); plazo que transcurrió del ocho al catorce de marzo de dos mil dieciocho, descontando los días diez y once del mismo mes y año, por haber sido inhábiles. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento de que fue objeto en el referido proveído; por consiguiente, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, TÉNGASE POR NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por Judith Fernández Ayala, por propio derecho. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    iv. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, enviado vía electrónica, por Felipe Armando Ruiz Villaseñor, autorizado de la parte quejosa, con amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual, pretende desahogar la prevención realizada en proveído de veinte de febrero del año en curso. Al respecto, no ha lugar a tener por desahogada la prevención contenida en dicho proveído, toda vez que el autorizado del quejoso carece de facultades para aclararla, pues no puede actuar como si fuera el quien resintiera un agravio personal y directo, lo que repercute también en la aclaración del libelo constitucional, pues esa facultad sólo está reservada para quien tiene a su favor el principio constitucional de instancia de parte agraviada, esto es, para el quejoso. Lo que pone de relieve que el cumplimiento al referido auto de prevención, sólo incumbe a la peticionaria de amparo, y no a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éste únicamente cuenta con facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional. Tesis: 2a./J. 105/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009933 1 de 1 Segunda Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 372 Jurisprudencia(Común) AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. El apoderado en los términos aludidos puede accionar el juicio de amparo y autorizar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes en términos del numeral citado, lo que no implica que se le otorgue legitimidad procesal. Por su parte, al autorizado sólo se le permite realizar actos dentro del juicio en el cual fue designado, siempre que actúe en defensa de su autorizante. Así, la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado. Por tanto, hágase del conocimiento de la promovente del amparo, que el término de cinco días concedido en el mencionado acuerdo, para los efectos ahí expuestos, no se suspende y continúa transcurriendo; plazo que con la presentación del escrito en cuestión queda interrumpido y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación que se realice del presente proveído. Es aplicable a lo anterior: Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007285 1 de 1 Primera Sala Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Pag. 210 Jurisprudencia(Común) AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. En el entendido de que si concluido el término de cinco días que se le otorga a la parte quejosa para desahogar personalmente la prevención ahí contenida, no hace manifestación alguna al respecto, se acordará conforme a derecho. Hágase saber a la parte quejosa, que en caso de que opte por dar cumplimiento a dicho proveído, deberá acatarse a lo ahí establecido. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    IV.-Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase por recibido oficio 1878, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, al que acompaña el juicio de amparo III-135/2018-L, formado con motivo de la demanda de garantías interpuesta por Judith Fernández Ayala, por su propio derecho. Ahora, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que en proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo; lo anterior, porque los actos reclamados tendrán ejecución en Jacona, Michoacán. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37 en relación con el 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, acepta la competencia planteada en el estado procesal en que se encuentra el asunto. Comuníquese esta determinación a la Juez de Distrito declinante, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, en atención a que como ya se precisó, el acto reclamado, tendrá ejecución en la población de Jacona, Michoacán; lugar en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, en términos del Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito". Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 81/2018-IV. Ahora, a fin de acordar lo procedente respecto de su admisión o desechamiento, con fundamento en el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE al accionante de garantías para que dentro de CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes realicen, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda respecto de lo siguiente: Indique de manera clara, precisa y concreta, el acto que reclama de las autoridades señaladas como responsables de acuerdo a sus facultades competenciales. Lo anterior, toda vez que de un análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la promovente Judith Fernández Ayala, señala como autoridades responsables, las siguientes: "III. Tienen el carácter de autoridades responsables el Síndico Municipal de Jacona, Michoacán, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jacona, Michoacán". Asimismo, en el capítulo relativo al acto reclamado, se desprende que atribuye a dichas autoridades, lo que en seguida se transcribe: "IV.- ACTO RECLAMADO.- El acto reclamado lo hago consistir en lo siguiente: A).- En la resolución dictada por la autoridad responsable de data 2 de febrero del 2018". Por su parte, en la foja tres de su libelo de garantías, reseña una versión de materia penal, toda vez que precisa lo siguiente: ".por lo que, culminó con los siguientes puntos resolutivos "PRIMERO.- Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver la situación jurídica de los imputados Martín Medina y Álvaro Aguilar Martínez.- Segundo.- Se encuentra justificado el cuerpo del delito de homicidio calificado, perpetrado en agravio de Francisco Javier Flores Torres y Juan Carlos Godínez García.-Tercero.-". Circunstancia por la que es importante destacar, que la demanda de amparo, como se plantea crea confusión, porque la promovente no señala claramente cuál es el acto que reclama a cada una de las autoridades responsables; ello, dentro de su ámbito de competencia. Por tanto, como ya se indicó, prevéngase a la promovente, para que manifieste de forma clara, precisa y concreta, el acto reclamado que atribuye a cada una de las autoridades responsables que indica en su demanda de amparo, de acuerdo a sus facultades competenciales. Ello, a fin de fijar correctamente la litis en el presente juicio de garantías y estar en condiciones de solicitar de manera correcta el informe de ley a las autoridades responsables y éstas se encuentren en aptitud de rendirlo adecuadamente, de resultar procedente su admisión. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Tesis: XX.57 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 202853 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Marzo de 1996 Pag. 871 Tesis Aislada(Común) ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. II. Redacte de forma clara, congruente y cronológica, cuáles son los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues precisamente éstos son la base para analizar la acción constitucional que intenta; entendiéndose como tal, la relación sucinta de las actuaciones previas al acto reclamado, como es la naturaleza del juicio y/o procedimiento administrativo, quien lo promueve, las pretensiones reclamadas, las etapas procesales, el estado del asunto, los términos de la resolución que en su caso se hubiere emitido, entre otros; así como, las condiciones de hecho que generaron la actividad judicial; ello porque los antecedentes a que se refiere el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, son sustento de los conceptos de violación. Lo anterior, toda vez que de su contexto, únicamente se desprenden algunos de ellos, lo que dificulta su análisis y entendimiento; de ahí que, dichas manifestaciones no pueden equipararse al requisito de forma previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990 del Tomo XXIII, Abril de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Así como la tesis VI.1o.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 301, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." Indique de manera clara y precisa si es su deseo solicitar la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados. Lo anterior, en atención a que en el apartado correspondiente a los puntos petitorios del libelo de garantías, precisa lo siguiente: ".Admitir esta demanda, concederme la suspensión provisional y en su caso la definitiva, solicitar el informe justificado a la responsable, señalar fecha para la audiencia de fondo y en su oportunidad concederme el amparo que he solicitado". Sin embargo, no establece de manera clara, algún apartado relativo a la solitud de la suspensión provisional de los actos reclamados, así como los efectos para los cuales la solicita. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo señalado en los puntos I) y II) dentro del plazo que se le concede, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías; y de no dar cumplimiento con lo requerido en el apartado III), se tramitará el juicio de amparo únicamente en lo principal, de resultar procedente la admisión de la demanda. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Téngase como autorizado de la peticionaria de garantías, con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Felipe Armando Ruiz Villaseñor, toda vez que en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, obra registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, bajo el consecutivo 70915. Es aplicable a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Por otra parte, como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el usuario "Ruiz3005", con efectos de autorización para consultar vía electrónica el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, como lo refiere, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se practiquen a la quejosa por vía electrónica; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley la materia, en un término máximo de dos días a partir de que se haya enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado José Martín Narciso Pérez, Secretario que autoriza y da fe.

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